Género y juventudes en entornos desiguales en América Latina y el Caribe Danzar en las brumasPublicado en 2022 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 7, place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia; la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, UNESCO Montevideo, Luis Piera 1992, piso 2, 11200 Montevideo, Uruguay; El Colegio de México, Carretera Picacho Ajusco 20, Ampliación Fuentes del Pedregal, 14110, Tlalpan, Ciudad de México, México y CLACSO, Estados Unidos 1168 Ciudad de Buenos Aires, Argentina. © UNESCO / COLMEX / CLACSO / 2022 ISBN: 978-92-3-300185-5 Esta publicación está disponible en acceso abierto bajo la licencia Attribu- tion-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) (http://creativecommons.org/licen- ses/by-sa/3.0/igo/). Al utilizar el contenido de la presente publicación, los usua- rios aceptan las condiciones de utilización del Repositorio UNESCO de acceso abierto (www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-sp). Los términos empleados en esta publicación y la presentación de los datos que en ella aparecen no implican toma alguna de posición de parte de la UNESCO en cuanto al estatuto jurídico de los países, territorios, ciudades o regiones ni respecto de sus autoridades, fronteras o límites. Las ideas y opiniones expresadas en esta obra son las de los y las autoras y no reflejan necesariamente el punto de vista de la UNESCO ni comprometen a la Organización. Editores: Paola Aguilar, Luis Carrizo, María Isabel Domínguez, Laura Flamand, Andrés Morales, Juan C. Olmeda, Landy Sánchez Autores colaboradores: Susana Adamo, Paola Aguilar, Luis Carrizo, Jeraldine del Cid, Ana Escoto, Laura Flamand, Nelson Flórez, Natalia Genta, Nina Margarita Hernández Martínez, Raquel Martínez-Gómez, Lia Alejandra Hincapié, Ana Lau- ra Martínez, Claudia Masferrer, Andrés Morales, Natalia Moreno, Juan C. Olmeda, Catalina Opazo, Edith Pacheco, Luciana Portilho, Maria Eugenia Rausky, Mage- la Romero Almodóvar, Landy Sánchez, Ivette Sepúlveda Sanabria, Erika Veloza Martínez, Cristóbal Villalobos, Pablo Vommaro Diseño gráfico: María Noel Pereyra Ilustración de tapa: Michelle Mildenberg Diseño de gráficas: Felipe Berhau Ilustraciones: Michelle Mildenberg Composición tipográfica: María Noel PereyraR E S U M E N B R E V E “Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y las mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz” Las mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe (ALC) enfrentan desventajas acumuladas en su acceso efectivo a la educación, la salud, el trabajo y la participación política, entre otras, que, a su vez, han sido agravadas por la pandemia de covid-19. ¿Sabías que en varios países de la región se observa una sobrecarga en las horas que las mujeres destinan al cuidado, con una diferencia de entre 15 y 30 horas semanales más en relación con sus pares varones? Danzar en las brumas es una obra original, producto de un esfuerzo conjunto entre UNESCO, ColMex y CLACSO que tiene vocación de plataforma de acción con esperanza de lograr transformaciones sostenidas para el logro de la justicia y la equidad en la región. De este informe surgen diversos datos que confirman injustas realidades que viven las mujeres jóvenes en ALC. Datos cuantitativos y cualitativos, historias de vida, animaciones audiovisuales, música, recomendaciones de políticas públicas, todo conjugado en una plataforma digital, de acceso libre y universal. Todo está entramado, tal como las desigualdades, pero con signo de superación, acción colectiva y resiliencia. El público objetivo de este informe son decisores/as políticos, funcionarios/as públicos, investigadores/as, estudiantes, líderes sociales, generadores/as de opinión, activistas, periodistas. Género, Juventudes y Desigualdades: el desafío para América Latina y el Caribe En2020 la tasa de desempleo abierto de la población de 15 a 29 años fluctuaba entre 10 y 20%, según sexo y generación.Género y juventudes en entornos desiguales en América Latina y el Caribe Danzar en las brumasÍNDICE 8 Prólogo institucional 10 Introducción Sección 1. Fronteras Derechos 20 Fandango fronterizo 25 Migración e integración al sistema educativo y laboral de jóvenes en México, Costa Rica y Uruguay 43 La salud mental en adolescentes y mujeres durante la pandemia: los impactos de las violencias basadas en género 61 Embarazo en la adolescencia desde una perspectiva de derechos. Diagnóstico e intervenciones públicas en América Latina y el Caribe Sección 2. Vulnerabilidad Cuidados Brechas 84 Las fronteras invisibles 91 Juventudes y cambio climático: las intersecciones de género, etnia y edad en la configuración de la vulnerabilidad climática en el sector agrícola en Latinoamérica 113 Género, cuidados y juventudes. Brechas de equidad, desafíos y rutas para avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en América Latina y el Caribe 129 Juventud, género y brechas digitales en América Latina y el Caribe: avances y deudas pendientesSección 3. Precarización Transiciones 146 Coisa de preta 151 Jóvenes y precarización del trabajo en cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y México) 173 Trayectorias y transiciones educativas en América Latina y el Caribe. Análisis desde un enfoque de género Conclusiones 198 Equipo de producción de contenidos 203 Créditos http://danzarenlasbrumas.org/ Versión pre-print8 Prólogo Conclusiones9 En América Latina y el Caribe, el flagelo de las desigualdades constituye en la actualidad una situación insostenible, que reclama el mayor com- promiso de todos los actores, especialmente los Estados, y de adecuadas políticas públicas para disminuir las múltiples brechas. En la región, ya disponemos de estudios e investigaciones que dan pistas sobre los orígenes de las desigualdades, con diagnósticos sobre su inci- dencia en jóvenes, en especial mujeres. Tenemos hojas de ruta globales, como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, y acuerdos regionales, como el Consenso de Montevideo. En este marco, se requiere un enfoque integral, que conjugue la pers- pectiva de género con el enfoque generacional de juventudes y la mul- tidimensionalidad de las desigualdades. Tanto en el caso de la deserción educativa, la precarización laboral, la fragmentación de servicios de salud, así como las crecientes tasas de violencia y otras dimensiones críticas, la integralidad se torna ineludible. Por su parte, la pandemia de la Covid-19 ha profundizado estas brechas en la región, afectando principalmente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en especial a las mujeres jóvenes. Frente a una crisis de tal magnitud, las respuestas deben ser de gran envergadura. Disponemos ya de muchos datos en contexto de Covid-19: las juventudes tienen el doble del nivel de desempleo que la población en general, tienen menor acceso a la salud, justamente porque se vinculan al mercado laboral en condiciones de mayor precariedad, enfrentan impactos en su salud mental y, según al- gunas encuestas, manifiestan menor confianza en las instituciones. Trabajando en estas claves y con una mirada común, desde hace un lus- tro ya, UNESCO, CLACSO y El Colegio de México vienen materializado in- novadores proyectos para abordar las desigualdades en América Latina y el Caribe. Distintos emprendimientos conjuntos -cursos masivos en línea, talleres presenciales, mapeo de iniciativas, conferencias-, con amplia par- ticipación de jóvenes a nivel regional, han visibilizado sus impactos y han fortalecido amplias redes de actores. Hoy, nuestras instituciones se asocian para profundizar el debate estra- tégico y las acciones sobre desigualdades en América Latina y el Caribe, en clave de género y generaciones. Se trata del proyecto “Danzar entre las brumas”, del cual esta publicación es un primer resultado, renovan- do enfoques, prioridades, narrativas y métodos de participación. Aquí, la investigación académica dialoga con las historias de vida y con las artes, alentando políticas públicas articuladas, hacia la activa reducción de las desigualdades de género. Nuestras instituciones ratifican, así, el compromiso de seguir trabajando juntas por los mejores destinos de América Latina y el Caribe, hacia una región más justa, próspera, solidaria y sostenible. Gabriela Ramos Silvia Giorguli Karina Battyhány UNESCO COLMEX CLACSO Directora General Adjunta Presidenta Secretaria Ejecutiva Ciencias Sociales y HumanasIntroducción11 Paola Aguilar Honduras Luis Carrizo Uruguay María Isabel Domínguez Cuba Raquel Martínez-Gómez España Pablo Vommaro Argentina Danzar en las brumas Razones y esperanzas de un proyecto latinoamericano y caribeño Las mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe enfrentan desventajas acumuladas, que se entrelazan entre sí, en cuanto a su acceso efectivo a la educación, la salud, el trabajo y la participación política. Adicionalmente, las mujeres jóvenes también experimentan vulnerabilidades ante fenóme- nos como la migración y el cambio climático, entre otras. A su vez, la pandemia de covid-19 ha tenido consecuencias económicas y sociales en toda la región, agravando las ya existentes desigualdades que afectan a las juventudes. Si bien todavía falta disponer de más cifras desa- gregadas acerca del impacto de la pandemia en las poblaciones jóvenes, los datos anteriores a la crisis muestran realidades críticas, que fueron agrava- das por el impacto de la emergencia sanitaria. En áreas claves para el desarrollo personal y social —entre otras: edu- cación, salud, trabajo—, las cifras disponibles constituyen una alerta que denuncia desigualdades, discriminación y exclusión, y que debe llamar a la transformación urgente de estas condiciones. Estas realidades se encuen- tran íntimamente asociadas al llamamiento realizado por las Naciones Unidas en 2015 al suscribir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En ella, los Estados miembros declaran: Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e in- clusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales.1 En la misma resolución, se expresa algo que para el abordaje de nuestro trabajo resulta crítico: Los desafíos y compromisos mencionados están relacionados entre sí y requieren soluciones integradas. Para abordarlos con eficacia es preciso adoptar un nuevo enfoque.2 1 Cfr. Naciones Unidas (2015). 2 Ibídem.12 En efecto, ese nuevo enfoque que se reclama en la Agenda 2030 es el que este trabajo intenta imprimir a la investigación, la comprensión y la acción social: interdependencia, conjunción de datos con humanismo, integrali- dad, interseccionalidad, perspectiva de género, enfoque de generaciones. Del trabajo colectivo que aquí presentamos surgen diversos datos que confirman injustas realidades que viven las juventudes en América Latina, especialmente las mujeres. Como referencia, los siguientes son datos ilus- trativos de estas condiciones, tomados de cada capítulo de los que compo- nen este estudio. A saber: • Alrededor de 5 % de la población joven mexicana vive en hogares que reciben remesas, mientras que en Costa Rica o Uruguay esa rea- lidad no llega a 1 %.3 • Según un sondeo de unicef,4 las mujeres reportaron mayor porcen- taje de ansiedad (27 %) que los hombres (15 %). Para el 30 % de las mujeres encuestadas lo que más influía en sus emociones al momen- to del sondeo era la situación económica. • Mientras 18,6 % de las mujeres que fueron madres en la primera dé- cada de edad adulta alcanzaron algún nivel de educación terciaria, solo 6,4 % de quienes lo fueron en la adolescencia alcanzaron ese nivel.5 • Para las mujeres jóvenes, la escasez asociada a amenazas climáticas supone el riesgo de profundización de las brechas de género que ya enfrentan en la propiedad, la actividad laboral y el ingreso, así como de afectaciones de su salud y seguridad física.6 • En varios países de la región se observa una sobrecarga, en las muje- res, de horas destinadas al cuidado, con una diferencia de entre 15 y 30 horas semanales más en relación con sus pares varones.7 • Entre 70 % y 80 % de los estudiantes de niveles socioeconómicos altos cuentan con computadoras portátiles en sus hogares, mientras que en los quintiles menores solo las tienen entre el 10 % y 20 %.8 • En 2017, a nivel mundial, casi 77 % de los jóvenes sin trabajo ni es- tudio eran mujeres.9 • En México, la condición de analfabetismo afecta en casi 5 puntos más a las mujeres indígenas que a los hombres indígenas, tendencia 3 Banco Mundial, 2021. 4 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2020b. 5 Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa), 2020. 6 Bradshaw y Fordham, 2015; Casas Varez, 2017. 7 Centro de Estudios de la Mujer y Centro de Estudios de Población y Desarrollo (cem y cepde, 2018) (Cuba); Instituto Nacional de Estadística (ine, 2018) (Uruguay); Departa- mento Administrativo Nacional de Estadística (dane, 2018) (Colombia). 8 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal, 2020). 9 Organización Internacional del Trabajo (oit, 2017). Introducción13 que se repite en las tasas de conclusión en secundaria: 62,2 % para los hombres indígenas y 25,3 % para las mujeres indígenas.10 A partir de estas injustas condiciones ya instaladas, la pandemia ha exa- cerbado las severas desigualdades sociales asociadas al género y la esfera generacional en América Latina y el Caribe. El informe que aquí desplegamos tiene como objetivo ofrecer mayor evi- dencia sobre las desigualdades de género en las juventudes de América Latina y el Caribe, visualizar sus interconexiones e interseccionalidades y presentamos propuestas de política pública para superarlas. Tres son los ejes que, de forma articulada, definen todo el trabajo: género, juventudes y desigualdades. Si bien los conceptos constriñen, deben ser considerados según los mar- cos teóricos en los que se producen y son útiles para el diseño de políticas públicas orientadas a la transformación social. En ese sentido, concebi- mos el género como construcción sociocultural que diferencia y configura los roles, las percepciones y los estatus de lo femenino y lo masculino en una sociedad. Asimismo, conviene destacar que, aunque cada vez más se reconoce que el género es un espectro cuyos matices no se agotan en la concepción binaria, en este informe se prestará mayor atención a la situa- ción de las mujeres en su intersección, en primer lugar, con su pertenencia generacional, pero también con otras características como la pertenencia étnico-racial, el contexto rural-urbano, la condición de migrante y otras de carácter estructural, cultural y simbólico. De igual forma, consideramos a las juventudes como una construcción social, histórica y culturalmente determinada, por lo que es siempre situa- da y relacional; de ahí que no existe una definición única, ni las legislacio- nes nacionales en la región son homogéneas al definir un rango etario. Este estudio parte de una aproximación flexible, y para efectos metodológicos se ha utilizado un rango de edades de entre los 15 y 29 años. El tercer eje, referido a las desigualdades, incluye per se una perspectiva relacional: desigualdad de qué y entre quiénes. Ello remite a relaciones de poder y obliga a la definición de pares categóricos, enfocado en los proce- sos colectivos —no en los individuales— y aludiendo a su multidimensio- nalidad. Los contextos macro-, meso- o microsocial marcan componentes estructurales —condiciones socioeconómicas, estructura de clases, de gé- nero, étnico-raciales, territoriales— en el marco de instituciones y redes como la familia, la escuela, la comunidad, el grupo de pares. Al mismo tiempo, estos contextos marcan componentes subjetivos —identidades, relaciones intergeneracionales, de género, interétnicas e interraciales—, junto a unas prácticas culturales, políticas, religiosas, que conforman un marco donde se producen y reproducen las desigualdades. En su articula- ción con género y juventudes, el informe atiende aquellas desigualdades que derivan del orden patriarcal, heteronormativo y adultocéntrico que impera en las sociedades y mantiene una organización social jerarquizada según la pertenencia de género y generacional. *** 10 Encuesta Intercensal (2015), referida en Bonfil (2020). Danzar en las brumas. Razones y esperanzas de un proyecto latinoamericano y caribeño14 Las instituciones organizadoras de este estudio vienen trabajando desde hace tiempo, de manera colaborativa, en el abordaje de estos temas con una perspectiva de divulgación y sensibilización. Así, en 2020 y 2021 se hicieron dos ediciones del mooc (curso masivo en línea) Desigualdades y juventudes en América Latina y el Caribe, con más de 3600 participantes de la región y otras partes del mundo. A partir de las conclusiones del curso y de los aportes de los miles de par- ticipantes, unesco, El Colegio de México y clacso han conjugado esfuerzos para realizar un estudio experto que profundice sobre la situación de las desigualdades en y entre las juventudes de la región, con especial atención a las mujeres jóvenes y los efectos del contexto de la covid-19. Los campos abordados en este estudio son necesariamente acotados, pero cubren algunas de las dimensiones más afectadas por las desigualda- des. La perspectiva elegida para ello se basa en la búsqueda de evidencia, con análisis de datos actuales sobre la realidad regional y en clave de in- terseccionalidad. Los capítulos que integran este informe abordan asuntos complejos y multidimensionales, que —a la vez— interactúan entre sí, con devastadoras consecuencias en el bienestar, los derechos y las oportuni- dades de las juventudes de la región. Así, en una secuencia articulada y coherente, el informe se estructura sobre la base de ocho capítulos que cubren los siguientes temas: migraciones, salud mental, embarazo adoles- cente, cambio climático, trabajos de cuidado, brecha digital, precarización laboral, trayectorias educativas. Partiendo de esta realidad compleja se plantea un enfoque integral de las desigualdades, es decir, un escenario donde intervienen factores eco- nómicos, políticos y sociales, que son expresiones de las desigualdades —a nivel grupal e individual— que refuerzan y perpetúan las inequida- des injustas y evitables. Las relaciones de género y las dinámicas sociales afectan de manera diferenciada a las mujeres, para quienes las barreras de acceso o situaciones de discriminación y violencia refuerzan los ciclos de pobreza y exclusión. Por ejemplo, las migraciones pueden ser expresión de la violencia, de la precarización laboral y/o del cambio climático; los tra- bajos de cuidado pueden estar relacionados con las trayectorias educati- vas y las relaciones de género, entretejiéndose unas con otras. Cualquiera sea el escenario, la inequidad tiene expresiones multidimensionales, y la comprensión de los fenómenos que la originan, así como el diseño de las respuestas, deben ser planteados de manera integral. Cada capítulo describe y analiza realidades de diversos países, identifi- cando las principales tendencias en la región en el campo que se aborda. No se trata, sin embargo, de un análisis regional comparado, ya que cada equipo autoral ha identificado casos de países que ha considerado los más relevantes y disponibles para sus propios análisis. Hemos cuidado, por cierto, el mayor equilibrio entre subregiones y, aunque algunas de ellas —como América Central y el Caribe— han quedado menos representadas, se ha intentado ofrecer una equitativa participación en el panorama de países de la región. *** Introducción15 La elaboración de la obra ha constituido, en sí misma, un proceso mul- tidimensional y altamente colaborativo, con objetivos muy claros desde la propia concepción de su diseño. En efecto, la intención de las organiza- ciones responsables de este estudio ha sido profundizar en las realidades abordadas de manera rigurosa a la vez que comprometida y sensible. Esto se traduce en una arquitectura que, junto con el rigor de los datos, nos conduce a las historias de personas que los viven en carne propia, nos ilus- tra sus trayectorias —únicas y múltiples, personales y comunitarias—, nos retrata con llaneza y con método realidades que son injustas y gentes que las sobreviven con resiliencia. Finalmente, la obra habla de cómo orientar políticas de nuevo tipo que puedan superar antiguas injusticias. En este esfuerzo, queremos reconocer la intensa labor de los equipos au- torales de cada capítulo. Los organizadores identificaron ocho temas como los asuntos a abordar, por su impacto, sensibilidad y urgencia. Cada uno de ellos fue encomendado a personas expertas en el tema y que comprendían el espíritu del proyecto. Así, cada quien, con su hoja de ruta particular, con- formó y trabajó en equipo, recopiló datos, exploró situaciones por país y comparó realidades, elaboró hipótesis, propuso diagnósticos y recomenda- ciones. Asimismo, el proyecto instaló un Comité Juvenil Asesor que parti- cipó en los debates, revisó los contenidos y aportó recomendaciones desde una perspectiva de género y generacional. En el proceso, los equipos de investigación se reunieron entre sí más de una vez para discutir sus avances, sus hallazgos, aprender de los demás, recibir retroalimentación y darle coherencia a la polifonía de sus asuntos. En varias sesiones de largas horas, con el equipo en pleno (más de 30 per- sonas de toda la región), nos encontramos en la sala virtual con debates, aprendizajes cruzados, revisión de pares y elaboración cooperativa. Cada cual y todos en conjunto pudimos leernos en forma cruzada. Cada capítulo se transformó así en una ventana de luz sobre una realidad compleja y di- versa. Cada equipo debió refinar su forma de decir y su forma de entender, su manera de expresar la realidad visibilizada, tratar de abandonar su jer- ga académica para desarrollar un lenguaje que comunicara el alma de las cosas junto con los datos duros. No está acostumbrada a ello la academia latinoamericana y caribeña: en el transcurso de un año de trabajo debimos cultivar ese verbo. Gracias por eso a los equipos de investigación convoca- dos para este proyecto. Pero aun esa prosa resulta insuficiente para hablar de estas humanida- des. Desde el comienzo, supimos que la investigación científica sin el arte no resulta fermental. Tenemos la convicción de que los seres humanos comunicamos de muchas maneras y a distinto nivel, y que cada forma es importante, pero es insuficiente si está aislada. Así, incluimos el arte de la narrativa y el de la ilustración: la imagen y la palabra viva, conjugadas para comprender. Porque no se trata solo de entender sobre desigualdades, sino que es urgente comprenderlas en su humanidad, con rostros y miradas, con músicas, con paisajes, con anhelos y frustraciones, con emociones y afec- tos, como la vida misma. Y allí fueron las artistas del proyecto, que se me- tieron con las realidades multicolores, únicas y múltiples que atraviesan las juventudes de América Latina y el Caribe, en clave de género y desigual- dades. De esta forma, un lápiz sensible dibujó trazas de las protagonistas de nuestra región y la pluma narrativa vibró con historias desde las raíces Danzar en las brumas. Razones y esperanzas de un proyecto latinoamericano y caribeño16 de las comunidades. La poética de las desigualdades permite comprender mejor lo que este informe muestra. En efecto, algo de lo que hemos comprendido en el proceso de esta obra quizás ya estuviera anticipado en El libro de los abrazos, del escritor Eduar- do Galeano: Desatar las voces, desensoñar los sueños: escribo queriendo reve- lar lo real maravilloso, y descubro lo real maravilloso en el exacto centro de lo real horroroso de América. En estas tierras, la cabeza del dios Eleggúa lleva la muerte en la nuca y la vida en la cara. Cada promesa es una amenaza; cada pérdida, un encuentro. De los miedos nacen los corajes; y de las dudas, las certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios, otra razón. En diálogo con estas ideas, el título del proyecto —y de esta publicación en particular— habla de la resistencia frente a la barbarie de las desigual- dades. En efecto, el «danzar en las brumas» refiere a una de las expresiones humanas y artísticas más sensibles de nuestros pueblos, da un cauce a la incomprensión y al dolor. La danza, aquí, es una actitud de movimiento que enfrenta las inercias. No hay resignación; hay una respuesta. Las pro- tagonistas de nuestras historias de América Latina y el Caribe bailan y lo hacen con mujeres más jóvenes, con amigas, con grupos donde encuen- tran una comunidad, personas con sus mismos problemas. En la recupera- ción de memoria y solidaridades, ellas resisten. *** Esta obra no quiere ser solamente un informe sobre género y juventudes en el entorno de las desigualdades de América Latina y el Caribe. Esta obra tiene vocación de plataforma de acción, inspiradora de alternativas, con la esperanza de lograr transformaciones sostenidas para el logro de la justi- cia y la equidad en la región. De aquí salen otros productos, recordatorios, estímulos, piezas inspiradoras de cambios: así, las historias relatadas se transforman en animaciones; los capítulos llevan el sello de la música de nuestra región; las ilustraciones a su vez son afiches y postales que man- tengan presente el llamado; las ciencias sociales y el arte están conjugados en plataforma digital, de acceso libre y universal. Todo entramado, como las desigualdades, pero con signo de superación, acción colectiva y resi- liencia. Los dejamos entonces con este informe y los invitamos a construir los diversos caminos para recorrerlo, recrearlo y apropiárselo. Buena lectura, buena comprensión. Introducción17 Bibliografía Banco Mundial (bm). (2021). World Bank Open Data. Recuperado de https://data. worldbank.org/ Bonfil, P. (2020). Género y educación en México y Guatemala: niñas indígenas e inclu- sión escolar en México y Guatemala. Documento de referencia preparado para el Informe gem 2020 América Latina y el Caribe. gem, unesco. Bradshaw, S. y M. Fordham. (2015). Double disaster: Disaster through a Gender Lens. En Andrew E. Collins, Samantha Jones, Bernard Manyena y Janaka Jayawickrama (Eds.), Hazards, Risks and Disasters in Society (pp. 233-251). Amsterdam, Holanda: Elsevier. Casas Varez, M. (2017). La transversalización del enfoque de género en las políticas públicas frente al cambio climático en América Latina. cepal. Recuperado de https://www.cepal.org/fr/node/41913 Centro de Estudios de la Mujer (cem) y Centro de Estudios de Población y Desarro- llo (cepd). (2018). Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género 2016: Infor- me de Resultados. La Habana, Cuba: Federación de Mujeres Cubanas (fmc). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal). (2020). Universa- lizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del covid-19. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/hand- le/11362/45938/4/S2000550_es.pdf Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane). (2018). Encuesta Nacional de Uso del Tiempo Colombia 2016-2017. Recuperado de https:// microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/552/datafile/F30/V2352 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef). (2020b). El impacto del covid-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes. Recuperado de ht- tps://www.unicef.org/lac/el-impacto-del-covid-19-en-la-salud-mental- de-adolescentes-y-jóvenes Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa). (2020). Consecuencias socioe- conómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América La- tina y el Caribe. Recuperado de https://bit.ly/3ddtDKz Instituto Nacional de Estadística (ine). (2018). Encuesta Nacional de Adolescen- cia y Juventud. Recuperado de https://www.ine.gub.uy/encuesta-nacio- nal-de-adolescentes-y-juventud-enaj-2018 Naciones Unidas (2015). Agenda para el Desarrollo Sostenible. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ Organización Internacional del Trabajo (oit). (2017). Tendencias mundiales del empleo juvenil 2017 [Resumen ejecutivo]. Recuperado de http://www. ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/ WCMS_598679/lang--es/index.htm Danzar en las brumas. Razones y esperanzas de un proyecto latinoamericano y caribeñoFANDANGO FRONTERIZO Migración e integración al sistema educativo y laboral de jóvenes en México, Costa Rica y Uruguay La salud mental en adolescentes y mujeres durante la pandemia: los impactos de las violencias basadas en género Embarazo en la adolescencia desde una perspectiva de derechos. Diagnóstico e intervenciones públicas en América Latina y el Caribe Fronteras DerechosFa n d an g o fr on te ri zo El muro me trajo aquí porque el sonero lo quiso mi jarana de chamizo no se quema en la lumbrera y mi verso en la frontera del fandango fronterizo. Décimas de Carlos Adolfo Rosario Elba Hemos llegado a San Diego desde Santa Ana para participar en una nueva edición del fandango fronterizo. De Tijuana nos se- para una alambrada tan alta y densa que apenas deja vernos. La música del son jarocho derrumba los muros por unas horas, une lo que otros separaron. Hemos situado nuestras tarimas a ambos lados de la frontera. Del lado mexicano se acomodan las compañeras con quienes compartiremos el baile: las que no qui- sieron emigrar, las que no pudieron, aquellas que están aquí por la música y las que apoyan la parte política de la acción. Formo parte de un grupo de son jarocho donde cada cual comparte lo que sabe. A mí me dijeron: «Tú ya tocas la guacamaya» y me pusieron a enseñar. Casi todas somos mexicanas, pero también hay compañeras de El Salvador o Colombia. Yo nací en San Juan Chamula, en los Altos de Chiapas, muy lejos de Veracruz y de su folclor, pero aquí todas nos identificamos con su música, como mexicanas, como latinoamericanas: el son pone notas diversas en un mismo pentagrama. Soy tzotzil y migré con mi papá a Cali- fornia. Mi madre se quedó con el resto de mis hermanas. No nos alcanzaba el dinero y sabíamos de otros vecinos que mandaban remesas a sus familias. (Desde el lado de Tijuana se ha dado la señal para comenzar. Ya estamos listas. Escuchamos recitar la décima). «Hasta aquí llega el olor del mar», me dice Alma desde el otro lado, y me dan ganas de salir corriendo, de ir nadan- do hasta México. Todas no podemos regresar, muchas no tenemos papeles, a pesar de haber vivido muchos años en este país. El sistema es muy ineficiente y caro: hacemos colas interminables, rellenamos un sinfín de documentos. Adaptarnos fue difícil. Se me hacía inso- portable el individualismo, la imposibilidad de tener tiempo libre. Nunca aprendí del todo bien el idioma yme ha costado sentirme aceptada. Te tratan bien mal, te humillan, te miran como si fueras tú la causante de los problemas, como si estuvieras de colada en Estados Unidos. Escuchas comentarios discriminatorios, respiras el racismo. De repente te enoja tu rea- lidad, te llegas a preguntar por qué salí mexicana. El son jarocho me devolvió mis raíces, unas que no están fijas y que forman parte de lo que soy. Y lo que somos es mezcla, como esta música que sale de mi jarana y mi zapateado: tiene influencias indígenas, afrocaribeñas y árabe-andaluzas. Entonces te das cuenta de que ser mexicana viene con muchas cosas bonitas. Mi propia lengua es un tesoro que no querría perder, que trato de que mis hijas aprendan para que algún día lo hablen con su abuela. En el grupo he tenido oportunidad de conocer a músicos, a personas proce- dentes del campo, con sensibilidad, que me han hecho recordar esas cosas importantes que aprendí sobre el sentido comunita- rio, el arte o la naturaleza. (Seguimos en el lado oeste de la frontera, donde su trazado pa- rece hecho con una regla. Mi jarana empieza a sonar: las cuerdas están afinadas, los dedos como mariposas revolotean sin descan- so para obrar el milagro musical). Soy madre soltera de dos niñas. Ayer mismo estuve pegando los zapatitos de andar por casa de la menor. Ella todavía no zapatea, pero no tardaré en enseñarle. También a reparar los objetos, a cuidar de las personas. Me asusta cómo botamos las cosas en vez de darles una segunda oportunidad: esa cultura de usar y tirar acabará destruyendo nuestro planeta. Vengo de un lugar donde la riqueza no es material. Entonces mis padres no tenían dinero, pero sí me enseñaron cosas útiles. Yo era muy retraída y cuando comencé a cantar en el grupo me moría de pena. Antes las mu- jeres no participaban en el canto, solo bailaban. Ahora cantamos y tocamos la jarana y la leona. A veces voy al locutorio para na- vegar por internet. Una compañera me enseñó cómo funciona lo de las redes sociales. Ahí vi que en una de nuestras actuaciones una mujer de Veracruz había escrito un comentario: «Si ellas que viven en Estados Unidos, y que ni siquiera lo hacen tan bien, can- tan y tocan, nosotras probaremos». (El son jarocho se canta bien fuerte, si cantas flojito nadie te es- cucha. Mi voz traspasa el muro, se mezcla con las voces del otro lado. Es una muestra de disconformidad: queremos derribarlo. Sentimos la misma tonada). Relato escrito por Raquel Martínez- Gómez. Gracias a Cecilia del Mar Zamudio por hablarme de los fandangos fronterizos y compartir conmigo sus conocimientos del son jarocho en Xalapa.En el grupo he encontrado una comunidad: un espacio de ayuda mutua. Hace poco nos organizamos para sacar a un papá de fa- milia a quien detuvo la migra de un centro de detención; además preparamos quermeses para apoyar económicamente a quien necesita atención médica. Siempre estamos atentas a las depor- taciones. Con Trump se hacía de forma arbitraria y sistemática: daba igual que estuvieses en la escuela o en la iglesia. Con Biden también te regresan, aunque el miedo a las deportaciones se ha reducido un poco desde que distintas asociaciones nos protegen e informan de nuestros derechos. Las autoridades abusan más cuando somos ignorantes. (Nos colocamos unas frente a las otras para hacer la morena. Más allá vemos grupos de personas donde bailan al montón). Aquí es difícil llevar una vida normal: madres y padres trabajan doce horas al día en las fábricas, en la construcción o en la jardi- nería para asegurar techo y comida. Aunque también se dan ca- sos de mujeres que se quedan en casa por exigencia del marido. A mí me hubiera pasado también esto de haberme quedado en San Juan Chamula. Nunca entendí por qué hay que diferenciar tanto las tareas entre hombres y mujeres. Pero tampoco me gus- ta que los niños pasen aquí tanto tiempo solos. Algunas compa- ñeras empezaron a reunirlos para compartir lectura en español y manualidades. La comunicación es difícil porque los papás no hablan inglés y los niños no hablan español. También se sensi- biliza a las mamás sobre el abuso sexual y para que sepan las consecuencias de una infancia en soledad. (El son sigue, las voces forman un coro de un lado y otro de la frontera, se elevan silenciando el sonido de las olas). Alma: Vivo en Tijuana y vengo a la frontera cada año. Es bonito reen- contrarse con Elba y con el resto de las compañeras. En días como hoy es cuando entiendo que mereció la pena vivir. He cruzado dos veces, siempre acompañada de la misma luz. No voy a intentar regresar. Unirme al grupo, conocer el son jarocho ha contribuido a mi sanación, comple- tado la terapia psicológica a la que me sometí después de tocar fondo. De todas las situaciones que he atravesado en mi vida, la más di- fícil ha sido superar la depresión. Mehizo bien poder expresarme a través de la música, conectarme, arraigarme a una identidad que necesito. Pasé mi infancia en Ja- lisco, aunque mis predecesores nacieron en la sierra de Veracruz, al pie de un volcán. No tuve contacto con el son jarocho hasta que llegué a Tijuana. El papá de mis últimos hijos no me dejaba participar en este tipo de eventos porque decía que «yo era una señora casada». Tampoco me permitió estudiar más allá de la secundaria, que acabé cuando ya estaba embarazada del tercer bebé. Él siempre me decía que si le pasaba algo a nuestro hijo sería mi responsabilidad. Tengo puros varones y los educo de otra manera: les enseño a valorar a sus parejas y les señalo lo que no es correcto. Dentro del grupo, algunos hombres me dicen que los estoy maleducando, haciendo de ellos unos mandilones. Aun- que tienen distintos padres, yo me hago cargo de los tres. Antes trabajaba limpiando casas, pero no era suficiente, siempre debía dinero. Ahora trabajo por mi cuenta y comparto el departamento donde vivo. Así puedo recoger a los más pequeños de la escuela. (En cada zapateo una se aferra a la tierra, a sentir las cosas como son y no como han querido disponer de ellas quienes trataron de dominarnos). Fui casada a la fuerza con 13 años y tuve a mi primer hijo a los 14. Después me escapé para los Estados Unidos. Fue un alivio estar lejos de ese hombre, pero yo era solo una niña sin cuidados que además tenía que encargarse de un bebé. No tenía respuestas y busqué refugio en las drogas y el alcohol. Un poco más tarde co- nocí a otro hombre que abusó de mí. No lo denuncié por temor a la deportación. Sin papeles, sola: terminé en un estado de depre- sión constante. Regresé a México cuando el segundo maltratador me botó con mis dos hijos. Allí empecé una nueva relación, tuve otros niños. Cruzamos la frontera, pero él terminó en la cárcel y a mí me deportaron. Estuve retenida por seis meses en un centro de reclusión. Las vejaciones fueron mayores que las sufridas du- rante mis trayectos migratorios. El cuidado corporal era muy pre- cario y las infecciones constantes. Cuando me dio la regla pasé cinco días sin toallas sanitarias, sin poder cambiarme de calzón ni bañar. De nuevo, en el país que me vio nacer, pude encontrar una asociación que me brindó ayuda psicológica y oportunida- des. Empecé a hacer ejercicio, no dejé la terapia. Cuando mejoré me di cuenta de que a mi alrededor había muchas personas con el mismo problema y que yo podía ayudarlas a partir de mi expe- riencia. Tomé clases de salud mental y ofrecí asistencia a muje-res con depresión. Muchas hemos sido inmigrantes, otras todavía tratan de migrar. (Canto frente a esta alambrada y me acuerdo de todas las perso- nas que murieron cruzando esta frontera. Lanzo mi rabia contra aquellos que tomaron decisiones para que este tránsito sea cada vez más riesgoso). A mí lo que más se me da es la «versada». Compongo versos de amor, pero también a favor de la mujer y en contra del machis- mo. Hay un grupo de hombres en nuestro grupo que no están de acuerdo. Pero ya estamos hartas de callar el abuso sexual y físico al que se nos somete. He visto el maltrato a los dos lados. En México, a pesar de ser ciudadana, no es muy diferente. Un día, el dueño del restaurante donde trabajaba intentó manosearme. Conseguí escapar y cuando fui a denunciarlo, el policía me dijo que no había pruebas. Vimos salir a mi jefe riéndose después de haber pagado su mordida. En Estados Unidos lo aceptamos por miedo a la deportación y porque si una denuncia se expone a los abusos sexuales de la policía. El acoso en el trabajo también está al orden del día. Lo sufrí varias veces y la única alternativa que me quedó fue dejar la tarea, empezar desde cero. Era muy consciente de lo que pesaba mi condición migratoria. Por eso to- dos los primeros de mayo celebramos el día del trabajo con una marcha en la que tocamos música y entonamos nuestros versos. Levantamos la voz para defender nuestros derechos como muje- res y migrantes. No nos tendrían aquí si no fuésemos necesarias, solo que no nos dan los derechos porque temen dejar de some- ternos. (La música se detiene y con ella el baile. Me despido de Elba has- ta el año que viene. Es hora de guardar las jaranas, de desmontar el tablado, de despedirnos de las compañeras del otro lado, de regresar a casa. Respiro y huele a salitre. Me siento bien. Ahora sé quién soy y lo que esta música me ha dado. Elba siempre lo dice: el son jarocho se canta bien fuerte, como se entona la vida que realmente lo merece).25 Migración e integración al sistema educativo y laboral de jóvenes en México, Costa Rica y Uruguay Introducción Ser joven significa pasar por una etapa de cambios, dejar la escuela, empe- zar a trabajar, iniciar una familia o dejar el hogar. Estas transiciones definen el paso a la adultez y es sumamente importante en qué contexto se realizan. En este capítulo estudiaremos algunas transiciones de la población joven en términos de ocupación y asistencia escolar en tres países y lo que signi- fica ser extranjero en países con historias migratorias diferentes. Algunos/ as migran en familia y otros/as migran para crear una propia. Migran en búsqueda de empleo o para continuar sus estudios, o dejan atrás sus países de manera forzada e intentan continuar sus estudios entrando al mercado laboral. Mundialmente las migraciones han aumentado y excedido las proyec- ciones y nuestra región no es ajena a esa dinámica (Organización Interna- cional para las Migraciones [oim], 2019). Además, el fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe (alc)1 ha cambiado dramáticamente en los últimos años; los destinos se han diversificado, así como los perfiles de las personas migrantes y las causas que originan esos movimientos. La mayo- ría de estas migraciones ocurren en edades jóvenes, al inicio de las trayec- torias laborales, pero poco se sabe sobre cómo se integran las y los jóvenes al sistema educativo y al mercado laboral en un país distinto de aquel en el que nacieron. Los estudios sobre la incorporación educativa y laboral de personas mi- grantes suelen enfocar estos procesos de manera independiente y tienden a ignorar cómo se interconectan, sobre todo entre las y los jóvenes. La in- vestigación sobre la transición a la vida adulta analiza el concluir la escue- la, entrar al mercado laboral, salir del hogar y formar una familia entrando en una unión o teniendo un hijo, y resalta que estas transiciones no nece- sariamente ocurren una tras otra. Tanto los procesos migratorios como los familiares, laborales y educativos están mediados por relaciones de género, así que es de esperar observar diferencias entre hombres y mujeres. En este capítulo estudiamos de qué manera poblaciones jóvenes naci- das en el extranjero estudian y trabajan tras la migración. Comparamos los casos de tres países latinoamericanos con diferencias demográficas, 1 Usamos alc, América Latina, y Latinoamérica indistintamente. Claudia Masferrer1 México Ana Escoto El Salvador 1 Agradecemos a Mariana García Crisóstomo su apoyo como asis- tente de investigación.26 en desempeños educativos, mercados laborales y perfiles migratorios: México, Costa Rica y Uruguay. Otras secciones de este reporte analizan desigualdades de género, educativas y laborales. Aquí, conjuntamos estas dimensiones para intentar comprender mejor qué ocurre en contextos de movilidad. Específicamente, nuestro objetivo es identificar mejor las des- igualdades entre jóvenes migrantes en tres contextos distintos y brindar recomendaciones que ayuden a reducir las barreras para la integración la- boral y educativa. Jóvenes migrantes: escuela y trabajo en tres países latinoamericanos Las personas migrantes que analizamos viven en países con diferencias en volumen poblacional y dispersión geográfica. México es un país exten- so, heterogéneo, una de las naciones más grandes del continente, cuya población supera los 126 millones de habitantes; mientras que Costa Rica no supera los 6 millones y Uruguay tiene poco menos de 3,5 millones. En el caso de Costa Rica y México, alrededor de uno de cada cinco habitantes reside en sectores rurales, mientras que en Uruguay lo hace cerca de uno de cada veinte habitantes, por lo que se trata de una sociedad mucho más urbanizada. Las tres naciones están pasando por momentos demográficos diferen- tes. De acuerdo con el Banco Mundial (2021), en Uruguay hay 74 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, lo que muestra un nivel de envejecimiento bastante avanzado. Costa Rica tiene 59 personas adultas mayores por cada 100 jóvenes, mientras que México, la sociedad más joven, tiene apenas 30 personas adultas mayores por cada centenar de menores de 15 años. Esto redunda en disparidades en la espe- ranza de vida, aspecto que encabeza Uruguay con un promedio que ronda los 88 años, seguido de Costa Rica con alrededor de 80 y México con 75 años, para el año 2020. A pesar de estas diferencias, los países han retro- cedido en los niveles de fecundidad: México se sitúa justo por encima de la tasa de reemplazo con 2,1 niños o niñas por mujer; mientras que Costa Rica está por debajo (1,7) y Uruguay mantiene poco menos de 2. Ello da cuenta de los procesos de transición demográfica que viven los países, con un nivel mucho más avanzado en Uruguay y Costa Rica. Los países tienen desempeños institucionales dispares. México, a dife- rencia de Uruguay, no ha abordado de manera consistente la desigualdad. De hecho, esta ha seguido creciendo ya que el nivel de intervención es- perado de las instituciones laborales mexicanas se mantuvo sin cambios. Costa Rica ha mostrado un estancamiento en la lucha contra la pobreza y un aumento de la desigualdad, producto de la desregulación. Uruguay ha logrado frenar el avance de la desigualdad y sus instituciones laborales son más fuertes, aunque sigue enfrentando una persistente exclusión laboral (Escoto Castillo, Márquez Scotti y Prieto Rosas, 2017; Escoto, Prieto y Már- quez, 2017). Costa Rica, por ejemplo, presenta el coeficiente de Gini —en esta medida, cuanto más se acerca la cifra a la unidad, mayor es el nivel de desigualdad— más alto de los tres casos, con un 0,49; México tiene un desempeño similar, de 0,57, y Uruguay se presenta como la nación más equitativa en estudio, con un 0,39 (Banco Mundial, 2021). La mayoría de estas migraciones ocurren en edades jóvenes, al inicio de las trayectorias laborales 1 | Fronteras. Derechos.27 A pesar de estas diferencias, los tres casos nacionales están por encima del promedio de logro educativo latinoamericano de acuerdo con el Pro- grama para el Desarrollo de Naciones Unidas (2020). En los tres, la pobla- ción de 25 años y más se sitúa en un promedio de poco menos de 9 años aprobados en 2019.2 Los tres países han seguido ampliando la educación en las últimas tres décadas. Costa Rica y Uruguay tuvieron mejores desem- peños durante los años noventa, pero México cerró la brecha con respecto a estos países después de 2006 y más aún tras la expansión educativa des- pués de 2013, cuando se aprobó la reforma constitucional que estableció que la educación secundaria debía ser universal y pública. De acuerdo con la prueba PISA de 2018, los países tienen puestos similares en los rankings (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [ocde], 2019). Elegimos tres países con distintos patrones migratorios en diferentes circuitos o sistemas migratorios: en Norte-, Centro- y Sudamérica. Méxi- co tiene una larga trayectoria migratoria, sobre todo como país de origen de la migración hacia Estados Unidos. Alrededor del 10 % de su población vive en el extranjero, predominantemente en el país vecino del norte como resultado de una relación histórica entre ambas naciones. Con más de 126 millones de habitantes, México tiene una población nacida en el extranje- ro de poco más de 1 millón, es decir, menos del 1 %, de los cuales la gran mayoría son nacidos en Estados Unidos. De hecho, más de medio millón de estadounidenses residentes en México tienen menos de 18 años, su mi- gración está vinculada a la de sus padres que regresan y viven en familias binacionales con vínculos en ambos países (Masferrer et al., 2019). El resto de la población extranjera es en su mayoría de otro país latinoamericano, pero existen diferencias importantes en el territorio. La población guate- malteca, por ejemplo, se concentra en entidades del sur del país, mientras que otras poblaciones centroamericanas están dispersas en el territorio, sobre todo en áreas urbanas. En los últimos cinco años, el volumen de mi- grantes recientes provenientes de Venezuela, Colombia, Cuba y Haití supe- ró el volumen de poblaciones centroamericanas. Costa Rica, con una población de 5,1 millones, cuenta con una población inmigrante de 520 mil, equivalente al 10,2 % de su población. En 2016 esta población era de 420 mil, pero en los últimos años aumentó dramáticamen- te con la llegada de poblaciones migrantes de Colombia y Venezuela (oim, 2021). Tres cuartas partes de la población extranjera residente en Costa Rica nació en Nicaragua, pues, en un caso similar al de México y Estados Unidos, también estos países han mantenido una relación histórica como vecinos. Costa Rica ha recibido población nicaragüense que salió a lo largo de la década de 1970 durante la dictadura de Somoza, la guerra civil, mo- tivada por las crisis económicas y desde 2018 por la inestabilidad política. Uruguay, por su parte, con una población de 3,5 millones en 2020, cuenta con una población nacida en el extranjero de 108,3 mil personas, equiva- lente al 3,1 % del total. En 2015 esta población ascendía a 78.800 personas, y aumentó en los últimos cinco años principalmente a causa de la llegada de personas provenientes de países latinoamericanos que se incorporaron 2 Específicamente, 8,7 años para Costa Rica, 8,8 para México y 8,9 para Uruguay (United Nations Development Program, 2020). Migración e integración al sistema educativo y laboral de jóvenes en México, Costa Rica y Uruguay28 al circuito migratorio uruguayo y que complementan los intercambios his- tóricos con Argentina y la migración histórica de España y otros países europeos. En el caso mexicano, un estudio reciente muestra que las poblaciones de migrantes de retorno y de inmigrantes nacidos en Estados Unidos que lle- garon en los últimos años se enfrentan a un mercado laboral precario que parece no valorar como antes su experiencia reciente en Estados Unidos, ya que la ventaja salarial promedio que existía había desaparecido en 2015 (Denier y Masferrer, 2020). Estas condiciones laborales podrían desanimar a los y las jóvenes a buscar empleo o continuar los estudios dado que los retornos a la educación universitaria han disminuido en la última década (El Colegio de México, 2018). Sin embargo, otro estudio reciente para Mé- xico sugiere distintos significados de trabajo, pues por un lado el hecho de trabajar puede permitir a la población joven continuar estudiando, lo que puede ocurrir tanto en contextos de necesidad económica como en contextos familiares o de transiciones a la vida adulta que les permiten continuar estudiando (Escoto Castillo y Masferrer, 2021). En el caso de Costa Rica, se ha estudiado la literatura sobre la inserción sociolaboral de la población de origen nicaragüense, la cual muestra des- empeños precarios en los mercados laborales (Paniagua Arguedas, 2007), marcados por discriminación de las autoridades, y una vulnerabilidad au- mentada como consecuencia de recientes reformas del acceso universal a la salud (Voorend, 2013; Voorend y Sura-Fonseca, 2019; Voorend y Vene- gas Bermúdez, 2014). El estudio de la inserción laboral y educativa de los y las jóvenes ha encontrado que ser migrante nicaragüense está asociado a mayores tasas de inserción laboral sin asistencia escolar (Cerdas Sandí y Escoto Castillo, 2021). Se han estudiado los orígenes más recientes en Uruguay y la desigual- dad se ha empalmado con otras segmentaciones de los mercados laborales como el género y la raza. Se ha observado que el tiempo transcurrido tras la inmigración parece contribuir positivamente a la convergencia de in- gresos con la población nacional, pero únicamente en el caso de los y las trabajadores de ingresos medios y bajos (Márquez et al., 2020; Prieto et al., 2016). Un acercamiento desde la información estadística Utilizamos datos del Censo de Población y Vivienda 2020 de México, da- tos agregados de cinco años (2015-2019) de la Encuesta Nacional de Ho- gares (ENAHO) de Costa Rica y datos agregados de cinco años (2015-2019) de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de Uruguay.3 De esta manera, utilizamos los datos disponibles más recientes que nos permiten estudiar a las poblaciones de jóvenes migrantes. Específicamente, estudiamos las 3 Análisis preliminares para México, utilizando la Encuesta Intercensal 2015, muestran resultados similares a los expuestos en este trabajo. El Censo 2020 fue levantado en México durante el mes de marzo de 2020; la mayor parte del levantamiento se había completado antes de que se declararan las medidas de distanciamientos social y físico y la definición de actividades esenciales que permanecerían de manera presencial. 1 | Fronteras. Derechos.29 características de los jóvenes de 15 a 29 años y las diferencias los grupos migrantes, haciendo una distinción por sexo. Para cada país de destino de- finimos grupos que reflejan la realidad migratoria. Para México, distingui- mos migrantes estadounidenses de migrantes del resto del mundo; este grupo abarca sobre todo a centroamericanos y migrantes recientes de Ve- nezuela, Haití, Cuba y Colombia. Para Costa Rica, distinguimos migrantes nicaragüenses de migrantes del resto del mundo; este último grupo com- prende sobre todo a otras personas centroamericanas pero el tamaño de la muestra no permite hacer inferencia estadística. Finalmente, para Uru- guay, distinguimos entre la nueva migración latinoamericana (proveniente de Bolivia, Cuba, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Repú- blica Dominicana o Venezuela) y la migración del resto del mundo, en su mayoría de Argentina, Brasil, España, Estados Unidos y países europeos.4 Comprender mejor los perfiles educativos y laborales de los y las jóve- nes nos advierte sobre diferentes formas de experimentar la transición a la vida adulta al vivir en un lugar distinto al de nacimiento. Esperamos que las diferencias por lugar de nacimiento se asocien a características socio- demográficas, al contexto familiar y social, así como a causas estructura- les de la migración, aunque solo los datos de México permiten conocer la causa de la migración, ya que esta información no está disponible en los otros países. El análisis no permite distinguir por tiempo de residencia en el país de destino o por edad a la llegada, lo que sabemos que se relaciona con los procesos de adaptación e integración y que informaría sobre diferentes modalidades de socialización entre los jóvenes. Tampoco es posible definir una variable dicotómica comparable para los tres países que distinga entre migración reciente y no reciente, pero existen diferencias importantes en- tre las poblaciones en este sentido. En México, 1 de cada 10 estadouniden- ses llegó en los últimos cinco años, mientras que poco menos de la mitad de personas migrantes de otros países lo hicieron en este período. Es decir, la población estadounidense está en su mayoría más establecida que las demás. El 12 % de la población nicaragüense en Costa Rica llegó durante los dos años anteriores a la encuesta. En Uruguay, dos tercios de la pobla- ción de nuevos orígenes latinoamericanos llegaron durante los cinco años anteriores a la encuesta, mientras que un cuarto de otros países lo hizo en ese período. Es decir, estas poblaciones de jóvenes tienen experiencias dispares en los países de destino. Este análisis tiene limitaciones que esperamos que investigaciones futu- ras puedan superar. Analizar la migración con encuestas de hogares exclu- ye a poblaciones en mayor vulnerabilidad, sobre todo a los más recientes, que viven en albergues u otros tipos de vivienda colectiva. Para el caso de México, usamos datos censales provenientes del cuestionario ampliado que se realiza únicamente en viviendas particulares, por lo que estas po- blaciones quedan fuera. Es decir, nuestros resultados no informan sobre 4 La muestra analítica de jóvenes de 15 a 29 años corresponde a 3.646.012 observaciones del Censo 2020 para México (nacionales: 3.613.839, estadounidenses: 26.167 y resto del mundo: 6.006), mientras que en los datos agregados de las cinco encuestas de Cos- ta Rica corresponde a 44.829 observaciones (nacionales: 40.911, nicaragüenses: 3.326 y resto del mundo: 592) y para las cinco encuestas de Uruguay, 116.558 (nacionales: 114.314, nuevos latam: 651 y resto del mundo: 1.593). Migración e integración al sistema educativo y laboral de jóvenes en México, Costa Rica y Uruguay30 procesos de inserción de migrantes en tránsito o migrantes en búsque- da de protección que viven en viviendas no particulares. La población en tránsito o en búsqueda de protección internacional genera mucha aten- ción política y tiene una importante presencia en los medios pues implica desafíos importantes de gestión migratoria y de ayuda humanitaria. Sin embargo, los propios mecanismos del tránsito sugieren que los procesos de inserción laboral y escolar de estas personas jóvenes se ven permeados por la incertidumbre y los largos tiempos de espera (Gil Everaert, 2020), lo cual, aunado a la definición misma del tránsito, en principio los haría menos propensos a insertarse en el sistema educativo y más proclives a encontrar empleos informales de baja remuneración y alta rotación, con tal de financiar el pago del viaje hacia el norte. La naturaleza transversal de los datos no permite comprender cómo se relacionan las trayectorias educativas, laborales y migratorias de las y los jóvenes y otros miembros de la familia con otros procesos familiares. En el caso de Uruguay, además, no se cuenta con información sobre el trabajo no remunerado; si bien se analiza la presencia de menores de 6 años en el hogar, que supone distinto tipo de cuidados, esta carencia representa una limitación importante. Finalmente, los tamaños de muestra no permi- ten desagregar más por país al grupo denominado «resto del mundo», aun cuando se utilizan el censo para México o datos agregados de cinco años de encuestas de hogares para Costa Rica y Uruguay. Efectos y consecuencias en la población de jóvenes migrantes Los perfiles sociodemográficos de la población extranjera de 15 a 29 años residente en México, Costa Rica y Uruguay son distintos y heterogéneos (tabla 1). Las poblaciones de estadounidenses en México, de nicaragüen- ses en Costa Rica y provenientes de nuevos orígenes latinoamericanos en Uruguay son más feminizadas que las de los otros países. Sin embargo, aun dentro de estos tres orígenes existen diferencias etarias. Por ejemplo, la población estadounidense está concentrada en el grupo de 15 a 19 años (tres de cada cinco se encuentran en este grupo de edad). Este perfil joven se asocia a su posición de hijos o hijas del jefe o jefa del hogar y tienden a no haber estado nunca en una unión. A diferencia de esta población mi- grante más joven, alrededor de la mitad de las personas nicaragüenses en Costa Rica y la mitad de la población extranjera en Uruguay se concentran en el grupo etario de 25 a 29 años. Es decir, se encuentran en momentos distintos de su transición a la vida adulta. Esto se refleja en que tienen una mayor presencia en el hogar como jefes, jefas o cónyuges. Casi la mitad de las personas nicaragüenses en Costa Rica se encuentran en una unión, y más de la mitad (52 %) viven en un hogar con presencia de menores de 6 años, lo que indica que es más probable no solo que tengan un hijo, sino que vivan en hogares extensos. Ahora bien, a diferencia de la población nicaragüense, en su mayoría, la población migrante de nuevos orígenes latinoamericanos (73,5 %) o del resto del mundo (75,7 %) en Uruguay no ha estado nunca unida, pero también la mitad tiene entre 25 y 29 años. Estas diferencias entre los perfiles se vinculan también con la distribu- ción de los ingresos del hogar sin el ingreso que provee la persona joven. 1 | Fronteras. Derechos.31 Ta b la 1 : C ar ac te rí st ic as s el ec ci on ad as p ar a la p ob la ci ón n ac io n al y e xt ra n je ra e n M éx ic o, C os ta R ic a y U ru g u ay M éx ic o (2 02 0) Co st a Ri ca (2 01 5- 20 19 ) Ur ug ua y (2 01 5- 20 19 ) Co nd ic ió n m ig ra nt e Co nd ic ió n m ig ra nt e Co nd ic ió n m ig ra nt e N ac io na le s Es ta do un i- de ns es Re st o de l m un do To ta l N ac io na le s N ic ar ag üe n- se s Re st o de l m un do To ta l N ac io na le s N ue vo s La ta m Re st o de l m un do To ta l To ta l 30 .5 70 .0 37 23 8. 75 5 99 .8 99 30 .9 08 .6 91 1. 12 5. 92 4 92 .0 92 17 .5 55 1. 23 5. 57 1 76 8. 91 0 4. 87 9 10 .6 29 78 4. 41 8 Se xo M uj er 50 ,5 % 52 ,1 % 50 ,1 % 50 ,5 % 49 ,4 % 52 ,4 % 48 ,4 % 49 ,6 % 49 ,3 % 52 ,3 % 49 ,4 % 49 ,3 % Ed ad 15 -1 9 34 ,5 % 60 ,4 % 20 ,5 % 34 ,7 % 35 ,4 % 17 ,4 % 33 ,1 % 34 ,0 % 37 ,2 % 19 ,3 % 24 ,0 % 36 ,9 % 20 -2 4 33 ,5 % 23 ,3 % 31 ,9 % 33 ,4 % 34 ,1 % 35 ,3 % 31 ,5 % 34 ,1 % 33 ,5 % 29 ,8 % 28 ,5 % 33 ,5 % 25 -2 9 32 ,0 % 16 ,3 % 47 ,6 % 31 ,9 % 30 ,5 % 47 ,2 % 35 ,3 % 31 ,8 % 29 ,3 % 51 ,0 % 47 ,5 % 29 ,7 % Pa re nt es co Je fe (a ) o c ón yu ge 22 ,8 % 15 ,6 % 44 ,3 % 22 ,9 % 18 ,5 % 42 ,1 % 28 ,0 % 20 ,4 % 25 ,3 % 47 ,3 % 40 ,8 % 25 ,6 % H ijo (a ) 59 ,6 % 67 ,5 % 28 ,8 % 59 ,6 % 59 ,6 % 67 ,5 % 28 ,8 % 59 ,6 % 64 ,1 % 30 ,4 % 47 ,6 % 63 ,7 % Q ui nt il de in gr es o 1 20 ,1 % 21 ,0 % 29 ,9 % 20 ,1 % 19 ,6 % 26 ,1 % 13 ,9 % 20 ,0 % 20 ,2 % 13 ,9 % 23 ,1 % 20 ,2 % 5 19 ,9 % 25 ,8 % 28 ,0 % 20 ,0 % 20 ,7 % 8, 6 % 31 ,9 % 20 ,0 % 20 ,0 % 23 ,7 % 18 ,3 % 20 ,0 % M en or es d e 6 añ os e n el h og ar Pr es en te s en e l h og ar 38 ,7 % 29 ,1 % 32 ,6 % 38 ,6 % 26 ,4 % 52 ,2 % 16 ,4 % 28 ,2 % 25 ,4 % 24 ,5 % 24 ,0 % 25 ,3 % Un ió n N un ca u ni do (a ) 85 ,1 % 90 ,4 % 82 ,2 % 85 ,2 % 76 ,7 % 45 ,7 % 71 ,8 % 74 ,3 % 84 ,3 % 73 ,5 % 75 ,7 % 84 ,1 % U ni do (a ) 11 ,3 % 8, 2 % 15 ,8 % 11 ,3 % 19 ,2 % 46 ,7 % 25 ,1 % 21 ,3 % 8, 4 % 19 ,0 % 14 ,9 % 8, 5 % Al gu na v ez u ni do (a ) 3, 6 % 1, 4 % 2, 0 % 3, 6 % 4, 1 % 7, 7 % 3, 2 % 4, 4 % 7, 4 % 7, 5 % 9, 4 % 7, 4 % In se rc ió n ed uc at iv a y la bo ra l N o es tu di a/ no tr ab aj a 26 ,1 % 23 ,6 % 28 ,1 % 26 ,1 % 17 ,4 % 31 ,4 % 15 ,7 % 18 ,4 % 17 ,7 % 15 ,6 % 17 ,0 % 17 ,7 % So lo e st ud ia 26 ,8 % 45 ,4 % 18 ,7 % 26 ,9 % 38 ,8 % 12 ,0 % 40 ,2 % 36 ,8 % 33 ,5 % 17 ,4 % 25 ,7 % 33 ,3 % So lo tr ab aj a 41 ,7 % 24 ,9 % 49 ,9 % 41 ,6 % 30 ,4 % 50 ,1 % 31 ,8 % 31 ,9 % 36 ,4 % 53 ,3 % 44 ,1 % 36 ,6 % Tr ab aj a/ es tu di a 5, 4 % 6, 1 % 3, 2 % 5, 4 % 13 ,4 % 6, 5 % 12 ,4 % 12 ,9 % 12 ,4 % 13 ,7 % 13 ,1 % 12 ,4 % N ot a: Po bl ac ió n de 1 5 a 29 a ño s Migración e integración al sistema educativo y laboral de jóvenes en México, Costa Rica y Uruguay32 Por ejemplo, dado que las personas nicaragüenses tienden a ser provee- doras de sus hogares, vemos que una vez que se excluye su ingreso, solo el 8 % se encuentran en el 20 % superior (q5). Además, las poblaciones ex- tranjeras en los tres contextos tienen distintos patrones de inserción edu- cativa y laboral. En México, alrededor de la mitad de los estadounidenses estudian únicamente, mientras que la mitad de los otros migrantes solo trabajan. En Costa Rica, comparado con México, hay una mucho menor proporción de nicaragüenses que solo estudian, pues la mitad se encuen- tran únicamente trabajando, aunque hay que resaltar que casi una tercera parte de la población nicaragüense no estudia ni trabaja, y corresponde al grupo con mayor presencia de exclusión laboral y educativa. En Uruguay, sin embargo, más de la mitad (53 %) de los provenientes de nuevos orí- genes latinoamericanos solo trabajan, y esta misma población tiene una presencia relativa mayor de jóvenes que estudian y trabajan. La baja parti- cipación laboral femenina en México se refleja en una mayor presencia de mujeres que no estudian ni trabajan: tres de cada cuatro jóvenes nacidos en México o extranjeros que no son de Estados Unidos, que no estudian ni trabajan son mujeres (figura 1). Algo similar se observa entre la población nicaragüense en Costa Rica que no estudian ni trabajan, cuatro de cada cinco jóvenes son mujeres, mientras que el grupo de los que no estudian ni trabajan menos feminizado es el de extranjeros de nuevos orígenes la- tinoamericanos en Uruguay. De hecho, este es el grupo más feminizado de los tres contextos nacionales; tomando en cuenta las características descritas en la tabla 1, es posible que este grupo corresponda a mujeres que transitan a la vida adulta teniendo un primer hijo. De manera opuesta, el grupo de jóvenes que únicamente trabajan está masculinizado en todos los contextos entre los nacionales de los tres países: alrededor de dos de cada tres jóvenes de este grupo son hombres. En general, se observan pocas diferencias entre países en la edad prome- dio de los jóvenes según lugar de nacimiento y tipo de inserción (figura 2), aunque en México la población es la más joven, tanto de nacionales como de estadounidenses, y los estadounidenses son los más jóvenes de todos los contextos en todas sus formas de inserción. En Uruguay, los nacidos en los nuevos orígenes latinoamericanos y el resto del mundo son un poco mayores que los nacionales, y en Costa Rica las poblaciones extranjeras y nacionales tienen similitudes en edad promedio. En todos los casos, las poblaciones que solo trabajan tienen una edad promedio mayor. Aquellos que estudian son los más jóvenes en promedio. En Uruguay, los nacionales que estudian y trabajan son mayores que los que no estudian ni trabajan, pero en los demás grupos las edades son muy similares. En México, los extranjeros que no son de Estados Unidos que trabajan y estudian son los mayores (23 años promedio) mientras que quienes tienen origen estadou- nidense en este grupo son menores (19 años) que los nacidos en México (21 años). Cómo se insertan (o no) en el mercado laboral y cómo asisten (o no) a la escuela las poblaciones jóvenes de los grupos migratorios en los tres contextos también muestran diferencias en años de escolaridad prome- dio. Como se comentó, Uruguay es el país con mayores niveles educativos entre nacionales y extranjeros, mientras que los nacidos en Nicaragua que residen en Costa Rica son los migrantes con niveles educativos más bajos. Por otra parte, la brecha educativa más grande entre nacionales y extran- En Costa Rica, casi una tercera parte de la población nicaragüense no estudia ni trabaja 1 | Fronteras. Derechos.33 Figura 1: Distribución por sexo de la población según lugar de nacimiento y tipo de inserción laboral y educativa en México, Costa Rica y Uruguay Fuente: Elaboración propia. Nota: Población de 15 a 29 años Migración e integración al sistema educativo y laboral de jóvenes en México, Costa Rica y Uruguay34 jeros se observa entre nicaragüenses y costarricenses. Quienes son nacio- nales dentro los tres países tienen escolaridad promedio similar, aunque la población nicaragüense en Costa Rica es el grupo migrante con menor escolaridad en todos los tipos de inserción, y contrasta con los extranje- ros de nuevos orígenes latinoamericanos en Uruguay que corresponden al grupo con mayor escolaridad promedio. En México, se observa una mayor escolaridad entre la población extranjera que no es de Estados Unidos que trabaja, tanto entre quienes trabajan y estudian como entre quienes que solo trabajan. Resalta que, en todos los contextos, las personas jóvenes que estudian y trabajan tienen mayor escolaridad promedio; es decir, el trabajo les permite continuar estudiando y lograr así un mayor nivel edu- cativo. Del grupo de quienes estudian y trabajan, las personas jóvenes mi- grantes de nuevos orígenes latinoamericanos en Uruguay son las que en promedio tienen mayor escolaridad. Es más, entre aquellos que no estu- dian ni trabajan, estos mismos también tienen un mayor logro educativo. De hecho, los y las migrantes de estos nuevos orígenes latinoamericanos en Uruguay son quienes tienen mayor escolaridad sin importar cómo se han insertado. Esto último sugiere no solo que los procesos de selectividad son distintos en los tres países, sino que hay distintas transiciones hacia la adaptación en los primeros años tras la llegada, ya que también aquellos jóvenes de nuevos orígenes latinoamericanos que no estudian ni trabajan cuentan con una escolaridad promedio alta. El contexto familiar y sus transiciones están relacionados con la salida de la escuela y la asistencia escolar, especialmente cuando incluimos las demandas de cuidado al interior de los hogares. En la tabla 1 mostrába- mos que las transiciones hacia la unión son diferenciadas, especialmente en el caso de la juventud nicaragüense en Costa Rica, donde tenemos un grupo de jóvenes más emancipados que son jefes/as o cónyuges y mayo- res proporciones de unidos y unidas. En el caso uruguayo, la población joven migrante —independientemente de sus orígenes— también es jefe/a o cónyuge, al igual que aquellos de origen no estadounidense que son ex- tranjeros en México, pero con mayores niveles de soltería que en el caso nicaragüense. Estas diferencias también se presentan en las estructuras familiares de las unidades domésticas donde reside la población joven en los tres países. En el caso uruguayo, 7 de cada 10 jóvenes viven en estructuras nucleares; entre quienes provienen de los nuevos orígenes latinoamericanos esta re- lación cae a 5 de cada 10 y casi 4 de cada 10 viven en hogares extendidos. En Costa Rica, la residencia en hogares nucleares es en promedio el 65 % en la población joven, pero la mitad de la juventud nicaragüense vive en hogares no nucleares. En México, quienes nacieron en el resto del mundo también viven en menor proporción en hogares nucleares que la población joven en general (48,4 % vs. 58,2 %), y se observa una mayor proporción de residencia en hogares no familiares, mientras que quienes tienen origen estadounidense residen más que el promedio en hogares nucleares 66,0 % (cálculos propios no mostrados en las tablas y figuras). Sin duda, estas configuraciones familiares representan distintos víncu- los para la población joven, de acuerdo con la condición de ser hombre o mujer y su inserción laboral y escolar. Dada la ausencia de trabajo no remunerado en las fuentes, para acercarnos a esta situación utilizamos …tres de cada cuatro jóvenes nacidos en México o extranjeros que no son de Estados Unidos, que no estudian ni trabajan son mujeres 1 | Fronteras. Derechos.35 Figura 2: Promedio de años de escolaridad según lugar de nacimiento y tipo de inserción laboral y educativa en México, Costa Rica y Uruguay Fuente: Elaboración propia. Nota: Población de 15 a 29 años Migración e integración al sistema educativo y laboral de jóvenes en México, Costa Rica y Uruguay36 la presencia de menores de 6 años dentro del hogar (figura 3). En general, los varones presentan proporciones menores que las mujeres, pero entre ellos resaltan los que solo trabajan. En el caso de las mujeres, son mayoría quienes no estudian y no trabajan en el mercado, pero es muy probable que estén enfrentando las tareas de cuidado, seguidas del perfil de quienes solo trabajan. Dentro de los grupos de migrantes, destacan los de origen nicaragüense por las mayores proporciones, especialmente entre las mu- jeres; esto explica el perfil feminizado de la población excluida del sistema educativo y del mercado laboral de este grupo. Aunque se encuentra fuera del alcance de este capítulo, será importante estudiar cómo las transiciones se relacionan con decisiones o estrategias familiares ante dificultades económicas, necesidades de cuidado o el pro- ceso migratorio de los miembros de la familia. Esto es importante para comprender mejor la interrelación de estos procesos. Según datos del Banco Mundial (2021), las remesas internacionales co- rresponden al 4 % del producto interno bruto (pib) en México, a 0,8 % del pib de Costa Rica y solo a 0,2 % del PBI de Uruguay (oim, 2021) (figura 4). Ahora bien, aunque los migrantes muchas veces envían dinero a sus países de origen para apoyar y mantener vínculos con sus familiares, es posible que los y las jóvenes migrantes vivan en hogares que reciben remesas del exterior. Alrededor del 5 % de la población joven nacional mexicana de 15 a 29 años vive en hogares que reciben remesas, mientras que en Costa Rica o Uruguay no llega al 1 %. Esto se explica por la migración histórica a Es- tados Unidos y el vínculo entre hogares que se mantiene en ambos países. Es más, en México, un mayor porcentaje de los jóvenes mexicanos que reciben remesas no estudian ni trabajan o sí estudian y trabajan (5 %), en comparación con los y las jóvenes que solo estudian o solo trabajan (4 %). Destaca la mayor recepción de remesas por parte de la inmigración esta- dounidense para vivir en México. Esto refleja binacionalidad, vínculos con el país vecino, pero sobre todo que 1 de cada 5 jóvenes que no estudian o trabajan vive en hogares que reciben remesas. En Costa Rica, el porcentaje de recepción de remesas tanto de nacionales como de nicaragüenses es bajo, y aunque los migrantes del resto del mundo tienen mayor recepción, el tamaño de la muestra no da para hablar de diferencias entre tipos de inserción. En Uruguay, es interesante que los grupos con mayor recepción de remesas sean quienes migraron desde nuevos orígenes latinoamerica- nos, tanto quienes no estudian ni trabajan (11 %) como quienes estudian y trabajan (12 %). En general, estos resultados muestran distintas estrategias de uso de re- mesas. Quizás algunos jóvenes logran insertarse en el sistema educativo o el mercado laboral gracias al apoyo financiero del exterior; o incluso per- manecer fuera de ambos gracias a las remesas como forma de subsistencia. Sin embargo, sería interesante tener información sobre el envío de reme- sas, además de recepción, para comprender mejor los procesos de migra- ción laboral y cómo se vinculan con otros procesos. Por ejemplo, es posible que los y las jóvenes nicaragüenses no vivan en hogares que reciben reme- sas, sino que desde Costa Rica envíen dinero a sus familiares en Nicaragua. O, dada la dispersión de migrantes de origen venezolano o colombiano, sería interesante ver si la población de nuevos orígenes latinoamericanos remite a otros países distintos de su país de nacimiento. 1 | Fronteras. Derechos.37 Figura 3: Presencia de menores de 6 años en el hogar según sexo, lugar de nacimiento y tipo de inserción en México, Costa Rica y Uruguay Fuente: Elaboración propia. Nota: Población de 15 a 29 años Migración e integración al sistema educativo y laboral de jóvenes en México, Costa Rica y Uruguay38 Conclusiones En el presente texto hemos mostrado algunos elementos para describir las disparidades entre la población joven en tres contextos latinoameri- canos, incluyendo el país de nacimiento como una variable más que da cuenta de desigualdades que se acumulan con otras que enfrentan a lo largo de sus transiciones a la adultez. El caso que presenta mayores des- ventajas económicas es el nicaragüense; entre los migrantes nicaragüen- ses en Costa Rica se observan las mayores proporciones de quienes solo trabajan, pero con peores desempeños económicos y con transiciones a la vida adulta más avanzadas. Por otro lado, las mujeres enfrentan mayores niveles de demandas de cuidado al interior de los hogares. Destacan las mujeres nicaragüenses, con las mayores proporciones de presencia de me- nores y que viven en hogares más extendidos. En general, la población migrante es más feminizada, esto se observa sobre todo en la nueva migración uruguaya. Esta población se muestra con altos niveles de escolaridad, que sin embargo no parecen facilitarle la in- serción, dado su alto nivel de exclusión laboral y educativa, que refleja la presencia de barreras de entrada para poblaciones con otros entornos edu- cativos. Falta comprender mejor cómo se relacionan las aspiraciones de inserción con las acciones para lograrla, así como lo que implica trabajar y estudiar de manera simultánea. Estos resultados muestran la importancia de una visión interseccional que conjugue género, migración y condiciones socioeconómicas y fami- liares para la población joven. Si bien en este capítulo no analizamos las condiciones de la inserción o exclusión que permiten hablar de precarie- dad laboral o calidad educativa, será importante valorar de qué manera las desigualdades se amplían no solo por la falta de acceso a la educación o al trabajo, sino por la precariedad. Por otra parte, las diferencias observadas en distintos contextos de llegada para diferentes orígenes sugieren tam- bién la importancia de comprender mejor si los y las jóvenes migrantes enfrentan procesos de segregación por su condición de extranjería o de adaptación ante la disrupción de sus trayectorias educativas, laborales y familiares por la migración reciente (Rumbaut, 2004; Rumbaut y Komaie, 2010). En este sentido, sería importante conocer la edad de llegada para comprender mejor si estos procesos están mediados por procesos de socia- lización en distintos países o a la migración durante la juventud. Todo lo anterior nos lleva a reflexiones de política en torno a cómo fa- cilitar las transiciones de los jóvenes sin importar el lugar de nacimiento. En cuanto a política migratoria, esto nos lleva a reflexionar sobre cómo asegurar el acceso a derechos y la estancia regular en el país para que esas transiciones al mercado laboral o al sistema educativo se logren. Los re- sultados de la inclusión y la exclusión laboral y educativa llevan a contem- plar las estrategias implementadas por las juventudes para continuar sus estudios y la necesidad de acceso a créditos o becas, por ejemplo, así como valorar la experiencia laboral en el contexto de estudio. Si bien los tres países que analizamos contemplan medidas de política para facilitar la inserción educativa y laboral de las personas migrantes, una breve revisión de estas deja ver que quedan todavía asuntos pendien- Las mujeres enfrentan mayores niveles de demandas de cuidado al interior de los hogares 1 | Fronteras. Derechos.39 Figura 4: Recepción de remesas del exterior en el hogar según lugar de nacimiento y tipo de inserción en México, Costa Rica y Uruguay Fuente: Elaboración propia. Nota: Población de 15 a 29 años Migración e integración al sistema educativo y laboral de jóvenes en México, Costa Rica y Uruguay40 tes. En México, ante los desafíos de inserción escolar para jóvenes migran- tes de retorno o nacidos en Estados Unidos, organizaciones de la sociedad civil han promovido desde hace varios años cambios en los requisitos para el ingreso a la escuela. Uno de los principales logros en esta materia ha sido la eliminación del requisito de apostilla (Jacobo Suárez y Cárdenas Alaminos, 2020). Sin embargo, los jóvenes y sus familias se topan con la corrupción y las barreas administrativas (Medina y Menjívar, 2015). Cos- ta Rica cuenta con políticas y acuerdos (tanto laborales como educativos) reconocidos por organismos internacionales que favorecen a los migran- tes nicaragüenses, pero existe segregación en las escuelas que vulnera a los jóvenes migrantes (Paniagua Arguedas, 2008). En Uruguay, gracias a acuerdos provenientes del Mercosur, las personas migrantes tienen dere- chos educativos y laborales similares a los de los ciudadanos, pero es in- cierta su aplicación a migrantes provenientes de países que no pertenecen al Mercosur (Taks, 2010). Es decir, en general estas políticas garantizan el acceso en el papel, pero permanecen los desafíos de buscar que las dife- rencias por lugar de nacimiento se desvanezcan en la práctica. Referencias bibliográficas Banco Mundial. (2021). World Bank Open Data. Recuperado el 15 de agosto de 2021, de https://data.worldbank.org/ Cerdas Sandí, D., y Escoto Castillo, A. R. (2021). Los jóvenes que no estudian ni trabajan en Costa Rica: Una visión desde el cambio estructural. En E. L. Navarrete y M. Padrón Innamorato, (Re)significando a los jóvenes que ni estudian ni trabajan: Una mirada crítica a partir de 14 realidades (pp. 171- 198). Toluca: El Colegio Mexiquense, A.C. Denier, N., y Masferrer, C. (2020). Returning to a New Mexican Labor Market?: Re- gional Variation in the Economic Incorporation of Return Migrants from the U.S. to Mexico. Population Research and Policy Review, 39(4), 617-641. Recuperado de https://doi.org/10.1007/s11113-019-09547-w El Colegio de México. (2018). Desigualdades en México 2018. Ciudad de México: Red de Estudios sobre Desigualdades, El Colegio de México. Escoto Castillo, A. R., Márquez Scotti, C., y Prieto Rosas, V. (2017). Desempleo abierto y desalentado en tres mercados de trabajo latinoamericanos. En S. M. Ochoa León y R. Román Reyes, Población y mercados de trabajo en América Latina: Temas emergentes (pp. 81-119). Asociación Latinoameri- cana de Población. Recuperado de https://www.researchgate.net/publica- tion/323202642_Poblacion_y_mercados_de_trabajo_en_America_Latina Escoto Castillo, A. R. y Masferrer, C. (2021) Integration into the educational system and the job market among young migrants in Mexico. En A. Vila Freyer y L. Meza-González, Young Migrants Crossing Multiple Borders to the North. Londres: TP London, p. 211-233. Escoto, A., Prieto, V., y Márquez, C. (2017, julio 5). Overeducation in Latin America: Inhibitor or Promoter of Labour Market Exclusion? Presentado en 5th Re- gulating for Decent Work Conference on «The Future of Work», Ginebra, Suiza. Gil Everaert, I. (2020). Inhabiting the meanwhile: Rebuilding home and restoring predictability in a space of waiting. Journal of Ethnic and Migration Studies, 1-17. Recuperado de https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1798747 1 | Fronteras. Derechos.41 Jacobo Suárez, M. L., y Cárdenas Alaminos, N. (2020). Back on your own: Migra- ción de retorno y la respuesta del gobierno federal en México. Migracio- nes internacionales, 11, 1-24. Recuperado de https://doi.org/10.33679/rmi. v1i1.1731 Márquez, C., Prieto, V., y Escoto, A. (2020). Segmentación en el ingreso por trabajo según condición migratoria, género y ascendencia étnico-racial en Uru- guay. Migraciones, (49), 85-118. Masferrer, C., Hamilton, E. R., y Denier, N. (2019). Immigrants in Their Parental Homeland: Half a Million U.S.-born Minors Settle Throughout Mexico. Demography, 56(4), 1453-1461. Recuperado de https://doi.org/10.1007/ s13524-019-00788-0 Medina, D., y Menjívar, C. (2015). The context of return migration: Challenges of mixed-status families in Mexico’s schools. Ethnic and Racial Studies, 38(12), 2123-2139. Recuperado de https://doi.org/10.1080/01419870.201 5.1036091 Organización Internacional para las Migraciones. (2019). Informe sobre las migra- ciones en el mundo 2020. Ginebra: Organización Internacional para las Mi- graciones. Recuperado de https://publications.iom.int/books/informe-so- bre-las-migraciones-en-el-mundo-2020 Organización Internacional para las Migraciones. (2021). Migration data portal. Recuperado el 15 de agosto de 2021, de https://www.migrationdataportal. org/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2019). PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. OECD. Recuperado de https://doi.org/10.1787/5f07c754-en Paniagua Arguedas, L. (2007). Situación sociolaboral de la población nicaragüense en Costa Rica. Revista Ciencias Sociales, (III-IV), 117-118. Recuperado de https://doi.org/10.15517/rcs.v0i117-118.11013 Paniagua Arguedas, L. (2008). Más allá de las fronteras: Accesibilidad de niños, niñas y adolescentes nicaragüenses a la educación primaria en Costa Rica. Anuario de Estudios Centroamericanos, 153-181. Prieto, V., Robaina, S., y Koolhaas, M. (2016). Acceso y calidad del empleo de la inmigración reciente en Uruguay. REMHU : Revista Interdisciplinar da Mo- bilidade Humana, 24(48), Recuperado de https://www.scielo.br/j/remhu/a/ SXSvj65wc5Ts5yHyQRxTc9F/abstract/?lang=es Rumbaut, R. G. (2004). Ages, Life Stages, and Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant First and Second Generations in the United States. Inter- national Migration Review, 38(3), 1160-1205. Recuperado de https://doi. org/10.1111/j.1747-7379.2004.tb00232.x Rumbaut, R. G., y Komaie, G. (2010). Immigration and Adult Transitions. The Future of Children, 20(1), 43-66. Recuperado de https://doi.org/10.1353/foc.0.0046 Taks, J. (2010). Antecedentes y desafíos de las políticas de migración en Uruguay. En C. Zurbriggen y L. Mondol. Estado actual y perspectivas de las políticas migratorias en el Mercosur (pp. 151-178). Montevideo: flacso Uruguay. United Nations Development Program. (2020). Human Development Data Center. Recuperado el 1 de septiembre de 2021, de http://hdr.undp.org/en/data Voorend, K. (2013). ¿Universal o excluyente?: Derechos sociales y control migratorio interno en Costa Rica. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Re- cuperado de https://repositorio.iis.ucr.ac.cr/handle/123456789/275 Migración e integración al sistema educativo y laboral de jóvenes en México, Costa Rica y Uruguay42 Voorend, K., y Sura-Fonseca, R. (2019). De derechos a hechos: El acceso diferencia- do entre nacionales y migrantes nicaragüenses a los servicios de salud en Costa Rica. Migraciones. Publicación del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, (46), 121-150. Recuperado de https://doi.org/10.14422/ mig.i46.y2019.005 Voorend, K., y Venegas Bermúdez, K. (2014). Tras de cuernos, palos: Percepcio- nes sobre Costa Rica como imán de bienestar en la crisis del seguro so- cial. Revista Ciencias Sociales, 145, 13-33. Recuperado de https://doi. org/10.15517/rcs.v0i145.17608 1 | Fronteras. Derechos.43 Erika Veloza Colombia Nina Hernández México La salud mental en adolescentes y mujeres durante la pandemia: los impactos de las violencias basadas en género Introducción La región de Latinoamérica y el Caribe (lac) tiene una gran diversidad étnica, poblacional, social y cultural, y una de las más altas desigualdades econó- micas, sociales y de género del mundo (Banco Interamericano de Desarrollo [bid], 2020). Esta heterogeneidad es muy relevante al momento de analizar los retos que enfrentan actualmente la región y cada uno de los países para garantizar la salud mental de sus poblaciones, en especial la de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Poblaciones que se han visto particularmente afec- tadas por los impactos de la pandemia de covid-19. En este capítulo, se analizarán problemáticas de salud mental que afec- tan a adolescentes y jóvenes de la región y que se han incrementado en el contexto de la pandemia. Se pondrá un énfasis especial en aquellas pro- blemáticas relacionadas con las violencias basadas en género, que afectan principalmente a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de la región.1 Para ello, el capítulo centra sus análisis en México, Colombia y Argenti- na. Estos países cuentan con información epidemiológica en salud men- tal, modelos de salud en los que confluyen servicios públicos y privados, amplias diferencias entre la acción estatal en áreas urbanas y rurales y diferencia en el abordaje de las políticas públicas en salud mental y de de- rechos de las mujeres. Además, como muchos países de la región, los tres presentan problemáticas complejas frente al abordaje de salud mental de las violencias de género, que afectan principalmente los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, especialmente los de aquellas en mayor vulnera- bilidad social. 1 Otras temáticas de gran interés para la salud mental de adolescentes y jóvenes son el consumo de sustancias psicoactivas y el suicidio, que generan un gran impacto en la salud y calidad de vida de las personas que se ven enfrentadas directa e indirectamente a ellas, y consideradas dos de las temáticas más relevantes en el abordaje de la salud mental. Sin embargo, estos fenómenos requieren un abordaje especial para poder cu- brir su dimensión y complejidad.44 La salud mental y el bienestar psicosocial La Organización Mundial de la Salud (oms, 2018) define la salud mental como el «estado de bienestar que permite a los individuos desarrollar su pleno potencial, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de manera productiva y fructífera, y ser capaz de contribuir con su propia comuni- dad». Así, plantea que la salud mental es el fundamento del bienestar in- dividual y del funcionamiento eficaz de la comunidad, y reconoce que no puede haber salud sin salud mental. Como lo plantea la oms (2018), «la promoción de la salud mental con- siste en acciones que creen entornos y condiciones de vida que propicien la salud mental y permitan a las personas adoptar y mantener modos de vida saludables». En tal sentido, la protección integral de los derechos hu- manos es esencial para promover la salud mental. Esto es especialmente importante para la población menor de 18 años que requiere protección reforzada que garantice el ejercicio de sus derechos. La Convención de los Derechos del Niño (cdn) plantea que los Estados deben desarrollar medi- das integrales, complementarias y subsidiarias que garanticen la protec- ción integral. Entre los esfuerzos multilaterales para fomentar la salud mental, se en- cuentran: El Plan de Acción Integral sobre salud mental para el período 2013-2020, desarrollado por la Asamblea General de la Salud (oms, 2013), que tiene como objetivo: «promover la salud mental, prevenir trastornos mentales, dispensar atención, mejorar la recuperación, promover los derechos hu- manos y reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad de personas con trastornos mentales». Asimismo, busca fomentar la protección y promo- ción de los derechos humanos y el fortalecimiento y fomento de la socie- dad civil y el papel central de la atención comunitaria. El Plan de Acción para la Salud de la Mujer, el Niño, la Niña y Adoles- centes 2018-2030, firmado por los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud (ops), que da seguimiento a los Objetivos de De- sarrollo del Sostenible de la Agenda 2030 (ods, 2030), particularmente los objetivos 3 y 5, relacionados con la salud y la igualdad de género. El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw), que en varias recomendaciones hace un llamado a los Estados para establecer medidas (políticas públicas, desarrollo normativo y de derechos, designación de recursos) que fomen- ten y protejan la salud de las niñas, adolescentes y mujeres, así como que garanticen la protección frente a las vulneraciones de derechos, especial- mente aquellas relacionadas con las violencias contra las mujeres y sus impactos en salud física y mental. El documento del Estado Mundial de la Infancia En mi mente: Promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia 2021 (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [unicef], 2021b), que analiza la situación actual de la salud mental de los menores de 18 años en el mundo y hace un llamado de alerta y urgencia global para generar acciones efectivas e inmediatas 1 | Fronteras. Derechos.45 que brinden esquemas de protección integral. El documento recomienda construir sociedades resilientes donde se priorice la salud mental de las poblaciones, especialmente la de niñas, niños y adolescentes. Solicita in- tervenciones profundas, compromiso de los líderes mundiales, inversión económica, eliminación del estigma sobre la salud mental y acciones para reforzar la capacidad de la sanidad, la educación, la protección social y otros sectores. Salud mental y pandemia por covid-19 En el marco de la pandemia que comenzó en el 2020, se plantearon me- didas de salud pública para reducir la velocidad de contagio por covid-19 que, a pesar de salvar vidas, afectaron seriamente los sistemas económicos, educativos, comunitarios y sociales, y los hábitos de vida de las poblacio- nes, al impactar las redes de aprendizaje y apoyo y el bienestar y la salud mental. Una de estas medidas fue el establecimiento de confinamientos por largos periodos en los hogares y la reducción de las actividades de in- teracción social. Estas implicaron importantes retos de adaptación para todas las personas. Sin embargo, las mayores afectaciones ocurrieron en la población infantil y de mujeres adolescentes y jóvenes, especialmente en quienes se encontraban en mayor condición de desigualdad social y eco- nómica. En dichos estudios se analizaron las variables de sexo, pero no se reali- zaron análisis de género que permitieran identificar de qué forma los roles de género tradicionales, las responsabilidades de cuidado de hijos e hijas, la doble o triple jornada laboral, el desempleo o los hogares uniparentales Las y los adolescentes y las mujeres jóvenes (18-29 años), la población que reporta mayores impactos en su salud mental unicef (2020) desarrolló un sondeo rápido en salud mental con 8.444 ado- lescentes y jóvenes de 13 a 29 años en nueve países y territorios de la región. Encontraron que: Las mujeres reportaron mayor porcen- taje de ansiedad (27 %) que los hom- bres (15 %). • Para el 30 % de las mujeres en- cuestadas lo que más influía en sus emociones al momento del sondeo era la situación económica. • El 46 % de las mujeres reportaron tener menos motivación para rea- lizar actividades que normalmente disfrutaban. Y el 36 % de los hom- bres se sintieron menos motivados para realizar actividades habitua- les. • El 43 % de las jóvenes dijeron sen- tirse pesimistas frente al futuro, frente al 31 % de los jóvenes. • El 73 % de las y los jóvenes sintie- ron la necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico y mental. Pese a ello, solo el 40 % pidió ayuda. Los centros de salud y hospitales especializados (50 %), seguidos por los centros de culto (26 %) y servicios en línea (23 %), fueron mencionados como los me- canismos que utilizarían para pedir ayuda en caso de necesitarla. La falta de convivencia con pares, el aprendizaje en línea, la falta de acce- so a tecnologías de la información; el confinamiento, los problemas domés- ticos derivados de violencia de género preexistente y de la crisis económica derivada del desempleo y duelos por la pandemia; la incertidumbre, la desin- formación dispararon eventos en salud mental. Así como eventos de violencia de género, especialmente contra niñas y mujeres adolescentes y adultas; re- gistrando incrementos en los reportes de violencia doméstica hasta en un 60 % (unicef, 2020b). La salud mental en adolescentes y mujeres durante la pandemia: los impactos de las violencias basadas en género46 En Colombia, el estudio PSYCOVID (Sanabria-Mazo et al., 2021) encontró que: • Las mujeres jóvenes de 18 a 29 años con menores ingresos son el perfil poblacional más afectado por la pandemia. En segundo lugar, se encuentran las adultas jóvenes pertenecientes a minorías étnicas y con ocupación de estudiantes. • Ocurrió una importante afectación de las personas de género no bi- nario sin estudios o con estudios e ingresos bajos, residentes en las regiones rurales y dispersas. • De acuerdo con la edad, las perso- nas adultas jóvenes de entre 18 y 29 años mostraron altas preva- lencias en síntomas de depresión (48,0 %), somatización (40,1 %), ansiedad (37,3 %), acompañados de una destacable prevalencia de soledad (29,4 %). Este grupo pobla- cional presentó también altas pre- valencias de dificultades para la adaptación a los cambios (47,4 %), de desconfianza en el gobierno nacional (76,3 %) y el público en general (83,1 %); de percepción de amenaza futura a los ingresos (43,9 %), a las relaciones sociales (21,7 %), la posibilidad de que otros enfermaran (38 %), como también en las relaciones con la pareja o familia (29,2 %) y en los hábitos de sueño (57,9 %) y alimentación (30,5 %). En congruencia con la Organización Mundial de la Salud (oms) y con otras investigaciones previas, estos resulta- dos destacan la distribución desigual de recursos como un factor estructural que afecta altamente la salud mental de la población. En Argentina, de acuerdo con el Estudio sobre las desigualdades en recursos psicosociales, condiciones sanitarias y representaciones ciudadanas frente al contexto de pandemia, llevado a cabo por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (Ardila, 2021), en el año 2020: • El 23,6 % de la población urbana manifestó sentir inquietud, agita- ción, nerviosismo, desesperanza, tristeza y cansancio. • Se observaron brechas constantes en la prevalencia de estos sínto- mas ansiosos y depresivos entre los individuos con mayor y menor vulnerabilidad social, económica, residencial, educativa y laboral. • A su vez, las mujeres presentaron mayor malestar psicológico, al igual que aquellos individuos res- ponsables del sostén económico del hogar podrían estar asociados de manera directa con los eventos en salud mental reportados. La pandemia puso de relieve la importancia de la salud mental y las ne- cesidades de las poblaciones en esta dimensión (bid, 2020). Asimismo, se destacan la insuficiencia de servicios y estructuras de respuesta estatal para las poblaciones en zonas dispersas y rurales, y las barreras de acce- so a servicios para las poblaciones afrodescendientes, indígenas (pueblos originarios) y en procesos de migración irregular (Ramírez y Veloza, 2021). En el marco de las necesidades de atención que tiene la población ado- lescente y joven de los tres países, se destacan, por un lado, la situación de adolescentes y mujeres que presentan mayores impactos en indicadores como ansiedad, depresión (unicef, 2021b), ser víctimas de violencia basada en género, afectaciones en las trayectorias educativas asociadas a emba- razo en la adolescencia, matrimonio infantil y uniones tempranas, y entre ellas, por otro lado, la situación de aquellas que pertenecen a comunidades indígenas y étnicas, a poblaciones rurales, migrantes en condición irregu- lar y víctimas de los conflictos armados, que en todos los estudios reportan estar en contextos de mayor discriminación social. 1 | Fronteras. Derechos.47 Servicios y coberturas de atención en salud mental De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal, 2020), en los países de la región existen barreras significativas al acceso a los servicios de salud, así como limitaciones en lo que respecta a la disponibilidad de recursos humanos (ops, 2017) y de infraestructura de sa- lud. En el contexto de la pandemia se observaron limitaciones en el acceso a múltiples servicios de salud, incluidos los de salud mental. Un estudio comparativo entre varios países de LAC (Kohn et al., 2018) muestra que la atención de la salud mental es un problema de salud públi- ca que afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes y a los grupos indígenas, pues no tienen acceso a atención de manera oportuna y con cobertura suficiente del sector salud. Esto ha afectado principalmente a la población con trastornos mentales. País % de población adolescente atendida en salud mental Se destaca que Argentina 8 % Los servicios tienen cobertura en el sistema público y en el privado, muchas veces sin límite definido de número de sesiones. Se cuenta con un mayor número de profesio- nales de psicología en áreas urbanas (158 psicólogos por cada 100.000 habitantes). Colombia 3 % Los profesionales de salud mental en el nivel hospitalario son considerados profesio- nales especializados y no hacen parte de la red primaria de servicios institucionales. Por lo tanto el acceso a los servicios de atención en salud mental, aunque costeado por el Sistema General de Seguridad Social en Salud (sgsss), no se da porque las ins- tituciones no cuentan con una red de prestadores suficiente, lo que resulta más difícil en municipios pequeños y en zonas rurales. Faltan recursos humanos en la fuerza de trabajo, faltan paidopsiquiatras y programas de capacitación de los proveedores de los servicios de salud mental (11 psicólogos por cada 100.000 habitantes). México 2,8 % Los servicios de salud mental no tienen recursos del gobierno, no reciben fondos y carecen de una red institucional. Las y los especialistas en salud mental se encuen- tran aislados del sistema nacional de salud. Faltan recursos humanos en la fuerza de trabajo, faltan paidopsiquiatras y programas de capacitación de los proveedores de los servicios de salud mental (12 psicólogos por cada 100.000 habitantes). En dicho estudio, Argentina fue el país mejor evaluado, comparado con Colombia y México. México obtuvo el último lugar con respecto a Colom- bia, Perú, Guatemala y Chile. Así, se decidió considerar los países con ma- yor, intermedio y menor porcentaje de atención en salud mental de la ado- lescencia, es decir, Argentina, Colombia y México, respectivamente. La salud mental en adolescentes y mujeres durante la pandemia: los impactos de las violencias basadas en género48 Las violencias basadas en género (VBG) y la salud mental Uno de los eventos que durante los primeros meses de la pandemia lla- maron la atención en el mundo fue el incremento de las situaciones de violencia contra las mujeres en contextos domésticos. Aumentaron las so- licitudes de ayuda a servicios de emergencia, sin embargo, las denuncias a los sistemas de justicia no tuvieron la misma dimensión. También se incrementaron las violencias en zonas de alta vulnerabilidad y en contexto de emergencia. Las vbg eran ya frecuentes en la región. En los sistemas epidemiológi- cos y de acceso a la justicia, la violencia basada en género y la violencia contra la infancia son consideradas importantes problemáticas sociales y de salud pública que afectan de manera desproporcionada a adolescentes, niñas y mujeres. Es importante establecer que las violencias contras las mujeres comien- zan en la infancia y se dan de continuo en sus diferentes formas (simbóli- cas, psicológicas, físicas y sexuales) a medida que avanza su curso de vida y que se enfrentan a nuevos contextos en los que surgen amenazas de nue- vos eventos de violencia. Esto es especialmente importante en contextos de altas desigualdades sociales y económicas, donde las inequidades de género recrudecen y aumenta el riesgo de que sufran múltiples formas de violencia. De allí que en la región se trabajen estas problemáticas a partir de análisis por sexo y género, y se aborden reconociendo las prácticas de objetualización y sexualización temprana de niñas y adolescentes. Si bien es cierto que el objetivo de este capítulo no es profundizar en temas de infancia, se desea visibilizar que adolescentes y jóvenes, espe- cialmente quienes han sufrido más por contextos empobrecidos, margi- nalizados y desiguales, tienen en su historia personal impactos de las vio- lencias psicológicas, físicas y sexuales, que perviven por no haber recibido atención adecuada, especializada y oportuna en salud mental. En el análisis del continuo de violencias es importante poner de presen- te que los impactos psicológicos no reparados en las víctimas las hacen más susceptibles a la ocurrencia de nuevas y diversas formas de violencia, especialmente en contextos no protectores (Veloza, 2020). Esto puede sig- nificar para muchas víctimas tener que enfrentar un continuo de violen- cias como la negligencia, el abandono, el castigo físico y emocional, los abusos y violencias sexuales, la explotación sexual, la violencia de pareja e incluso los feminicidios, entre otras. Los impactos en salud mental dependen de múltiples factores como la severidad, la duración y la frecuencia de los eventos de violencia; de las ca- pacidades de afrontamiento y recursos propios de la víctima, y del acceso a mecanismos de apoyo y atención para mitigar las afectaciones ocasiona- das por dichos eventos. Estos impactos afectan la salud física y mental y el bienestar general de la víctima. Entre las consecuencias se encuentran la pérdida de factores protectores propios, la afectación de la autoestima, especialmente de la Necesidades de atención por ansiedad, depresión, violencia de género, afectaciones por embarazo adolescente 1 | Fronteras. Derechos.49 autoeficacia (elemento fundamental para la búsqueda de apoyo y para la gestión de la autoprotección), la indefensión aprendida, las problemáticas relacionales, el trauma y en algunos casos el desarrollo de trastornos men- tales. También se ha encontrado una importante relación entre los eventos de violencia y fenómenos como el consumo de sustancias psicoactivas e ideaciones suicidas en la adolescencia. Por lo tanto, las violencias generan problemáticas de salud mental en la vida de quienes las sufren. Estas afectan su bienestar psicosocial, la cons- trucción de su identidad y el desarrollo de su potencial humano y de la autonomía necesaria para desarrollar proyectos de vida satisfactorios y en- frentar los retos que el proceso social y vital implica. En los países de la región, a pesar de los esfuerzos normativos y el desa- rrollo de políticas públicas, existe un subregistro de estos eventos y serias dificultades en los procesos de atención en salud mental y recuperación integral de las víctimas. Un aspecto importante es visibilizar que son las prácticas machistas y las prácticas de violencia estructural las que ponen a niñas, niños, adoles- centes y mujeres en la situación de víctimas de estas formas de violencia, y que para transformar esta realidad es importante acoger las recomenda- ciones emanadas de múltiples escenarios multilaterales y acogidas por los gobiernos para desarrollar ejercicios de transformación cultural, normas sociales y prácticas culturales a fin de promover la equidad y la igualdad de géneros y el ejercicio de los derechos humanos. Y, por otro lado, brindar las condiciones necesarias a las víctimas para su plena recuperación en salud física y mental y el restablecimiento de sus derechos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef) y el Fondo de Po- blación de las Naciones Unidas (un- fpa), agencias de Naciones Unidas, han alertado sobre los riesgos específicos en salud mental para las niñas, los niños, las adolescentes y las mujeres de la región. Llaman la atención de los gobiernos de la región sobre el incremento de riesgos de violencias contra estas poblaciones en ámbitos familiares y sociales; en especial aler- tan sobre el incremento de violencias sexuales, explotación sexual (offline y online), matrimonios infantiles y unio- nes tempranas, trata con fines de ex- plotación sexual y tráfico de personas. Recomiendan reforzar las intervencio- nes sobre factores de protección que garanticen el pleno acceso de esta población a servicios sociales clave como la salud (física y mental); la edu- cación de calidad, con miras a prevenir y revertir el abandono escolar (factor protector en infancia y adolescencia); los servicios básicos; la protección es- pecial frente a situaciones de grave vulneración y violencia, y la protección de los ingresos de sus hogares (Cepal y Unicef, 2020; Cepal, Unicef y Oficina de la representante especial del secre- tario general sobre la Violencia contra los Niños, 2020) Comunidades indígenas y étnicas, poblaciones rurales, migrantes, víctimas de conflictos armados La salud mental en adolescentes y mujeres durante la pandemia: los impactos de las violencias basadas en género50 Información clave México • En el contexto de pandemia se registró un aumento del 2,9 % de pedidos de auxilio por casos de VBG en comparación con los registrados en 2019 (onu Mujeres, 2020). • Cada año 5,4 millones de menores en el país son víctimas de abuso sexual; el 90 % de los casos son perpetrados contra niñas. • La tasa de violación de niñas y niños en México es de 1.764 por cada 100.000, de acuerdo con el Insti- tuto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), y se eleva a 5.000 de cada 100.000 cuando se trata de tocamientos. • El nivel de impunidad es de 99 %. • Tiene el primer lugar en embarazo adolescente en lac. • Ocurren 77 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años. Y matrimonios en el 4,45 % de la población de entre 12 y 17 años (2018) (Instituto Nacional de las Mujeres, 2021). • Se recibieron 610.446 denuncias al 911 por motivos de violencia contra la mujer en 2020, y también un promedio de 45 denuncias diarias por violación. • Se registra la mayor incidencia de desapariciones de mujeres (jóvenes y adolescentes) de la región. • Ocurren 10 feminicidios al día (2020). Colombia • En Bogotá, en el contexto de pandemia se registró un aumento de 17 % de pedidos de auxilio en casos de VBG en comparación con los ocurridos en 2019, pero disminuyó el número de denuncias. • Cada año se reportan un aproximado de 18.000 casos de violencia sexual contra menores de 18 años, 85 % contra niñas (con la tasa más alta entre 10 y 14 años) y 15 % contra niños (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses [inml], 2019). • El nivel de impunidad para casos de violencias sexuales es de 98 %. • Las violencias basadas en género, en especial las sexuales, se han incrementado en los contextos de conflicto armado y de movilidad urbana por el flujo migratorio mixto. • El 19 % de las adolescentes han estado embarazadas. El 60 % de ellas tienen un segundo embarazo antes de los 18 años. • Cada año entre 5.000 y 6.000 niñas de entre 10 y 14 años son madres. El 98 % de los padres de los bebes son mayores de 14 años y de estos un 68 % son adultos. • En 2020 se registraron 246 feminicidios. Argentina • Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 2020 se registró un au- mento del 20 % de los llamados a la línea 137 por violencias intrafamiliares y/o sexuales con respecto al año anterior. Según los datos publicados, la violencia familiar aumentó 28 % y los abusos sexuales, 13 %. • En el período 2013-2018, la base Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (rucvm) reunió 576.360 casos de violencia contra las mujeres. • Dos de cada tres de los casos recopilados e informados al Instituto Nacional de Estadística y Censos (indec) corresponden a mujeres de entre 18 y 39 años (66,6 %). • Entre los años 2013 y 2018 se informaron al rucvm 19.851 casos de mujeres de 14 a 17 años víctimas de violencia a causa del género. • En el 2020 Se registraron 251 víctimas de femicidio. 1 | Fronteras. Derechos.51 La información de los países da cuenta de realidades y contextos diferentes, pero de una situación común de presencia de violencias basadas en género que muestra la necesidad de abordajes basados en enfoques de derechos humanos, género e interculturales, especialmente a partir del análisis, la gestión y la mitigación de riesgos para las poblaciones en mayor vulnerabilidad. Recomendaciones Como se planteó, las condiciones actuales de las poblaciones de entre 15 y 29 años frente a la salud mental evidencian la necesidad de priorizar res- puestas estatales para fomentar, proteger y desarrollar intervenciones que promuevan su salud mental, especialmente la de aquellos sectores en ma- yor riesgo psicosocial o que enfrenten retos que afecten su salud mental. A continuación, se exponen algunas recomendaciones para el abordaje de esta temática, tomando como base el desafío inmenso de gestionar los determinantes, servicios y condiciones que afectan en este momento a las poblaciones adolescentes y jóvenes de la región, dado que los retos que enfrentan serán aún mayores en términos de bienestar y salud mental y requieren de los Estados medidas que promuevan contextos de protección y seguridad sobre los derechos y servicios fundamentales. Políticas públicas que rompan las brechas de implementación local En México, Argentina y Colombia existen políticas públicas en salud mental alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y con los obje- tivos del plan hemisférico en salud mental 2014-2020 (ops). Sin embargo, en cada país existen brechas profundas para su implementación, que pasan por problemas de arquitectura institucional, asignación de recursos eco- nómicos para el desarrollo de políticas intersectoriales de prevención en salud mental y la atención de las problemáticas psicosociales y los proble- mas de salud mental. El gasto público mediano en salud mental en toda la región es apenas un 2,0 % del presupuesto de salud, y más del 60 % de ese monto se destina a hospitales psiquiátricos (ops, 2020). En México se evidencia la necesidad de integrar los servicios de salud mental de manera más amplia a los planes de beneficios en salud, así como de ampliar las coberturas para garantizar la prestación de servicios de pre- vención y atención. Se considera fundamental avanzar en el desarrollo de intervenciones en salud mental con perspectiva de género y fortalecer la red de prestación de servicios en las zonas de mayor vulnerabilidad social para las adolescentes y las mujeres, con un enfoque de riesgo psicosocial. En Colombia, se requiere fortalecer las redes locales de prestación de servicios en salud mental que ya se encuentran cubiertas por los planes de beneficios en salud a cargo de los sistemas público y privado. Servicios que en la actualidad no se brindan de manera suficiente y oportuna. Se re- quiere promover el ejercicio de decisión técnica y política para resolver las La salud mental en adolescentes y mujeres durante la pandemia: los impactos de las violencias basadas en género52 brechas administrativas en las entidades promotoras de salud que tienen la responsabilidad de garantizar los servicios de salud mental. Asimismo, es necesario avanzar en el desarrollo de mecanismos que faciliten la pres- tación de servicios de salud mental no especializados por parte de la red hospitalaria pública en las diferentes regiones del país, que en la actuali- dad no se brindan pues son considerados servicios especializados. Esto es especialmente importante en un país con más de 8 millones de víctimas del conflicto armado. En Argentina, la red de prestación de servicios locales en salud mental cuenta con un desarrollo mayor que en los otros dos países analizados. Existe una amplia disposición de profesionales en las zonas urbanas de las grandes ciudades, pero se requiere la presencia también en zonas disper- sas y en zonas rurales donde los servicios son más escasos. Se requiere reforzar técnicamente a los profesionales de psicología y tra- bajo social en tecnologías, protocolos y lineamientos para fortalecer las intervenciones sobre las problemáticas con mayor prevalencia e inciden- cia en salud mental de cada país, en especial los asociados a los enfoques de curso de vida, intercultural y perspectiva de género. Elementos funda- mentales para abordar la diversidad de los territorios y poblaciones. Servicios de salud mental no especializados y basados en la comunidad Continuar la implementación de la estrategia Programa de Superación de Barreras en Salud Mental (mhGAP) (oms, 2008), promovida por la Or- ganización Panamericana de la Salud, para fortalecer las intervenciones y superar las barreras en la prestación de servicios en los países frente a trastornos de salud mental, neurológicos y de consumo de sustancias psi- coactivas (psa). Se buscará reforzar las acciones de respuesta temprana a problemáticas en salud mental y ampliar la estrategia de salud mental de base comunitaria con perspectiva de género que cree capacidades en las bases sociales y comunitarias de detección temprana de eventos de interés en salud mental con especial énfasis en los riesgos asociados a la vbg. Diseñar mecanismos funcionales a nivel comunitario y de organizacio- nes sociales es fundamental para minimizar el impacto en salud mental de la pandemia y las condiciones de desigualdad en las poblaciones más vulnerables de la región. Visibilizar los riesgos de salud mental asociados a situaciones de género en la población adolescente y joven y fortalecer servicios institucionales con perspectiva de género y enfoques interculturales y diferenciales que se ajusten a los contextos locales Dado que los impactos más severos en salud mental, en problemáticas psicosociales y en riesgos de la vulneración de derechos en la región se dan en adolescentes y jóvenes, resulta urgente que los países elaboren planes de acción con el objetivo de garantizar estrategias para promover la salud mental, la prevención general, indicada y focalizada frente a las condicio- nes de salud mental que afectan diferencialmente a mujeres y a hombres. El gasto público mediano en salud mental en toda la región es apenas un 2,0 % del presupuesto de salud, y más del 60 % de ese monto se destina a hospitales psiquiátricos (ops, 2020) 1 | Fronteras. Derechos.53 Además, es necesario trabajar sobre estos ejes a partir de un análisis de sexo y género, de modelos interculturales en los que se promuevan los diálogos con poblaciones étnicas que comparten usos y costumbres ancestrales, con los recursos de sanación propios que enriquezcan las intervenciones y con enfoques que reconozcan la interseccionalidad de las vulnerabilidades que se dan en lo individual. Esto es especialmente relevante para los temas asociados con vbg. Tam- bién resulta necesario establecer mecanismos especializados para brindar atención individual y grupal en salud mental y atención psicosocial, espe- cialmente en los países que no han incorporado estos servicios a las redes de atención local. Desarrollar mecanismos de atención integral de las violencias basadas en género con énfasis en la atención en salud mental Garantizar procesos de detección y atención de violencias basadas en gé- nero en adolescentes y mujeres para que cuenten con servicios de atención en salud mental especializados y con enfoques de derechos humanos, gé- nero e interseccionalidad. Se buscará que estos procesos fortalezcan la psi- coeducación de las víctimas y aporten a desarrollar modelos de interven- ción terapéutica que brinden una comprensión completa de los fenómenos y el continuo de violencias, a fin de favorecer los procesos de recuperación de las víctimas y la prevención de nuevas formas de vbg. Esto implica, para los profesionales de América Latina, para las organizaciones gremiales y para las facultades de profesiones vinculadas a la salud mental, desarrollar marcos integrativos que incluyan estos enfoques, así como también mar- cos y modelos de intervención y sistematización de procesos que generen mejores comprensiones de estos fenómenos a nivel local y regional. Asimismo, desarrollar en los sistemas de protección y justicia programas de prevención y atención en salud mental con agresores de algunas formas de vbg en el marco de acciones intersectoriales de detección temprana y de intervenciones que salven vidas. Detección temprana de riesgos psicosociales y en salud mental Fortalecer el diagnóstico y la caracterización de las problemáticas de sa- lud mental, remisión y acompañamiento en las poblaciones y comunidades más vulnerables. Mayor entendimiento de los fenómenos que afectan la salud mental de la población adolescente y joven Cada país cuenta con cifras de perfiles epidemiológicos de la población y de las principales problemáticas en salud mental atendidas por servicios sanitarios. En estas cifras se evidencian variables de análisis como edad, sexo, escolaridad, ocupación y, en ocasiones, niveles socioeconómicos. Sin embargo, los análisis presentan información que no se correlaciona sufi- cientemente desde un punto de vista interseccional que permita establecer relaciones multidimensionales entre las diferentes formas de desigualdad Servicios de atención en salud mental especializados y con enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad La salud mental en adolescentes y mujeres durante la pandemia: los impactos de las violencias basadas en género54 en las poblaciones y la salud mental, para así focalizar en los sectores po- blacionales que requieren intervenciones urgentes debido a sus vulnera- bilidades y exposición a riesgos. Por lo tanto se recomienda a los países fortalecer el análisis del impacto de los contextos de desigualdad y las prácticas culturales machistas que subyacen a vulneraciones de los dere- chos de las adolescentes y las mujeres, y su relación con formas de violen- cia basada en género que son frecuentes, están naturalizadas y son mucho más visibles en los contextos de desigualdad, vulnerabilidad, exclusión y marginalización. Incidir en la transformación de normas sociales que fomentan prácticas nocivas y de riesgo para la salud mental Fomentar la transformación de normas sociales, roles tradicionales de género y las desigualdades existentes por sexo y género como estrategia para promover la equidad y el ejercicio de los derechos humanos desde la infancia. Desarrollar mecanismos de transformación de creencias y prácticas en torno al estigma de la búsqueda de ayuda en salud mental que promuevan la demanda activa de servicios de acompañamiento psicosocial y atención en salud mental. Incorporar el enfoque diferencial e intercultural en los planos técnico, metodológico, administrativo y financiero El enfoque diferencial e intercultural permite el reconocimiento político de las diferencias de género y etnicidad, y propende a la transformación de las inequidades a partir de la inclusión de las voces de los actores. Es ne- cesario generar intervenciones en salud mental con enfoque intercultural que recojan y articulen las cosmovisiones ancestrales de usos y costum- bres, y a su vez fortalezcan el acceso a servicios integrales que desarrollen no solo las intervenciones de salud mental, sino también las de salud pú- blica en torno a sus derechos sexuales y reproductivos. La intersectorialidad como mecanismo para fomentar contextos seguros y de bienestar psicosocial Fortalecer las medidas generales, específicas y focalizadas para la pro- moción de la salud mental y la prevención de problemas psicosociales en todos los sectores que tienen como función fortalecer el ejercicio de de- rechos. Fomentar mecanismos de autogestión emocional y del riesgo en salud mental Promover en las instituciones, programas y proyectos educativos, socia- les y de salud la inclusión de estrategias de apoyo, acompañamiento, ma- nejo y gestión emocional que colaboren a la participación de adolescentes y jóvenes, de sus familias y comunidades. Generar intervenciones en salud mental con enfoque intercultural 1 | Fronteras. Derechos.55 Bibliografía Ardila, S., Rosales, M., Fernández, M., Díaz, A., Matkovich, A., y Agrest, M. (2021). Impacto de la pandemia por covid-19 en los servicios de salud mental en Argentina. Revista Argentina de Salud Pública, 13, Supl COVID-19:e26. Re- cuperado de https://rasp.msal.gov.ar/index.php/rasp/article/view/575/486 Banco Interamericano de Desarrollo. (2020). La crisis de la desigualdad en América Latina y el Caribe: La encrucijada. Recuperado de https://publications.iadb. org/es/la-crisis-de-la-desigualdad-america-latina-y-el-caribe-en-la-en- crucijada#:~:text=en%20la%20encrucijada Becerra-Partida, O. F. (2014). La salud mental en México, una perspectiva, histó- rica, jurídica y bioética. Persona y Bioética, 18(2), 238-253. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/pebi/v18n2/v18n2a12.pdf Borrell, C., Palència, L., Muntaner, C., Urquía, M., Malmusi, D., y O’Campo, P. (2014). Influence of macrosocial policies on women’s health and gender inequali- ties in health. Epidemiol Rev, 36, 31-48. Busso, M., y Messina, J. (2020). La crisis de la desigualdad: América Latina y el Cari- be en la encrucijada. Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado de https://publications.iadb.org/es/la-crisis-de-la-desigualdad-america-lati- na-y-el-caribe-en-la-encrucijada#:~:text=en%20la%20encrucijada Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. (2021). Presupuesto para salud mental: Relevancia ante la covid-19. Recuperado de https:// ciep.mx/presupuesto-para-salud-mental-relevancia-ante-la-covid19/ Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. (2013). Programa de Acción Específico: Atención Psiquiátrica. Programa Sectorial de Salud 2013-2018. Recuperado de https://www.gob. mx/cms/uploads/attachment/file/317956/Programa_de_Accion_Especifi- co_SAP_2013-2018.pdf Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Fondo de las Naciones Uni- das para la Infancia. (2020). Protección social para las familias con niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe: Un imperativo frente a los impactos del covid-19. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publica- ciones/46489-proteccion-social-familias-ninos-ninas-adolescentes-ame- rica-latina-caribe-un Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). Panorama social de América Latina 2020. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicacio- nes/46687-panorama-social-america-latina-2020 Cuello, C. (2019). Mapeo en salud mental adolescente en América Latina y el Cari- be. Unicef. Recuperado de http://www.codajic.org/sites/default/files/sites/ www.codajic.org/files/Mapeo%20en%20Salud%20Mental%20Adolescen- te%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20El%20Caribe.pdf Filgueira, P. (2021). Los recursos psicosociales. En Observatorio de la Deuda So- cial Argentina, Privaciones estructurales en el desarrollo humano. Argenti- na urbana 2010-2020 bajo el escenario covid-19: Desigualdades en recursos psicosociales, condiciones sanitarias y representaciones ciudadanas frente al contexto de pandemia. Recuperado de http://wadmin.uca.edu.ar/public/ ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2021/2021-OB- SERVATORIO-DOC-EST-DESARROLLO-HUMANO.pdf La salud mental en adolescentes y mujeres durante la pandemia: los impactos de las violencias basadas en género56 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2019a). El suicidio en la adoles- cencia: Situación en la Argentina. Recuperado de https://www.unicef.org/ argentina/media/6326/file/Suicidio_adolescencia.pdf Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2019b). Estadísticas de los hechos vitales de la población adolescente en la Argentina. Recuperado de http:// www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2019/07/Poblacion-adoles- cente-2.pdf Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2020a). Agencias de la onu sa- ludan la prohibición del matrimonio infantil en todo el territorio nacional (Comunicado de prensa). Recuperado de https://www.unicef.org/mexi- co/comunicados-prensa/agencias-de-la-onu-saludan-la-prohibici%- C3%B3n-del-matrimonio-infantil-en-todo-el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2020b). El impacto del covid-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes. Recuperado de https://www. unicef.org/lac/el-impacto-del-covid-19-en-la-salud-mental-de-adoles- centes-y-j%C3%B3venes Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2020c). Semana de la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia: Por un Encuentro Segu- ro y Placentero. Recuperado de https://www.unicef.org/argentina/comu- nicados-prensa/puedodecidir2020 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2021a). Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población: Impacto de la pandemia en la educación de niñas, niños y adolescentes (pp. 9-18). Recuperado de https://www.unicef. org/argentina/media/11626/file/Impacto%20de%20la%20pandemia%20 en%20la%20educaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1as,%20ni%C3%- B1os%20y%20adolescentes.pdf Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2021b). Estado mundial de la infan- cia 2021: En mi mente: promover, proteger y cuidar la salud mental de la in- fancia. Recuperado de https://www.unicef.org/es/informes/estado-mun- dial-de-la-infancia-2021 Grupo de Gestión Integrada para la Salud Mental. (2014). Abecé sobre la salud mental, sus trastornos y estigma. Ministerio de Salud y Protección Social. Recuperado de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDi- gital/RIDE/VS/PP/abc-salud-mental.pdf Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Registro Único de Casos de Vio- lencia contra las Mujeres (RUCVM). Resultados 2013-2018 (pp. 6-9). Recu- perado de https://indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/rucvm_03_19. pdf Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Registro Único de Casos de Vio- lencia contra las Mujeres. Resultados 2013-2018. Recuperado de https:// www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/rucvm_03_19.pdf Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Incidencia de la pobreza y la in- digencia en 31 aglomerados urbanos: Segundo semestre de 2020. Informes Técnicos, 5(59) / Condiciones de Vida, 5(4). Recuperado de https://www. indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_02_2082FA92E916. pdf Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020a). Incidencia de la pobreza y la in- digencia en 31 aglomerados urbanos: Segundo semestre de 2020. Informes Técnicos, 5(59) / Condiciones de Vida, 5(4). Recuperado de https://www. indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_02_2082FA92E916. pdf 1 | Fronteras. Derechos.57 Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020b). Mercado de trabajo. Tasas e in- dicadores socioeconómicos (EPH): Cuarto trimestre de 2020. Informes Téc- nicos, 5(52) / Trabajo e Ingresos, 5(1). Recuperado de https://www.indec. gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_4trim20126C4A- D8D8.pdf Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2021). Evolución de la distribución del ingreso (EPH): Primer trimestre de 2021. Informes Técnicos, 5(120) / Trabajo e Ingresos, 5(5). Recuperado de https://www.indec.gob.ar/uploads/ informesdeprensa/ingresos_1trim21492288B743.pdf Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2021). Informe de avance del nivel de actividad: Primer trimestre de 2021. Informes Técnicos, 5(113) / Cuentas Nacionales, 5(9). Recuperado de https://www.indec.gob.ar/uploads/infor- mesdeprensa/pib_06_21842C1D1A16.pdf Instituto Nacional de Estadística y Geografía, onu Mujeres, Conferencia Estadísti- ca, Comisión Económica para América Latina y el Caribe e inmujeres. (2020, septiembre 10). Serie de 4 webinarios: Los retos para la generación y uso de las estadísticas de género en contexto del covid-19. Recuperado de https:// www.cepal.org/sites/default/files/presentations/eieg-indicadores_estra- tegicos_de_ocupacion_y_tnr_08sept.pdf Instituto Nacional de las Mujeres México. (2021). Estrategia para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Recuperado de https://www.gob.mx/inmujeres/ acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-em- barazo-en-adolescentes-33454 Instituto Nacional de las Mujeres México. (2019). Forensis: Datos para la vida: Co- lombia. Recuperado de https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisti- cas/forensis Instituto Nacional de las Mujeres México. (2021). Estrategia Nacional para la Pre- vención del Embarazo en Adolescentes: El embarazo en adolescentes ha co- brado importancia en los últimos años debido a que México ocupa el primer lugar en el tema. Recuperado de https://www.gob.mx/inmujeres/accio- nes-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embara- zo-en-adolescentes-33454 Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud. (2011). Informe sobre el Sistema de Salud Mental en México. Recuperado de https://www.who.int/mental_health/who_aims_ country_reports/who_aims_report_mexico_es.pdf Kohn, R., Ahsan, A., Puac-Polanco, V., Figueroa, C., López-Soto, V., Morgan, K., … Vicente, B. (2018). Mental health in the Americas: An overview of the treat- ment gap. Harvard University. Recuperado de https://scholar.google.com/ citations?view_op=view_citation&hl=en&user=FFpQzA0AAAAJ&cita- tion_for_view=FFpQzA0AAAAJ:lSLTfruPkqcC Madrigal de León, E. Á. (2016). Fortalecimiento de la salud mental en México: Recomendaciones para una psiquiatría comunitaria. Salud Mental, 39(4), 235-237. ISSN: 0185-3325. Recuperado de https://www.redalyc.org/articu- lo.oa?id=58246494007 Ministerio de la Protección Social y Fundación FES SOCIAL. (2003). Estudio Na- cional de Salud Mental Colombia 2003. Recuperado de https://www.min- salud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Infor- me%20final%20ENSM%202003.pdf Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. (2020). Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género (2020-2022): Para la prevención, La salud mental en adolescentes y mujeres durante la pandemia: los impactos de las violencias basadas en género58 asistencia y erradicación de todas las formas de violencia por motivos de gé- nero (pp. 64-66). Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/sites/de- fault/files/plan_nacional_de_accion_2020_2022.pdf Ministerio de Salud y Protección Social. (2014). Plan Nacional de Salud Mental. Núñez Palomino, M., y Palomino, C. (2019). Salud mental en América Latina. Re- cuperado de https://www.panoramas.pitt.edu/health-and-society/sa- lud-mental-en-am%C3%A9rica-latina onu Mujeres México. (2020). Informe anual. Recuperado de https://www2.unwo- men.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicacio- nes/2021/onu%20mujeres%20mxico%20informe%20anual%202020.pd- f?la=es&vs=931 Ordóñez Barba, G. (2018). Discriminación, pobreza y vulnerabilidad: Los entre- sijos de la desigualdad social en México. Región y Sociedad, 30(71), 1-30. ISSN: 1870-3925. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo. oa?id=10253649011 Organización Mundial de la Salud. (2008). mhGAP Programa de Superación de Ba- rreras en Salud Mental. Recuperado de https://www.who.int/mental_heal- th/mhgap/mhgap_spanish.pdf?ua=1 Organización Panamericana de la Salud. (2017). mhGAP Programa de acción para superar las brechas en salud mental: Mejora y ampliación de la atención de los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias. Recuperado de https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=arti- cle&id=326:2008-mhgap-programa-accion-superar-brechas-salud-men- tal&Itemid=40615&lang=es Organización Panamericana de la Salud. (2018). Salud mental: Fortalecer nues- tra respuesta. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact- sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response Organización Panamericana de la Salud. (2020). Salud mental. Recuperado de https://www.paho.org/es/temas/salud-mental Paz, J., y Arévalo, C. (2021). Pobreza en hogares con jefatura femenina en Argen- tina: Una comparación entre el norte grande y el resto del país. Visión de Futuro, 25, 10. Recuperado de https://visiondefuturo.fce.unam.edu.ar/ index.php/visiondefuturo/article/view/485 Paz, J., y Arévalo, P. (2020). Pobreza en hogares con jefatura femenina en Argenti- na: Una comparación entre el norte grande y el resto del país. Recuperado de https://www.redalyc.org/journal/3579/357965439001/html/ Ramírez, C., y Veloza, E. (2021). GAPS Colombia Report: Global Study Gender Action and Peace. GAPS, CARE, GENFAMI. Rojas-Bernal, L. A., Castaño-Pérez, G. A., y Restrepo-Bernal, D. P. (2018). Salud mental en Colombia: Un análisis crítico. Revista CES Medicina, 32(2), 129- 140. Recuperado de http://dx.doi.org/10.21615/cesmedicina.32.2.6 Sanabria-Mazo, J. P., Useche-Aldana, B., Ochoa, P. P., Rojas-Gualdrón, D. y Sanz, A. (2021). Impacto de la pandemia de covid-19 en la salud mental en Colombia. Universidad Autónoma de Barcelona, Psicovid, Colpsic. Sánchez Correa, M. de los Á., Cabra Ángel, Z. L., y Bareño Silva, J. (2018). Análisis de la salud mental en Colombia y la implementación de la política pública nacional de salud mental 2018. Recuperado de https://repository.ces.edu. co/bitstream/handle/10946/5192/1053829632_46678630_2021.pdf;jses- sionid=010A0D7029E78BE8773993994D8817EA?sequence=1 1 | Fronteras. Derechos.59 Stagnaro, J. C., Cía, A., Vázquez, N., Vommaro, H., Nemirovsky, M., Serfaty, E., … Kessler, R. (2018). Estudio epidemiológico de salud mental en población general de la República Argentina. Vertex Revista Argentina de Psiquiatría, 29, 275-299. Recuperado de https://apsa.org.ar/docs/vertex142.pdf Stagnaro, J., Cía, A., Vázquez, N., Vommaro, H., Nemirovsky, M., Serfaty, E., ... Kess- ler, S. (2018). Estudio epidemiológico de salud mental en población ge- neral de la República Argentina. Vertex. Revista Argentina de Psiquiatría, 29(142), 275-299. Recuperado de https://apsa.org.ar/docs/vertex142.pdf Tuñón, I. (Coord.). (2018). Caracterización de las familias: Primera Encuesta Bienal de las Familias de la Ciudad de Buenos Aires 2017 (1.a ed.). Ciudad Autóno- ma de Buenos Aires: Educa https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/ files/caracterizacion_de_las_familias_de_caba.pdf Veloza, E. (2020). Directiva n.o 38. Derechos de niños, niñas y adolescentes de ser pro- tegidos contra todas las formas de violencia en razón de género, especialmente violencias sexuales, y la eliminación del matrimonio y las uniones tempranas. Procuraduría General de la Nación de Colombia. World Economic Forum. (2021, marzo). Global Gender Gap Report 2021. Recupera- do de http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf La salud mental en adolescentes y mujeres durante la pandemia: los impactos de las violencias basadas en género60 1 | Fronteras. Derechos.61 Embarazo en la adolescencia desde una perspectiva de derechos. Diagnóstico e intervenciones públicas en América Latina y el Caribe Cada año, cientos de miles de niñas y adolescentes se embarazan en Amé- rica Latina y el Caribe (alc), a pesar de que la tasa de fecundidad general se ha reducido en la región desde hace varias décadas (Neal et al., 2018). Tener hijas o hijos está condicionado por una gama de determinantes socia- les como la cultura, las preferencias familiares, el grado de desarrollo o el nivel educativo (Reina y Castelo-Branco, 2014). La mayor proporción de los embarazos durante la adolescencia son involuntarios, por tanto, significan vulneraciones del ejercicio de los derechos tanto sexuales como reproducti- vos.1 Diferentes estudios, además, han revelado que esta situación se rela- ciona de manera estrecha con desigualdades sociales preexistentes y puede analizarse desde una perspectiva interseccional: es más frecuente que las adolescentes indígenas con acceso limitado a la educación sexual, de hoga- res con ingresos bajos y que residen en zonas con niveles altos de violencia se embaracen que las adolescentes que no viven vulneradas por estas con- diciones (Expósito, 2012; La Berbera, 2015; Mellizo-Rojas y Cruz-Castillo, 2016). Este capítulo analiza la profunda imbricación de las desigualdades so- ciales que persisten en la región y el embarazo adolescente. Este último es síntoma de dos problemas que se retroalimentan. Por un lado, las per- sistentes desigualdades que restringen el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos (dsdr) y, por otro, una protección estatal limitada y dispar de estos derechos, a pesar de los avances registrados en este plano en tiempos recientes en Argentina y México en cuanto a la interrupción legal del embarazo. Además, genera detrimentos en el ciclo de vida de ma- dres, padres e hijas/os que con el tiempo se entretejen con desventajas en el ingreso, la educación, la calidad del empleo y el acceso a la seguridad social, entre otras. 1 En este tema es crucial resaltar las diferencias entre estos derechos. Los derechos se- xuales implican que todas las personas tenemos derecho a disfrutar de una vida sexual elegida libremente, sin violencia, riesgos ni discriminación. Mientras que los derechos reproductivos refieren a que todas las personas tenemos derecho a decidir en forma autónoma y sin discriminación si tener o no tener hijas/os, con quién, cuántos y cada cuánto tiempo (Davis Mattar, 2008). Jeraldine del Cid Guatemala Laura Flamand México Juan C. Olmeda1 Argentina 1 Jeraldine del Cid es profesora/ investigadora titular en flacso, México. Laura Flamand y Juan C. Olmeda son profesoras investi- gadoras de tiempo completo en El Colegio de México. En la pre- paración de este capítulo, agra- decemos el excelente trabajo de investigación, sobre todo en el diagnóstico, de Vanessa Arvizu, Melisa González y Jaime Ramírez.62 El capítulo se organiza en dos apartados. Primero, presentamos el diag- nóstico del problema del embarazo en la adolescencia en tres países lati- noamericanos: Argentina, México y Colombia.2 Discutimos la evolución de las tasas de fecundidad adolescente y resaltamos la manera en que dis- tintas desigualdades sociales ponen en riesgo a las jóvenes para embara- zarse cuando no lo desean; también apuntamos a las severas desventajas que estas madres, padres e hijas/os enfrentan durante su curso de vida. Segundo, destacamos tres elementos centrales que caracterizan la ex- periencia del embarazo en la adolescencia en la región: estereotipos de género, acceso desigual a métodos anticonceptivos y entornos violentos. Después, analizamos las estrategias nacionales de atención y prevención del embarazo en la adolescencia en los tres países, con el propósito de observar si las estrategias se diseñaron desde una perspectiva de derechos. El tema no solo es relevante por su presencia de larga data en la región, sino que ha adquirido particular importancia en el contexto de la pande- mia de covid-19. Los efectos económicos, sanitarios y sociales de la pande- mia han exacerbado la vulnerabilidad de las y los adolescentes en el plano global. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), por cada seis meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio, se proyec- tan siete millones más de embarazos no planeados en el mundo. El Consejo Nacional de Población en México estima un aumento de 30 % de los embarazos adolescentes no intencionados, es decir, poco más de 29.000 nacimientos adicionales a los proyectados para 2021 (México, 2021). En Colombia, un estudio publicado en 2021 reveló que casi 13 % de los casos de aborto que la justicia ha perseguido corresponden a mujeres de entre 14 y 17 años; además, 24 % de aquellos resueltos con condena corresponden a mujeres menores de edad (La Mesa, 2021). En Argentina, una crónica publicada en el diario El País en diciembre de 2020 mostraba que la pandemia ha incrementado las tareas de cuidado de las madres ado- lescentes. Esto ha reducido su permanencia en el sistema educativo o en sus empleos (Tuchin, 2020). Esto parece haber resultado de una combinación de factores. Primero, las estrategias de confinamiento significaron que niñas y adolescentes fuesen más vulnerables a ataques sexuales y abusos. Segundo, la suspen- sión de las clases presenciales y la falta de atención al público en unidades de salud a necesidades no relacionadas con la covid-19 privaron a muchas niñas y adolescentes de acceso a instancias de prevención, atención y/o contención psicológica. Tercero, como las acciones gubernamentales se concentraron en combatir el virus, las campañas orientadas a la preven- ción del embarazo en la adolescencia y a la distribución de métodos anti- conceptivos se suspendieron en la práctica. 2 Seleccionamos estos países porque han desarrollado estrategias nacionales ambiciosas y relativamente efectivas para atender el problema. Además, presentan una elevada heterogeneidad entre sus estados, provincias o departamentos en las tasas de embara- zo involuntario en la adolescencia. Es decir, en el capítulo intentamos reflejar la varia- ción entre los países de América Latina y también entre las regiones que los componen. 1 | Fronteras. Derechos.63 El diagnóstico y las desigualdades sociales detrás del embarazo en la adolescencia En este apartado analizamos la evolución del fenómeno del embarazo en la adolescencia en los últimos diez años en tres países: Argentina, Colom- bia y México. Para ponerlos en perspectiva, y de acuerdo con la disponibi- lidad de información, presentamos como referencia indicadores de toda la región. Este diagnóstico se organiza en tres partes: I) documentamos la evolu- ción del embarazo en la adolescencia a partir de dos indicadores (porcen- taje de nacimientos y tasa de fecundidad específica); II) pensando en las causas del fenómeno, resaltamos el efecto de las desigualdades sociales y la violencia, y III) con la mira en los efectos, mostramos que las madres adolescentes se encuentran en franca desventaja frente a las adultas para continuar sus estudios. América Latina: la región con mayor proporción de embarazos en la adolescencia en el mundo Del total de embarazos en el mundo, la Organización Panamericana de la Salud (2014) estima que 10,5 % corresponden a madres adolescentes. Las proporciones más elevadas de estos embarazos ocurren en las regiones de alc (16,3 % del total) y África (15,8 %) (Reina y Castelo-Branco, 2014). Además, en alc, las tasas de fecundidad de las adolescentes han descendi- do en menor medida que la fecundidad en general, y en países como Haití o Perú se han reducido muy marginalmente (Organización de las Naciones Unidas [onu], 2021). En general, suelen emplearse dos indicadores para documentar la evo- lución del embarazo en la adolescencia, el porcentaje de nacimientos en madres menores de 20 años respecto del total de nacimientos y la tasa específica de fecundidad adolescente.3 En el período 2010-2017, los tres países registraron reducciones en el pri- mer indicador, aunque con variaciones significativas: Colombia presenta la reducción más grande con 3 puntos porcentuales menos, sigue Argentina con 2,5, y al final México con 0,9. En la región, además, la tasa de fecun- didad en adolescentes se ha reducido de 71,5 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años en 2009 a 61,2 en 2019. De los tres países que estudiamos en este capítulo, como muestra la tabla 1, México presenta la tasa más baja en 2019 (58,6), después Argentina (62,35) y finalmente Co- lombia (64,3). La reducción más grande ocurrió en este último país, pues la tasa de fecundidad adolescente disminuyó en 14,3 nacimientos en 10 años. Argentina presenta el comportamiento más estable con una reducción de apenas 0,84 nacimientos. 3 Número total de nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años. En alc, 16.3% de los embarazos totales corresponden a madres de 19 años o menos Embarazo en la adolescencia desde una perspectiva de derechos. Diagnóstico e intervenciones públicas en América Latina y el Caribe64 Tabla 1: Tasa de fecundidad en adolescentes. Nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15-19 años Año Argentina Colombia México Regional 2009 63,19 78,61 68,57 71,49 2010 63,32 76,85 67,70 70,39 2011 63,44 75,08 66,84 69,29 2012 63,57 73,32 65,97 68,17 2013 63,41 71,98 64,85 67,15 2014 63,25 70,65 63,73 66,13 2015 63,10 69,32 62,61 65,11 2016 62,94 67,98 61,49 64,07 2017 62,78 66,65 60,37 63,03 2018 62,57 65,48 59,45 62,10 2019 62,35 64,31 58,54 61,18 Fuente: Banco Mundial (2021). World development indicators. Database. Recuperado de https://bit.ly/2T4137F Nota: Países considerados en los datos regionales: Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cu- racao, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas de San Martín, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Martín, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela. Si se piensa en la región completa, destaca que las adolescentes en alc enfrentan una probabilidad elevada de dar a luz antes de los 20 años. Neal et al. (2018) analizaron el embarazo en la adolescencia en Bolivia, Colom- bia, República Dominicana, Haití y Perú y encontraron que el número de nacimientos entre mujeres adolescentes solo se ha reducido de manera marginal. Además, los nacimientos entre mujeres de 20 años y menos son más frecuentes entre las más pobres que residen en áreas rurales. Por otro lado, de acuerdo a las encuestas demográficas más recientes y disponibles, una proporción muy alta de las mujeres adolescentes gestan- tes no deseaban tener un hijo o hija, o hubiesen preferido posponer el em- barazo. La proporción corresponde a 46 % de las argentinas embarazadas de 19 años o menos, 64 % de las colombianas menores de 20 años y 49 % de las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años. El embarazo en la adolescencia y las desigualdades sociales El embarazo en la adolescencia tiene profundos efectos en la trayectoria de vida. Además, tiene una relación de ida y vuelta con las desigualdades sociales, pues, en cierta medida, deriva de ellas y al mismo tiempo tiende a profundizarlas. Las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad en- frentan mayores probabilidades de embarazarse durante la adolescencia 1 | Fronteras. Derechos.65 y, si esto ocurre, sus vidas suelen volverse más complejas.4 Como señala Frenkel (2019), el embarazo en la adolescencia es causa y consecuencia de la vulneración de ciertos derechos. Es crucial destacar que la relación entre embarazo adolescente y des- igualdades no es exclusiva de alc, sino que es una realidad mundial (Dillon y Cherry, 2014). Sin embargo, como las brechas socioeconómicas son es- pecialmente profundas en la región, existen condiciones que agravan las consecuencias perniciosas del embarazo en mujeres menores de edad. En Argentina, por ejemplo, Binstock y Pantelides (2005) señalan que las madres adolescentes tienden a tener menores niveles de instrucción, viven en hogares más pobres y cuentan con menor cobertura de salud. Asimis- mo, las tasas de fecundidad de las adolescentes son más elevadas en zonas con niveles bajos de desarrollo económico. Reina y Castelo-Branco (2014) señalan, además, que los embarazos en la adolescencia se presentan en mayor proporción entre familias que han migrado en tiempos recientes. En Colombia se identifica un panorama similar: los embarazos en adolescen- tes ocurren en mayor proporción en zonas rurales y, como en Argentina, pertenecer a familias de reciente migración resulta un factor que aumenta las probabilidades de que ocurran (Alzate, 2014; Murad-Rivera et al., 2018). En México también se observa una fuerte asociación entre pobreza y em- barazo adolescente que puede rastrearse históricamente (Quick, 2014). En la misma línea, y a partir de un minucioso estudio de corte cualitativo, Stern (2004) desmenuza los procesos que vinculan vivir en situaciones de alta vulnerabilidad social con una mayor propensión a experimentar em- barazos durante la adolescencia. Otro elemento que incide en el embarazo involuntario en la adolescencia es vivir en contextos de violencia. Por un lado, la violencia intrafamiliar implica que las adolescentes sufren abusos o se ven obligadas a abandonar el hogar materno a edad temprana. De acuerdo con un estudio de ado- lescentes en Argentina, en la gran mayoría de los casos es posible aplicar la noción de embarazo forzado, pues las niñas o las adolescentes no eran conscientes de las consecuencias de la actividad sexual o no tuvieron las herramientas necesarias para prevenir un embarazo que mayoritariamente no deseaban y que las atemorizó (Gogna y Binstock, 2020). Este fenómeno se exacerba durante la gestación, 10,1 % de las adolescentes gestantes co- lombianas fueron víctimas de maltrato físico por alguna persona conocida; en Guatemala, 10 % de las mujeres gestantes reportaron violencia física doméstica; mientras que en Nicaragua, 25 % manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia doméstica física durante el embarazo (Monterrosa et al., 2017). Por otro lado, la violencia del entorno social aumenta las probabilidades de que las adolescentes sufran abusos y, además, las coloca al alcance de redes de trata y tráfico sexual que esos mismos grupos suelen gestionar. En México, la violencia del entorno refiere a residir en lugares controlados por el crimen organizado; en Colombia, a habitar zonas donde grupos armados guerrilleros o paramilitares tienen influencia. De hecho, Alzate (2014) en- 4 Varios estudios muestran que las hijas de madres adolescentes tienen entre un 66 % y dos veces más riesgo de llegar a ser madres adolescentes; además, se embarazan a edades más tempranas que sus madres (East et al., 2007). Las desigualdades sociales restringen el ejercicio pleno de los derechos reproductivos Embarazo en la adolescencia desde una perspectiva de derechos. Diagnóstico e intervenciones públicas en América Latina y el Caribe66 cuentra que en Colombia el embarazo en la adolescencia es más frecuente en regiones afectadas por el conflicto armado durante las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI. En suma, las desigualdades sociales significan que no todas las mujeres en la región pueden ejercer sus derechos reproductivos de manera plena: no todas pueden decidir en forma autónoma y sin discriminación si tener o no tener hijas/os, con quién, cuántos y cada cuánto tiempo. A continua- ción, discutimos de manera sucinta el acceso a métodos anticonceptivos modernos en América Latina y el Caribe. Como mostramos en la figura 1, la proporción de mujeres en edad repro- ductiva (15 a 49 años) que reportan tener necesidades satisfechas de pla- nificación familiar con métodos modernos es relativamente heterogénea entre los países y en el tiempo. En la región en su conjunto fue de 78,1 % en 2020, Argentina con 75,8, Colombia con 89,6 y México con 80,4. Figura 1: Proporción de mujeres en edad reproductiva con necesidades satisfechas de métodos anticonceptivos Fuente: Elaboración propia con base en: IHME (2021). Health data. Indicator 3.7.1: Proportion of women of reproductive age (15-49 years) who have their need for family planning satisfied with modern methods (%) y en Global Burden of Disease Study 2019. Recuperado de http://www.healthdata.org/gbd/2019 Nota: Los decenios anteriores a 2020 están basados en registros administrativos, los de 2020 en proyecciones. Los datos por país fueron obtenidos directamente de la fuente, mientras que los datos regionales fueron calculados a partir de esta. Países considerados en la estimación de los datos regionales: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela 1 | Fronteras. Derechos.67 Sin embargo, el acceso a métodos anticonceptivos es muy desigual. Las adolescentes de entre 15 y 17 años, las mujeres indígenas, las de bajos in- gresos, las que viven en zonas rurales y aquellas sin educación tienen ac- ceso y utilizan métodos anticonceptivos en menor medida (Ponce de Léon et al., 2019). Los programas nacionales de salud de la región no han logrado impulsar el uso de métodos anticonceptivos de larga duración y reversi- bles como los dispositivos intrauterinos o los implantes hormonales. Estos métodos son más efectivos, seguros, convenientes y garantizan una mayor adherencia terapéutica. El análisis de Ponce de León y colaboradores reve- la que el uso de métodos anticonceptivos de larga duración y reversibles apenas alcanzaba al 10 % en 17 de los 23 países estudiados. Esta falencia resulta relevante si consideramos que la adopción creciente del uso de métodos anticonceptivos ha reducido la fertilidad entre ado- lescentes en 6,8 % en la región; y, se estima que si la demanda total de anticonceptivos entre las personas adolescentes no unidas se cubriera, ocurriría una reducción adicional de 8,9 % (Sánchez-Páez y Ortega, 2018). Por último, la maternidad durante la adolescencia suele generar efectos negativos en el curso de vida futuro: logro educativo, satisfacción con el trabajo, ingresos y acceso a la seguridad social, entre otros. Encuestas rea- lizadas por el UNFPA revelan que las madres adolescentes tuvieron tres veces menos oportunidades de obtener un título universitario que aquellas que pudieron postergar su maternidad, como muestra la figura 2. En pro- medio, mientras 18,6 % de las mujeres que fueron madres en la primera década de edad adulta alcanzaron algún nivel de educación terciaria, solo 6,4 % de quienes fueron madres en la adolescencia (madres tempranas) alcanzaron este nivel (UNFPA, 2020). Si bien las proporciones de mujeres que alcanzan educación superior (terciaria o más) varían en todos los países, la brecha que se observa entre las madres tempranas y las adultas se mantiene relativamente constante: en Argentina es 11,3 %, en Colombia, 14,7 % y en México, 15,5 % (figura 2). Los efectos del embarazo en la adolescencia sobre la trayectoria escolar se entretejen y acumulan con desventajas sociales como bajos ingresos, vivir en hacinamiento, entornos sociales/familiares que no valoran la educación o reglas escolares rígidas que favorecen a estudiantes «tradicionales» sin hijos o hijas (Arvizu, 2021). Embarazo en la adolescencia desde una perspectiva de derechos. Diagnóstico e intervenciones públicas en América Latina y el Caribe68 Figura 2: Madres tempranas y adultas según nivel educativo alcanzado (%) Fuente: Elaboración propia con datos de unfpa (2020). Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en América Lati- na y el Caribe. Recuperado de https://bit.ly/3ddtDKz. Nota: Los países que se utilizaron para calcular el dato regional son Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay. Las encuestas de los estudios Milena tomaron una muestra de mujeres de 20 a 64 años, se define como «madres tempranas» a aquellas que tuvieron un hijo entre los 10 y 19 años, y «madres adultas» a las que tuvieron un hijo entre los 20 y los 29 años. El embarazo en la adolescencia: un fenómeno heterogéneo en América Latina, tanto entre países como en el interior de estos Las tasas de fecundidad en adolescentes que presentamos en este diag- nóstico revelan diferencias muy significativas entre los países de alc. La diversidad también se presenta dentro de los países: el embarazo en la adolescencia también interactúa con desigualdades territoriales; en con- secuencia, las intervenciones diseñadas para atender este grave problema social tienen que tomar en cuenta esta heterogeneidad territorial. En Colombia, las regiones del norte y el sur concentran las tasas más elevadas (70 y más nacimientos por cada 1.000 mujeres). En el norte, los departamentos con tasas más altas son César, La Guajira y Magdalena. En el sur, las tasas más altas ocurren en Caquetá y Guainia (figura 3). Con- viene mencionar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tuvieron mucha influencia en estos últimos departamentos duran- te las décadas de consolidación del grupo guerrillero, en consecuencia, la población de estos territorios está expuesta todavía hoy a niveles altos de violencia. 1 | Fronteras. Derechos.69 Figura 3: Colombia: tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años, por departamentos, 2019 Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. Nacimientos por edad de la madre. Recu- perado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/naci- mientos y defunciones/nacimientos. Mujeres entre 15-19 años por departamento. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demogra- fia-y-población/proyecciones-de-poblacion. En México, tal como se aprecia en la figura 4, Guerrero y Oaxaca, dos de los estados más pobres del país, tienen tasas de fecundidad en adolescen- Embarazo en la adolescencia desde una perspectiva de derechos. Diagnóstico e intervenciones públicas en América Latina y el Caribe70 tes muy altas. Sin embargo, las tasas altas5 se presentan en todo el país, en el norte (Chihuahua y Coahuila), el centro (Puebla y Tlaxcala) y el sur (Tabasco). Figura 4: México: tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años, por entidad, 2019 Fuente: Elaboración propia con datos de inegi. En Argentina, por último, las tasas más altas se concentran en las pro- vincias más pobres, destacando Chaco y Formosa, dos territorios que his- tóricamente experimentaron altos niveles de marginación. En un segundo grupo, destacan Misiones, Corrientes, Santiago del Estero y Salta, donde residen sectores de población con vulnerabilidades profundas (figura 5). 5 Entre 70 y 80 nacimientos por cada 1.000 mujeres en la estratificación que desarrolla- mos para los mapas de los tres países. 1 | Fronteras. Derechos.71 Figura 5: Argentina: tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años, por provincia, 2018 Fuente: Ministerio de Salud de la República Argentina. Dirección de Estadísticas e Informa- ción de la Salud. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/salud/deis/repor- te-interactivo. Embarazo en la adolescencia desde una perspectiva de derechos. Diagnóstico e intervenciones públicas en América Latina y el Caribe72 La respuesta del Estado para garantizar el ejercicio de los dsdr en América Latina y el Caribe Durante los últimos años, es innegable que en América Latina y el Caribe se ha avanzado en garantizar los dsdr, así como en promover políticas de igualdad de género. En los países que hemos analizado se han desarrollado estrategias particulares para atender el embarazo adolescente, así como iniciativas para promover la educación sexual integral y legalizar la inte- rrupción del embarazo. En esta sección, presentamos tres elementos que muestran espacios donde la acción estatal podría mejorar para garantizar el pleno ejercicio de los dsdr, seguidos de un breve análisis de las estrategias nacionales que los tres países han desarrollado para responder al problema del embara- zo en la adolescencia. En México, analizamos la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (enapea) (México, 2017); en Argentina, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia 2017-2019 (penia) (Argentina, 2017), y en Colombia, revisamos la Estrategia de Atención Integral para Niñas, Niños y Adoles- centes con Énfasis en la Prevención del Embarazo en la Infancia y Ado- lescencia (2015-2025) (eainna) (Ministerio de Salud y Protección Social y unfpa, 2017). En la tabla 2, se presenta una comparación de los elementos fundamentales de estas estrategias. Existen tres elementos que presentan áreas de oportunidades en las ac- ciones de política pública sobre el tema en la región. El primero se rela- ciona con los roles de género tradicionales. A pesar de los avances en el tema, ideas arcaicas respecto a cuáles son las tareas y responsabilidades que «deben» asumir hombres y mujeres se siguen reproduciendo en múl- tiples ámbitos y esto tiene efectos sobre el embarazo en la adolescencia. Murad-Rivera y colaboradores (2018), por ejemplo, encuentran que en Colombia la proporción de embarazos es mayor entre quienes consideran que el rol de la mujer está ligado al cuidado del hogar; mientras que Stern (2004) señala que la definición cultural de los roles de género es crucial para entender el caso mexicano. Este elemento se encuentra presente incluso en las estrategias nacio- nales, ya que la manera como se trata este problema social deposita la responsabilidad, fundamentalmente, en las niñas y en las adolescentes. En contraste, en el caso de los varones se orientan a la educación sexual y al uso de anticonceptivos, sobre todo, sin resaltar las obligaciones derivadas de la paternidad. El segundo elemento es el acceso limitado a información y educación se- xual. Si bien los tres países que estudiamos han mostrado progresos sus- tantivos en cuanto a incluir la educación sexual en los programas, un número importante de adolescentes continúan adquiriendo la primera información sobre el tema en sus círculos cercanos, lo cual suele alimen- tar mitos y preconcepciones sobre la sexualidad. En un extenso estudio, Adaszko (2005) señala que en el caso argentino el funcionariado público reconoce esta falencia en distintas provincias del país. En México, Stern (2004) destaca que «… ignorar factores básicos sobre la sexualidad y la re- La definición cultural de los roles de género es crucial para entender el embarazo temprano 1 | Fronteras. Derechos.73 producción hace a las mujeres jóvenes vulnerables a un embarazo tempra- no» (p. 152). Afortunadamente, este elemento específico se ha incluido en las tres estrategias nacionales que se analizan. El tercer elemento refiere al acceso desigual a métodos anticonceptivos. Es importante subrayar que, en general, cuando las y los adolescentes no utilizan métodos anticonceptivos no suele ser por falta de conocimiento, sino porque no tienen los medios para acceder a ellos o rechazan usarlos por razones sociales o culturales.6 Sin duda, este elemento se vincula con la garantía desigual del derecho a la salud sexual, que depende, por ejemplo, de si las personas cuentan o no con acceso efectivo a los servicios de salud. Este último punto ya se considera en las estrategias nacionales de Argen- tina, Colombia y México. A partir de reconocer la protección heterogénea de los dsdr y las des- igualdades sociales como barrera para su ejercicio, el análisis comparado de las estrategias nacionales de Argentina, Colombia y México permite concluir que se proponen disminuir el embarazo en adolescentes a partir de diversas aproximaciones. En los tres países resalta la importancia del acceso a métodos anticonceptivos y a la educación sexual. En Colombia, el tratamiento de la sexualidad es más completo y se relaciona con elementos estructurales que destacan las diversas vulnerabilidades. La estrategia ar- gentina enfatiza la agencia de las y los adolescentes, y además se concen- tra en tratar el problema cuando el embarazo es involuntario. Respecto a las paternidades, la enapea (México) mencionaba a los varo- nes sobre todo en cuanto a la corresponsabilidad en el acceso a métodos anticonceptivos. Después de un cuidadoso proceso de evaluación, la fase II de implementación (2021-2024) se replanteó esta aproximación y de- dica más atención a las paternidades (corresponsabilidad en el embarazo, gestación y paternidades), así como a enfocar esfuerzos para alcanzar sus objetivos en las zonas donde habitan grupos más vulnerables. El penia (Argentina), por su parte, no menciona específicamente a los va- rones. No obstante, parte de la necesidad de sensibilizar a los adolescentes. Se enmarca en derechos sexuales y reproductivos explícitamente, aunque su aplicación se concentra principalmente en el acceso a anticonceptivos, así como en la cobertura de la salud sexual y reproductiva, lo cual establece límites específicos en la dimensión del derecho a la salud. Destaca que se concentra en los embarazos involuntarios y en la agencia de la población objetivo; de este modo, el plan es un medio para ofrecer información que acompañe sus decisiones. Asimismo, refiere a la violencia sexual y la apli- cación de la interrupción legal del embarazo (ile), con lo cual su propuesta de atención es más completa. La eainna de Colombia enfatiza el embarazo en la infancia y adolescencia con un enfoque integral y distingue entre derechos sexuales y reproduc- tivos. La estrategia abarca varios elementos de la dimensión sexual en la vida de las y los adolescentes, en particular a partir de lo que denomina realizaciones. Esta aproximación brinda una mirada más completa de la 6 De hecho, en el caso mexicano, varios estudios han revelado que tener una actitud fa- vorable a la igualdad de género incrementa de manera muy significativa la probabilidad de usar condón (Casique, 2011). En alc, el derecho a la salud sexual se garantiza de manera desigual Embarazo en la adolescencia desde una perspectiva de derechos. Diagnóstico e intervenciones públicas en América Latina y el Caribe74 sexualidad que el tratamiento asociado solo al componente reproductivo. De tal manera, la EAINNA se orienta tanto a hombres como a mujeres de manera más profunda. Además, considera que las desigualdades son un factor crucial tanto en las causas como en las consecuencias del problema. En este punto particular la estrategia colombiana aventaja a las de Argen- tina y México. Tabla 2: Comparación de estrategias nacionales México: ENAPEA* Argentina: PENIA Colombia: EAINNA Objetivo/meta general Objetivo: “Reducir el número de emba- razos en adolescentes en México, con absoluto respeto a los derechos hu- manos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos”. Meta: reducir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% (3,9 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes) la tasa especí- fica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el 2030. Incrementar el número de adolescen- tes de 15 a 19 años protegidas eficaz y apropiadamente por la anticoncepción, pasando de 61.200 a 162.500. Esto permitirá pasar de 9.200 embara- zos no intencionales evitados por año al inicio del Plan Nacional a 43.800 en los tres años de vigencia. Plantea lograr el desarrollo integral y pleno ejercicio de los derechos para niñas, niños y adolescentes. Para el 2018 proyecta implementarse en 563 municipios de los 32 depar- tamentos del territorio nacional; im- plementar rutas de atención integral para el restablecimiento de derechos a menores de 14 años embarazadas en 700 municipios; y formar en derechos humanos y derechos sexuales y repro- ductivos a 15.000 agentes educadores. Objetivos estratégicos / específicos • Contribuir al desarrollo huma- no y ampliar las oportunidades laborales y educativas de las y los adolescentes en México; • Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo; • Asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada, para garantizar una elección libre e informada y la corresponsabili- dad de varones; • Incrementar la demanda y calidad de la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes; • Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir edu- cación integral en sexualidad en todos los niveles educativos. • Sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencionado en adolescentes; • Mejorar la oferta de servicios en Salud Sexual y Reproductiva en relación con la disponibilidad, ac- cesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones; • Potenciar las decisiones infor- madas de adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos; • Fortalecer políticas para la preven- ción del abuso y la violencia se- xual y para el acceso al ILE según el marco normativo vigente. • Construir su identidad en un marco de diversidad y fortalecer su sexualidad de manera libre y autónoma. • Formarles en procesos de educa- ción para la sexualidad desde un enfoque integral. • Lograr que participen en todos los asuntos que son de su interés. • Lograr que vivan y disfruten un óp- timo nivel de salud y de nutrición adecuada. • Lograr que cuenten con oportu- nidades culturales, recreativas y académicas, iniciativas y empren- dimientos que permiten una vida con proyectos. • Lograr que cuenten con familia y redes de apoyo. • Lograr que realicen prácticas de autoprotección y cuidado, a la vez que disfruten de entornos protec- tores y protegidos que garantizan sus derechos y actúan frente a si- tuaciones de riesgo o vulneración. 1 | Fronteras. Derechos.75 México: ENAPEA* Argentina: PENIA Colombia: EAINNA Abordaje del problema Individual, de la adolescente y las afectaciones a la sociedad y el Estado (Fase I). Comunitario y de corresponsa- bilidad (Fase II). Social, como consecuencia de des- igualdades sociales. Enfoque integral. Social, complejo e integral. Enfoque de derechos Derechos humanos (Fase I) Derechos humanos, género y Derechos sexuales y reproductivos (Fase II). Derechos a la salud sexual y repro- ductiva. Derechos sexuales y reproductivos (enfatiza más en la integralidad de la sexualidad). Atención a desigualdades Enfoque de género, juventudes, mul- ticulturalidad (Fase I). Añade intersec- cionalidad (Fase II). Aplica enfoque de género y de juven- tudes. Aplica diversas dimensiones de vulnerabilidad desde una perspectiva integral. Datos asociados a las metas de las estrategias Reducción de la Tasa de Fecundidad: de 68,57 (2009) a 58,54 (2019). Proporción de mujeres (19 a 45 años) que reportan necesidades satisfechas de métodos anticonceptivos al 2020: 80,4. Reducción de la Tasa de Fecundidad: de 63,19 (2009) a 62,35 (2019). Proporción de mujeres (19 a 45 años) que reportan necesidades satisfechas de métodos anticonceptivos al 2020: 75,8. Reducción de la Tasa de Fecundidad: de 78,61 (2009) a 64,31 (2019). Proporción de mujeres (19 a 45 años) que reportan necesidades satisfechas de métodos anticonceptivos al 2020: 89,6. Fuente: Elaboración propia con información de cada Estrategia. Los datos de TF provienen de Banco Mundial (2021) y los de necesidades satisfechas de métodos anticonceptivos de IHME (2021). *Nota: A partir de evaluaciones y un nuevo diagnóstico se diseñó una Fase II (2021-2024). En general, las estrategias nacionales de los países que estudiamos tratan la interacción del embarazo en la adolescencia con diversas desigualdades sociales. No obstante, desaprovechan la posibilidad de interlocución con el entramado de políticas públicas que atienden problemas relacionados, por ejemplo, con la normatividad para la interrupción legal del embarazo, que tanto en Argentina como en México se ha establecido en el plano nacional y podría acompañar a las herramientas que se ofrecen para enfrentar el embarazo adolescente. Otro elemento ausente, aunque en menor medida para el caso colombiano, es la atención a adolescentes que ya enfrentan un embarazo y no únicamente a acciones de prevención. Hallazgos y recomendaciones Este capítulo confirma que el embarazo involuntario en la adolescen- cia es un problema que causa severas afectaciones en las vidas de quienes cursan esta circunstancia, así como en su entorno social. Aunque no es un problema exclusivo de la región, los indicadores que analizamos revelan que en América Latina y el Caribe se trata de una cuestión grave y persis- Embarazo en la adolescencia desde una perspectiva de derechos. Diagnóstico e intervenciones públicas en América Latina y el Caribe76 tente: este fenómeno deriva de desigualdades preexistentes y las profun- diza. Además, las medidas de confinamiento aplicadas por la pandemia y el hecho de que los servicios de salud se concentraron en atender la co- vid-19 han agravado el problema en la región. Durante el último decenio, los gobiernos han atendido este problema y se han logrado mejoras significativas. No obstante, las consecuencias in- dividuales y sociales derivadas del embarazo involuntario en la adolescen- cia siguen siendo severas. A continuación, presentamos los tres hallazgos centrales de nuestro análisis y los proponemos como desafíos para Amé- rica Latina y el Caribe: I. En la región se presenta una situación de alta desigualdad en la protección y ejercicio de los derechos sexuales y de los derechos reproducti- vos. Las desigualdades sociales representan barreras para que las personas adolescentes ejerzan sus derechos. En particular, el acceso a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual es inequitativo y depende de fac- tores como la edad, el territorio de residencia, la condición socioeconó- mica, entre otros. Después de un embarazo durante la adolescencia, estas desigualdades se exacerban y generan considerables afectaciones en el lo- gro educativo y la calidad del empleo, entre otros aspectos. Nuestro capí- tulo muestra también que estas desigualdades se expresan en el territorio y que la presencia de los gobiernos como proveedores de servicios y bienes públicos para prevenir y atender este problema es muy asimétrica entre las regiones. II. Las estrategias nacionales han tenido efectos positivos, sin embargo, aún tienen áreas de oportunidad. Las estrategias se concentran en mejorar los indicadores relacionados con el acceso a métodos anticonceptivos y, en algunos casos, en estimular el logro educativo. No obstante, el obje- tivo parece concentrarse en disminuir la tasa de embarazo adolescente en lugar de proteger y garantizar los derechos sexuales de las personas adolescentes de manera más amplia. En la respuesta gubernamental es indispensable promover la atención integral que fomente las autonomías y las identidades sexuales. Es decir, considerar las visibles desigualdades sociales con un enfoque interseccional, lo cual tendría un efecto positivo sobre la protección de los derechos reproductivos. III. En las estrategias gubernamentales de Argentina, Colombia y Mé- xico, encontramos que la participación de los varones se considera sobre todo en acciones de prevención, pero no en la atención y acompañamiento del embarazo adolescente, y tampoco en la crianza. De esta manera, es posible concluir que la respuesta gubernamental reproduce estereotipos de género. Sin duda, este capítulo no agota el análisis de los factores que explican el embarazo en la adolescencia. De hecho, quedan abiertas muchas líneas de investigación para desarrollar a futuro. Por ejemplo, conviene explo- rar los casos de embarazos durante la adolescencia derivados de uniones tempranas, que siguen siendo numerosos en varios países de la región. En México, por ejemplo, un análisis de onu Mujeres (2016) reveló que una de cada cinco mujeres entraba en unión conyugal antes de cumplir 18 años. 1 | Fronteras. Derechos.77 Recomendaciones I. En diferentes países de la región se han detectado avances en la educación integral en sexualidad, sin embargo, todavía existe una brecha significativa entre el diseño de estrategias gubernamentales de atención al embarazo adolescente y su implementación. En particular, es apremiante fortalecer su aplicación por los gobiernos locales con énfasis en su per- tinencia cultural, en especial, en comunidades indígenas. Por tanto, se recomienda: a) promover la educación sexual integral a grupos vulnera- bles considerando el entrecruzamiento de las desigualdades sociales; b) aumentar y mejorar el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración y reversibles para hombres y mujeres; c) desarrollar el trabajo conjunto de diversas agencias sectoriales nacionales y subnacionales (ej. educación, salud, género) considerando la heterogeneidad territorial, y d) aumentar la calidad de las acciones de educación sexual y reproductiva en aquellos países donde este tipo de iniciativas ya se encuentren consolidadas. II. Además de desarrollar estrategias intersectoriales en los terri- torios, es indispensable articular las políticas para prevenir y atender el embarazo adolescente con aquellas orientadas a la interrupción legal del embarazo o las específicas para prevenir las violencias de género. Con este propósito es necesario que la perspectiva de género tenga un papel central en la formación y capacitación del funcionariado público. III. Las políticas en torno al embarazo adolescente no deben circuns- cribirse a acciones de prevención; es imprescindible desarrollar programas que atiendan a niñas y adolescentes que ya son madres para que adquieran autonomía y continúen su desarrollo. Esto supone asumir que las políticas para prevenir y atender el embarazo en la adolescencia se articulen en tor- no al ejercicio pleno de los derechos sexuales y de los reproductivos. Bibliografía Adaszko, A. (2005). El embarazo durante la adolescencia en las miradas de los fun- cionarios públicos. Embarazo y maternidad en la adolescencia: Estereoti- pos, evidencias y propuestas para políticas públicas. Buenos Aires: Minis- terio de Salud y Ambiente, 157-158. Alzate, M. M. (2014). Adolescent pregnancy in Colombia: The price of inequali- ty and political conflict. En International Handbook of Adolescent Preg- nancy (pp. 241-255). Boston, MA: Springer. Recuperado de https://doi. org/10.1007/978-1-4899-8026-7_13 Argentina. (2017). Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia 2017-2019. Documento oficial. Buenos Aires. Recuperado el 24 de octubre de 2021 de https://www.argentina.gob.ar/planenia Arvizu, V. (2021). Trayectorias educativas y cursos de vida de los estudiantes de licenciatura con hijos. Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa, y Universidad Iberoamericana (Tesis doctoral, Universidad Autónoma Me- tropolitana Azcapotzalco, México). Banco Mundial. (2021). World Development Indicators (Database). Recuperado el 18 de junio de 2021 de https://bit.ly/2T4137F Embarazo en la adolescencia desde una perspectiva de derechos. Diagnóstico e intervenciones públicas en América Latina y el Caribe78 Binstock, G., y Pantelides, E. (2005). La fecundidad adolescente hoy: Diagnósti- co sociodemográfico. En Reunión de Expertos sobre Población y Pobreza en América Latina y el Caribe, 77-112. Recuperado de https://www.cepal.org/ sites/default/files/events/files/binstock.pdf Casique, I. (2011, septiembre-diciembre). Conocimiento y uso de anticonceptivos entre los jóvenes mexicanos: El papel del género. Estudios Demográficos y Urbanos, 26(3), 601-637. Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2012). Lineamientos para el de- sarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la adoles- cencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adoles- centes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años. Recuperado de https://bit. ly/3xB956D Córdova Pozo, K., Chandra-Mouli, V., Decat, P., Nelson, E., De Meyer, S., Jaruse- viciene, L., Vega, B., Segura, Z., Auquilla, N., Hagens, A., Van Braeckel, D., y Michielsen, K. (2015). Improving adolescent sexual and reproducti- ve health in Latin America: Reflections from an International Congress. Reproductive Health, 12(1). Recuperado de https://doi.org/10.1186/1742- 4755-12-11 Davis Mattar, L. (2008, junio). Reconocimiento jurídico de los derechos sexuales: Un análisis comparativo con los derechos reproductivos». Sur. Revista In- ternacional de Derechos Humanos, 5(8). San Pablo. Dillon, M. E., y Cherry, A. L. (2014). An International Perspective on Adolescent Pregnancy. En A. Cherry y M. Dillon (Eds.), International Handbook of Adolescent Pregnancy (pp. 1-38). Springer, Boston, MA. Recuperado de https://doi.org/10.1007/978-1-4899-8026-7_1 Dongarwar, D., y Salihu, H. M. (2019). Influence of sexual and reproductive heal- th literacy on single and recurrent adolescent pregnancy in Latin Ame- rica. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 32(5), 506-513. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2019.06.003 East, P., Reyes, B., y Horn, E. (2007). Association between Adolescent Pregnancy and a Family History of Teenage Births. Perspectives on Sexual and Repro- ductive Health, 39(2), 108-115. Expósito, C. (2012). ¿Qué es eso de la interseccionalidad?: Aproximación al trata- miento de la diversidad desde la perspectiva de género en España. Investi- gaciones Feministas, 3, 203-222. Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2020). Consecuencias socioeconómi- cas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina y el Caribe. Recuperado de https://bit.ly/3ddtDKz Frenkel, J. (2019). El embarazo adolescente en Argentina. Centro de Estudios para el Cambio Estructural. Recuperado de http://fcece.org.ar/wp-content/ uploads/informes/embarazo-adolescente-argentina.pdf Gogna, M., y Binstock, G. (2020). Embarazos forzados: Ser madre antes de los quin- ce. Mora, 26(1), 191-202. Institute for Health Metrics and Evaluation. (2021). Health Data. Indicator 3.7.1: Proportion of women of reproductive age (15-49 years) who have their need for family planning satisfied with modern methods (%). Consultado el 24 de junio de 2021 en http://www.healthdata.org/gbd/2019 La Berbera, M. (2015/2016). Interseccionalidad, un «concepto viajero»: Orígenes, desarrollo e implementación en la Unión Europea. Interdisciplina, 4(8), 105-122. 1 | Fronteras. Derechos.79 La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (Colombia). (2021). La criminali- zación del aborto en Colombia. Bogotá, Colombia: Focus-Causa Justa-La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Recuperado de: https://despe- nalizaciondelaborto.org.co/wp-content/uploads/2021/08/La-criminaliza- cioi%CC%80n-del-aborto-en-Colombia_LaMesa-1.pdf Mellizo-Rojas, W., y Cruz-Castillo, A. (2016). La interseccionalidad como categoría de análisis: El caso de los derechos sexuales y reproductivos, la violencia sociopolítica y la desigualdad en mujeres de un sector popular de Bogotá. Revista Eleuthera, 15. Universidad de Caldas, Colombia México. (2017). Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. Re- cuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232826/ ENAPEA_0215.pdf México. (2021). Segunda fase de la Estrategia Nacional para la Prevención del Em- barazo en Adolescentes 2021-2024. Recuperado de https://www.gob. mx/cms/uploads/attachment/file/670399/Segunda_fase_de_la_ENA- PEA_2021-2024_FINAL2.pdf Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Salud y Desa- rrollo Social y Presidencia de la Nación. (2017). Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia 2017-2019. Banco de Recur- sos de Comunicación del Ministerio de Salud de la Nación. Recuperado de https://bancos.salud.gob.ar/recurso/documento-plan-nacional-de-pre- vencion-del-embarazo-no-intencional-en-la-adolescencia-2017 Ministerio de Salud y Protección Social y Fondo de Población de las Naciones Uni- das. (2017). Estrategia de Atención Integral para Niñas, Niños y Adoles- centes con Énfasis en Prevención del Embarazo en la Infancia y Adoles- cencia (2015-2025). Recuperado de https://www.minsalud.gov.co/sites/ rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/estrategia-atencion-inte- gral-nna-2015-2025-del-2017.pdf Monterrosa, A., Arteta, C., y Ulloque, L. (2017). Violencia doméstica en adolescen- tes embarazadas: Caracterización de la pareja y prevalencia de las formas de expresión. iatreia, 30(1), 34-46. Murad-Rivera, R., Rivillas-García, J. C., Vargas-Pinzón, V., y Forero-Martínez, L. J. (2018). Determinantes del embarazo en adolescentes en Colombia: Explicando las causas de las causas. Asociación Profamilia. https://doi.org/10.13140/ RG.2.2.22412.95362 Neal, S., Harvey, C., Chandra-Mouli, V., Caffe, S., y Camacho, A. V. (2018). Trends in adolescent first births in five countries in Latin America and the Cari- bbean: Disaggregated data from demographic and health surveys. Repro- ductive Health, 15(1), 146. http://dx.doi.org/10.1186/s12978-018-0578-4 onu Mujeres. (2016). Matrimonios y uniones tempranas de niñas. Ciudad de México: onu Mujeres México. Recuperado de https://www2.unwomen.org/-/me- dia/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/matrimo- nio%20infantil_.pdf?la=es&vs=1122 Organización de las Naciones Unidas (onu). (2021). Tasas específicas de fecundi- dad por edad en Latinoamérica y el Caribe. Dinámicas de población, De- partment of Economic and Social Affairs. Recuperado el 13 de agosto de 2021 de https://bit.ly/35SjajD Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2014). Plan Estratégico de la Orga- nización Panamericana de la Salud 2014-2019. Documento Oficial n.º 345. Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Sa- Embarazo en la adolescencia desde una perspectiva de derechos. Diagnóstico e intervenciones públicas en América Latina y el Caribe80 lud. Recuperado de: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/7654/ CD53-OD345-s.pdf?sequence=17&isAllowed=y Ponce de León, R. G., Ewerling, F., Serruya, S. J., Silveira, M. F., Sanhueza, A., Moa- zzam, A., Becerra-Posada, F., Coll, C. V. N., Hellwig, F., Victora, C. G., y Ba- rros, A. J. D. (2019). Contraceptive use in Latin America and the Caribbean with a focus on long-acting reversible contraceptives: Prevalence and inequalities in 23 countries. The Lancet. Global Health, 7(2), e227-e235. Recuperado de https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30481-9 Quick, E. (2014). Adolescent Pregnancy in Mexico. En International Han- dbook of Adolescent Pregnancy, 433-447. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-8026-7_23 Reina, M. F., y Castelo-Branco, C. (2014). Teenage pregnancy in Argentina: A rea- lity. En International Handbook of Adolescent Pregnancy (pp. 171-189). Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-8026-7_9 Sánchez-Páez, D. A., y Ortega, J. A. (2018). Adolescent contraceptive use and its effects on fertility. Demographic Research, 38, 1359-1388. Recuperado de https://www.jstor.org/stable/26457079 Secretaría de Gobernación. (2021). Fundamental garantizar el acceso de la po- blación a los servicios de salud sexual y reproductiva, aún en situacio- nes de emergencia: Conapo. Boletín de prensa del Gobierno de México. Recuperado el 31 de octubre de 2021. https://www.gob.mx/segob/pren- sa/fundamental-garantizar-el-acceso-de-la-poblacion-a-los-servi- cios-de-salud-sexual-y-reproductiva-aun-en-situaciones-de-emergen- cia-conapo?idiom=es Stern, C. (2004). Vulnerabilidad social y embarazo adolescente en México. Papeles de Población, 10(39), 129-158. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/ pdf/pp/v10n39/v10n39a6.pdf Tuchin, F. (2020, diciembre 25). La triple carga de las madres adolescentes en pandemia. El País. https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-25/la-tri- ple-carga-de-las-madres-adolescentes-en-pandemia.html 1 | Fronteras. Derechos.81LAS FRONTERAS INVISIBLES Juventudes y cambio climático: las intersecciones de género, etnia y edad en la configuración de la vulnerabilidad climática en el sector agrícola en Latinoamérica Género, cuidados y juventudes. Brechas de equidad, desafíos y rutas para avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en América Latina y el Caribe Juventud, género y brechas digitales en América Latina y el Caribe: avances y deudas pendientes Vulnerabilidad Cuidados BrechasSentadas o de pie, en algún lugar de la calle, todavía con gotas de sudor, aprendimos a ponerles nombre. Las heridas nos atra- vesaban el cuerpo, pero el breaking nos enseñó a ir expulsándo- las poco a poco, a dejar que aquellos dolores —adheridos a las vísceras durante tanto tiempo— se despegaran de las cavidades de las entrañas para prenderlos con imperdibles en nuestra piel. Eran consecuencias que tenían causas, y quedaron ahí, a la vista de todo el mundo: carencia, desprotección, falta de cuidado, de oportunidades, abuso de autoridad… Fue útil reconocerlas, nom- brarlas, pero sobre todo fue sanador compartirlas. Completó la sincronía de nuestros bailes, dio sentido a la coreografía conjun- ta, nos hizo más creativas y, sobre todo, más fuertes. Somos parte de una comunidad, hermanas de una familia ele- gida. Nos reunimos para bailar breaking: eso prepara el cuerpo, alivia el malestar, extrae lo que se queda agarrado en los hue- cos del alma… Permite que fluya de nuevo la energía, depura la sangre, nos ayuda a orientar la inteligencia, a ser más pacientes. El baile abre el camino de la expresión, posibilita que identifi- quemos sucesos que antes no entendíamos, agresiones de las que no pudimos escapar. Ahora, cuando nos retorcemos, estru- jamos aquello que nos hirió; saltamos superando lo que consi- derábamos una dificultad, las brechas que nos hicieron creernos inferiores… Volamos, nos fusionamos, alargamos nuestra individualidad junto al cuerpo de las otras. Solo nece- sitamos que empiece a sonar el breakbeat, enton- ces crecemos, desafiando a cuanta inercia se interpone en nuestra trayectoria. La primera vez que supe del brea- king era muy pequeña, vien- do los pichinguitos en la televisión. En Billy y La s fr on te ra s in vi si b le sRelato escrito por Raquel Martínez- Gómez a partir del testimonio de Jissel Lemus. Ha contado con la ayuda inestimable de Paola Aguilar y de los chicos del Warriors Zulu Nation. Mandy, el perro cobarde baila el Hip Hop* para salvar a Muriel. Aquello me emocionaba bastante. La gente lo llama break dance: es solo un nombre comercial, una etiqueta que alguien le puso. También creen que el Hiphop es una música, pero es mucho más que eso: es toda una cultura. Yo antes no sabía nada de esto, pero cada día descubro algo nuevo en internet. Hasta hace unos años no tuvimos acceso, ni siquiera teníamos una computadora. Otras majes de mi clase sí tenían; por eso me sentía diferente: habla- ban de cosas sobre las que no podía investigar. Sé lo que digo, la conexión te puede cambiar la vida. Es lo que pasó cuando mi tía nos envió una computadora desde Estados Unidos. Internet tiene sus riesgos, pero prefiero tener una ventana abierta al mundo que un muro que me separe de él. Una baila para desahogarse, porque te pone a pensar y te ayuda a expresar lo que eres. Ya estaba un poquito grande cuando empe- cé a entrenar casi a diario, con dieciséis años, en mi cuarto. Había visto la película Step Up y hacía uso de tutoriales. A mi alrededor había escasez de dinero y pocas oportunidades. Fuera del baile no había nada: buscaba, indagaba, practicaba. Durante un largo año lo hice sola. Después me atreví a subir unas fotografías con posturas del breaking a una red social. No fue una decisión fácil: a veces te insultan, a veces te acosan. Las vio José Portillo, un man que ahorita es abogado, y que me invitó a bailar con su grupo a una terraza de la municipalidad que hay en Villanueva de Cortés, donde vivo. En ese tiempo no salía de casa porque era peligroso, pero hice una excepción por la necesidad que tenía de comu- nicarme con otras personas que compartieran mi pasión por el breaking. Empecé a practicar con los Kass Crew y Espartanos Crew. Dejé de bailar sola. El Hiphop me enseñó la importancia del conocimiento y pude escapar de un mundo donde no me sentía bien conmigo misma ni con lo que me rodeaba. Desterré la sensación de estar perdida, regresó el ánimo, la posibilidad de ser feliz. Cuando paraba la música hablábamos, compartíamos las historias personales. Ha- bía llegado a creer que era la única persona en el mundo a la que le pasaban estas cosas… Hay circunstancias que no podemos evitar cuando somos chiquitas. Me reconcilié con mis fantasmas, me di cuenta de que yo no era culpable de mi pasado. ¿Aca- so una niña podría merecer violencia, podría merecer que no la cuidaran? No me alegraba saber que otras compañeras habíanatravesado situaciones difíciles, pero juntas entendimos que la falta de oportunidades, la exclusión y la violencia no habían sido producto del destino. Nos preocupa lo que ocurre en el planeta. La gente dice que no sirve de nada buscar culpables. ¿Qué es esa pendejada? Si el agua que bebemos o el aire que respiramos se contamina en fa- vor de aumentar el lucro de unos pocos: hay culpables… También pasa con la pobreza y la desigualdad de nuestro país. Si el dinero que tiene que reservarse para garantizar las oportunidades en la educación o la salud pública se lo embolsan unos cuantos políti- cos o si las empresas no pagan los impuestos que corresponden y sus trabajadoras reciben sueldos de miseria: hay culpables. ¿Y qué me dicen de que los violadores sigan impunes? Alguien no está haciendo bien su trabajo… Entonces hay culpables: en la policía, en la justicia, en el Estado. Es más difícil juzgar a la gente que sabe y calla. Hablar aquí es peligroso, defensoras de dere- chos y periodistas son asesinadas cada día. Pero yo quería contarles del Hiphop… Seguramente fue el mo- vimiento, el poder que de repente emanó de mi cuerpo, el que me permitió recordar con mayor claridad. Durante mucho tiem- po no pude nombrarlo. Yo tenía cinco años cuando empezó a abusar de mí; una madre alcohólica y un padre que trabajaba muchas horas fuera de casa para que tuviésemos una vida mejor. Me quedé sola con el violador. Cerró las puertas y las ventanas de la casa, me llevó para el cuarto y me violó. Hubo muchas otras veces, hasta que cumplí ocho años. Nunca dejé de preguntar- me a cuántas niñas violaría después de mí, si todavía las sigue violando. Nadie lo castigó. Por suerte mi papá pudo sacarme de aquel lugar. ¿Qué grado de podredumbre existe en esta sociedad para permitir que la violencia sea cargada contra esa inocencia?, ¿para esto no hay culpables? Cuando bailo borro escenas, esas cosas que no es bueno que queden prendidas a mi mente. Fortalezco cada uno de mis mús- culos, dejo que se expresen; siento que soy dueña de mi cuer- po. Si alguien trata de apoderarse de lo que no le pertenece es culpable. Ahora dicen que las mujeres provocamos conflictos por defender nuestros derechos, ¿cómo no generarlos? Quienes ostentan el poder no lo dejarán en manos de otras por muchas buenas intenciones que incluyan nuestras agendas: hay culpa- Nota de edición. En la narración se usarán tres grafías diferentes para este concepto atendiendo a la sugerencia de las personas protagonistas de este relato. Usaremos Hiphop para referirnos al movimiento y su cultura y Hip Hop para hacer referencia a sus elementos artísticos (los cinco principales son: Breaking, Rap, Graffiti, Dj y Conocimiento). Se ha optado por la mayúscula, porque en la cultura Hiphop se entiende que se usa «hip hop» en minúscula como nombre comercial que no ahonda en la multicultura que encierra.bles y no podemos seguir pensando que son unicornios rosas. Si callamos, si no actuamos, seremos cómplices. En las competiciones de breaking no hay una categoría diferen- ciada para mujeres, pero algunos hombres nos subestiman, se confían. Si terminamos ganándoles no aceptan la derrota. Noso- tras tenemos mucho que ofrecer y además necesitamos expresar- nos. Nuestros cuerpos no son para que otros nos digan cómo te- nemos que vestirnos, cómo debemos sentarnos o cómo caminar. Necesitan entrar en contacto con el mundo, anclarse al suelo, si- tuarse en algún lugar, reafirmarse en el espacio que habitan, pero también volar, proyectar otros mundos que ansiamos, las metas a las que queremos llegar. El Hip Hop me da eso: el cuerpo habla y deja que en su movimiento fluyan cosas importantes; innova, recoge posiciones de otras disciplinas. A veces nos ponemos boca abajo como en el yoga para que caigan los elementos dañinos que se enganchan a las vísceras. Dejamos espacio a nuevas expe- riencias, a sensaciones y aprendizajes que no cabían. Bajan desde los pies, las piernas, el ombligo, el corazón, pero no llegan al ce- rebro, las expulsamos por las orejas… Tienen que salir, tienen que irse… Nosotras somos poderosas y no fuimos culpables. Entonces paramos un momento y mis compañeras del Ktrachas Style Crew o los majes del Warriors Zulu Nation me aconsejan cómo mejorar los freezes. Yo también comparto algunos movimientos, la impro- visación de cada día: sabemos que juntas somos todavía más poderosas. Me gusta salir de viaje para competir junto con mi crew. Ya he- mos bailado en Guatemala y El Salvador… Aunque no tengo apo- yos, estiro el dinero de la escuela todo lo que puedo para cubrir el traslado y el alojamiento. No sé si me gustaría dejar el país para siempre… Una de las ktrachas ya emigró a Estados Unidos y le va bien allá, pero echa de menos practicar con nosotras. Lo- gramos algo que trasciende al baile. Aprendimos la recompensa que llega con la disciplina y el esfuerzo, con la comunicación sin barreras. Si entramos en la competición es porque entrenamos muchas horas, porque nunca dejamos que la pereza nos venciera. Si no sale un movimiento, seguimos estirando, fortaleciendo los abdominales o los brazos. Mi familia emigró del campo a la ciudad por la miseria. No le quedó más remedio que invadir unos terrenos. Cuando mi padre consiguió un trabajo se mudaron a vivir en una cuartería: allí nacíyo. Mi hermano, con cinco años, me hacía el pepe y me cambiaba los pañales. Mi mamá salía a chupar y regresaba alcoholizada de madrugada. Yo la esperaba despierta y recibía sus golpizas. A veces hacía tanto ruido que mi padre se levantaba para separarla de mí, otras veces era mi hermano quien ponía el lomo. A pesar de todo, a mí no me gustó que decidiera marcharse del país y me alegré cuando la policía migratoria la agarró allá por la frontera y la hizo regresar. Soy muy consciente de que si no hubiera encontrado el Hiphop me hubiera perdido. Quizás ya tendría cinco hijos. Esto les pasa a muchas chicas de mi edad en Honduras. Les venden el amor romántico y después les quitan la posibilidad de formarse y de- sarrollarse antes de poder decidir si quieren o no ser madres. A veces pienso que si mi madre hubiera encontrado antes una oportunidad como la que yo tuve con el baile, si hubiera podido compartir sus experiencias con chicas como las ktrachas o los amigos de Warriors, quizás nunca hubiera caído en el alcohol. El que yo me sienta mejor también nos ha permitido reconducir la relación después de que ella dejara la bebida. Ahora conozco su historia, que sus padres llegaron sin nada, emigrados de El Salvador y que vivieron debajo de un palo. Mi abuela tuvo vein- ticinco hijos a quienes no podía mantener. A veces pasaba gente y se los llevaba, con suerte podía cambiarlos por una gallina. A mi mamá la cambiaron por una vaca para poder alimentar a sus hermanas. Cuando se escapó para regresar con su familia les sa- caron la vaca. Mi mamá fue criada por la calle y desde chiquitilla sufrió demasiado. Pude perdonar todos sus olvidos siendo muy consciente de que ya nadie podrá devolvernos el tiempo perdi- do ni reparar que yo creciera sin sus cuidados. ¿Cómo juzgarla?, ¿acaso tuvo oportunidades para salir de esa esa miseria, de esas obligaciones con las que la sociedad la etiquetó por ser pobre y mujer? ¿Fue ella también culpable? El breaking me enseñó que el cuerpo puede ser usado para crear belleza y no para parapetarse. Alguna vez lo usé como un escudo o como un arma. Sé por qué lo digo. Cuando entré a la escuela me molestaban mucho. Yo era bien callada y me hacían mucho bullying. Después me volví violenta: no aguanté que se rieran más de mí, que me pegaran. El breaking también me enseñó a marcar el límite de mi propio territorio y dejar claro a los manes que no era una chiva ni carne nueva para probar.En ocasiones practicamos en un gimnasio o en una canchita pú- blica. Un día, estando con los Warrior en la plaza, llegaron unos manes en un carro. Intentamos largarnos de allí y se montaron en la cera para darnos el cruce. Vimos las armas. Dos de los nuestros los entretuvieron mientras los demás corríamos. Después supi- mos que se trataba de la policía. Kelvin siempre dice que el apa- rato estatal está podrido, que la única salvación son las nuevas generaciones; que los viejitos corruptos tienen la culpa de que se haya llegado a esta violencia, pero apuntan a la juventud como la culpable. Él y su hermano Juan Carlos crecieron en las calles de Chamelecón de San Pedro Sula y cuentan que, para las supuestas fuerzas del orden, todos los jóvenes son mareros. Lo primero que hacen es apuntarles con el arma. La llegada de policía militar no ha cambiado el sistema: todos siguen haciendo negocio y se- cuestrando. Los grupos de breaking han alejado a muchos majes de caer en las maras. En vez de intimidar y violentar, la cultura del Hiphop pretende ganarse el respeto de la gente a partir de la creación, del baile, del rap o de los grafitis. A veces son los pandilleros los que quieren que sus hermanos pequeños practiquen breaking, que no caigan en un lugar de donde ellos ya no pueden salir. Ellos tampoco estarían ahí si hubieran gozado de oportunidades, si no fueran necesarias esas «fronteras invisibles» que generan los espacios de poder conquistados y repartidos. Platicando con las compañeras hemos llegado a la conclusión de que las maras no inventaron esas fronteras: estaban ya ahí, cimentadas sobre el privilegio de unos pocos, sobre el olvido del Estado, sobre la desprotección del resto. La vida puso dos caminos delante de mí y elegí el de ser bailari- na y facilitadora comunitaria. Y cada día, con mi trabajo, trato de que esas fronteras se hagan visibles. Esa es la única manera de derribarlas.91 Juventudes y cambio climático: las intersecciones de género, etnia y edad en la conf iguración de la vulnerabilidad climática en el sector agrícola en Latinoamérica Introducción El más reciente informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climáti- co (ipcc, 2021) muestra que el cambio climático está alterando las condicio- nes de vida en el planeta a un ritmo más rápido de lo que se había supuesto. Entre los cambios más notorios se aprecia el aumento de la temperatura promedio, que en diversas regiones de América Latina se acompañan de mayor estrés hídrico. Estos cambios se suman a una amplia lista de modifi- caciones en el nivel del mar y la acidificación de los océanos, así como una mayor probabilidad de ocurrencia de eventos meteorológicos extremos y cambios en su magnitud y localización. Todo ello incide en la salud, la se- guridad alimentaria, las condiciones de habitabilidad y los medios de vida de las personas. Cuando se discuten los impactos directos del cambio climático suele en- fatizarse la fragilidad fisiológica de la infancia temprana o de las edades avanzadas y es frecuente que se dejen de lado las implicaciones para las personas jóvenes. Sin embargo, ellas están expuestas a un amplio conjunto de amenazas, directas e indirectas, en función de sus espacios de residen- cia y trabajo, así como de los recursos y mecanismos de adaptación con los cuales cuentan. Más aún, la juventud es un momento central en el curso de vida, por sus implicaciones en la construcción de recursos materiales y sociales y la formación de expectativas, así como por las consecuencias que las experiencias vividas en ese periodo pueden tener en etapas futu- ras (Andriano y Behrman, 2020; Juárez y Gayet, 2014; Rodríguez Vignoli, 2000). Dado que los impactos del cambio climático y los recursos para en- frentarlo no son homogéneos en el territorio ni entre los grupos, se espera que profundice las desigualdades y tenga efectos multiplicadores de las in- Landy Sánchez Peña México Susana Adamo1 Argentina 1 Agradecemos la asistencia de Héctor León con algunas de las estimaciones aquí empleadas. Otras estimaciones, así como la escritura y el análisis son respon- sabilidad de las autoras.92 equidades y la pobreza (Comisión Económica para América Latina y el Ca- ribe [cepal], 2018, p. 26; Diwakar et al., 2019, p. 11; Hallegatte et al., 2020). Las desigualdades juveniles son definitorias de esa inequitativa exposi- ción y vulnerabilidad al cambio climático en nuestra región. En este capí- tulo, más que hablar de la vulnerabilidad de las personas jóvenes, mostra- mos que hay una diversidad de vulnerabilidades en tanto diversos grupos de jóvenes tienen grados diferentes de exposición al cambio climático y pueden tener recursos diferenciados para enfrentarlos. Para ello, exami- namos la amenaza de elevadas temperaturas en el sector agrícola y las diferencias en la vulnerabilidad entre los perfiles de jóvenes ocupados en él en los casos de México, Guatemala, Perú y Chile. Evidenciamos que la interacción entre localización, edad, etnia y género construye distintos perfiles de exposición, que se suman a las desiguales amenazas y forta- lezas institucionales de cada país para construir vulnerabilidades distin- tas al cambio climático. Nuestro análisis destaca la mayor vulnerabilidad actual de la población joven indígena y las diferencias de género, a la par que muestra un incremento de la exposición a la amenaza de elevadas temperaturas para las generaciones jóvenes en el futuro. Esto subraya la necesidad de desarrollar políticas públicas que atiendan y escuchen las demandas y necesidades de este grupo y respondan al principio de justicia intergeneracional del desarrollo sostenible. Los impactos observados y esperados del cambio climático en América Latina y el Caribe El cambio climático son variaciones persistentes durante largos perio- dos en el clima, algunas ya observadas y otras esperadas con distintos gra- dos de certeza (ipcc, 2021). En las últimas décadas, el término acentúa la intervención antrópica al definirlo como «un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables» (Organización de las Naciones Unidas [onu], 1992, p. 3). El cambio climático presenta variacio- nes marcadas en sus impactos regionales. En América Latina y el Caribe se manifiesta en la aparición de nuevos peligros, tal como el ascenso del nivel medio del mar; así como modificaciones en la frecuencia, intensidad y variabilidad de los peligros climáticos ya conocidos (huracanes, sequías, inundaciones, olas de calor), y cambios en la distribución espacial de estos peligros. El reciente informe del ipcc (2021) actualizó la descripción y enumera- ción de manifestaciones del cambio climático en América Latina y el Ca- ribe. Con relación a nuevos peligros, ya se han observado aumentos en el nivel medio del mar a una velocidad más alta que la tasa global, espe- cialmente en la costa atlántica. Es altamente probable que este aumento continúe, particularmente en las costas de América Central y del Sur, con- tribuyendo a incrementar las inundaciones de las zonas bajas costeras, el retroceso de la línea de costa en playas arenosas y la erosión costera. Los pequeños países del Caribe están particularmente expuestos a estos pe- ligros, con una gran proporción de su población y su territorio localizada a corta distancia de la costa (tabla 1). Además, se esperan tormentas y ci- 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.93 clones más intensos, con precipitaciones más abundantes, particularmen- te en el Caribe y el Golfo de México. En términos de cambios en recursos hídricos, también se ha observado la intensificación de la frecuencia de sequías en México, América Central y el Caribe, tendencia que se espera que continúe, así como cambios (tanto incrementos como reducciones) en la precipitación media de toda la región. Para todas las subregiones que componen América Latina y el Caribe, destaca la alta probabilidad y certeza de que las temperaturas medias anuales ya hayan aumentado y de que seguirán aumentando a un ritmo acelerado en el futuro (ipcc, 2021). El aumento de la frecuencia de tempe- raturas extremas (por encima de 35ºC) y olas de calor es una manifestación de estos cambios. En particular, se espera que el incremento del número de días con temperaturas extremas tenga un ritmo más acelerado en nuestra región que en la media mundial para mediados de siglo. También se tiene certeza de que este incremento será de manera dispar entre los países y dentro de ellos. Como se puede observar en la figura 1, en algunas regio- nes los cambios son muy pequeños, pero en otras se espera que haya casi 100 días más con temperaturas extremas en 2041-2060 en comparación con 1986-2005. Mientras que comparativamente países como Chile po- drían verse relativamente poco afectados por este aumento en los días de temperaturas extremas, en algunas regiones de Perú y México los cambios se incrementarán significativamente, al igual que en la región de América Central, el Caribe y la Amazonia. Estas modificaciones son preocupantes porque ocurrirán en zonas que hoy en día ya experimentan temperaturas elevadas que inciden en las condiciones de vida en ellas. Figura 1: Mapa 1. Cambio en días con TX sobre 35o C 2014-2060 Juventudes y cambio climático: las intersecciones de género, etnia y edad en la configuración de la vulnerabilidad climática en el sector agrícola en Latinoamérica94 Ta b la 1 : s Pa ís GA IN . I nd ex 2 01 9 GA IN . V ul ne ra bi li- da d 20 19 % d el e m pl eo to ta l e n ag ric ul tu ra 2 01 9 % P BI a gr ic ul tu ra , ac tiv id ad fo re st al y pe sc a (ú lti m o añ o di sp on ib le ) % te rr ito rio na ci on al d en tr o de 5 km d e la c os ta % p ob la ci ón 2 01 0 de nt ro d e 5 km d e la c os ta Si gn at ar io Ac ue rd o de P ar ís Si gn at ar io Ac ue rd o de E sc az ú Be lic e 43 ,9 3 0, 45 16 ,8 9, 12 (2 02 0) 9, 32 30 ,8 6 Sí Sí Co st a Ri ca 54 ,9 4 0, 36 11 ,9 7 4, 35 (2 02 0) 10 ,0 2 5, 24 Sí Sí El S al va do r 45 ,1 9 0, 44 16 ,2 9 5, 11 (2 02 0) 6, 51 4, 43 Sí N o Gu at em al a 43 ,5 0, 45 31 ,3 10 ,2 4 (2 02 0) 1, 78 1, 39 Sí Sí H on du ra s 40 ,3 8 0, 46 29 ,4 9 12 ,1 2 (2 02 0) 3, 07 5, 69 Sí N o M éx ic o 48 ,4 5 0, 4 12 ,4 8 3, 89 (2 02 0) 2, 47 2, 96 Sí Sí N ic ar ag ua 41 ,2 5 0, 45 30 ,6 15 ,7 7 (2 02 0) 3, 25 3, 58 Ac ce sS ío n Sí Pa na m á 50 ,0 7 0, 39 14 ,4 1 2, 74 (2 02 0) 13 ,1 5 20 ,4 1 Sí Sí Ar ge nt in a 49 ,2 8 0, 39 0, 06 6, 84 (2 02 0) 0, 84 9, 1 Sí Sí Bo liv ia (E st ad o Pl ur in ac io na l d e) 40 ,7 5 0, 47 30 ,5 4 12 ,2 2 (2 01 9) 0 0 Sí Sí Br as il 48 ,4 2 0, 38 9, 08 5, 91 (2 02 0) 0, 41 6, 7 Sí Sí Ch ile 61 ,4 4 0, 32 8, 98 3, 86 (2 02 0) 11 ,2 10 ,2 6 Sí N o Co lo m bi a 48 ,4 1 0, 41 15 ,7 7 7, 68 (2 02 0) 0, 92 2, 76 Sí Sí Ec ua do r 44 ,9 2 0, 44 29 ,7 4 9, 80 (2 02 0) 3, 56 5, 3 Sí Sí Gu ya na 43 ,1 0, 45 15 ,4 4 16 ,8 5 (2 02 0) 1, 1 12 ,6 3 Sí Sí Pa ra gu ay 48 ,2 3 0, 4 18 ,7 2 10 ,8 2 (2 02 0) 0 0 Sí Sí Pe rú 48 ,6 5 0, 44 27 ,3 7 6, 75 (2 01 9) 0, 9 9, 98 Sí Sí Su rin am 47 ,4 5 0, 38 8, 08 8, 66 (2 01 9) 1, 37 22 ,8 5 Sí N o U ru gu ay 55 ,1 7 0, 39 8, 41 7, 48 (2 02 0) 1, 89 25 ,9 6 Sí Sí 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.95 Pa ís GA IN . I nd ex 2 01 9 GA IN . V ul ne ra bi li- da d 20 19 % d el e m pl eo to ta l e n ag ric ul tu ra 2 01 9 % P BI a gr ic ul tu ra , ac tiv id ad fo re st al y pe sc a (ú lti m o añ o di sp on ib le ) % te rr ito rio na ci on al d en tr o de 5 km d e la c os ta % p ob la ci ón 2 01 0 de nt ro d e 5 km d e la c os ta Si gn at ar io Ac ue rd o de P ar ís Si gn at ar io Ac ue rd o de E sc az ú Ve ne zu el a (R ep ú- bl ic a Bo liv ar ia na de ) 40 ,5 6 0, 39 7, 86 5, 03 (2 01 4) 1, 73 10 ,0 1 Sí N o An tig ua y B ar bu da 49 ,0 2 0, 47 2, 14 (2 02 0) 86 ,8 7 81 ,8 5 Sí Sí Ba ha m as 49 ,3 7 0, 44 2, 2 0, 60 (2 01 9) 68 ,3 2 97 ,4 6 Sí N o Ba rb ad os 58 ,0 4 0, 38 2, 65 1, 59 (2 00 5) 77 ,8 2 77 ,8 2 Sí N o Cu ba 46 ,1 0, 42 17 ,4 3, 78 (2 01 8) 15 ,5 5 17 ,6 Sí N o D om in ic a 54 ,9 0, 42 15 ,3 5 (2 02 0) 64 ,1 8 79 ,4 4 Sí Sí Gr an ad a 57 ,4 3 0, 37 79 ,0 9 80 ,3 7 Sí Sí H ai tí 35 ,4 0, 53 29 ,0 3 19 ,8 0 (2 02 0) 20 ,6 8 30 ,4 7 Sí Sí Ja m ai ca 48 ,5 6 0, 42 15 ,2 2 8, 68 (2 02 0) 23 ,0 1 23 ,8 Sí Sí Re pú bl ic a D om i- ni ca na 46 ,4 3 0, 42 8, 78 6, 04 (2 02 0) 11 ,0 2 17 ,7 6 Sí Sí Sa n Cr is tó ba l y N ie ve s 57 ,2 2 0, 42 1, 30 (2 02 0) 99 ,7 99 ,6 3 Sí Sí Sa n Vi ce nt e y la s Gr an ad in as 10 ,0 8 6, 67 (2 02 0) 83 ,7 6 84 ,1 6 Sí Sí Sa nt a Lu cí a 54 ,8 4 0, 35 9, 97 2, 59 (2 02 0) 67 ,9 9 69 ,9 5 Sí Sí Tr in id ad y T ob ag o 49 ,2 5 0, 36 3, 03 1, 16 (2 01 9) 37 ,8 3 38 ,9 8 Sí N o Fu en te s: W or ld Ba nk (2 02 1) ; C IE SI N (2 01 2) ; C he n et al . (2 01 5) ; ht tp s: // tr ea tie s. un .o rg /P ag es /V ie w D et ai ls .a sp x? sr c= TR EA TY & m td sg _n o= X X V II -7 -d & ch ap te r= 27 & cl an g= _e n; ht tp s: // ob se rv at or io p1 0. ce pa l.o rg /e s/ tr at ad os /a cu er do -r eg io na l- ac ce so -l a- in fo rm ac io n- la -p ar tic ip ac io n- pu bl ic a- ac ce so -l a- ju st ic ia . N ot as : G A IN In de x: E l N D -G A IN C ou nt ry In de x re su m e la v ul ne ra bi lid ad d e un p aí s al c am bi o cl im át ic o y ot ro s de sa fío s gl ob al es e n co m bi na ci ón c on s u pr ep ar ac ió n pa ra m ej or ar la s re si lie nc ia s. U n va lo r m ás a lto re pr es en ta u na s itu ac ió n m ej or . P ar a el N D -G A IN -V ul ne ra bi lit y, u n va lo r m ás a lto re pr es en ta u na s itu ac ió n pe or . La a cc es si on (a dh es ió n) e s el a ct o po r e l c ua l u n Es ta do a ce pt a la o fe rt a o la o po rt un id ad d e co nv er tir se e n pa rt e de u n tr at ad o ya n eg oc ia do y fi rm ad o po r o tr os E st ad os . T ie ne e l m is m o ef ec to le ga l q ue la ra tifi ca ci ón . L a ad he si ón s ue le p ro du ci rs e de sp ué s de la e nt ra da e n vi go r d el tr at ad o. Juventudes y cambio climático: las intersecciones de género, etnia y edad en la configuración de la vulnerabilidad climática en el sector agrícola en Latinoamérica96 Los impactos del cambio climático son múltiples, según la amenaza física específica, la región y las condiciones socioeconómicas e institucionales. Aquí nos concentramos en los efectos de las temperaturas extremas que influyen en la salud de la población mediante el estrés térmico e intensi- fican el efecto «isla de calor» en las áreas urbanas (Organización Interna- cional del Trabajo [oit], 2019). Las temperaturas extremas suponen riesgos de mortalidad, golpes de calor, enfermedades crónicas como afecciones re- nales, así como reducción de la capacidad para realizar actividades físicas, incremento de las probabilidades de accidentes laborales y reducción de la capacidad de trabajo (Kjellstrom et al., 2016). Estas condiciones son parti- cularmente riesgosas para ocupaciones altamente expuestas (trabajadores agrícolas, del transporte, que realizan labores en las calles, entre otros) y situaciones habitacionales precarias en distintas zonas urbanas. Además, las altas temperaturas afectan la producción agrícola, los ingre- sos asociados a esta y la seguridad alimentaria (Banco Mundial, 2014, p. 47; Grupo Gornall et al., 2010). En América Latina el aumento de la tempe- ratura, asociado con cambios en las precipitaciones, reduce la producción de cultivos básicos como maíz, frijol, caña de azúcar y trigo (Vermeulen et al., 2012) y aumenta la prevalencia de enfermedades de los cultivos (Tho- mas et al., 2018). Ello afecta los ingresos agrícolas y la propia subsistencia de las familias, en tanto el 80 % de los productores de la región son peque- ños productores familiares (Truitt Nakata y Zeigler, 2014), muchos de los cuales dependen del riego temporal y tienen pocos recursos para adaptar- se a un clima rápidamente cambiante (Gornall et al., 2010). Juventudes, vulnerabilidad y resiliencia frente al cambio climático La vulnerabilidad frente al cambio climático es el resultado no solo de la magnitud de la amenaza física, sino de las condiciones socioeconómicas y ambientales que inciden en la exposición de las personas, así como de los recursos con los que cuentan para responder y adaptarse a condicio- nes cambiantes. Estas condiciones y recursos se modifican a lo largo del curso de vida de las personas, al igual que las amenazas que enfrentan. Las características de edad, género, clase, etnia, raza definen marcadores que construyen dimensiones de desigualdad, las cuales se entrelazan para conformar una vulnerabilidad climática multidimensional. Hoy en día, la juventud no solo enfrenta los riesgos que emergen de los cambios en los mercados de trabajo, las desigualdades económicas e in- mobiliarias que la impactan desproporcionadamente (Heinz, 2003; Spini et al., 2017), sino que también afronta la incertidumbre que el cambio cli- mático introduce en las condiciones futuras de habitabilidad del planeta, la salud y las formas de ganarse la vida. La juventud es un momento de maduración, repleto de transiciones sociales caracterizadas por el paso de una posición de mayor dependencia en la infancia a la fase de mayores responsabilidades y autonomía de la adultez (Durkin, 1995; Hardgrove et al., 2014). Estas transiciones son fortalecidas o desgastadas por las condi- ciones y riesgos experimentados durante la juventud, lo cual tiene conse- cuencias a lo largo de la vida. América Latina y el Caribe se caracterizan edad, género, clase, etnia, raza se entrelazan para conformar una vulnerabilidad climática multidimensional 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.97 por transiciones a la juventud marcadamente desiguales en el momento y las condiciones en que ocurren (Juárez y Gayet, 2014; Solís et al., 2008). El cambio climático es parte de esas condiciones socioambientales que inciden en las trayectorias de las personas de manera dispar y por diversas vías. Sus impactos directos pueden modificar las trayectorias, por ejemplo, mediante eventos extremos que producen el abandono de la escuela, el desplazamiento de los lugares de residencia o afectaciones graves de la salud. También puede alterar paulatinamente la viabilidad de los medios de vida, por la pérdida de capacidad productiva agrícola, así como tener efectos indirectos sobre las expectativas de futuro y el papel político de los jóvenes (Andriano y Behrman, 2020; Hardgrove et al., 2014). Pese a contar con más de 161 millones de personas de entre 15 y 29 años y a que los jóvenes son un cuarto de la población de América Latina (De- partamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas [unde- sa], 2019), poco conocemos de las implicaciones del cambio climático para esta población. La preocupación por las afectaciones de la salud ha llevado frecuentemente a poner atención en la temprana infancia o en los adultos mayores, quienes tienen una mayor fragilidad fisiológica frente a ellas. Sin embargo, el cambio climático también tiene impactos sobre los medios de vida, la escolaridad, las decisiones de migrar y las propias decisiones de fecundidad y unión de los jóvenes (Andriano y Behrman, 2020; Baez et al., 2017a, 2017b). La escasez de recursos que los efectos del cambio climático provocan sobre la agricultura puede incidir en el abandono temprano de la escuela, las posibilidades de contraer matrimonio temprano y el número de hijos (Andriano y Behrman, 2020; Call y Sellers, 2019), así como tam- bién puede afectar la decisión y el momento de migrar, sobre todo de los varones jóvenes en contextos de sequía (Baez et al., 2017a, 2017b). Para las mujeres jóvenes, además, la escasez asociada a diversas amenazas climáti- cas supone el riesgo de profundización de las brechas de género que ya en- frentan en la propiedad, la actividad laboral y el ingreso, así como de afec- taciones de su salud y seguridad física (Bradshaw y Fordham, 2015; Casas Varez, 2017). De manera similar, las personas jóvenes indígenas enfren- tan condiciones doblemente adversas por su alta dependencia de recursos naturales de sus medios y formas de vida y por barreras estructurales de participación económica y política que acrecientan su vulnerabilidad (OIT, 2018). Las intersecciones de estas desigualdades configuran espacios de vulne- rabilidad frente al cambio climático que varían a lo largo de la trayectoria de vida. Más aún, la resiliencia, entendida como la capacidad de mante- ner, reconstruir y transformar capacidades frente a las amenazas climáti- cas, depende no solo de los recursos de las personas y sus hogares, sino de contextos institucionales que favorezcan la construcción de capacidades (O’Brien y Leichenko, 2000). Por ello, se requiere entender la vulnerabi- lidad de las juventudes de la región en el marco de los contextos institu- cionales de adaptación de cada país y frente a amenazas específicas del cambio climático en distintas zonas. Las intersecciones de las desigualdades configuran espacios de vulnerabilidad frente al cambio climático que varían a lo largo de la trayectoria de vida Juventudes y cambio climático: las intersecciones de género, etnia y edad en la configuración de la vulnerabilidad climática en el sector agrícola en Latinoamérica98 Cuatro contextos climáticos: México, Guatemala, Perú y Chile El índice GAIN (índice de adaptación global, por sus siglas en inglés), presentado en la tabla 1, es una herramienta que nos permite aproximar- nos a esa diversidad de condiciones de los países de la región en términos de su capacidad de responder y adaptarse, tanto en el sector público como en el privado, al cambio climático.1 En la tabla 1 incluimos también otros indicadores que contribuyen a delinear los diferentes contextos naciona- les: la exposición al aumento del nivel medio del mar, la proporción de po- blación empleada que trabaja en la agricultura y el peso de la agricultura en el producto bruto interno (PBI) nacional. Estos últimos se relacionan con la dependencia de un país de la actividad agrícola y su vulnerabilidad frente a los efectos esperados del cambio climático en la productividad y en la salud de los trabajadores agrícolas (Granados Martínez, 2017; Halle- gatte y Rozenberg, 2017; OIT, 2019). Finalmente, en la tabla se consigna si el país es signatario del Acuerdo de París2 y del Acuerdo de Escazú,3 como indicadores del escenario institucional. Los cuatro países seleccionados —México, Guatemala, Perú y Chile— re- presentan una diversidad de contextos en términos de amenazas climá- ticas, al igual que características económicas, sociales y de gobernanza climática, como puede observarse la tabla 1. Según los indicadores especí- ficos del índice GAIN y los otros indicadores de la tabla, México y Guate- mala presentan mayor vulnerabilidad por las esperadas afectaciones de su producción agrícola y menor capacidad asociada a sistemas de irrigación e innovación para el manejo de las amenazas agrícolas e hídricas, a la par que tienen baja cobertura de personal de salud y débil infraestructura y preparación social asociada a menor alcance de su infraestructura educa- tiva terciaria y presencia de ciencia e innovación, aunque Guatemala tiene un peor desempeño en este rubro, asociado a la inestabilidad política y la violencia. Además, Guatemala tiene una mayor dependencia de la activi- dad agropecuaria en términos de población ocupada y peso de la agricul- tura en el PBI. Se espera que Perú enfrente menores decrementos en los rendimientos agrícolas (particularmente importante dada la relativamen- te alta proporción de fuerza de trabajo ocupada en la agricultura), aun- que también tiene baja capacidad de infraestructura en el sector, así como de almacenamiento de agua; sin embargo, tiene mayor logro educativo y mayor estabilidad política y desempeño institucional, lo que lo coloca en mejor situación para afrontar los retos del cambio climático. Chile no solo enfrenta menos riesgos en términos de pérdidas agrícolas, sino que cuenta 1 En términos de vulnerabilidad, retoma la exposición, sensibilidad y capacidad de adap- tación de seis sectores considerados fundamentales para la vida humana: alimentos, agua, salud, infraestructura, servicios ecosistémicos y hábitat. Chen et al. (2015) pre- sentan una descripción pormenorizada del índice, su metodología, componentes, defi- niciones y fuentes de datos. 2 https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo- de-paris 3 Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. https://www.cepal. org/es/acuerdodeescazu Adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.99 con mayor infraestructura, capacidades institucionales y sociales, aunque el estancamiento de la reducción de la desigualdad social es una amenaza.4 Por otra parte, no es signatario del Acuerdo de Escazú. La vulnerabilidad climática multidimensional de las juventudes El perfil de exposición de las juventudes difiere sustantivamente entre países y dentro de ellos. Para ilustrar este punto examinamos las inter- secciones entre la edad, el género y la pertenencia étnica de aquellos que laboran en el sector agrícola, en tanto estudios previos han mostrado que los ocupados en este sector están doblemente expuestos al cambio climá- tico, por los impactos sobre sus medios de vida y por sus efectos en la salud (Kjellstrom et al., 2016; OIT, 2018). En los cuatro países la juventud tiene un peso demográfico importante, en promedio de un cuarto de la población, y su peso en la población indí- gena nacional es muy similar, si bien esta proporción crece cuando consi- deramos la población indígena rural, particularmente en el caso de Guate- mala. La tasa de participación económica (PEA) de la población joven (15 a 29 años) tiende a ser menor que la del resto de la población. Las mujeres, y las mujeres jóvenes en particular, muestran baja participación laboral, par- ticularmente en México y Guatemala. La población indígena no joven tiene tasas de participación económica alrededor de 10 puntos más bajas que las de la población en general, diferencia que sin embargo es muy pequeña en el grupo juvenil, excepto en Guatemala. Las mujeres indígenas presentan las tasas de participación laboral más bajas de todos los grupos, si bien las jóvenes indígenas muestran una brecha menor en la participación respecto del promedio de jóvenes. Estas bajas tasas de ocupación entre las mujeres y las mujeres indígenas en particular inciden en las bajas tasas de PEA e implican contribuciones perdidas para los países (Martínez et al., 2013). La población ocupada en el sector primario varía significativamente en- tre los cuatro países; es más alta en Guatemala y Perú que en México y Chi- le. En todos ellos, el trabajo en la agricultura tiene un peso notoriamente mayor en contextos rurales, entre el 70 % en Perú y el 39 % en Chile (OIT, 2021). Los jóvenes están ocupados en ese sector en proporciones similares a las del resto de la población en México y Guatemala, pero su peso es menor en Perú y Chile, lo que da cuenta de las diferencias entre las es- tructuras productivas de estos países. En la región, los jóvenes han venido dejando el trabajo agrícola y se han incorporado al sector servicios a tasas más rápidas que otros grupos de edad. Ello puede deberse, al menos en parte, a la necesidad de los hogares de diversificar sus fuentes de ingreso precisamente frente a los impactos del cambio climático en la agricultura y los retos para vivir de ella. Sin embargo, quienes permanecen en el trabajo agrícola enfrentan condiciones más precarias de trabajo que contribuyen a su vulnerabilidad y tienen tasas más altas de informalidad que otros gru- pos etarios (OIT, 2021). 4 Consultar el índice y los componentes por país https://gain.nd.edu/our-work/coun- try-index/ Juventudes y cambio climático: las intersecciones de género, etnia y edad en la configuración de la vulnerabilidad climática en el sector agrícola en Latinoamérica100 Tabla 2. Exposición y vulnerabilidad de jóvenes México Guatemala Perú Chile Población >29 años 62.478.235 5.514.995 14.310.299 9.943.598 % población indígena 19,63 39,33 26,68 11,64 % población rural 19,189 41,027 19,722 13,299 % población rural indígena 7,0 22,0 9,3 2,5 Tasa de participación económica 55,89 54,10 59,07 67,59 Tasa de participación económica femenina 39,90 30,62 44,73 52,95 Tasa de participación económica indígena 50,31 49,91 49,62 50,48 Tasa de participación económica indígena femenina 25,07 22,87 33,93 51,64 % ocupados en la agricultura 10,84 28,91 21,45 8,24 % ocupados indígenas en la agricultura 22,29 44,89 32,30 10,29 % ocupadas mujeres en la agricultura 3,00 4,87 13,16 3,69 % ocupadas mujeres indígenas en la agricultura 7,53 9,98 25,42 4,59 Población 15 a 29 años 31.093.621 4.413.566 7.317.534 4.106.669 % de la población total 24,8 29,6 24,9 23,4 % población indígena 4,6 13,0 6,1 3,0 % población rural 20,2 46,1 24,8 10,1 % población indígena rural 40,1 59,1 26,9 16,1 Tasa de participación económica 49,9 47,2 50,3 49,3 Tasa de participación económica femenina 36,2 26,8 40,6 42,6 Tasa de participación económica indígena 50,3 45,8 49,6 50,5 Tasa de participación económica indígena femenina 32,7 23,2 39,8 44,6 % ocupados en la agricultura 10,4 29,2 16,7 6,8 % ocupados indígenas en la agricultura 21,1 38,4 24,6 7,2 % ocupadas mujeres en la agricultura 3,2 5,2 9,7 3,1 % ocupadas mujeres indígenas en la agricultura 7,2 8,0 18,2 3,9 Exposición a temperaturas extremas (35 °C o más) Número promedio de días 1961-1990 20 13 3 2 1986-2005 22 15 4 2 1995-2014 24 17 4 2 2021-2040 30 24 7 3 2041-2060 38 33 8 3 2081-2100 60 62 8 3 % del territorio expuesto 1961-1990 89,6 100 60,2 43 1986-2005 91,8 100 63,7 43 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.101 México Guatemala Perú Chile 1995-2014 95,1 100 65,5 44,1 2021-2040 98,4 100 66,4 47,3 2041-2060 99,5 100 71,7 47,3 2081-2100 100 100 71,7 47,3 Fuente: Censos de población México 2020, Guatemala 2018, Chile 2017, Perú 2017. Estima- ciones de temperatura Estimaciones de temperatura ipcc WGI Interactive Atlas: Regional information. WGII continental, CMIP 6 modelo histórico y la proyección con el escenario SSP5- 8.5. La temporada seleccionada fue mayo-agosto para México y Guatemala y noviem- bre-febrero para Perú y Chile Notas: Población indígena definida a partir de preguntas de autoadscripción y/o identifica- ción de pueblos o comunidades indígenas. Los censos suelen tener menor resolución en la captación de actividad económica y ocupación, por lo que estos resultados pueden variar respecto de otras fuentes. Superficie expuesta estimada como aquellas zonas que experimentan al menos un día de temperatura extrema en el periodo. La abrumadora mayoría de la población ocupada en el sector agrícola son hombres en los cuatro países y esa desproporción se mantiene entre las personas jóvenes; en Perú, las mujeres tienen una presencia un tanto mayor. Ello sugiere que el número de hombres expuestos directamente a condiciones climáticas es mucho más alto, en función del tipo de tareas y trabajos que se realizan en el sector. Sin embargo, la baja ocupación de mujeres en la actividad agrícola también puede apuntar a la poca contabi- lización de las tareas asociadas a la agricultura familiar predominante en nuestra región y a la vulnerabilidad de las mujeres en tanto su trabajo no es registrado (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [fao], 2016). Aunque la participación de las mujeres en la agri- cultura ha venido creciendo, esta sigue siendo una actividad predominan- temente masculina en América Latina y el Caribe. En tanto la agricultura familiar sigue siendo predominante, el trabajo de las mujeres en la produc- ción, cosecha o distribución de productos suele verse como una extensión de su trabajo doméstico no remunerado (fao, 2016). Adicionalmente, las mujeres siguen teniendo bajas tasas de propiedad de la tierra, a la par que su participación en ciertas tareas agrícolas y movilidad está condicionada por normas de género (Enarson et al., 2018). Sin embargo, la participación de mujeres en el sector y su residencia en comunidades agrícolas rurales siguen estando asociadas a mayores riesgos de deserción escolar, unión marital temprana y embarazo adolescente (fao, 2016). La juventud indígena trabaja en proporciones notoriamente mayores que sus contrapartes no indígenas en el sector agrícola, excepto en Chile donde esa diferencia es pequeña. También las mujeres indígenas jóvenes tienen probabilidades más altas que las no indígenas de que sus ingresos laborales y su salud se vean afectados por los impactos del cambio climático. Esta diferencia se aprecia particularmente en Perú, donde la fuerza de trabajo femenina en ese sector es más alta. Juventudes y cambio climático: las intersecciones de género, etnia y edad en la configuración de la vulnerabilidad climática en el sector agrícola en Latinoamérica102 Cerca de 30 millones de la población indígena de América Latina residen en comunidades rurales cuya producción se aboca a actividades agrícolas y forestales (fao, 2021). Una buena parte de las comunidades indígenas se asientan en zonas forestales, en territorios protegidos y de alta biodiver- sidad, y se estima que sus comunidades ocupan el 20 % de las hectáreas de tierras en América Latina (fao, 2021). La expansión de la frontera agrí- cola y las actividades extractivas impone presiones sobre los territorios, así como los impactos que el cambio climático supone para su cultura, formas de producción y la sostenibilidad de sus medios de vida (Salinas et al., 2020). Sin embargo, sus conocimientos, arraigo y ocupación del terri- torio las proveen de recursos y capacidades únicos para el manejo de los recursos naturales. Se requieren políticas que transformen la vulnerabili- dad de las juventudes indígenas en el sector agrícola en un recurso para los países en términos de movilizar su conocimiento del medio, a la vez que promover su capacidad de aprendizaje e innovación para responder a los retos y la incertidumbre que el cambio climático trae consigo (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola [fida], 2019; fao, 2021). Las estimaciones muestran que a lo largo del tiempo las personas han estado expuestas a cada vez más eventos de calor extremo en áreas más extensas del territorio de estos cuatro países. En el periodo 1961-1990 un joven experimentó en promedio 20 días de calor extremo en México, para el periodo 1995-2014 esta proporción aumentó a 24, para mediados de si- glo (2041-2060) se espera que aumente a 38 y para el final a 60 días (2081- 2100), lo que muestra la aceleración de los efectos del cambio climático. Guatemala: diferencias territoriales de la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad Para examinar con más profundidad las diferencias entre los grupos y territoriales a la exposición a los impactos del cambio climático, conside- ramos con más detalle el caso de Guatemala, uno de los países más vulne- rables a los impactos del cambio climático (Kreft et al., 2015). El territorio guatemalteco, ubicado en la zona intertropical, se caracteriza por tempe- raturas elevadas: 50 % de sus municipios registraron temperaturas medias de 30 oC o más en 2016 (temporada mayo-septiembre). Escenarios futuros anticipan aumentos significativos de las temperaturas medias (de entre 1,5 y 2,9 oC) y de la frecuencia de días con temperaturas extremas (por encima de los 35 oC), con variaciones subnacionales significativas (figura 2). La intersección de los patrones de distribución espacial de las amena- zas climáticas y de la población joven establece diferencias en el grado de exposición a temperaturas elevadas dentro del colectivo joven. Los muni- cipios guatemaltecos tienen proporciones de población joven que varían entre 26 % y 35 %, pero presentan diferencias más marcadas en la propor- ción de la población joven municipal que se reconoce como indígena, la cual oscila entre menos del 1 % y casi el 100 % (figura 3), con los valores más altos fuertemente concentrados en el centro y oeste del país. Los grados de exposición se combinan con diferentes patrones de vulne- rabilidad. Los municipios con una proporción más alta de población rural tienden a tener también una proporción más alta de jóvenes indígenas entre la población joven. El sector agropecuario sigue siendo un eje im- las indígenas jóvenes tienen probabilidades más altas que las no indígenas de que sus ingresos laborales y su salud se vean afectados por el cambio climático 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.103 portante en la estructuración de los medios de vida de la población ru- ral guatemalteca,5 dado que emplea a alrededor del 31 % de la fuerza de trabajo ocupada en 2019 (World Bank, 2021). Este sector y en especial los pequeños productores de secano son altamente vulnerables a los impactos de la variabilidad y el cambio climáticos (Depsky y Pons, 2020; Pons et al., 2018, p. 7). Los aumentos de temperatura afectan al sector agropecuario y a los trabajadores rurales mediante impactos en los rendimientos y en la productividad del trabajo; la OIT (2019) ha estimado para Guatemala que el porcentaje de horas perdidas debido al estrés térmico pasaría de 1,02 % (1995) a 1,95 % (2030).6 Los jóvenes constituyen una proporción importan- te de la fuerza de trabajo agrícola en muchos municipios, particularmente a lo largo de la frontera con México y en el sur sobre la costa del Pacífico (figura 4), mientras que la población joven indígena representa una pro- porción muy alta de la mano de obra agrícola en municipios del centro y centro-oeste del país (figura 5). Los impactos esperados del cambio climático en el sector agrícola tam- bién podrían contribuir al aumento de la inseguridad alimentaria ya exis- tente en el país. Mientras todos los departamentos de Guatemala experi- mentaron al menos un periodo de inseguridad alimentaria acentuada entre 2009 y 2019 (Center for International Earth Science Information Network [CIESIN], Columbia University, 2020),7 los niveles de incidencia de la inse- guridad alimentaria tienden a ser sustancialmente más altos en los depar- tamentos predominantemente indígenas (Alajajian et al., 2020, p. 2; Kline et al., 2020), así como en el sector del corredor seco donde la intensidad po- tencial del efecto de la sequía es clasificada como severa (Van der Zee Arias et al., 2012)8 (figura 2). La inseguridad alimentaria se ha relacionado ade- más con la migración joven (World Food Program, 2017). En mayo-agosto de 2021, 3,5 millones de personas se encontraban en crisis o emergencia alimentaria en el periodo agudo de «hambre estacional» (Programa de Sis- temas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nu- tricional de la Región del Sistema de Integración Centroamericana, 2021); se mencionan como factores relevantes al respecto las pérdidas de ingre- sos agrícolas (tanto de pequeños productores como de jornaleros) debidas a los huracanes Lota y Eta, las restricciones asociadas a la pandemia por covid-19 y el aumento generalizado de los precios de los alimentos. 5 El 70 % de la población ocupada en actividades agropecuarias residía en áreas rurales en 2018, representando 52 % de la población rural ocupada (Censo de Población 2018). 6 Estimaciones basadas en escenario rcp2.6, asumiendo que se trabaja a la sombra. 7 Basado en datos de Famine Early Warning SystemsNetwork (fews-net). https://fews.net/fews-data/333 8 El término corredor seco refiere a ecosistemas en la ecorregión del bosque tropical seco de América Central, que en Guatemala ocupa la región central premontaña (0 a 800 msnm). El corredor se caracteriza por ciclos de sequías que redundan en crisis y desas- tres sociales, ambientales y productivos (Van der Zee Arias et al., 2012, p. 8). las juventudes han estado expuestas a cada vez más eventos de calor extremo y en áreas más extensas del territorio Juventudes y cambio climático: las intersecciones de género, etnia y edad en la configuración de la vulnerabilidad climática en el sector agrícola en Latinoamérica104 Figura 2: Mapas 2, 3, 4 y 5 Fuente: Interactive Atlas; IPC 2021, Van der Zee Arias et al. (2012). Mapa 2: Cambio en el número de días con temperaturas de 35 °C y más, 2041-2060, con respecto a 1986-2005, y localización del corredor seco «severo» Mapa 3: Porcentaje de jóvenes indígenas en la población joven municipal, 2018 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.105 Mapa 4: Los jóvenes en el sector agropecuario Mapa 5: Los jóvenes indígenas en el sector agropecuario Fuente mapas 3-5: Elaboración propia con base en el XI Censo Nacional de Población de Guatemala, 2018. Conclusiones y recomendaciones Los impactos del cambio climático se observan ya en América Latina y el Caribe y se intensificarán en las décadas siguientes (ipcc, 2021). Una de las áreas donde más claramente se observan estos efectos es la agricultura, tanto por la pérdida de rendimientos de la tierra como por la inestabilidad de los ingresos agrícolas y las amenazas a la salud. Los jóvenes son suscep- tibles a estos impactos porque un volumen importante de ellos reside en el área rural y trabajan en ocupaciones agrarias, si bien estas proporciones han venido decreciendo. Esa vulnerabilidad es doblemente alta para los jó- venes indígenas y, en el trabajo remunerado, para los varones. Guatemala ilustra, además, que la exposición a cambios en las temperaturas ocurrirá en áreas con perfiles sociodemográficos diversos, pero algunas donde la población indígena es predominante y altamente concentrada en el sector agrícola (centro-noreste). Ello enfatiza la necesidad de considerar la diversidad de contextos climá- ticos, pero también de trayectorias y recursos de la juventud frente a estas Juventudes y cambio climático: las intersecciones de género, etnia y edad en la configuración de la vulnerabilidad climática en el sector agrícola en Latinoamérica106 nuevas circunstancias ambientales. Esta heterogeneidad debe ser incor- porada en la definición de estrategias públicas para jóvenes. Un segundo elemento a incorporar es una mirada dinámica, en el tiempo, de los im- pactos. Las políticas de adaptación al cambio climático deben considerar el momento del curso de vida en que se encuentran las personas (infan- cia, juventud, adultez, vejez) en términos de los diferentes impactos, pero también de los recursos y capacidades que se tienen. Además, los efectos de largo plazo del cambio climático obligan a considerar su acumulación a lo largo de la vida de las personas, tanto por la repetición de impactos como por el aprendizaje y la adaptación que los individuos y las comu- nidades pueden desarrollar. Hasta ahora, las políticas de adaptación en la región no incluyen referencias a estas dimensiones (Grupo de Trabajo sobre Juventud de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe, 2021). Este texto puso particular atención a la exposición y vulnerabilidad construida a partir de la ocupación en el sector agrícola. En términos de sus medios de vida, se requiere impulsar programas que promuevan capa- cidades para mejorar no solo las condiciones de inserción de los jóvenes, sino específicamente el manejo de las amenazas climáticas, tales como técnicas de aprovechamiento del agua, cambios de cultivos, manejo de eventos extremos, etcétera. Estas capacidades requieren atender las dife- rencias de género en la agricultura, las tareas, la propiedad y la movilidad. Estas capacidades deben ser enmarcadas en la discusión más amplia so- bre el empleo juvenil y la desigualdad estructural de los trabajadores agrí- colas, pero no debe obviarse la especificidad de las amenazas climáticas (Nelson et al., 2016). Esta especificidad resulta particularmente relevante en el contexto de la recuperación poscovid, en que se requiere atender no solo la arraigada desigualdad de América Latina y el Caribe, sino su profundización durante la pandemia. Esta recuperación no puede diso- ciarse de la atención al cambio climático. No solo porque sus impactos se observan con más rapidez de lo que esperábamos, sino porque la propia juventud los ha puesto en el centro de la discusión. En la definición más clásica, el desarrollo sostenible se define como la capacidad para atender las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de atender las de las generaciones futuras (World Commission on Environment and De- velopment, 1987, p. 8). Es el principio de justicia intergeneracional el que permitiría definir cuál es la carga aceptable que imponemos al planeta que permite balancear el principio de satisfacción de necesidades a la par que mantener la viabilidad de los ecosistemas. Este principio es parte de las reivindicaciones de movimientos de jóvenes que cuestionan una agenda de desarrollo económico en la que el cambio climático no es seriamente considerado y en la cual los jóvenes tienen poco poder y voz para decir sobre ese futuro (O’Brien et al., 2018). En el marco de la recuperación pos- covid una nueva agenda parece indispensable en tanto el cambio climático muestra que para tener un futuro tenemos que apuntalar la equidad intra- e intergeneracional. la vulnerabilidad es doblemente alta para los jóvenes indígenas y, en el trabajo remunerado, para los varones 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.107 Bibliografía Alajajian, S., Guzmán-Abril, A., Brewer, J., y Rohloff, P. (2020). Patrones alimen- tarios y agrícolas de hogares con niños desnutridos en dos comunidades indígenas con distinto nivel socioeconómico en Guatemala. Estudios So- ciales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional, 30(55), 2-20. doi:10.24836/es.v30i55.935 Andriano, L., y Behrman, J. (2020). The effects of growing-season drought on young women’s life course transitions in a sub-Saharan context. Population Stu- dies, 74(3), 331-350. doi:10.1080/00324728.2020.1819551 Baez, J., Caruso, G., Mueller, V., y Niu, C. (2017a). Heat Exposure and Youth Mi- gration in Central America and the Caribbean. American Economic Review, 107(5), 446-450. doi:10.1257/aer.p20171053 Baez, J., Caruso, G., Mueller, V., y Niu, C. (2017b). Droughts augment youth mi- gration in Northern Latin America and the Caribbean. Climatic Change, 140(3), 423-435. doi:10.1007/s10584-016-1863-2 Banco Mundial. (2014). Bajemos la temperatura: Cómo hacer frente a la nueva reali- dad climática. Washington, DC: World Bank. Recuperado de https://openk- nowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20595/927040v30RE- VIS00Spanish0Inside0Text.pdf?sequence=12&isAllowed=y Blaikie, P., Cannon, I., David, T., y Wisner, B. (1996). Vulnerabilidad: El entor- no social, político y económico de los desastres. La Red. Recuperado de https://www.desenredando.org/public/libros/1996/vesped/ Bonilla Vargas, A. (2014). Patrones de sequía en Centroamérica: Su impacto en la producción de maíz y frijol y uso del índice normalizado de precipitación para los sistemas de alerta temprana. Recuperado de https://www.google.com/ url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwju-N2W- seryAhUBKFkFHVxSDBAQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww. droughtmanagement.info%2Fdocuments%2FPatrones_de_sequ%- 25C3%25ADa_en_CAM_Nov_2014.pdf&usg=AOvVaw2RdxtJVbaQJT2nsA- ppv_kv Bradshaw, S., y Fordham, M. (2015). Double Disaster: Disaster through a Gender Lens. En Hazards, Risks, and Disasters in Society (pp. 233-251). Cambridge, MA: Academic Press. doi:10.1016/B978-0-12-396451-9.00014-7 Call, M., y Sellers, S. (2019, julio). How Does Gendered Vulnerability Shape the Adoption and Impact of Sustainable Livelihood Interventions in an Era of Global Climate Change? Environmental Research Letters, 14(8). Casas Varez, M. (2017). La transversalización del enfoque de género en las políticas públicas frente al cambio climático en América Latina. Santiago: cepal. Center for International Earth Science Information Network, Columbia Universi- ty. (2012). National Aggregates of Geospatial Data Collection: Population, Landscape, And Climate Estimates, v3 (1990, 2000, 2019). Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center. Recuperado de http:// sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/nagdc-population-landscape-clima- te-estimates-v3. Center for International Earth Science Information Network, Columbia University. (2020). Food Insecurity Hotspots Data Set. Palisades, Nueva York: NASA So- cioeconomic Data and Applications Center. doi:10.7927/cx02-2587 Juventudes y cambio climático: las intersecciones de género, etnia y edad en la configuración de la vulnerabilidad climática en el sector agrícola en Latinoamérica108 Chen, C., Noble, I., Hellmann, J., Coffee, J., Murillo, M., y Chawla, N. (2015). Univer- sity of Notre Dame Global Adaptation Index: Country Index Technical Report. Recuperado de https://gain.nd.edu/our-work/country-index Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2018). La ineficiencia de la desigualdad. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicacio- nes/43442-la-ineficiencia-la-desigualdad Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. (2016). Es- tudio económico y social mundial 2016: Resiliencia al cambio climático, una oportunidad para reducir las desigualdades. Sinopsis. E/2016/50. Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. (2020). World Population Prospects 2019. Recuperado de https://population. un.org/wpp/ Depsky, N., y Pons, D. (2020). Meteorological droughts are projected to worsen in Central America’s dry corridor throughout the 21st century. Environmen- tal Research Letters, 16(1), 014001. doi:10.1088/1748-9326/abc5e2 Diwakar, V., Lovell, E., Opitz-Stapleton, S., Shepherd, A., y Twigg, J. (2019). Child poverty, disasters and climate change: Investigating relationships and im- plications over the life course of children. Recuperado de https://odi.org/ en/publications/child-poverty-disasters-and-climate-change-investiga- ting-relationships-and-implications-over-the-life-course-of-children/ Durkin, K. (1995). Developmental social psychology: From infancy to old age. Blac- kwell Publishing. Enarson, E., Fothergill, A., y Peek, L. (2018). Gender and Disaster: Foundations and New Directions for Research and Practice. En W. D. Havidán Rodríguez y J. E. Trainor, Handbook of Disasters Research (pp. 205-223). Second Edition, USA: Springer. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. (2019). Crear oportunidades para los jóvenes del medio rural: Informe sobre el desarrollo rural 2019. Fondo In- ternacional de Desarrollo Agrícola. Recuperado de https://www.ifad.org/ ruraldevelopmentreport/es/ Gornall, J., Betts, R., Burke, E., Clark, R., Camp, J., Willett, K., y Wiltshire, A. (2010). Implications of climate change for agricultural productivity in the early twenty-first century. Phil. Trans. R. Soc. B, 365, 2973-2989. Granados Martínez, A. (2017). Vulnerabilidad social por género: Riesgos po- tenciales ante el cambio climático en México. Letras Verdes, Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales, 22, 274-296. Recupera- do de http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pi- d=S1390-66312017000200274&nrm=iso Grupo de Trabajo sobre Juventud de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe. (2021). Las juventudes latinoamericanas y cari- beñas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Una mirada desde el sistema de las Naciones Unidas (LC/TS.2021/74). Santiago: Naciones Uni- das. Hallegatte, S., Vogt-Schilb, A., Rozenberg, J., Bangalore, M., y Beaudet, C. (2020). From Poverty to Disaster and Back: A Review of the Literature. Econo- mics of Disasters and Climate Change, 4, 223-247. doi:10.1007/s41885-020- 00060-5 Hallegatte, S., y Rozenberg, J. (2017). Climate change through a poverty lens. Natu- re Climate Change, 7(4), 250-256. doi:10.1038/nclimate3253 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.109 Hardgrove, A., Boyden, J. S., Dornan, P., y Pells, K. (2014). Youth vulnerabilities in life course transitions. Nueva York: United Nations Development Programme. Human Development Reports. Heinz, W. R. (2003). From work trajectories to negotiated careers: The contingent work life course. En J. T. Mortimer y M. J. Shanahan (Eds.), Handbook of the life course (pp. 185-204). Nueva York, NY: Kluwer/Plenum. International Labour Organization. (2019). Indigenous peoples and climate change: Emerging research on traditional knowledge and livelihoods. Ginebra: Inter- national Labour Organization. Juárez, F., y Gayet, C. (2014). Transiciones a la vida adulta en países en desa- rrollo. Annual Review of Sociology, 40(1), S-1-S-18. doi:10.1146/annu- rev-soc-071312-145709 Kjellstrom, T., Briggs, D., Freyberg, C., Lemke, B., Otto, M., y Hyatt, O. (2016). Heat, Human Performance, and Occupational Health: A Key Issue for the As- sessment of Global Climate Change Impacts. Annual Review of Public Heal- th, 37, 97-112. do:10.1146/annurev-publhealth-032315-021740 Kline, K. L., Ramirez, L. F., Sum, C., Lopez-Ridaura, S., y Dale, V. H. (2020). Enhance indigenous agricultural systems to reduce migration. Nature Sustainability, 3(2), 74-76. doi:10.1038/s41893-020-0473-1 Kreft, S., Eckstein, D., Dorsch, L., y Fischer, L. (2015). Global Climate Risk Index 2016. Recuperado de http://germanwatch.org/de/download/13503.pdf Martínez Gómez, C., Miller, T. y Saad, P. M. (2013). Participación laboral femenina y bono de género en América Latina. cepal. Recuperado de https://reposito- rio.cepal.org/handle/11362/35897 Nelson, D. R., Lemos, M. C., Eakin, H., y Lo, Y. L. (2016). The Limits of Poverty Re- duction in Support of Climate Change Adaptation. Environmental Research Letters, 11(9). O’Brien, K., Selboe, E., y Hayward, B. M. (2018, octubre). Exploring youth activism on climate change: Dutiful, disruptive, and dangerous dissent. Ecology and Society, 23(3). O’Brien, K., y Leichenko, M. (2000). Double exposure: Assessing the impacts of cli- mate change within the context of economic globalization. Global Environ- mental Change, 10, 221-232. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2016). Los programas de protección social con enfoque de género tienen mayor im- pacto en la erradicación del hambre y la pobreza. Recuperado de http:// www.fao.org/republica-dominicana/noticias/detail-events/en/c/386401/ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2021). Los pueblos indígenas y afrodescendientes y el cambio climático en América Latina: Diez experiencias de colaboración interculturales escalables. Santia- go. doi:10.4060/cb4847es Organización de las Naciones Unidas. (1992). Qué es la Convención Marco de las Na- ciones Unidas sobre el Cambio Climático. Recuperado de https://unfccc.int/ es/process-and-meetings/the-convention/que-es-la-convencion-marco- de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico Organización Internacional del Trabajo. (2018). Los pueblos indígenas y el cambio climático: De víctimas a agentes del cambio por medio del trabajo decente. Servicio de Género, Igualdad y Diversidad, Organización Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT. Juventudes y cambio climático: las intersecciones de género, etnia y edad en la configuración de la vulnerabilidad climática en el sector agrícola en Latinoamérica110 Organización Internacional del Trabajo. (2019). Trabajar en un planeta más ca- liente: El impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. Recuperado de https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_711950/lang--es/ index.htm Organización Internacional del Trabajo. (2021). Empleo informal en la economía rural de América Latina 2012-2019: Un panorama y tendencias regionales pre-pandemia covid-19. Lima: oit, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Recuperado de http://www.relats.org/documentos/TrabajoRu- ral.OIT.2021.pdf Panel Intergubernamental del Cambio Climático. (2014). Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resumen para responsables de polí- ticas (Contribución del Grupo de Trabajo II al Quinto Informe de Evalua- ción del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climá- tico) [Editado por C. B. Field et al.]. Ginebra: Organización Meteorológica Mundial. Panel Intergubernamental del Cambio Climático. (2018). Anexo I: Glosario [J. B. R. Matthews (Ed.)]. En V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P. R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor y T. Waterfield (Eds.), Calentamiento glo- bal de 1,5 °C, Informe especial del ipcc sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza. Panel Intergubernamental del Cambio Climático. (2021). Summary for Policy- makers. En V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitze- ll, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu y B. Zhoun (Eds.), Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. (Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change). Cambridge University Press. In Press. Pons, D., Castellanos, E., Conde, D., Brincker, J., Incer, D., y López, A. (2018). Es- cenarios de aridez para Guatemala para los años 2030, 2050 y 2070 uti- lizando modelos de cambio climático. Yu’am, Revista Mesoamericana de Biodiversidad y Cambio Climático, 2(4), 4-16. Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimen- taria y Nutricional de la Región del Sistema de Integración Centroame- ricana. (2021). Informe del análisis de inseguridad alimentaria aguda de la cif, Guatemala. Recuperado de https://www.sica.int/documentos/infor- me-del-analisis-de-inseguridad-alimentaria-aguda-de-la-cif-guatema- la-mayo-2021-enero-2022_1_127519.html Rodríguez Vignoli, J. (2000). Vulnerabilidad demográfica: Una faceta de las des- ventajas sociales. Santiago de Chile: CELADE, cepal. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/handle/11362/7185 Salinas, V., Bilsborrow, R., y Gray, C. (2020, enero-abril). Cambios socioeconómicos en el siglo XXI en poblaciones indígenas amazónicas. Retos actuales. Estu- dios Demográficos y Urbanos, 35(1), 83-116. 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.111 Solís, P., Cerruti, M., Giorguli, S. E., Benavides, M., y Binstock, G. (2008, enero-ju- nio). Patrones y diferencias en la transición escuela-trabajo en Buenos Ai- res, Lima y la Ciudad de México. Revista Latinoamericana de Población, 1(2). Spini, D., Bernardi, L., y Oris, M. (2017). Toward a Life Course Framework for Stud- ying Vulnerability. Research in Human Development, 14(1), 5-25. doi:10.108 0/15427609.2016.1268892 Thomas, T. S., Loboguerrero Rodríguez, A. M., Mason-D’Croz, D., y Martínez Barón, D. (2018, noviembre). An Overview of Methods Used to Study the Impact of Climate Change on Agriculture in Central America and the Andean Region. International Food Policy Research Institute, Discussion Paper 01771. Truitt Nakata, G., y Zeigler, M. (2014). The next global breadbasket: How Latin Ame- rica can feed the world. Banco Interamericano de Desarrollo, Global Har- vest. Recuperado de https://publications.iadb.org/publications/english/ document/The-Next-Global-Breadbasket-How-Latin-America-Can-Feed- the-World-A-Call-to-Action-for-Addressing-Challenges--Developing-So- lutions.pdf Van der Zee Arias, A., Van der Zee, J., Meyrat, A., Poveda, C., y Picado, L. (2012). Estudio de caracterización del Corredor Seco Centroamericano (Países CA- 4), tomo I. Managua: Corredor Seco Centroamericano, Acción contra el Hambre y Ayuda Humanitaria y Protección Civil, Unión Europea. Recu- perado de https://cidoc.marn.gob.sv/documentos/estudio-de-caracteriza- cion-del-corredor-seco-centroamericano-paises-ca-4-tomo-i/ Vermeulen, S. J., Campbell, B. M., e Ingram, J. S. I. (2012). Climate change and food systems. Annual Review of Environment and Resources, 37(1), 195-222. doi:10.1146/annurev-environ-020411-130608 World Bank. (2021). World Development Indicators. Recuperado de https://data- bank.worldbank.org/source/world-development-indicators World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future. Nueva York: Oxford University Press. World Food Program. (2017). Food security and emigration: Why people flee and the impact on family members left behind in El Salvador, Guatemala and Hondu- ras. Recuperado de https://www.wfp.org/publications/2017-food-securi- ty-emigration-why-people-flee-salvador-guatemala-honduras Juventudes y cambio climático: las intersecciones de género, etnia y edad en la configuración de la vulnerabilidad climática en el sector agrícola en Latinoamérica112 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.113 Género, cuidados y juventudes. Brechas de equidad, desafíos y rutas para avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en América Latina y el Caribe Introducción La organización social y política de los cuidados en América Latina y el Cari- be (alac) ha experimentado cambios considerables en lo que va del presente siglo. A ello ha contribuido el notable incremento de las investigaciones y presiones feministas para poner los cuidados en el centro de la vida, de la política y de las economías. Esta región se caracteriza por tener una norma- tiva relativamente amplia, que se expresa tanto en las políticas como en las normas jurídicas de distinta jerarquía relacionadas con el campo am- pliado de los cuidados (Esquivel y Kaufmann, 2016). En el foco de estas iniciativas aparecen distintos grupos destinatarios: niños y niñas, madres —normalmente binomio madre-hijo/a—, padres y familias en general, perso- nas mayores, grupos considerados vulnerables o en situación de pobreza o personas con dependencia funcional (Torres, 2021, p. 36), y paulatinamente personas cuidadoras remuneradas. Se debe apuntar que en la configuración de estas políticas se vislumbra la definición de un modelo de «mujer adulta con alta motivación y disponibilidad para asumir de inmediato los cuidados cuando estos se presentan»; sin embargo, la realidad opera diferente, ya que las mujeres son diversas, aun cuando para la mayoría la responsabilidad de cuidar supone un alto costo, sobre todo si son jóvenes y asumir a tiempo completo este trabajo sin remuneración es la única alternativa posible. En esta región, las mujeres destinan más tiempo que los hombres al tra- bajo no remunerado. El total de horas que dedican ronda entre un quinto y un tercio de su tiempo diario semanal, mientras que en el caso de ellos se sitúa en alrededor del 10 % (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [cepal], 2017). Esta desigual distribución afecta no solo a las mujeres adultas, sino también a las jóvenes. El cuidado no remunerado constituye un tipo específico de trabajo que permite sostener la vida y garantizar determinados niveles de bienestar. Es a partir de este que los seres humanos pueden alcanzar su desarrollo, au- tonomía y realización cotidiana o a largo plazo, pues supone la satisfacción Magela Romero (coordinadora) Cuba Maria Eugenia Rausky Argentina Natalia Moreno Colombia Ivette Sepúlveda Colombia Natalia Genta Uruguay114 de necesidades biológicas, materiales, económicas, educativas, afectivas y espirituales1 (Aguirre et al., 2014; Romero, 2019). Las labores que se derivan de esta responsabilidad han sido histórica- mente asignadas a la familia y en especial a las mujeres, a partir de un esquema anclado en la tradicional división sexual del trabajo. Ellas, desde muy temprana edad, ofrecen su capacidad de cuidar y tiempo para asumir este trabajo, lo cual genera importantes asimetrías que contribuyen a explicar —entre otras cosas— las desiguales oportuni- dades que tienen a lo largo de su vida. Los/as jóvenes han sido objeto de creciente preocupación para organis- mos gubernamentales, agencias internacionales, académicos/as y públi- co en general. Este interés ha generado el incremento de investigaciones sobre diversos temas; sin embargo, el análisis específico de las prácticas ligadas al cuidado no ha tenido mucho peso, y cuando se indagaron, ge- neralmente fue para explicar su nexo con otras problemáticas que afectan a las juventudes (De León, 2017). Es por ello que poner los cuidados en el centro de los análisis sobre desigualdades y las juventudes se valora como una estrategia de vital importancia. Este capítulo ofrece una valoración de los avances en las políticas que tributan a la organización social corresponsable de los cuidados respecto a la percepción, participación y tiempo que los/as jóvenes destinan a los cuidados en diferentes contextos de alac: Uruguay, Colombia y Cuba. La selección de estos países se funda en que han prestado especial atención al problema de los cuidados y su desigual distribución y han marcado pautas en el establecimiento de políticas que contribuyen a la corresponsabilidad. Uruguay se constituye en un país pionero al haber creado por ley en el año 2015 el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Colombia aprobó en 2010 la Ley de Economía del Cuidado, y su capital, Bogotá, diseñó un Sis- tema Distrital de Cuidado. Cuba cuenta con una importante trayectoria en lo que a programas destinados a la conciliación se refiere desde la década de los sesenta del siglo pasado. Las fuentes de información empleadas en este estudio son esencialmen- te las encuestas de uso del tiempo, sobre juventudes y sobre igualdad de género disponibles en cada país. Cabe señalar que en América Latina y el Caribe, en términos generales, dichas encuestas se han ido posicionando lentamente (Esquivel, 2012); sin embargo, el hecho de haber seguido una estrategia modular no las hace a todas idénticas. Atendiendo a esta cues- tión, al momento de hacer referencia a los datos de cada país se especifica- rán algunas características de dichos instrumentos. En algunos casos, esta información estadística se complementa con el análisis de documentos y el levantamiento de datos de estudios cualitativos. La información que se ofrece pone la mirada en las juventudes y procura enriquecer el debate re- 1 En términos operativos y a los fines del análisis que se presenta, en este capítulo se es- tablece una distinción entre los cuidados directos y los indirectos. Los primeros hacen referencia a las actividades directamente realizadas con y por las personas a quienes se dirigen los cuidados: alimentar, vestir, bañar, etc. Mientras que los cuidados indirectos comprenden tareas que tradicionalmente se asocian al trabajo doméstico: limpiar, co- cinar, lavar, planchar, etc. (cepal, 2010). 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.115 gional sobre los cuidados ofreciendo pistas para pensar nuevas estrategias que permitan la sostenibilidad de la vida y el bienestar de forma equitativa. Desarrollo En América Latina y el Caribe son pocos los países que han logrado esta- blecer políticas de cuidado acordes con las diferentes identidades y carac- terísticas de las personas cuidadoras y de quienes requieren cuidado, por lo cual el trabajo de cuidado puede situarse en un lugar de desventaja ba- sado en el género, clase, territorio, etnia, color de piel o edad. No obstante, pueden mencionarse avances en algunos países. Además de los señalados para los casos de Uruguay y Colombia, Paraguay estableció el Grupo Inte- rinstitucional Impulsor de la Política de Cuidados (2019); Argentina logró avances similares con la creación de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado (2020); Ecuador, Bolivia y Venezuela reconocen en sus consti- tuciones que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es trabajo; México, República Dominicana y Cuba han establecido redes para articular los esfuerzos que lleven al cambio en el diseño de políticas nacionales que tributen a una mayor corresponsabilidad. En términos del diseño de políticas de cuidado, cabe señalar que las ten- dencias demográficas tienen incidencia en los derroteros nacionales. Para los países de interés, se halló que mientras que Cuba y Uruguay son de- mográficamente envejecidos, Colombia transita hacia esa realidad, aunque aún disfruta del bono demográfico. Esto plantea que el foco en la demanda de cuidado tiene una alta concentración en personas mayores para los dos primeros países, mientras que el tercero debe responder de forma priorita- ria a niños y niñas menores de 5 años e ir posicionando una infraestructura de cuidado para la vejez. El ascenso de la demanda complejiza la realidad de las mujeres, pues cuando no les queda otra alternativa que asumir los cuidados van quedan- do aisladas de la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida. Este fe- nómeno tiene un fuerte impacto en las jóvenes de la región, quienes se ven imposibilitadas de continuar sus trayectorias laborales y/o estudiantiles por asumir estas labores, y devienen en jóvenes que ni estudian ni traba- jan: nini (Ochoa Díaz et al., 2015). Cuando se analizan las políticas sobre juventud centradas en trans- formar estas y otras problemáticas, se constata que no siempre ob- servan la importancia de cambiar sus causas estructurales, entre las cuales destaca la división sexual de los cuidados. Esta realidad se complejiza ante la mirada adultocentrista que prima en las políticas de cuidados, en las que tampoco se reconocen en su justa medida el protagonismo y el aporte social y económico que hacen las juventu- des cuando asumen estas responsabilidades sin remuneración, lo que genera situaciones de vulnerabilidad y círculos de pobreza. Género, cuidados y juventudes. Brechas de equidad, desafíos y rutas para avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en América Latina y el Caribe116 Esta manera de entender y enfocar los cuidados se extiende al plano de las políticas, donde a pesar de los avances y del rol más patente de los Estados, la oferta de servicios públicos de cuidados sigue siendo escasa, fragmentada y deficiente ante la magnitud de la demanda. Mientras, el mercado se desplaza como alternativa silenciosa que reproduce las des- igualdades no solo para acceder, sino también para garantizar la calidad deseada en el marco de un panorama sociodemográfico regional hetero- géneo y cambiante que presenta transformaciones conducentes al incre- mento de grupos poblacionales dependientes. Las siguientes reflexiones plantean un análisis entrecruzado y relacional del comportamiento de algunas variables sobre el modo en que asumen los cuidados las juventudes y muestran notables desigualdades y una afecta- ción diferencial según el sexo de quienes realizan estos trabajos. El género: «las mujeres jóvenes dedican más tiempo a los cuidados que los hombres jóvenes» En alac los datos dan cuenta de las diferencias en el tiempo destinado al cuidado y al trabajo no remunerado entre las personas jóvenes según su sexo. Esta realidad se puede constatar a partir de la paulatina incorpora- ción de estadísticas relacionadas con la participación de este grupo etario en las labores no remuneradas desagregadas por sexo y edad tanto en las encuestas nacionales de uso del tiempo como en las de juventudes. Figura 1: Promedio de horas semanales dedicadas a trabajos domésticos y de cuidados no remunerados y tasa de participación por sexo de jóvenes de Colombia, Cuba y Uruguay Fuentes: CEM y CEPDE, 2018 (Cuba); ine, 2018 (Uruguay); DANE, 2018(Colombia). En alc la oferta de servicios públicos de cuidados sigue siendo escasa, fragmentada y deficiente 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.117 En la figura 1 se muestra la permanencia de una división sexual de los cuidados en los tres países seleccionados. Las diferencias en las tasas de participación en estas actividades según el sexo son notables, así como la brecha de equidad asociada al uso de los tiempos. Se vislumbra una so- brecarga de horas destinadas a estas labores en el caso de ellas, con una diferencia de tiempo (horas semanales) en relación con sus pares varones de 30 horas y 27 minutos (Colombia), 15 horas y 08 minutos (Cuba) y 16 horas y 00 minutos (Uruguay). Para el caso de Colombia, mientras que el 84,6 % de las jóvenes realizan trabajos domésticos y de cuidado no pagos, solo el 68,1 % de los hombres lo hacen (16,2 puntos porcentuales menos). Asimismo, mientras que las primeras destinan 7 horas y 32 minutos al día en promedio, los segundos destinan tan solo 2 horas y 46 minutos (4 horas y 46 minutos menos que las mujeres) (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [dane], 2018). Esto denota una brecha de género en la asignación de las cargas de cuidado, además es el segundo grupo etario de mujeres que destinan más tiempo diario a estas labores no pagas y el que presenta una mayor distan- cia con relación al tiempo destinado por hombres. La intensidad diaria con que se realizan estos trabajos también presenta brechas por sexo: mientras que el 44 % de las jóvenes dedican 6 horas o más al día a los trabajos do- mésticos y de cuidado no pagos, solo el 11 % de los jóvenes lo hacen (DANE, 2018). Esto significa que aproximadamente 1 de cada 2 mujeres jóvenes destina casi una jornada laboral completa a los trabajos domésticos y de cuidado no remunerados. Uruguay, por su parte, también presenta diferencias. Del informe de la Encuesta Nacional de Adolescentes y Juventud (enaj) (Instituto Nacional de Estadística [ine], 2018) surge que el 38,6 % de las personas jóvenes reali- zan tareas de cuidado. Sin embargo, un análisis de estos datos desagregado por sexo permite apreciar que el 47,7 % de las mujeres jóvenes lo realizan frente a un 30 % de los varones jóvenes. Con respecto a la población que cuidan, las mujeres jóvenes cuidan en mayor proporción a niños, tanto de 0 a 3 años como de 4 a 12 años; en tanto los varones jóvenes cuidan más a las personas de 13 a 64 años y a las personas mayores. El 15,6 % de las mujeres cuidan a más de una población, en tanto este porcentaje desciende al 6,6 % para los varones. La Encuesta del Uso del Tiempo (EUT) de 2013 (ine, 2013) muestra que a mayor edad, mayor tasa de participación en las tareas no remuneradas, y que las mujeres son quienes participan más y desde edades más tempranas. Las mujeres jóvenes dedican en total 31 horas semanales frente a 15 horas que dedican los varones. La entrada a la adultez (tener un hijo a cargo o dejar el hogar de origen) indica un aumento de la tasa de participación en el trabajo no remunerado que implica un aumento de 15 puntos porcentuales de participación de las mujeres de 14 a 19 años respecto a las de 25 a 29 años (Ferrari y Sca- vino, 2015; ine, 2013). Esta realidad también se corrobora con datos de la enaj 2018 (ine, 2018), donde se muestra que existe una diferencia entre el 30,2 % de los y las jóvenes de 14 a 17 años que realizan estas labores y el 48,2 %de la población de 25 a 29 años que también lo hace. Esto se explica porque uno de los hitos de la adultez, que es el tener el primer hijo, ocurre más probablemente en este segundo grupo de edad. Según los datos de Uruguay, tener un hijo es el hito fundamental que determina una mayor Género, cuidados y juventudes. Brechas de equidad, desafíos y rutas para avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en América Latina y el Caribe118 dedicación en las mujeres al trabajo no remunerado y en los varones al mercado de trabajo. En los hogares cubanos, mujeres y hombres destinan un promedio de 28 horas y 22 minutos semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, con una diferencia entre ellas y ellos de 14 horas (Centro de Estudios de la Mujer [cem] y Centro de Estudios de Población y Desarrollo [cepde], 2018). La segregación y análisis de este dato por grupos de eda- des permitió observar que la brecha de género relacionada con el tiempo que dedican las jóvenes y los jóvenes a este tipo de trabajo es superior al promedio general, con una diferencia de 15 horas y 19 minutos semanales para una mayor implicación de ellas (cem y Federación de Mujeres Cuba- nas [fmc], 2019, p. 14). La diferencia de tiempo que dedican los jóvenes según su sexo a las tareas de cuidado directo e indirecto se acentúa cuando se trata de brindar atención, cuidado y acompañamiento a niños/as (ellas 7 h 17 min y ellos 1 h 16 min semanales) y de aquellas relacionadas con la planificación de la comida, cocinarla, servirla, fregar, etcétera (ellas 6 h 39 min y ellos 1 h 33 min semanales). Fue menor la participación y diferencia de tiempo según el sexo de las personas de este grupo etario en activida- des relacionadas con la atención, cuidado y acompañamiento de personas mayores (ellas 1 h 15 min y ellos 0 h 40 min semanales) y en situación de discapacidad (ellas 0 h 43 min y ellos 0 h 27 min semanales); estas tareas son asumidas en mayor medida por mujeres de entre 30 y 64 años (cem y fmc, 2019, p. 15). La desigual distribución del trabajo de cuidados constituye un nudo central en la explicación de las brechas de equidad social presentes en las juventudes latinoamericanas. Los datos muestran una sobre- carga de ellas en el desempeño de las labores encaminadas al cuidado de la vida, la cual se agudiza de forma notable si tienen a su cargo niñas y niños menores de 5 años. La diferente participación de la ju- ventud según su sexo en estas labores se expresa en el desigual uso del tiempo que hacen. En el mundo, como tendencia general, en 15 años el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados disminuyó en 10 minutos al día, mientras que el que dedican los hombres aumentó solo 1 minuto (Charmes, 2019). Este dato muestra un altísimo desafío para la equidad, sobre todo para la labor de formación y concientización de las juventudes. La clase y el nivel de instrucción: «las jóvenes con bajos niveles de instrucción que pertenecen a familias extendidas y pobres cuidan más» En Uruguay, al revisar los cuidados de acuerdo al quintil de ingresos al que pertenecen los/las jóvenes, se identifica que los cuidados recaen con mayor peso en quienes pertenecen a los quintiles de menores ingresos. El 47,5 % de los y las jóvenes del primer quintil de ingresos realizan tareas de cuidado, porcentaje que desciende en el quintil de ingresos medios (quin- til 3) a 37,2 %, para llegar a 21,1 % en el quintil de ingresos más alto. El La demanda de cuidados afecta las trayectorias estudiantiles y laborales de las mujeres jóvenes 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.119 quintil de ingresos de los/as jóvenes está relacionado con el nivel de ins- trucción y su participación en el trabajo no remunerado, la cual se reduce a medida que aumenta el nivel de instrucción, como también se reduce la brecha de género. En el caso de las mujeres con menor dedicación al traba- jo no remunerado, crece la asistencia al sistema educativo. En las jóvenes estudiantes la tasa de participación en el trabajo no remunerado es de 75 %, mientras que es de 84,6 % entre quienes están ocupadas y de 98 % entre las que se dedican a los quehaceres del hogar. En el caso de los varones, estas tasas son de 67 % entre los ocupados y de 61,3 % entre los estudiantes; no se visualiza una variación significativa (Ferrari y Scavino, 2015; ine, 2013). Al mirar cómo se distribuyen las tareas de cuidado por sexo al interior de cada quintil, se observa una clara tendencia: las mujeres pertenecientes a los hogares más pobres son quienes más cuidan (ine, 2018). Los datos de Colombia también muestran una relación inversa entre los estratos socioeconómicos, los ingresos y el tiempo dedicado por las perso- nas jóvenes a los trabajos domésticos y de cuidado no pagos. A medida que aumentan las garantías económicas de las mujeres, disminuye su carga de cuidado (tabla 1). Tabla 1: Participación y tiempo en trabajos de cuidado no pago por estrato de jóvenes hombres y mujeres. Colombia 2016-2017 Estrato socioeconómico Mujeres Hombres % Tiempo diario (horas y minutos) % Tiempo diario (horas y minutos) Estrato 1 91,5 % 8:14 60,5 % 2:41 Estrato 2 87,1 % 7:32 62,4 % 2:56 Estrato 3 81,6 % 6:15 63,4 % 2:48 Estrato 4 80,4 % 4:38 64,4 % 2:12 Estrato 5 75,9 % 4:37 54,0 % 1:35 Estrato 6 63,3 % 7:07 34,0 % 2:21 Fuente: dane, 2018 El acceso al dinero genera mejores condiciones a algunas jóvenes para acceder a servicios de cuidado sin tener que desplazar o aplazar sus pro- yectos estudiantiles, profesionales o de vida. Un comportamiento similar ocurre con el nivel educativo: a medida que este aumenta, disminuyen las cargas de cuidado no pago. De ahí la necesidad de garantías socioeconómi- cas que expresan algunas mujeres jóvenes que sueñan con la concreción de proyectos y con poder ayudar a sus familias. Cuba no cuenta con estadísticas que permitan conocer la participación de los/las jóvenes en este trabajo según su nivel adquisitivo; sin embar- go, hay estudios que evidencian que cuanto más altos son los niveles de instrucción, más se posterga el momento de ejercer la maternidad o la paternidad, entre otras razones para evitar la sobrecarga de funciones o Género, cuidados y juventudes. Brechas de equidad, desafíos y rutas para avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en América Latina y el Caribe120 la ruptura de trayectorias estudiantiles o laborales. Según la IV Encuesta Nacional de Juventud, «las tres cuartas partes de los/as jóvenes encuesta- dos/as refirió no contar aún con descendencia y solo un 7 % ha planificado tenerla en el término de un año. De los que declararon tener hijos/as, el mayor porciento posee uno/a solo/a. La tenencia de hijos/as no constituye un rasgo distintivo ni una aspiración a corto plazo de la juventud cubana. En cuanto al deseo de tenerlos, este se focaliza básicamente en el grupo de 25 a 29 años» (Peñate Leiva et al., 2020, p. 32). Estos resultados muestran en sentido general no solo la pertinencia de establecer políticas educativas que garanticen a la juventud el acceso y alcance de altos niveles de instrucción, sino la necesidad de focalizar algu- nas para potenciar el desarrollo de grupos que están en mayor desventaja. Se conoce que en los hogares pobres y extendidos, donde conviven parejas de jóvenes con descendientes menores de 5 años y otros parientes, como tíos, primos, suegros, nueras, yernos, abuelos, etcétera, se produce un en- sanchamiento de la brecha de género respecto a la participación en las tareas de cuidados entre los y las jóvenes. Esta es una realidad bastante extendida en la región, según la cepal (2019); en estos núcleos el tiempo destinado por las mujeres al trabajo doméstico y de cuidado no remunera- do puede crecer entre un 20 % y un 200 %. Este incremento se explica por el hecho de que las mujeres jóvenes se dedican al cuidado no solo de sus propios hijos, sino también de sus hermanos o de sus familiares mayores. En Uruguay, por ejemplo, se constató que en este tipo de familias las jó- venes dedican más horas semanales a las tareas no remuneradas, 35 horas semanales frente a 22 horas cuando viven solas (Ferrari y Scavino, 2015; ine, 2013). El territorio: «las jóvenes que residen en espacios rurales, periféricos o de difícil acceso cuidan más» Cuando se analizan los mapas nacionales y territoriales relativos a los servicios de cuidados, se observa una clara diferencia en cuanto a la can- tidad de alternativas que ofrecen el Estado, el mercado, las comunidades y otros actores según el tipo de espacio en que se ubican. En las zonas rurales o periféricas, donde se avizora una mayor incidencia del embarazo adolescente, no solo se ofrecen menos servicios, sino que las largas dis- tancias y las dificultades para transportarse hacen muchas veces que estos resulten inaccesibles. En las zonas rurales de Cuba, por ejemplo, y en particular en las comu- nidades dispersas, se aprecia un incremento de la maternidad adolescente. Esta situación provoca la salida del sistema educativo de las adolescen- tes y jóvenes, quienes emprenden, además, el camino de la nupcialidad en uniones no formales (Quintana y Bombino, 2012) y se dedican esen- cialmente al cuidado. Estas experiencias les implica asumir roles diversos como cuidadoras de hijos/as y otros familiares adultos y/o enfermos, sean de su familia de origen o de la de su pareja. El último censo realizado en el país identificó que entre las personas de 15 a 17 años de edad ocupadas en quehaceres del hogar los valores porcentuales en zonas rurales duplican a los urbanos y son más altos entre las muchachas (Íñiguez et al., 2017). 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.121 Una realidad similar se constató en Colombia, donde las personas jóve- nes que ni estudian ni trabajan representan un 25 %, mientras que en las zonas urbanas son un 18 %. Este fenómeno a su vez tiene mayor impacto en las mujeres jóvenes rurales, en tanto la proporción de ellas supera cinco veces la de los jóvenes rurales. El mismo estudio confirma que mientras que el 14 % de los jóvenes varones trabajan sin remuneración y el 0 % se encuentra como empleado doméstico, entre ellas el 27 % trabajan sin re- muneración y el 6 % como empleadas domésticas (Díaz y Fernández, 2017, p. 16). Las mujeres jóvenes que residen en zonas rurales y tienen descen- dientes menores de 5 años, son pobres, negras, no cuentan con los niveles de instrucción previstos para sus edades y pertenecen a deter- minadas etnias están más sobrecargadas con el cuidado de la vida que las residentes en zonas urbanas. Percepciones sobre los cuidados y su distribución Diversos estudios dan cuenta de cambios respecto a las percepciones tra- dicionales y ancladas a la cultura patriarcal que tanto los hombres como las mujeres jóvenes tienen sobre los cuidados respecto a sus antecesores/as. Para tener una idea más amplia y analizar posibles tendencias regionales al respecto, se identificaron algunos datos sobre Cuba, Uruguay y Colombia. Aunque no se pueden establecer comparaciones directas entre estos países por tratarse de muestras diferentes y porque las afirmaciones a valorar no fueron las mismas, los tres estudios analizados permiten corroborar la pre- sencia de percepciones ancladas en preceptos patriarcales. La división sexual del trabajo sigue siendo una constante en la forma en que se conciben los roles (sobre todo el materno), y también las mujeres son portadoras de estas creencias. Se constató que para la juventud la figu- ra materna sigue siendo más importante que la paterna para el adecuado desarrollo de la descendencia, aun cuando los/las jóvenes refirieran que son labores a compartir. Este sería un aspecto a potenciar, no solo por la necesidad de desmaternalizar los cuidados, sino por la urgencia de impul- sar cambios en los imaginarios que promuevan masculinidades cuidadoras en las juventudes. Para una mejor comprensión de los aspectos revelados, analícese la tabla 2. Estos datos muestran que, si bien existen avances significativos respecto al establecimiento paulatino de creencias que potencian la equidad en- tre los géneros respecto al trabajo de cuidados y su distribución, resulta necesario desmontar mitos y estereotipos patriarcales que aún permean el pensamiento de las juventudes respecto a esta responsabilidad social. Según el análisis de las respuestas, se puede apreciar que existe apego al modo tradicional de entender la realidad, sobre todo en los varones, aun cuando tienen mayor participación en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Creencias como «criar los hijos debe ser la tarea primor- dial de las mujeres» y «la cabeza del hogar es el hombre» siguen permeando los imaginarios juveniles. Los mitos y estereotipos patriarcales obstaculizan que las juventudes asuman los cuidados de forma equitativa Género, cuidados y juventudes. Brechas de equidad, desafíos y rutas para avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en América Latina y el Caribe122 Tabla 1: Participación y tiempo en trabajos de cuidado no pago por estrato de jóvenes hombres y mujeres. Colombia 2016-2017 Cuba (15 - 29 años) Afirmaciones De acuerdo / de acuerdo en parte En desacuerdo Hombres Mujeres Hombres Mujeres Las mujeres no deben participar en activida- des que impliquen esfuerzos físicos. 64,0 % 58,4 % 33,6 % 39,1 % Los bebes necesitan más cercanía de la mama que del papá. 61,3 % 58,0 % 36,2 % 40,4 % Una mujer puede sentirse bien como mujer, aunque no haya tenido hijos/as. 57,6 % 58,5 % 24,5 % 28,7 % Un hombre no puede dar el mismo cuidado que una mujer a un niño/a. 51,0 % 49,2 % 44,5 % 47,5 % Las mujeres son más cariñosas que los hombres. 63,1 % 65,2 % 33,9 % 31,9 % Uruguay (14 - 29 años) Afirmaciones De acuerdo / de acuerdo en parte En desacuerdo Hombres Mujeres Hombres Mujeres Criar a los hijos debe ser tarea primordial de las mujeres. 12,1 % 22,4 % 87,9 % 77,6 % Las mujeres deberían compartir las tareas del hogar con los varones. 94,4 % 96,9 % 5,6 % 3,1 % Las mujeres deberían elegir carreras que no interfieran con un futuro proyecto de familia. 22,4 % 26,9 % 77,6 % 73,2 % Colombia (14 - 28 años) Afirmaciones De acuerdo / de acuerdo en parte En desacuerdo Hombres Mujeres Hombres Mujeres Una madre que trabaja puede formar una relación tan cálida y segura con sus hijos como una madre que no trabaja. 64,1 % 65,2 % 31,8 % 31,2 % Ambos, el hombre y la mujer, deberían con- tribuir al ingreso del hogar. 86,0 % 87,5 % 9,3 % 7,9 % El deber de un hombre es ganar dinero, el deber de la mujer es cuidar del hogar y la familia. 35,2 % 30,1 % 62,7 % 68,4 % Ambos, el hombre y la mujer, deberían con- tribuir al ingreso del hogar. 86,0 % 87,5 % 9,3 % 7,9 % El esposo debe tomar las decisiones relacio- nadas con la vida de la esposa. 18,0 % 11,1 % 80,1 % 87,7 % La cabeza del hogar debe ser el hombre. 41,7 % 30,4 % 55,4 % 67,5 % Fuentes: cem y cepde, 2018 (Cuba); ine, 2018 (Uruguay); dane, 2018 (Colombia). 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.123 La consulta de otras investigaciones corrobora una conexión entre es- tas percepciones y los roles asumidos. Por ejemplo, en Cuba, tanto para los hombres como para las mujeres jóvenes, los tres principales problemas son: los bajos ingresos económicos (72,8 %), la escasez de viviendas (35,2 %) y los problemas de transporte (31,8 %), sin que se observaran diferencias importantes en las frecuencias de las respuestas según el sexo y la zona de residencia. Sin embargo, las jóvenes ubicaron la sobrecarga doméstica en la cuarta posición (26,3 %), mientras que los hombres jóvenes encuesta- dos no la identificaron entre sus problemas (CEM y FMC, 2019, p. 6). Otros abordajes constatan que este grupo etario visualiza otras problemáticas asociadas a la infraestructura necesaria para el cuidado de la descendencia, como el costo de la canasta básica para un hijo pequeño, las limitaciones en el acceso a los servicios para el cuidado (estatales y privados) y las difi- cultades para crear un hogar propio (Peñate Leiva et al., 2020, p. 175). Estas limitaciones se hacen más patentes en las zonas rurales del país. Una indagación de Uruguay mostró diferencias en las percepciones res- pecto a los cuidados entre las mujeres jóvenes con menores niveles de ins- trucción y de bajos ingresos respecto a las mujeres educadas y de sectores económicos medios. El primer grupo de mujeres tiene escasas oportuni- dades de ingreso estable y de calidad en el mercado laboral y cuidan a sus hijos pero desearían compartir el cuidado con los padres y con servicios de cuidados, aunque los servicios ofrecidos no cubren las 8 horas diarias, lo cual es un claro impedimento para acceder al trabajo remunerado. Un segundo grupo de mujeres de sectores medios insertas a jornada completa desearían contar con más servicios de cuidados a menos costo y comparten el cuidado en mayor medida con los varones. El estudio también dio cuenta de que el trabajo remunerado constituye un factor de cambio que favorece una distribución más equitativa del trabajo doméstico y de cuidados de las parejas, pero que su sola existencia no la garantiza. El tipo de inserción, la valoración que hacen ambos miembros de la pareja del empleo feme- nino y su importancia para el proyecto personal, los ingresos que el em- pleo femenino genera en el hogar y la poca distancia entre los empleos de ambos miembros respecto a ingresos y jerarquía parecen ser los factores determinantes a la hora de reformar los roles de género dentro del hogar (Batthyány et al., 2019). Conclusiones Este capítulo ofreció una valoración de los avances en políticas que tri- butan a la organización social corresponsable de los cuidados respecto a la percepción, participación y el tiempo que los/as jóvenes destinan a los cuidados de la vida en diferentes contextos nacionales de ALAC: Uruguay, Colombia y Cuba. Dicho análisis permitió —entre otras cosas— visibilizar ciertos mecanismos que contribuyen a la reproducción de las desigualda- des en materia de labores domésticas y de cuidado a las que las mujeres jóvenes de ALAC se ven expuestas. Al ponerlo de manifiesto a través de datos concretos que recuperan las experiencias en tres países con diferentes avances y alcances de la trans- versalización del enfoque de género —en el diseño de sistemas nacionales, distritales o de políticas específicas destinadas al cuidado—, queda en evi- Género, cuidados y juventudes. Brechas de equidad, desafíos y rutas para avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en América Latina y el Caribe124 dencia la persistencia de una organización social injusta y desequilibrada de este trabajo entre hombres y mujeres, pero también entre las propias mujeres conforme a su pertenencia de clase, etnia, edad y lugar de resi- dencia. Se entiende que el arraigo de dichas desigualdades obedece —en par- te— a que las políticas que tributan a la organización social de los cui- dados no reconocen en su justa medida el protagonismo y aporte social y económico que hacen las juventudes cuando asumen estas tareas. Esta realidad provoca que algunas particularidades de este grupo etario no sean contempladas en el diseño de estas políticas y exista un deficiente aprove- chamiento de los beneficios y garantías que se generan. Al mismo tiempo, las políticas destinadas específicamente a las juventudes por lo general no avizoran las problemáticas asociadas a los cuidados como prioritarias, aun cuando estas se presentan como las causas o las consecuencias que derivan en problemas sociales que se presentan como más urgentes tales como la deserción escolar, el embarazo adolescente, la inserción temprana en el mercado de trabajo informal, la violencia de género, entre otras. En este sentido, los resultados expuestos permiten advertir acerca del largo camino por recorrer en materia de igualdad de derechos en lo que al cuidado refiere, camino que requiere de 1) reorientaciones de las polí- ticas de juventud, que deben considerar en su agenda el cuidado, y de las políticas de cuidado, que deben abandonarlas tradiciones familiaristas y adultocentristas sobre las que sostienen muchas de sus propuestas, y 2) un trabajo intenso en el plano de representaciones, imaginarios y prácticas que termine por instalar una perspectiva más justa sobre lo que implican estas labores en que varones y mujeres deben involucrarse por igual. Recomendaciones A lo largo del capítulo se identificaron brechas de género asociadas al trabajo de cuidado no remunerado que realizan las jóvenes. La tendencia latinoamericana es que son las mujeres quienes desempeñan mayoritaria- mente y en mayor magnitud estos trabajos. Esta situación está sustentada por las normas sociales patriarcales que persisten en la asignación de los cuidados a las mujeres, generando impactos negativos para sus trayecto- rias vitales. En este sentido, resulta pertinente que las políticas de la re- gión consideren los siguientes aspectos: • Consolidar sistemas nacionales de cuidado o políticas articulado- ras donde se puedan conectar políticas, normativas, presupuestos y acciones para abordar las desigualdades derivadas de la mala distri- bución de las cargas de cuidado. Esto debe estar acompañado de un sistema de indicadores que pueda medir los avances en la materia y facilitar la comparación a nivel regional. Como experiencia pionera se resalta el caso uruguayo que puede ser un referente operativo para la región. • Promover espacios participativos y de análisis en las organizaciones o redes juveniles para aterrizar la problemática expuesta de forma intersectorial en los y las jóvenes, de tal manera que sean prota- Las políticas de cuidados no reconocen el aporte social y económico de las juventudes. 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.125 gonistas en la construcción de alternativas de política pública (con énfasis en la que tributa a la organización de los cuidados) y vislum- bren las diversidades contenidas en sus identidades. • Impulsar campañas de bien público orientadas a: 1) la sensibili- zación de personas decisoras y de la población sobre la necesaria corresponsabilidad y redistribución de los cuidados en la sociedad; 2) la visibilización del aporte social y económico que realizan las personas jóvenes a partir de su implicación en el trabajo de cuidados no remunerado; 3) la incentivación de los hombres jóvenes a invo- lucrarse de manera equitativa en este tipo de responsabilidades, y 4) una mayor difusión de los servicios de cuidado y de los derechos que asisten a las personas que cuidan. Dentro de las alternativas de solución, se deben mantener las estrategias que busquen ampliar y hacer sostenibles las garantías existentes. Para ello se debe considerar: la centralidad del cuidado de la vida en la construcción de modelos de desarrollo que apuestan por la sostenibilidad, la urgencia de atender las necesidades particulares de grupos sociales diversos en rela- ción a los cuidados, la pertinencia de reconocer el aporte socio - económico que realizan grupos menos visibles como la juventud al bienestar y la im- portancia de crear políticas para transformar las brechas de equidad social que la actual organización social de los cuidados en nuestras sociedades supone, en especial, las asociadas al género. Solo de esa manera, podremos avanzar con mayor agilidad en una ruta hacia una mayor corresponsabili- dad en América Latina y el Caribe. Bibliografía Aguirre, R., Batthyány, K., Genta, N., y Perrotta, V. (2014). Los cuidados en la agenda de investigación y en las políticas públicas en Uruguay. Revista Íconos, 50, 43-60. Batthyány, K. (2015). Las políticas y el cuidado en América Latina: Una mirada a las experiencias regionales. Serie Asuntos de Género, 124. cepal. Batthyány, K. (2020). (Coord.). Miradas latinoamericanas a los cuidados. Editorial Siglo XXI. Batthyány, K., Perrotta, V., y Scavino, S. (2019). El trabajo remunerado de las mu- jeres madres a lo largo de tres generaciones: ¿Un camino hacia la igualdad de género? El Uruguay desde la Sociología, 17, 67-80. Centro de Estudios de la Mujer y Centro de Estudios de Población y Desarrollo. (2018). Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género 2016: Informe de Resul- tados. Federación de Mujeres Cubanas. Centro de Estudios de la Mujer y Federación de Mujeres Cubanas. (2019). Género: la mirada de las y los jóvenes: Estudio comparativo por grupos de edades a partir de la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género 2016. Editorial de la Mujer. Charmes, J. (2019). The Unpaid Care Work and the Labour Market: An analysis of time use data based on the latest World Compilation of Time-use Surveys. International Labour Office. Recuperado de https://www.ilo.org/gender/ Informationresources/Publications/WCMS_732791/lang--en/index.htm Género, cuidados y juventudes. Brechas de equidad, desafíos y rutas para avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en América Latina y el Caribe126 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2010). Panorama social de América Latina 2009. cepal. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2017). Panorama social de América Latina 2016. cepal. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2019). La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes. cepal. Recuperado de https:// www.cepal.org/es/publicaciones/45032-la-autonomia-mujeres-escena- rios-economicos-cambiantes Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2021). Panorama social de América Latina 2020. cepal. De León, G. (2017). Jóvenes que cuidan: Impacto en su inclusión social. Documentos de Trabajo del CIPPEC. Recuperado de https://www.cippec.org/wp-con- tent/uploads/2017/04/158-DT-PS-Jovenes-que-cuidan-Gimena-de- Leon-2017.pdf Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). Encuesta Nacional de Uso del Tiempo Colombia 2016-2017. Departamento Nacional de Planeación. (1992). Política social para los jóvenes y las mujeres. Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/ Econ%C3%B3micos/2626.pdf Díaz, V., y Fernández, J. (2017). ¿Qué sabemos de los jóvenes rurales? Síntesis de la situación de los jóvenes rurales en Colombia, Ecuador, México y Perú. Serie Documento de Trabajo, 228. Esquivel, V. (2012). Las encuestas de uso del tiempo y la medición del trabajo doméstico y de cuidados. En A. Domínguez Mon, A.M. Méndez Diz, P. Schwarz y M. Camejo (Comps.), Usos del tiempo, temporalidades y géneros en contextos (pp. 31-48). Antropofagia. Esquivel, V., y Kaufmann, A. (2016). Innovaciones en el cuidado: Nuevos conceptos, nuevos actores, nuevas políticas. Fundación Friedrich Ebert-unrisd. Ferrari, F., y Scavino, S. (2015). Desigualdades de género en jóvenes uruguayos. En K. Batthyany (Comp.), Los tiempos del bienestar social. Género, trabajo no remunerado y cuidados en Uruguay. Instituto Nacional de Mujeres (inmuje- res) – mides. Instituto Nacional de Estadística. (2013). Encuesta del Uso del Tiempo y del Trabajo no Remunerado. Recuperado dehttps://www.ine.gub.uy Instituto Nacional de Estadística. (2018). Encuesta Nacional de Adolescencia y Juven- tud. Recuperado de https://www.ine.gub.uy/encuesta-nacional-de-ado- lescentes-y-juventud-enaj-2018 Íñiguez Rojas, L., Figueroa Fernández, y E., Rojas Martínez, J. (2017). Atlas de la infancia y la adolescencia en Cuba: Análisis a partir del Censo de Población y Viviendas 2012. Editorial UH. Ochoa Díaz, D., Silva Arias, A. C., y Sarmiento Espinel, J. A. (2015). Actividades y uso del tiempo de las y los jóvenes que ni estudian ni trabajan en Colom- bia. Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, 15(29), 149-162. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v15n29/v15n29a10.pdf Peñate Leiva, A., Semanat Trutie, R., y del Risco Sánchez, O. (2020). Adolescentes y jóvenes cubanos en los ámbitos de la familia y pareja. Centro de Estudios sobre la Juventud-Fondo de Población de las Naciones Unidas. 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.127 Quintana, L., y Bombino, Y. (2012). Proyecto piloto prevención y atención del emba- razo adolescente: Estudio de casos en Cuba y Venezuela. 2011-2012. Informe de investigación. Centro Nacional de Educación Sexual. Rodríguez Enríquez, C. (2019).Trabajo de cuidados y trabajo asalariado: Desarman- do nudos de reproducción de desigualdad. Revista THEOMAI. Estudios Crí- ticos sobre Sociedad y Desarrollo 39, 78-99. Romero, M. (2019). Género, cuidado de la vida y política social en Cuba: Estrategias, actores y recomendaciones para una mayor corresponsabilidad. Fundación Friedrich Ebert. Recuperado de http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fes- caribe/15758.pdf Torres, A. (Ed). (2021). Los cuidados: Del centro de la vida al centro de la política. Fundación Friedrich Ebert. Género, cuidados y juventudes. Brechas de equidad, desafíos y rutas para avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en América Latina y el Caribe128 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.129 Juventud, género y brechas digitales en América Latina y el Caribe: avances y deudas pendientes Presentación Si bien el acceso a internet presenta una tendencia creciente a nivel mun- dial, aún está lejos de ser universal (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [unicef], 2017; Unión Internacional de Telecomunicaciones [uit], 2020). En la región latinoamericana y caribeña, dicho acceso presenta claros patrones de desigualdad, particularmente acentuados en aquellos países donde son más profundas las desigualdades socioeducativas, económicas, étnicas y de género (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [cepal], 2021; Galperin, 2017). Las oportunidades asociadas a la inclusión digital —y su correlato, la pérdida de oportunidades y de derechos asociados a la exclusión digital— guardan relación con las condiciones de acceso y uso de internet en un do- ble sentido: las desigualdades territoriales y socioeconómicas son determi- nantes de diferentes niveles de acceso, pero, a su vez, estas desigualdades son reforzadas por las desigualdades digitales. Además, existe consenso en que la apropiación de las tecnologías de información y comunicación (tic) constituye un factor importante en el bienestar y el desarrollo humano (Di Maggio et al., 2004; Selwyn, 2004). Dado que durante el periodo de dis- tanciamiento social asociado a la pandemia de covid-19 las oportunidades de participación en los diversos ámbitos de la vida social han dependido fuertemente de la inclusión digital, las desigualdades entre quienes están incluidos digitalmente y quienes no lo están se han ahondado, situación que deberá ser retomada desde las políticas en el escenario pospandemia. Es necesario considerar los impactos de mediano y largo plazo que las desigualdades digitales tienen en las oportunidades de participación de las juventudes en diversas esferas de la vida social, incluyendo la educación, la cultura, el trabajo, la salud y la esfera cívico-política. Así, este capítulo se propone trazar un panorama de la situación de las juventudes latinoameri- canas y caribeñas frente al acceso y uso de tic, considerando principalmen- te los clivajes de género y nivel socioeconómico (nse). La reflexión acerca de los impactos de los avances y deudas pendientes en relación con estas brechas, así como las recomendaciones de política se volcarán principal- mente a las dimensiones educación y preparación para el mundo del trabajo. Para ello, se presentarán datos acerca del uso de internet en el grupo de edad de 15 a 29 años, con apertura por sexo, tomados de las bases de datos Ana Laura Martínez Uruguay Luciana Portilho Brasil130 de la uit para un conjunto amplio de países de la región y, por otra parte, de encuestas recientes sobre el uso de tic realizadas en Brasil, Ecuador, México y Uruguay. El análisis se acompañará de una reflexión acerca de la relación entre brecha digital, trabajo y educación para varones y muje- res jóvenes en América Latina y el Caribe (alc), desde una perspectiva de derechos, y finalizará con el relevamiento de un conjunto de experiencias regionales alentadoras, seguidas de recomendaciones de política. Brechas digitales e inclusión digital en América Latina y el Caribe La inclusión digital surge como un nuevo campo de intervención pública a finales del siglo XX. Es posible identificar diversas definiciones de qué se entiende por inclusión digital relacionadas, a su vez, con cuál ha de ser su propósito: promover el desarrollo económico de los países, habilitar la participación de sectores más amplios de la población en ese desarro- llo, resolver problemas colectivos o individuales, o garantizar derechos, de manera que todas las personas tengan oportunidades para desarrollarse en el escenario social contemporáneo, que demanda el conocimiento y uso de dispositivos digitales (Ribeiro Rosa, 2018). El abordaje de la inclusión digital desde una perspectiva de derechos y la relación de este enfoque con la implementación de políticas digitales pertinentes, relevantes e inclusivas para las juventudes latinoamericanas y caribeñas implican reconocer la multidimensionalidad de la brecha digi- tal: es necesario ir más allá de la desigualdad en el acceso y considerar, al menos, desigualdades en los usos y en el desarrollo de habilidades digita- les, así como sus resultados tangibles (Helsper, 2021). La brecha digital en sus diferentes dimensiones es un desafío aún no su- perado en América Latina y el Caribe: ella se manifiesta no solo en la com- paración con los países desarrollados, sino que también se hace visible en los países a nivel geográfico (entre poblaciones urbanas y rurales), a nivel socioeconómico, en la dimensión de género, y se relaciona estrechamente con desigualdades de capital sociocultural, entre las que resulta determi- nante el nivel educativo (cepal, 2020). En el recuadro 1 se presentan datos del contexto de alc para la población en general, antes de adentrarnos específicamente en la población de 15 a 29 años. Respecto a la dimensión de género en particular, los diversos informes disponibles apuntan a que en América Latina y el Caribe el nivel de acceso a tic tiende a ser paritario entre varones y mujeres. Las pequeñas dife- rencias que se observan en algunos países se dan a favor de las mujeres y en otros, de los varones. Este panorama diferencia claramente a alc de otras regiones del Sur Global, donde sí se verifica un menor acceso a tic de las mujeres, incluso entre las más jóvenes (Galperin, 2017; World Wide Web Foundation, 2020). Sin embargo, avanzando hacia el plano del uso y el desarrollo de habilidades digitales, comienzan a manifestarse diferencias de género que vale la pena analizar y, sobre todo, tomar en cuenta para el diseño de políticas (Cobo et al., 2018; Pavez, 2015; Stoilova et al., 2021, entre otros). Solo 3 de cada 10 trabajadores en el área de matemáticas y ciencias de la computación son mujeres 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.131 Así, las brechas de género se extienden, principalmente, a las habilidades digitales, necesarias no solo para socializar en línea, sino para aprender, estudiar e insertarse en el mercado laboral, donde son crecientemente de- mandadas. Como veremos en este capítulo, el grupo de habilidades más desigualmente desarrollado por varones y mujeres es el asociado a la pro- gramación, y esta tendencia refuerza, a su vez, una brecha de género iden- tificada en diversos estudios en las carreras de ctim (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas; stem, por sus siglas en inglés).1 En particular, la cantidad de mujeres que trabajan en las industrias relacionadas con tecno- logía de la información y la comunicación es significativamente menor que la de varones, incluso en los países más desarrollados (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [ocde] y Organización Interna- cional del Trabajo [oit], 2019), y sus condiciones de inserción en ellas son expresivamente desiguales. Más allá de la paridad en las oportunidades de inserción laboral, es im- portante considerar también el potencial educativo y de emancipación ciudadana asociado a la posibilidad de desarrollar habilidades digitales avanzadas por parte de niños, niñas y jóvenes. En el presente capítulo tra- bajaremos a partir de esta consideración para plantear algunas recomen- daciones de política que promuevan mayores oportunidades y apunten a quebrar los desbalances en la relación de las juventudes con las tic en alc. 1 Puede encontrar más información sobre este tema en el recuadro 2. Recuadro 1. El acceso a TIC en América Latina y el Caribe y la pandemia de covid-19 Según datos de la cepal (2020), en 2019 el 66,7 % de la población de América Latina y el Caribe era usuaria de internet. El acceso a la red está es- trechamente relacionado con el nivel de ingresos y la ubicación geográfica de los hogares, así como con la edad de las personas; en algunos países — principalmente en los andinos— guar- da relación, además, con la dimensión de género. Como sabemos, alc es la región más desigual del planeta en términos de ingresos. Ello se refleja, entre muchas otras dimensiones, en el acceso a internet: en 12 países de América Latina, el 81 % de las personas del quintil más alto de ingresos tienen conexión a internet en el hogar, mien- tras que en el quintil más bajo solo lo tienen el 38 %. En algunos países este problema es particularmente agu- do. En Bolivia, El Salvador, Paraguay y Perú, más del 90 % de los niños y ni- ñas de los sectores más vulnerables no cuentan con conexión a internet en el hogar, mientras que en los países de renta media y media-alta esta cifra desciende al 30 %. Otro tanto ocurre con el acceso a dispositivos (computa- doras, celulares y tabletas). El informe de cepal (2020) muestra un aumento de la participación en la educación mediada por TIC de más del 60 % en el contexto de la pande- mia, principalmente entre estudiantes de 15 años y más. Sin embargo, este aumento está marcado por las brechas de acceso a dispositivos y a conexión de internet preexistentes. Las bajas ve- locidades de conexión disponibles di- ficultan el trabajo remoto o la educa- ción virtual, con lo que se profundizan patrones de exclusión: de acuerdo con este mismo informe, cuando la veloci- dad de descarga es inferior a 5,5 Mbps (megabits por segundo), es posible de- sarrollar actividades básicas (envío de correo electrónico, por ejemplo), pero se hace muy difícil realizar teletrabajo o participar en la educación en línea. A junio de 2020, en 8 de los 18 los paí- ses latinoamericanos y caribeños es- tudiados no se alcanzaba la velocidad de descarga necesaria para desarrollar este tipo de actividades en línea.). Juventud, género y brechas digitales en América Latina y el Caribe: avances y deudas pendientes132 Panorama del acceso y el uso de tic en América Latina y el Caribe Antes de avanzar en la presentación de datos, resulta necesario expli- citar algunas de sus limitaciones: por una parte, sea por estar ausente la pregunta (es el caso de etnia, por ejemplo), por el tamaño muestral o por la forma como están estructuradas las bases de datos, existe una restricción ineludible para realizar cruzamientos de variables que permitan concretar un análisis interseccional, así como un abordaje no binario de género, en la medida en que estas bases presentan solamente las categorías hombre y mujer en la variable sexo. Dicho esto, aun con esas limitaciones, este capítulo constituye un aporte relevante en la medida en que son escasos los enfoques con datos específicos para el grupo de edad de 15 a 29 años a nivel país en la región de alc que habilitan una mirada de género y toman en cuenta desigualdades socioeconómicas. Tal como se mencionó, es posible afirmar que el acceso a tic se ha torna- do paritario entre los géneros en el caso de las juventudes (tabla 1), pero a medida que avanza la edad, las disparidades de género aumentan. Las mayores diferencias en el acceso a internet en el grupo de edad de 25 a 74 años se observan en Bolivia (54,1 % de los hombres y 45,6 % de las mujeres) y Perú (58,4 % de los varones y 52,0 % de las mujeres). El acceso a internet en las juventudes ocurre, principalmente, a través del teléfono celular, generalizado en este grupo de edad en la región. Con excepción de Bolivia y Ecuador, más del 90 % de los jóvenes tienen acceso a este dispositivo, y ese acceso es paritario. Las principales diferencias se observan en Uruguay y Colombia; en ambos casos, a favor de las mujeres. El uso de computadoras es mucho menor en comparación con el de te- léfonos celulares. Con excepción de Brasil, en los países de la región me- nos del 70 % de los jóvenes tienen acceso a una computadora; se distingue Paraguay, donde solo alrededor de un tercio de los jóvenes la usan. Aquí tampoco existen diferencias significativas entre los sexos, y las que se ob- servan (República Dominicana, Costa Rica y Paraguay) son a favor de las Recuadro 2. Varones y mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática La selección de datos que se presenta a continuación da una idea clara de la segregación de género que caracteriza a las ocupaciones CTIM. El 60 % de las personas graduadas en carreras terciarias y universitarias son mujeres, pero ellas solo representan el 30 % de los graduados en carreras CTIM. Y en carreras vincu- ladas específicamente a las TIC, las mujeres solo represen- tan el 28 % de los graduados. Solo 3 de cada 10 trabajadores en el área de matemáticas y ciencias de la computación son mujeres (en Bolivia, solo 1 de cada 10), y en estas áreas la brecha salarial es grande: las mujeres reciben un salario 40 % inferior al de los hombres empleados en las mismas áreas. Estos datos ponen de manifiesto la desventaja en que se encuentran las mujeres en el sector y colocan razona- bles dudas sobre sus posibilidades de aprovechar de forma ecuánime las posibles oportunidades derivadas de lo que se conoce como cuarta revolución industrial. Fuente: Agüero et al. (2019) y Bustelo et al., (2019). 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.133 mujeres. Cabe recordar, una vez más, que esta tendencia se verifica apenas en los grupos más jóvenes: las generaciones de mayor edad sí presentan diferencias de acceso a tic en detrimento de las mujeres. Tabla 1: Jóvenes, por sexo, que usan computadora, celular e internet Países Usan computdora Usan celular Usan internet Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Argentina 57,3 58,2 78,2 75,6 92,4 93,4 Bolivia (Estado Plurinacional de) 54,3 51,7 93,1 90,8 88,7 88,2 Brasil* 78,6 80,1 97,5 96,2 95,5 92,1 Colombia 62,3 63,3 89,4 90,8 90,7 92,9 Costa Rica 61,8 65,6 90,2 92,9 95,7 96,8 Ecuador* 51,2 53,0 88,9 88,9 75,4 75,2 República Dominicana 55,6 60,8 72,1 73,1 94,8 96,5 México* 55,5 56 91,3 89,5 98,2 98,2 Paraguay 31,1 34,8 85,9 87,7 90,5 91,4 Perú 62,7 60,1 84,0 81,1 92,5 92,3 Uruguay 64,9 66,9 94,2 96,0 90,9 94,6 Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database (2021); Núcleo de Informa- ción y Coordinación del Ponto BR (NIC.br, 2021); Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2021); Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares (ENDUTIH, 2020); Instituto Nacional de Estatística y Censos de Ecuador (INEC, 2021). Elaboración propia. Nota: *Países con resultados para personas de 15 a 29 años. En los demás países, la edad considerada es de 15 a 24 años. Año del dato: Brasil, México y Ecuador: 2020. En el caso de Brasil y México, en el nse más alto el uso de computadoras es prácticamente universal para ambos sexos. En el nse más bajo este uso llega a un piso de 50,8 % de los hombres y 58,4 % de las mujeres en Brasil, y solo a 32 % de los hombres y 29 % de las mujeres en México. El caso de Uru- guay se distingue de los otros países, ya que las diferencias más grandes se encuentran en el nse más alto: 85,6 % de los varones y 65,3 % de las mujeres usan computadoras. En el estrato medio bajo este uso es casi tan alto y más paritario: 84,1 % de los varones y 80,3 % de las mujeres, resultado que puede ser atribuible a la implementación del Plan Ceibal2 en el sistema educativo público. 2 De acuerdo con su página institucional, Plan Ceibal se creó en 2007 con el objetivo de apoyar a las políticas educativas uruguayas con tecnologías. Desde su implementación, cada niño, niña y adolescente que ingresa al sistema educativo público en todo el país accede a una computadora para su uso personal, y a conexión a internet gratuita en el centro educativo. Además, Plan Ceibal implementa un conjunto de programas, recursos Juventud, género y brechas digitales en América Latina y el Caribe: avances y deudas pendientes134 En una línea similar, para un conjunto más amplio de países y con refe- rencia al contexto de pandemia, el informe de cepal (2020) destaca que en- tre el 70 % y el 80 % de los estudiantes de los niveles socioeconómicos más altos cuentan con computadoras portátiles en sus hogares, mientras que entre los estudiantes de los quintiles de menores ingresos solo las tienen entre el 10 % y el 20 % (tendencia revertida solo en casos excepcionales, como el del Uruguay). El informe señala también la ya apuntada desigual- dad entre las zonas urbanas y rurales, con 67 % y 23 % de los hogares con conexión a internet, respectivamente. En países como Bolivia, El Salvador, Paraguay y Perú, solo el 10 % de los hogares rurales cuentan con internet. Una primera reflexión que surge de los datos presentados tiene que ver con la importancia de abordar las dimensiones de la brecha digital, princi- palmente el acceso a internet, trascendiendo aproximaciones dicotómicas (ser-no ser usuario/a de internet), algo que se torna particularmente rele- vante en un contexto de niveles de acceso crecientes. En otras palabras, si los niveles de acceso a internet parecen tan altos y casi universales en muchos países de la región, ¿qué explica la enorme dificultad que se verifi- có durante la pandemia para acceder a la educación remota de emergencia (ERE)? Visibilizar las desigualdades que subyacen a los crecientes niveles de ac- ceso a tecnologías digitales e internet en las juventudes latinoamericanas implica tener presente que, todavía hoy, buena parte de esa población se conecta a la red exclusivamente mediante teléfonos celulares, sin acceso a computadoras que —potencialmente— les permitirían desempeñar una diversidad mayor de tareas (Correa et al., 2018; Trucco y Palma, 2020), con bajos niveles de acceso a banda ancha fija en el hogar y con planes de ac- ceso a datos móviles que en la práctica resultan insuficientes para un uso frecuente, periódico y significativo, como el que demanda, por ejemplo, la participación en educación formal impartida de forma remota, o en cursos de educación no formal o informal, claves para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. A la luz de todo ello, una propuesta digna de mención es la formulada por la Alianza para una Internet Asequible (Alliance for Affordable Inter- net [a4ai]) cuyo objetivo es «elevar la vara» del acceso a internet y estable- cer metas de política más ambiciosas para el desarrollo digital. Plantean que los beneficios del uso de internet se verifican al poder usarla con regu- laridad, no solo ocasionalmente. El marco propuesto establece umbrales mínimos en cuatro dimensiones claves del acceso: uso habitual (diario); uso de un dispositivo apropiado (acceso a un teléfono inteligente como umbral mínimo); datos suficientes (acceso a una conexión de banda ancha ilimitada), y conexión rápida (conectividad móvil 4G como mínimo). Además del acceso a las tic, es importante considerar su uso. De modo general, las actividades más realizadas por las juventudes en los tres paí- ses analizados (Brasil, México y Uruguay) están relacionadas con la comu- nicación: envío de mensajes instantáneos, conversación por llamada de voz o videollamada, y con el uso de redes sociales (tabla 2). Las actividades relacionadas con el entretenimiento, tales como escuchar música, ver vi- educativos y capacitación docente que apuntan a transformar las maneras de enseñar y aprender. Fuente: https://www.ceibal.edu.uy/es/institucional Las mujeres hacen más cursos a distancia y realizan actividades de trabajo en línea 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.135 deos, programas, películas o series, así como leer por internet, presentan diferencias significativas entre los países. En Brasil, más de 7 de cada 10 jóvenes realizan actividades de entretenimiento en línea, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. En México, un porcentaje más alto de mujeres utilizan internet para leer noticias, mientras que más hombres escuchan música o ven videos en línea. En Uruguay, la actividad de este tipo más realizada por ambos sexos es leer en internet, sin diferencias con- siderables entre sexos. Los jóvenes que realizan actividades relacionadas con educación y traba- jo son un porcentaje menor, principalmente en el Uruguay, donde, a pesar de eso, las mujeres hacen más cursos a distancia y realizan actividades de trabajo en línea. En Brasil hay una diferencia de cerca de 10 puntos por- centuales a favor de los hombres en la participación en cursos a distancia y realización de actividades laborales en línea. En México, las mayores dife- rencias están en las actividades escolares, a favor de las mujeres. Tabla 2: Jóvenes, por sexo y actividades realizadas en internet3 Actividades en internet Brasil México Uruguay Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Envío de mensajes instantáneos 97 98 97 97 98 99 Conversó por llamada de voz o videollamada 81 84 87 89 78 88 Utilizó redes sociales 90 90 98 97 100 99 Buscó información rela- cionada con la salud o con servicios de salud. 49 64 60 72 57 75 Realizó consultas, pagos u otras transac- ciones financieras 48 47 32 27 46 45 Escuchó música por internet 90 86 67 61 54 32 Vio videos, programas, películas o series por internet 86 87 83 76 76 82 Leyó periódicos, revistas o noticias por internet 71 72 51 56 90 89 Realizó actividades o búsquedas escolares 57 62 64 77 - - Tomó cursos a distancia 35 25 42 44 13 18 3 Se presentan los datos de actividades realizadas en internet para los tres países que cuentan con encuestas recientes sobre uso de tic por la población. En Uruguay la pre- gunta respecto a escuchar música por internet se refiere a radios en línea, por lo que no es comparable con los otros países. Juventud, género y brechas digitales en América Latina y el Caribe: avances y deudas pendientes136 Actividades en internet Brasil México Uruguay Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Realizó actividades laborales 48 39 - - 27 31 Creó o actualizó blogs, páginas de internet o sitios web 31 24 8 7 - - Fuente: Brasil, NIC.br (2021); México, inegi (2021); Uruguay: Instituto Nacional de Estadís- tica y Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimien- to (ine y AGESIC, 2020). Elaboración propia. Las actividades de comunicación, envío de mensajes y uso de redes so- ciales no presentan diferencias significativas entre los nse ni por género. En las demás actividades, se observan diferencias significativas entre el nse más alto y el más bajo. En Brasil, se destacan las actividades de educación y trabajo: en el nse más alto, las mujeres hacen más cursos en línea que los hombres (80 % y 60 %, respectivamente), mientras que en el nse más bajo esta relación se invierte (21 % de los hombres y 12 % de las mujeres). En las actividades laborales por internet, la principal diferencia entre géneros está en el nse más bajo, con 40 % de los hombres y 21 % de las mujeres. En el caso de México, al igual que en el de Brasil, la videollamada es la actividad de comunicación que presenta mayores diferencias entre los nse: 94 % del nse más alto y 80 % del más bajo lo hacen, sin diferencias por sexo. Las actividades de entretenimiento, escuchar música y ver videos presen- tan una diferencia de cerca de 20 puntos porcentuales entre el nse más alto y el más bajo, y en los estratos medio bajo y bajo un porcentaje menor de mujeres realizan estas actividades en línea. En Uruguay, las diferencias entre los estratos socioeconómicos en cuanto a las actividades de entrete- nimiento son menores: cerca de 10 puntos porcentuales y sin diferencias significativas entre los sexos. El trabajo por internet es una actividad que realizan cerca de 35 % de los hombres y mujeres del nse más alto, y cerca de 20 % de los hombres y las mujeres del nse más bajo. Además, solamente 5 % de los hombres del nse más bajo hacen cursos a distancia; en comparación, 13 % de las mujeres de este estrato los realizan. En el estrato más alto, cer- ca de 20 % de los y las jóvenes realizan cursos a distancia. Esos datos indican posibles diferencias de aprovechamiento de internet por género, pero también por estrato socioeconómico, que pueden refle- jarse en los beneficios tangibles extraídos del uso de internet. La reali- zación más masiva de actividades de comunicación se ve facilitada, por una parte, por requerir habilidades digitales más sencillas, pero también se relaciona con la práctica de zero rating de las operadoras de telefonía móvil, que brindan planes para el uso de redes sociales que no consumen los datos móviles contratados (CGI.br, 2020; Lefèvre, 2015). 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.137 Tercera dimensión de la brecha digital: las habilidades digitales Las habilidades digitales se refieren a un conjunto de conocimientos y habilidades asociados al uso de las tic que son cada vez más necesarios para la inclusión digital, la educación y el trabajo (Van Dijk y Van Deursen, 2014). Las habilidades más comúnmente desarrolladas se relacionan con el uso de herramientas para copiar y pegar contenido, duplicar archivos y enviar correos electrónicos con archivos adjuntos. Estas actividades son realizadas por aproximadamente el 70 % o más de las personas usuarias de internet, a excepción de Colombia y Perú. Las actividades que involu- cran competencias técnicas más avanzadas, tales como la programación en ambientes digitales y la descarga, instalación y configuración de software y aplicaciones, son realizadas por una menor proporción de la población (tabla 3). Al observar determinados tipos de habilidades, se identifican diferencias significativas entre varones y mujeres. En general, las mujeres desarrollan más habilidades orientadas a actividades de oficina, tales como copiar, ob- tener, mover o duplicar datos y archivos, enviar archivos adjuntos a men- sajes y crear presentaciones. Sin embargo, las diferencias mayores se en- cuentran en las habilidades más técnicas. En todos los países investigados, la programación en ambientes digitales fue reportada por más hombres que mujeres, sobre todo en Uruguay, con una diferencia de 13 puntos por- centuales a favor de los hombres. Además, la conexión e instalación de nuevos dispositivos presentó diferencias a favor de los hombres (12 puntos porcentuales en Brasil, 10,7 en Uruguay, 9,8 en México y 7,2 en Ecuador). Además de un sesgo de género, también se verifica un sesgo por estra- to socioeconómico en relación con las habilidades digitales. Una primera observación es que en Brasil, mientras que en los niveles socioeconómicos alto y medio hay una alternancia en algunas habilidades, estando más pre- sentes algunas de ellas entre los hombres y otras entre las mujeres, en los niveles más bajos todas las habilidades digitales presentan un porcentaje menor de mujeres que declararon tenerlas. Las diferencias más significa- tivas se observan en la habilidad de encontrar, descargar, instalar y con- figurar software y aplicativos, y en transferir archivos o aplicativos entre dispositivos, ambas con una diferencia de 26 puntos porcentuales entre los sexos. Otras habilidades están más presentes en los niveles socioeconómicos más altos y son menos frecuentes en los más bajos. Un ejemplo es el uso de herramientas de copiado y pegado, que es universal para la clase A, pero desciende al 58 % de los hombres y 49 % de las mujeres en el nse más bajo. En México, las diferencias más significativas se observan entre estratos sociales y en menor medida entre los sexos. Así, habilidades como conectar e instalar nuevos dispositivos fue reportada por 82 % de los hombres del estrato más alto y 56 % del estrato más bajo, mientras que entre las mujeres poseen esta habilidad 75 % del estrato más alto y 49 % del estrato más bajo. Encontrar, bajar, instalar y configurar software y aplicativos está presente en 73 % de los hombres del estrato más alto y 59 % de los del estrato más Juventud, género y brechas digitales en América Latina y el Caribe: avances y deudas pendientes138 Ta b la 3 : J óv en es , p or s ex o y h ab ili d ad es d ig it al es H ab ili da de s Br as il Co lo m bi a Ec ua do r* M éx ic o* Pe rú Ur ug ua y H M H M H M H M H M H M U sa r h er ra m ie nt as d e co pi ad o y pe ga do p ar a du pl ic ar o m ov er d at os , i nf or m ac ió n y co nt en i- do s en a m bi en te s di gi ta le s 71 ,6 70 ,7 56 ,6 57 ,3 95 ,7 96 ,4 93 ,0 92 ,2 54 ,6 53 ,8 82 ,9 89 ,3 En vi ar m en sa je s co n ar ch iv os a dj un to s 68 ,8 78 ,0 55 ,5 57 ,1 91 ,9 95 ,2 95 ,8 96 ,0 47 ,8 46 ,9 82 ,9 89 ,0 U sa r f ór m ul as a rit m ét ic as b ás ic as e n un a pl an ill a de c ál cu lo 42 ,1 32 ,6 41 ,2 42 ,5 71 ,6 73 ,0 78 ,9 80 ,6 35 ,1 34 ,9 65 ,1 59 ,6 Co ne ct ar e in st al ar n ue vo s di sp os iti vo s 32 ,3 20 ,0 46 ,0 46 ,2 70 ,0 62 ,8 73 ,3 63 ,5 25 ,8 27 ,3 79 ,5 68 ,8 Cr ea r p re se nt ac io ne s di gi ta le s co n so ftw ar e pa ra p re se nt ac io ne s 38 ,8 45 ,7 44 ,2 43 ,2 76 ,1 76 ,5 87 ,9 89 ,7 40 ,3 39 ,8 60 ,4 66 ,8 Pr og ra m ar e n am bi en te s di gi ta le s 12 ,9 75 ,6 10 ,3 7, 5 17 ,1 10 ,2 24 ,5 22 ,7 - - 19 ,5 6, 7 En co nt ra r, ba ja r, in st al ar y c on fig ur ar s of tw ar e y ap lic at iv os 61 ,7 49 ,9 29 ,3 31 ,1 59 ,4 51 ,1 64 ,6 61 ,2 21 ,5 24 ,0 74 ,8 74 ,8 Tr an sf er ir ar ch iv os o a pl ic at iv os e nt re d is po - si tiv os 63 ,7 63 ,5 46 ,0 45 ,3 82 ,3 79 ,5 - - 38 ,7 36 ,1 90 ,6 78 ,8 Fu en te : C ol om bi a y Pe rú : Te le co m m un ic at io n/ IC T In di ca to rs D at ab as e (2 02 1) ; Br as il: N IC .b r (2 02 1) ; M éx ic o: i n eg i (2 02 1) ; Ec ua do r: I N EC ( 20 21 ); U ru gu ay : IN E y AG ES IC ( 20 20 ). El ab or ac ió n pr op ia . 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.139 bajo; entre las mujeres, lo está en el 73 % de las del estrato más alto y 55 % de las del más bajo. Entre las habilidades más direccionadas a actividades administrativas o de oficina se observa, en general, un porcentaje más alto de mujeres que reportan tenerlas. Tanto en la habilidad de crear presentaciones como en la de usar fórmulas en planillas de cálculo se verifican bajas diferencias porcentuales entre hombres y mujeres de todos los estratos sociales (2 y 3%, respectivamente). En Uruguay, el uso de fórmulas en planillas presenta una diferencia sig- nificativa en el nse más alto (94 % de los hombres y 56 % de las mujeres), que disminuye para los nse medio bajo y bajo. En conclusión, el acceso a dispositivos digitales y el uso de internet son elevados en la región entre las juventudes, con brechas de género de esca- sa magnitud. Las principales brechas se identifican cuando «ponemos la lupa» en los datos: entre países, entre niveles socioeconómicos y contextos de residencia al interior de los países y, sobre todo, en las diferencias en la calidad y disponibilidad de ese acceso para su pleno aprovechamiento. También se verifican en los usos y habilidades digitales desarrolladas por la población, con claros sesgos de género y nivel socioeconómico. Esto nos permite afirmar que la brecha digital es un desafío no superado en América Latina y el Caribe, lo que configura oportunidades desiguales de participar en la sociedad y en la economía digital. De lo analizado hasta el momento se desprende que las políticas deben reconocer y responder a desafíos que van más allá del acceso (aunque lo tengan como condición necesaria); se requiere, además, diseñar estrate- gias que apunten al uso, la apropiación y la participación paritaria en las oportunidades de aprender y tomar parte en la vida social, cultural y labo- ral, atendiendo a las nuevas estructuras de oportunidades y a los riesgos de profundización de las exclusiones en el nuevo escenario educativo y en el plano laboral. Teniendo en cuenta este panorama, es necesario diseñar políticas tic que atiendan las necesidades de grupos específicos; en tal sentido, resulta cla- ve el potencial de las políticas de inclusión digital sensibles al género para hacer de la apropiación de las tic por los sectores más desfavorecidos un medio para la mejora de sus condiciones materiales y simbólicas de vida. En este sentido, la apuesta por la democratización de la apropiación de las tecnologías se vuelve, de acuerdo con lo planteado por Morales (2017), un objetivo político posible y necesario. Se trata no solo de lograr el acceso a las tecnologías digitales, sino de promover un vínculo con ellas que per- mita generar transformaciones en la vida cotidiana de las juventudes, así como en las comunidades en las que se desarrollan. Para que esto sea posible, se deben tener en cuenta las condiciones de acceso material, dadas por la disponibilidad de los dispositivos y conecti- vidad, pero también las condiciones simbólicas, dadas por el conocimien- to y la relación con las tic, apuntando a ampliar los usos y las decisiones que esos usos permiten tomar (Morales, 2017). Se trata de estrategias que apunten a generar vínculos con las tic en términos de apropiación social, junto a las competencias que permitirían aprovechar todo su potencial. Se Además de un sesgo de género, también se verifica un sesgo por estrato socioeconómico Juventud, género y brechas digitales en América Latina y el Caribe: avances y deudas pendientes140 establece así la necesidad de comprender los vínculos de las personas con las tecnologías no solo en los contextos materiales, sino también en los simbólicos (Cabello, 2017). Desde este enfoque, en la etapa de la vida en la que se encuentran bue- na parte de las personas de 15 a 29 años el ámbito educativo es clave, pero no es el único, dado que en esta franja de edad buena parte de los y las jóvenes habrán realizado la transición hacia el mundo del trabajo y/o posiblemente hacia la formación de una familia. Por ello, es fundamental promover la construcción contextualizada de competencias digitales, en el marco de procesos en los que cada joven se sienta reconocido/a como una persona con saberes, expectativas y características específicas, que le permitan orientarse con libertad hacia distintos campos de conocimiento, trascendiendo estereotipos autolimitantes. Ello implica concebir políticas que abarquen la dimensión educativa en clave de conocimiento y recono- cimiento de las poblaciones a las que van dirigidas. (Morales, 2017). Durante la pandemia quedó más claro que nunca el potencial de las tic para dar sustento al aprendizaje, y su contracara, los perjuicios y desigual- dades asociados a la falta de acceso o a déficits en las habilidades para su uso significativo. Existen indicios de una revalorización de las tic por ac- tores claves, de manera que se está frente a una oportunidad de fortalecer el lugar de este tema en la agenda de políticas. La pandemia ha subrayado la importancia del acceso a internet, al tiempo que ha dejado al desnudo las pronunciadas desigualdades socioeconómicas, geográficas, etarias y de género que aumentan las vulnerabilidades de buena parte de la población no solo al desarrollo de la enfermedad en particular sino a los impactos de la crisis en su conjunto. A continuación, se presentan algunas recomenda- ciones, organizadas según las dimensiones en las que hemos presentado el análisis de los datos y su interpretación. Implicancias para las políticas Por una parte, es fundamental garantizar el acceso significativo a inter- net a la población aún no cubierta. Las políticas públicas deben abordar los factores vinculados al desarrollo de infraestructura y asequibilidad, imple- mentando estrategias de construcción de la infraestructura para el acceso a internet y conectividad asequible o gratuita, priorizando a los sectores y territorios más desfavorecidos. Otro punto importante en esta línea es asegurar a estudiantes y docentes el acceso a dispositivos adecuados para el aprendizaje. Una posibilidad interesante en este sentido es mantener, profundizar y dar sostenibilidad a las medidas de emergencia implemen- tadas en el contexto de pandemia que, aunque con limitaciones, en los hechos aumentaron el acceso a servicios de internet gratuitos o de bajo costo para estudiantes y docentes. Por otra parte, es fundamental promover políticas de alfabetización di- gital que ayuden a niños, niñas y jóvenes, en particular a las mujeres, a contar con las competencias necesarias para lograr una mayor apropia- ción de las tic y una participación más sustantiva en su producción. En este sentido, la recomendación no es crear solo cursos o capacitaciones, sino generar espacios que trabajen de forma integral la participación de jóvenes tomando en cuenta los principios enunciados antes, así como ca- Profundizar y dar sostenibilidad a las medidas de emergencia implementadas durante la pandemia 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.141 sos alentadores como los presentados en el recuadro 3. Idealmente, estas iniciativas estarán integradas a políticas digitales más amplias, como las que se han implementado en el campo de la educación en varios países de la región (más notoriamente el caso de Uruguay con el Plan Ceibal, pero también los casos de Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia). En el caso específico de las áreas ctim, desde hace ya algunos años se vienen desarrollando experiencias para acercar a las niñas y adolescentes a estas áreas. Desde 2010 se conmemora el Día Internacional de las Niñas en tic, que sin dudas contribuye a poner el tema en la agenda y a presentar a aquellas niñas y mujeres que sí actúan en estas áreas, lo que favorece la visibilidad de modelos de rol. Más allá de esto, es posible diseñar e imple- mentar mecanismos de apoyo a la participación de mujeres en el desarrollo tecnológico, así como a la elaboración de contenido local y a la creación e innovación con tic. El desarrollo digital inclusivo será fundamental para la recuperación de la crisis consecuencia de la pandemia de covid-19. Asegurar que las juven- tudes más desfavorecidas puedan participar plenamente de las oportuni- dades que abren la sociedad y la economía digital es una parte importante de ello. Las tecnologías digitales no empoderan de forma automática a las personas ni las estructuras tradicionales de poder de un plumazo. Pero las inversiones a largo plazo y el compromiso decidido con la superación de las desigualdades existentes y con la disminución de las desigualdades di- gitales en particular, en el marco de esfuerzos concertados entre Estado, sector privado, actores de la sociedad civil, academia y organismos inter- nacionales, con participación de las partes directamente afectadas, en este caso los y las jóvenes, pueden permitirnos caminar hacia una sociedad di- gital más equitativa e inclusiva. Recuadro 3: Algunas experiencias inspiradoras en la región {reprograma} (Brasil) es una iniciati- va enfocada en enseñar programación a mujeres cis y trans que no cuentan con oportunidades y/o recursos para aprender a programar, con el objetivo de reducir las desigualdades de gé- nero en el sector de tecnologías de la información (TI). Además de ofrecer cursos de formación en programación, el proyecto facilita la inserción laboral, conectando a mujeres recién egresa- das con empresas interesadas en con- tratar recursos humanos. Sitio web: https://reprograma.com.br TIC-as (Costa Rica) es un programa de la Cooperativa Sulá Batsú implemen- tado con apoyo del Fondo de Igualdad de Género de onu Mujeres. Tiene como misión posicionar a las mujeres en el mundo de las tecnologías digitales, promoviendo condiciones de igualdad para su inserción en el ámbito profe- sional. En particular, el programa «Club de chicas y tecnologías» se enfoca en niñas de escasos recursos de zonas rurales, quienes reciben becas a partir del proyecto. Sitio web: https://www.sulabatsu.com/ticas/ Jóvenes a Programar (Uruguay) es un programa impulsado por Plan Cei- bal con el apoyo de la Cámara Uru- guaya de Tecnologías de la Informa- ción (CUTI) y diversas organizaciones nacionales e internacionales que se propone contribuir al desarrollo del sector de las TIC brindando formación en testing y en lenguajes de programa- ción para ampliar las posibilidades de inserción laboral de jóvenes varones y mujeres en un rubro en alta demanda. Tiene un componente específico des- tinado a niñas y mujeres. Además de recibir formación técnica, los/as jóve- nes cuentan con formación en inglés, participan en talleres para el desarro- llo de habilidades socioemocionales, en prácticas de entrevistas laborales, visitas guiadas a empresas, charlas y paneles de discusión. Sitio web: https://jovenesaprogramar.edu.uy Juventud, género y brechas digitales en América Latina y el Caribe: avances y deudas pendientes142 Bibliografía Agüero, A., Bustelo, M., y Viollaz, M. (2019). ¿Desigualdades en el mundo digital?: Brechas de género en el uso de las tic. Banco Interamericano de Desarro- llo. Recuperado de https://publications.iadb.org/es/desigualdades-en-el- mundo-digital-brechas-de-genero-en-el-uso-de-las-tic Bustelo, M., Suaya, A., y Viollaz, M. (2019). El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: ¿Cómo será el mercado laboral para las mujeres? Banco Intera- mericano de Desarrollo. Recuperado de https://publications.iadb.org/es/ el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe-como-sera-el-mer- cado-laboral-para-las-mujeres-0 Cabello, R. (Comp.). (2017). Introducción: La comprensión de los vínculos que es- tablecemos con las tecnologías. En R. Cabello y L. López (Eds.), Contribu- ciones al estudio de procesos de apropiación de tecnologías. Buenos Aires: Ediciones del Gato Gris - Red de Investigadores sobre Apropiación de Tec- nologías. Cobo, C., Cortesi, S., Brossi, L., Doccetti, S., Lombana, A., Remolina, N., Winocur, R., y Zucchetti, A. (Eds.). (2018). Jóvenes, transformación digital y formas de inclusión en América Latina. Montevideo: Penguin Random House. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). Universalizar el acce- so a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del covid-19. Recupe- rado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/45938-universalizar-ac- ceso-tecnologias-digitales-enfrentar-efectos-covid-19 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2021). Panorama social de América Latina. (LC/PUB.2021/2-P). Santiago: cepal. Correa, T., Pavez, I., y Contreras, J. (2018). Digital inclusion through mobile pho- nes?: A comparison between mobile-only and computer users in internet access, skills and use. Information, Communication & Society, 23(7), 1074- 1091, doi:10.1080/1369118X.2018.1555270 Di Maggio, P., Hargittai, E., Celeste, C., y Shafer, S. (2004). From Unequal Access to Differentiated Use: A Literature Review and Agenda for Research on Digital Inequality. Recuperado de http://www.eszter.com/research/pubs/dimag- gio-etal-digitalinequality.pdf Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2017). Niños en un mundo digital: El estado mundial de la infancia. Recuperado de https://www.unicef.org/ media/48611/file Galperin, H. (2017). Sociedad digital: Brechas y retos para la inclusión digital en Amé- rica Latina y el Caribe. Serie Policy Papers de la unesco. París: unesco. Re- cuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262860 Helsper, H. (2021). The Digital Disconnect: Causes and consequences of digital in- equalities. Londres: London School of Economics and Political Science. Instituto Nacional de Estadística y Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. (2020). Encuesta de Usos de Tecnolo- gías de la Información y la Comunicación (eutic) 2019. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2021). Encuesta Nacio- nal sobre Disponibilidad y Uso de tic en Hogares 2020, endutih. Instituto Nacional de Estatística y Censos de Ecuador. (2021). Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares 2020. 2 | Vulnerabilidad. Cuidados. Brechas.143 Lefèvre, F. (2015, agosto). Zero Rating, planos de serviço limitados e o direito de acesso à Internet. PoliTICS, 21. Río de Janeiro. Morales, S. (2017). Imaginación y software: Aportes para la construcción del para- digma de la apropiación. En R. Cabello y L. López (Eds.), Contribuciones al estudio de procesos de apropiación de tecnologías. Buenos Aires: Ediciones Del Gato Gris - Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías. Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2021). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: Pesquisa tic Domicílios (Edição covid-19 - Metodologia adaptada), ano 2020: Base de microdados. Recuperado de: https://www.cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/ microdados/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y Organización In- ternacional del Trabajo. (2019). Women at Work in G20 countries: Progress and policy action Paper prepared under Japan’s G20 Presidency (2019). Re- cuperado de https://www.oecd.org/g20/summits/osaka/G20-Women-at- Work.pdf Pavez, I. (2015, enero). Niñas y mujeres de América Latina en el mapa tecnológico: Una mirada de género en el marco de políticas públicas de inclusión digi- tal. Cuaderno siteal. Buenos Aires: oei-iipe, unesco. Ragnedda, M., y Muschert, G. (2018). Theorizing Digital Divides. Londres: Routledge. Ribeiro Rosa, F. (2018). Inclusión digital como política pública: Disputas en el cam- po de los derechos humanos. Sur. Revista Internacional de Derechos Hu- manos, 34. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32486-1.pdf Selwyn, N. (2004). Reconsidering Political and popular understanding of the Digi- tal Divide. New Media & Society, 6(3), 341-362. Stoilova, M., Livingstone, S. y Khazbak, R. (2021). Investigating Risks and Oppor- tunities for Children in a Digital World: A rapid review of the evidence on children’s internet use and outcomes. Innocenti Discussion Papers 2020-03, February 2021. Telecommunication/ICT Indicators Database (2021). Trucco, D., y Palma, A. (Eds.). (2020). Infancia y adolescencia en la era digital: Un informe comparativo de los estudios Kids Online de Brasil, Chile, Costa Rica y el Uruguay. Santiago: cepal. Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2020). Measuring digital develop- ment: Facts and figures 2020. Recuperado de https://www.itu.int/en/ITU-D/ Statistics/Documents/facts/FactsFigures2020.pdf Van Dijk, J. (2012). The Evolution of the Digital Divide: The Digital Divide Turns to Inequality of Skills and Usage, 57-75. doi:10.3233/978-1-61499-057-4-57 Van Dijk, J. A. G. M., Van Deursen, A. J. A. M. (2014). Digital Skills. Unlocking the Information Society. Nueva York: Palgrave Macmillan. World Wide Web Foundation. (2020). Resumen ejecutivo. En Cerrar la brecha di- gital de género para lograr un mundo más igualitario. (publicación digital). Recuperado de http://webfoundation.org/docs/2020/10/Executive-Sum- mary-Spanish.pdf Juventud, género y brechas digitales en América Latina y el Caribe: avances y deudas pendientesCOISA DE PRETA Jóvenes y precarización del trabajo en cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y México) Trayectorias y transiciones educativas en América Latina y el Caribe. Análisis desde un enfoque de género Precarización TransicionesMi familia fue siempre contadora de historias. Aprovechaba el final de la semana para hablar de aquellas cosas que merecían la pena ser recordadas. Una no da importancia a los pequeños ritos familiares hasta que realmente los entiende. Hoy sé que conservar la memoria es resistir. Por eso bailo: creo que en los ritmos africanos reside también nuestra fuerza, la belleza de nuestras expresiones, la vocación de transcender. Bailo, bailo, bailo, y así recuerdo. Bailo y al bailar transito los eslabones que forman nuestra identidad, siempre abierta a nuevos relatos. No te puedes quitar la maldita piel. Sea del color que sea, y nin- guna es transparente. Todas tienen un pasado: está escrito sobre relaciones de poder, de desigualdad, de sometimiento. Aunque no es tarea sencilla, solo entenderemos lo que somos si lo en- frentamos. Yo miré al espejo y reconocí el libro de los agravios: el espejo dentro del espejo dentro de otro espejo. Cada historia individual tiene un contexto, un marco colectivo que te ayuda a comprender que las cosas no vienen predeterminadas por ese dios en el que tanto se insiste. Soy una mulher, jovem, mãe, preta e periférica. Hoy puedo decirlo con orgullo porque conozco cómo cada una de esas identida- des trajo aparejadas violencias no atendidas por el Estado ni por la sociedad. Mi esfuerzo y trabajo, junto con la ayuda de aquellas personas que me cuidaron, me hicie- ron entender cómo influyen en mi vida todas esas variables. Y cuando entiendes te com- prometes. Hoy soy líder comunitaria en el territorio que me acogió: la favela México 70, en São Vicente, provincia de São Paulo. Aquí trabajo cada día para mejorar los servicios desti- nados a las mujeres y ampliar así sus oportunidades. También soy educadora y profesora de danza en el Instituto Camará Calunga, una institución donde desde niña me enseñaron a conocer mejor mi cuerpo, a ser conscien- te de sus fronteras. Nací en Aracajú, en el nordeste de Brasil. Mi raíz está allá, en la tierra C oi sa d e p re tade mis predecesores. Sus luchas son hoy mi inspiración, están enraizadas a la mía. Ninguna trayectoria tiene lugar al margen de las otras. En mi adolescencia viajé al nordeste para conocer a mi abuela. Allí tomé contacto con un relato que todavía nadie escri- bió pero que ahora intento transmitir. María era partera: ayudaba a otras mujeres a alumbrar la vida. Ella había sido obligada a tener un hijo seguido de otro porque su marido se negaba a usar los métodos anticonceptivos: esa no fue su única agresión. Tengo muchos recuerdos de ella: el fogón de leña alrededor del que comíamos o el sabor de los dulces que todavía siento engancha- do a mi paladar. Fui a buscarla porque necesitaba comprender el peso de la historia con mayúsculas, esa que nos enriquecía con su color, pero que también contenía la radiografía de los abusos: barcos que llegaban cargados de personas con las que otros ha- bían decidido comerciar. No hubieran resistido sin la música, sin esos ritmos que luego mostramos como una de nuestras señas de identidad cultural. Por eso no dejo de bailar: cada paso reafir- ma la necesidad de esa memoria. Trabajo con niñas en riesgo de explotación sexual. Bailan sabien- do que su cuerpo es un territorio que no puede ser ocupado por nadie. Utilizamos los ritmos africanos: un itinerario cultural que ayuda a reconocernos como pretas. Sus madres también tienen origen nordestino. A ninguna de nosotras nos habían enseñado cuál era nuestro color, por eso las negras decíamos que éramos morenas; las morenas que eran blancas. Hoy lo tengo muy claro. Aprendimos a vernos lindas con rizos. Enderezar nuestros cabe- llos no es una tarea fácil, pero ni falta que hace. Ahora resalto ese enredo que como ramas de arbustos exuberantes se extien- de desde las pequeñas cabezas de mis hijas. A ellas también les pongo turbantes de colores y ropa colorida. No son un aderezo sino parte de nuestra cultura. No quiero usar lentes para ojos que no son los míos. También quise saber más de la historia de mi familia materna. Mi abuelo, Francisco Alves, fue uno de los fundadores del Partido dos Trabalhadores en Aracajú. En los años ochenta contribuyó al cierre de una industria de cemento que estaba contaminando el agua de la población y provocando enfermedades. El mismo día que fue elegido concejal, fue asesinado a mano de sus enemi- gos políticos. Todavía hay una calle que lleva su nombre y varios libros hablan sobre él. Estoy orgullosa de su defensa del medio ambiente, aunque lamentablemente poco cambió en Brasil esta Relato escrito por Raquel Martínez- Gómez a partir del testimonio de Michele Lima. Ha contado con la ayuda inestimable de Cássio Viana, quien también trabaja en el Instituto Camará Calunga.práctica de asesinar a quienes defienden los intereses colectivos. El futuro de las jóvenes está siendo vendido a causa de la codi- cia de unos pocos. No se dan cuenta de que el cambio climático también arrasará sus paraísos exclusivos. Llegué a esta favela de São Paulo con mis padres y mis trece hermanos, buscando una vida mejor. El territorio, controlado por el narcotráfico, era peligroso, carente de servicios públicos. Mi in- fancia fue bonita, aunque fui cuestionada por buscar juegos que entonces eran entendidos como masculinos y rechazada porque algunas niñas preferían jugar solo con blancas. El Instituto Ca- mará Calunga se convirtió en un lugar donde yo podía aprender, donde me hicieron ser consciente de lo que tenía para enseñar. Con quince años empecé a participar en debates sobre los abu- sos sexuales a niñas y representé a las adolescentes brasileñas en un congreso internacional. Al salir de mi territorio reparé en la importancia del viaje en el proceso formativo: mi mirada se hizo más crítica y aprendí de otras experiencias para exigir que aquí también se abrieran las oportunidades. Me gustaría que a los hombres se los educara en las labores del cuidado. El machismo nos hace a todas infelices, también a ellos. Yo me casé muy joven para salir de la casa de mis pa- dres, huyendo de esas pequeñas violencias que me asignaban roles por ser mujer. Pero con el padre de mis hijas la cosa no fue muy diferente. Tuve dos embarazos seguidos. Por suerte, desde el Instituto Camará Calunga me apoyaron para que pudiera seguir trabajando y cuidando de mis hijas. Aprendí sobre el proceso de gestación y a compartir las dudas con otras adolescentes en mi situación. Cuesta pensar que todavía hoy a las mujeres se les exija renunciar a su carrera profesional por la maternidad. En mi país es frecuente la violencia machista. Un día vi cómo era asesinada una niña frente a mi casa, durante el Carnaval. Me im- pactó mucho, pero sabía que no era un caso aislado, por eso me puse a estudiar: quería entender cuáles eran las desigualdades que afectaban a las mujeres. Hoy soy referente en Vila Marga- rida, el lugar donde vivo. Durante la pandemia hemos formado una comisión en la favela: entregamos alimentos y materiales de limpieza contando con la participación de todas para decidir cuáles son los productos esenciales en la canasta básica. No sé si recuerdan lo que pasa con la madre en la película Yo, DanielBlake, de Ken Loach, cuando pide toallas femeninas en el banco de alimentos. Si hubiera una buena escuela de danza o de teatro el casamiento no sería la única alternativa. Las meninas corren para explorar su sexualidad y caen muy pronto en la trampa de las relacio- nes abusivas, en los embarazos adolescentes. En este país, las oportunidades han sido privatizadas y, ante la ausencia de acceso a servicios públicos de calidad, la población negra tiene vetada la posibilidad de soñar con algo diferente de lo que ya hace su familia o vecinos. No es que las jóvenes no quieran estudiar, es que las escuelas son muy precarias, lo que dificulta el acceso a la educación superior o a buenos empleos. Pero, como les dije, es importante hacer algo para enfrentar tan- tos olvidos. Por eso desde hace años coordino el grupo Cosa de Preta. No tenía mucho sentido que en la favela nos dedicáramos al ballet clásico. Tenemos raíces, expresiones culturales propias, ritmos brasileños que rescatan ancestralidades, que permiten a las niñas sentirse alguien a quien pueden reconocer. Además, aquí es impensable que las familias puedan comprar equipamientos tan caros. Ese concepto de elegancia inventado por la gente de los buenos barrios no nos sirve. ¿Acaso es elegante levantar pa- rapetos de aquello que no se quiere ver? En Cosa de Preta, madres e hijas participan en la composición de una coreografía. Deseo que estas niñas no tengan que sufrir lo que nosotras. Aquí encuentran un espacio acogedor y segu- ro donde les enseñamos la relación con el propio cuerpo y sus límites, a estar alerta cuando otro lo invade, a saber qué es el placer y el dolor, el consentimiento o el abuso. El arte de la danza posibilita expresar cuestiones que no necesitan siempre ser ver- balizadas. Pero es inevitable que aparezcan sus historias y todo se me baja a los pies, se me despega de la cara. Llego a casa y he perdido las ganas de comer. Si como algo, lo más probable es que lo vomite. Vuelvo a pensar que no te puedes quitar la piel ni dejar de ser mujer. Es una cuestión compleja: somos las hacedoras de la vida, pero algunos creen que tienen el derecho de quitárnosla, de violar nuestro espacio. Los relatos de violencia sexual nunca me fueron ajenos: se meten en tu cuerpo una y otra vez. Después, todo sale en el baile, en los pasos de una coreografía que se compone de movimientos que inventamos juntas. Los tomamos, van dando sentido a la partitu-ra rota: la dominación, la injusticia y, sin embargo, también los ritmos, la necesidad de que el cuerpo expulse los itinerarios que marcaron un designio perverso. Nos sexualizan desde peque- ñas, creen que nuestros cuerpos están aquí para darles placer. Pido a las madres que no sometan a sus hijas a las esclavitudes de los códigos físicos, que no las vistan de esa manera. Quiero que dancen libres, que dancen en un mundo sin estereotipos ni clichés, que no se espere de ellas los movimientos aprendidos. Yo necesito que mi cuerpo exprese lo que siento, pero a veces nuestra expresión no se respeta. Existen marcos del lenguaje y de las creencias religiosas que siempre nos juzgan. Parece que inventaron las reglas para que solo bailáramos con su música. Muchos son los responsables de tantos olvidos, por eso baila- mos. En mi familia las historias siempre fueron importantes, se entendía la fuerza del relato. También que es necesario com- partir los remedios que nos sirvieron, que sabemos que sanarán a otras. Para todo olvido hay un antídoto y para mi abuela era indispensable el lambedor, que hacía con malvavisco, plantas medicinales, azúcar y miel para combatir gripes y resfriados. Ese jarabe se convirtió en uno de esos ritos cotidianos que engrasan nuestras relaciones. Por eso empecé a bailar, por eso nunca po- dré dejar de bailar. Me acompañan las esclavas que llegaron al nordeste de Brasil procedentes de África, mi abuela y todas sus abuelas, la piel que sigue ahí, en cada parte minúscula que me hace ser la que soy. Disculpen, con tanta perorata se me olvidó decirles mi nombre. Me llamo Michele Lima y, como ya les adelanté, soy una mulher, jovem, mãe, preta e periférica. Una mujer fuerte que no se resigna a dejar las cosas como están.Jóvenes y precarización del trabajo en cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y México) Introducción Uno de los principales rasgos distintivos de los mercados de trabajo latinoa- mericanos es su heterogeneidad estructural (Donza et al., 2019; Pacheco, 2004; Pinto, 1976). Ya sea desde la perspectiva de la informalidad o desde otras más recientes, como la de la precariedad laboral, se ha mostrado que las condiciones laborales en la región son deficientes y se han deteriorado a causa de las crisis económicas y las reformas encaminadas a flexibilizar el mercado de trabajo. En este contexto se ha señalado que son las juventudes quienes se ven más afectadas por los ciclos económicos, con dificultades para su inser- ción laboral y con mayor propensión a hacerlo en condiciones inseguras, sin protección social, con bajos ingresos y sin representación adecuada (Weller, 2006). El objetivo de este texto es visibilizar las desigualdades re- cientes que operan en los mercados de trabajo, partiendo de una mirada multidimensional de la precariedad laboral de las juventudes en cuatro países latinoamericanos: México, Colombia, Brasil y Argentina, y aportar recomendaciones que contribuyan a mejorar las condiciones laborales. El capítulo comprende cinco secciones. La primera delinea brevemente los principales rasgos del mercado laboral juvenil en América Latina. La segunda describe las principales características sociolaborales de las ju- ventudes en los cuatro países seleccionados, poniendo especial acento en las desigualdades entre países y de género. El tercer apartado se centra en el análisis de la precariedad laboral considerando tres dimensiones: inestabilidad laboral, falta de protección social e ingresos bajos. La cuarta sección revisa brevemente algunas acciones gubernamentales que se han implementado en relación con el trabajo. Y el último apartado sintetiza los hallazgos y formula recomendaciones. El mercado laboral y las juventudes en América Latina En 2017, 70,9 millones de personas jóvenes estaban desempleadas a nivel mundial. El 21,8 % de las y los jóvenes no estaban empleados ni cursaban estudios; de ellos, el 76,9 % eran mujeres (Organización Internacional del Edith Pacheco México Nelson Flórez Colombia Lia Alejandra Hincapié Colombia152 Trabajo [oit], 2017, p. 2). Asimismo, el 76,7 % de la población joven traba- jadora tenía empleos informales (para los adultos esta proporción era de 57,9 %) y las brechas entre regiones mostraban que en los países desarro- llados quienes lograban incorporarse al mercado laboral tenían más pro- babilidades de contar con un empleo estable y de mayor calidad en compa- ración con quienes residían en países en desarrollo (oit, 2017). Similar al patrón mundial, en América Latina y el Caribe las juventudes siguen siendo las más afectadas por el problema del desempleo; en 2020 la tasa de desempleo abierto de la población de 15 a 29 años fluctuaba entre 10 y 20 %, según sexo y generación (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [cepal], 2020). Al mismo tiempo, la informalidad (cerca- na al 60 % en la región) suele ser la puerta de entrada al mercado laboral de un número importante de jóvenes (Cunningham y Bustos, 2011). En cuanto a las desigualdades sociales y su reproducción diferenciada en el curso de vida, una de las trayectorias de las y los jóvenes hacia la vida adulta es el inicio de la vida laboral, por lo que una adecuada inserción juvenil en el mercado laboral «permite a la vez alcanzar la independen- cia económica y mejores estándares de vida, y constituye un mecanismo privilegiado de reconocimiento social y de inclusión» (Amarante, 2011, p. 115). Sin embargo, un estudio reciente (cepal, 2020, p. 63) sostiene que «en general, la inserción de los jóvenes en el mercado del trabajo se caracteriza por ser de alta rotación, segmentación y precariedad. Al respecto, según la Organización de Estados Iberoamericanos (oei, 2012), los jóvenes ya asu- men esta situación como una normalidad laboral y para algunos de ellos cumple con las expectativas deseadas de autonomía. Empero, el mercado de trabajo no les permite a la mayoría de los jóvenes desarrollar trayecto- rias ascendentes y relaciones laborales estables» (Espejo y Espíndola, en Trucco y Ullmann, 2015). Este fenómeno es especialmente preocupante debido a que las juven- tudes tienen menores ingresos reales, mayor dependencia económica y menores expectativas de obtención de un empleo de calidad, lo cual redu- ce su protección y acceso al sistema de seguridad social y constituye una pérdida de bienestar en la medida en que suelen estar insertas en sectores con altos niveles de informalidad (Weller, 2006; Consejo Nacional de Eva- luación de la Política de Desarrollo Social [coneval], 2018). En especial, las mujeres jóvenes participan menos y son más propen- sas al desempleo, construyen trayectorias laborales intermitentes y se enfrentan a una mayor precariedad y segregación ocupacional. Esta situa- ción se relaciona en gran parte con el hecho de que ellas siguen siendo las principales responsables del trabajo reproductivo, lo que deriva en una sobrecarga global de trabajo que termina condicionando su inserción y las trayectorias laborales y de vida (García y Oliveira, 1994; Pacheco, 2016; Pacheco y Flórez, 2019). Al panorama anterior hay que agregar que los avances en cuanto a polí- ticas activas y pasivas con respecto al mercado laboral y al otorgamiento de derechos laborales han sido desiguales entre los países de la región, de suerte tal que algunos grupos de jóvenes son especialmente vulnerables: las mujeres jóvenes, las juventudes desempleadas e inactivas, las que no estudian ni reciben capacitación, las que tienen escasa formación o traba- En 2017, el 76,7 % de la población joven trabajadora tenía empleos informales 3 | Precarización. Transiciones.153 jan en el sector informal y aquellas que viven en áreas rurales (Organiza- ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [ocde], cepal y Banco de Desarrollo de América Latina [caf], 2016, p. 144). En este panorama no hay que olvidar que «las dimensiones que determi- nan los ejes de la matriz de la desigualdad social en la región muchas veces se encadenan, entrecruzan y potencian, generando círculos de exclusión en algunos grupos de la población. Así, la desigualdad de género y la des- igualdad que afecta a la población indígena y a la población afrodescen- diente se combinan y quienes se ven afectadas en mayor medida son las mujeres jóvenes indígenas y afrodescendientes» (cepal, 2020, p. 61). Características sociolaborales de las juventudes en cuatro países de América Latina Según estimaciones elaboradas por el Centro Latinoamericano y Caribe- ño de Demografía (celade), en 2020 la región de América Latina y el Caribe tenía 654 millones de habitantes, de los cuales el 24,6 % tenían entre 15 y 29 años. Brasil, México, Colombia y Argentina son los cuatro países más grandes en términos poblacionales, con cerca de 437 millones de habitan- tes, de los cuales aproximadamente 107 millones pertenecen a la pobla- ción joven. De acuerdo con la información recabada por encuestas a hogares de es- tos cuatro países a 2019, la tasa de participación en el mercado laboral de las juventudes es ligeramente menor (57,4 %) que la de la población total (59 %). Resaltan los altos niveles de participación juvenil en Brasil (64,0 %) y Colombia (62,0 %) en comparación con Argentina (51,5 %) y México (52,2 %) (tabla 1). Nos interesa indagar si esta importante diferencia se traduce en desigualdades en las condiciones de trabajo.1 En todos los países se observa una mayor tasa de participación masculi- na. Sin embargo, Brasil y Colombia presentan tasas femeninas más eleva- das en comparación con México y Argentina. La diferencia de participación entre sexos es cercana a 29 puntos porcentuales en México, mientras que en Brasil es tan solo de 12 %, situación que guarda relación con factores culturales, así como con el alcance de las políticas sociales, educativas y laborales de cada país. Los niveles de la oferta laboral juvenil se relacionan directamente con los niveles de desempleo (td) y de población no económicamente activa (pnea). En los cuatro países las tasas de desempleo juvenil son mayores que los promedios nacionales y en tres de ellos presentan niveles por enci- ma de un dígito. Llama la atención el caso de Brasil, con una combinación de alta participación laboral (64 %) y alto desempleo (22,2 %). Asimismo, se observan niveles de desempleo más altos entre las mujeres: 22,2 % en Brasil, 19,7 % en Argentina, 17,2 % en Colombia, y México destaca con una tasa de un solo digito (7,0 %). Colombia y Brasil presentan las mayores 1 Aunque en este apartado se exponen las características sociolaborales de las juventu- des haciendo referencia a las de la población total, en el anexo 1 se incluyen las corres- pondientes a la población adulta, para su consulta. La precariedad laboral de las mujeres jóvenes está relacionada con su alta participación en el trabajo no remunerado Jóvenes y precarización del trabajo en cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y Mexico)154 Ta b la 1 : C ar ac te rí st ic as s oc io la b or al es d e la s ju ve n tu d es (2 0 19 ) In di ca do r Ar ge nt in a Br as il M éx ic o Co lo m bi a H om br e M uj er To ta l H om br e M uj er To ta l H om br e M uj er To ta l H om br e M uj er To ta l Ta sa s de p ar tic ip ac ió n 59 ,6 43 ,2 51 ,5 70 ,4 57 ,5 64 ,0 66 ,8 37 ,9 52 ,2 70 ,3 53 ,6 62 ,0 Ta sa d e de se m pl eo 18 ,0 22 ,0 19 ,7 19 ,1 26 ,1 22 ,2 5, 5 7, 0 6, 0 13 ,3 22 ,3 17 ,2 Ta sa d e as al ar iz ac ió n 82 ,6 83 ,6 83 ,0 76 ,0 80 ,3 77 ,8 81 ,3 79 ,1 80 ,5 59 ,3 61 ,2 60 ,1 Ta m añ o de es ta bl ec im ie nt o 1 pe rs on a 13 ,9 14 ,9 14 ,2 46 ,1 40 ,5 43 ,9 7, 9 14 ,1 10 ,1 26 ,3 26 ,0 26 ,2 2 a 5 pe rs on as 38 ,0 32 ,6 36 ,0 38 ,9 31 ,6 36 ,2 29 ,4 26 ,1 28 ,0 6 a 10 p er so na s 12 ,1 12 ,1 12 ,1 11 ,6 13 ,1 12 ,2 10 ,0 9, 2 9, 7 8, 3 7, 1 7, 8 11 p er so na s o m ás 36 ,0 40 ,5 37 ,7 42 ,3 46 ,4 43 ,9 37 ,3 39 ,9 38 ,2 36 ,1 40 ,8 38 ,0 Se ct or es p ro du ct iv os Pr im ar io 1, 3 0, 3 0, 9 11 ,5 3, 2 8, 0 16 ,7 3, 2 11 ,8 22 ,2 6, 5 15 ,8 Se cu nd ar io 33 ,4 9, 7 23 ,9 26 ,4 11 ,1 19 ,9 32 ,8 19 ,3 27 ,9 23 ,0 13 ,3 19 ,1 Te rc ia rio 65 ,3 90 ,0 75 ,3 62 ,1 85 ,7 72 ,1 50 ,4 77 ,6 60 ,3 54 ,9 80 ,1 65 ,1 Se gr eg ac ió n oc up ac io na l ID 0, 31 3 0, 36 2 0, 34 5 0, 43 3 IP 0, 30 1 0, 35 4 0, 31 9 0, 41 8 Pr om ed io d e ho ra s tr ab aj ad as 39 ,5 31 ,2 36 ,2 39 ,7 36 ,2 38 ,2 43 ,2 37 ,6 41 ,2 46 ,1 40 ,0 43 ,6 N ot a: Pa ra e l c as o de M éx ic o la s um a de lo s po rc en ta je s di fie re d el 1 00 % d eb id o a qu e en e l c ua dr o se o m ite la c at eg or ía « no e sp ec ifi ca do », q ue n o ex is te e n la s en cu es ta s de B ra si l, M éx ic o y C ol om - bi a. 3 | Precarización. Transiciones.155 desigualdades entre hombres y mujeres en este indicador, superando los 7 puntos porcentuales (tabla 1). En los cuatro países analizados la mayor parte del trabajo juvenil es asa- lariado (cercano al 80,0 %), con leves diferencias entre hombres y mujeres; sin embargo, llama la atención el caso de Colombia con una tasa baja cer- cana al 60,0 %, aspecto que nos habla de una mayor presencia del trabajo por cuenta propia, que tradicionalmente se caracteriza por sus precarias condiciones. El número de trabajadores en las unidades económicas nos muestra indi- rectamente la heterogeneidad productiva y las desigualdades que pueden existir en un mercado laboral, ya que un mayor tamaño de establecimiento se asocia a mejores condiciones laborales. Brasil presenta la mayor inser- ción de jóvenes en establecimientos de 11 personas y más y, levemente, se observa una mayor presencia de mujeres en empresas más grandes, aspec- to que guarda relación con su mayor asalarización y participación en las actividades del sector terciario de la economía (tabla 1). Se observa una fuerte presencia del sector terciario en las economías de la región, el comercio y los servicios generan más del 72 % del empleo juvenil en Argentina y Brasil, y más del 60,0 % en Colombia y México, con la característica de que cerca de 8 de cada 10 mujeres jóvenes se encuen- tren trabajando en este sector. Además, existe una mayor presencia de las juventudes en el sector secundario en México y Argentina, y en el sector primario en Colombia y México; esto último puede estar asociado a la ma- yor representación de población rural y agrícola en estos países (tabla 1). Esta última característica representa una de las principales desigualda- des de género en el mercado laboral. Se relaciona con una masculinización o feminización de las ocupaciones que socialmente se han considerado masculinas o femeninas, lo que resulta en una de las principales fuentes de discriminación laboral, en especial para las mujeres (Pacheco, 2016). Al respecto, Anker (1997) manifiesta que la segregación ocupacional por sexo2 no solo afecta a las mujeres, sino que es una de las principales fuentes de rigidez en el mercado de trabajo. México y Brasil se encuentran en una posición intermedia en cuanto a la segregación laboral por sexo (id y ip),3 mientras que Argentina muestra el nivel más bajo y Colombia el más alto (tabla 1). Esto puede estar relaciona- do con la mayor presencia de trabajo por cuenta propia entre la población joven colombiana, por ejemplo, agricultores, electricistas, plomeros, car- pinteros, choferes, repartidores, entre otros. 2 Tendencia que ubica a mujeres y hombres en ciertas actividades, excluyéndolos de ocu- paciones consideradas «no propias de su sexo». Se consideran actividades «masculini- zadas» las agropecuarias, las de construcción y las de transportes, y «feminizadas» la maquiladora, el comercio y los servicios. 3 Hay varias formas de medir esta desigualdad. Los índices más utilizados son el deno- minado Index of Dissimilarity (id), definido por Duncan y Duncan, y el índice de Karmel y MacLachlan (ip). El primero representa el porcentaje de mujeres (o de hombres) que deberían cambiar de ocupaciones, sin reposición, para que la distribución del empleo en ambos sexos fuese idéntica; el segundo índice también, pero considera los cambios en la estructura ocupacional debido a las condiciones de demanda. Jóvenes y precarización del trabajo en cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y Mexico)156 Por último, las juventudes de estos cuatro países en promedio laboran jornadas cercanas a las 40 horas semanales, muy similares al conjunto de la población trabajadora. Esta característica puede estar obstaculizando la permanencia en el sistema educativo de las personas menores de 25 años de edad. Colombia y México presentan las jornadas laborales masculinas más altas y en Argentina las jornadas parciales femeninas son más comu- nes (tabla 1). Precariedad laboral de las juventudes en Argentina, Brasil, México y Colombia A diferencia de los países industrializados, donde históricamente ha predominado el trabajo asalariado formal, estable y protegido, en los paí- ses de América Latina y el Caribe prevalecen las carencias en el mercado de trabajo (Hincapié, 2016). De acuerdo con García (2006), el problema principal de nuestros países no es el desempleo sino la falta de trabajos con remuneraciones y otras condiciones adecuadas. En la misma línea, Weller y Roethlisberger (2011) señalan el predominio de empleos que re- flejan tendencias de exclusión. Uno de los conceptos utilizados para el análisis de estas carencias es el de precariedad laboral, que considera que se trata de un fenómeno multi- dimensional. Si bien en diferentes partes del mundo ha adquirido un ca- rácter estructural, en el contexto latinoamericano la precariedad laboral está mucho más extendida y es mucho más aguda (Beck, 2000; Galin, 1987; Rodgers, 1989). Como se mencionó, en la región se ha mostrado que la po- blación joven y la mano de obra femenina son particularmente vulnerables a la precariedad laboral,4 lo que hace que este sea un tema de gran rele- vancia en este volumen que pone el foco en la intersección entre género y juventudes. Se entiende la precariedad laboral como una situación de carencia de condiciones adecuadas para garantizar el bienestar de las personas traba- jadoras y de sus hogares, teniendo en cuenta tres dimensiones: inestabili- dad, desprotección social e insuficiencia de ingresos. Aunque estamos de acuerdo con Ariza y Oliveira (2013) en que la precariedad laboral no es un problema exclusivo del trabajo asalariado, en esta sección nos enfocamos en este, en tanto es la forma de trabajo más extendida entre la población joven de los cuatro países analizados, con porcentajes que varían entre 60 % en el caso de Colombia y 83 % en el caso de Argentina. 4 Véanse, por ejemplo, Ariza, 2006; Mora y Oliveira, 2009; Escoto, 2010; Mora, 2011; García, 2012. En Colombia y Argentina, más del 50% de la población joven asalariada gana menos de un salario mínimo 3 | Precarización. Transiciones.157 Las dimensiones de la precariedad laboral en las juventudes asalariadas5 Al analizar la información derivada de las encuestas de hogares en los cuatro países seleccionados, se observan resultados interesantes en las tres dimensiones de la precariedad en 2019. En lo que atañe a la primera dimensión, en Argentina y Brasil los trabajos de las juventudes asalariadas son predominantemente estables (68,2 % y 80,2 %, respectivamente) (ta- bla 2), mientras que en México y Colombia son más las personas jóvenes con trabajos inestables (60.7% y 63.2 %).6 Las diferencias por género varían entre países; en Argentina y Brasil las jóvenes presentan mayor inestabili- dad, mientras que en México y Colombia son los hombres jóvenes quienes se encuentran en una situación más crítica. En lo que corresponde a la protección social derivada de la participación en el mercado de trabajo,7 las juventudes asalariadas más desprotegidas son las mexicanas (61,7 %), seguidas por las argentinas (51,5 %) y las co- lombianas (45,2 %), mientras que en Brasil 7 de cada 10 jóvenes tienen acceso a seguridad social. Si bien las investigaciones hechas en distintos países han observado una mayor desprotección entre las mujeres traba- jadoras, las jóvenes presentan una mejor situación que los hombres en el mismo rango de edad, ya que en Brasil, México y Colombia ellas parecen estar más protegidas.8 En cuanto a la insuficiencia de ingresos, la peor situación la presenta Colombia, donde 62,0 % de la población joven asalariada gana menos de un salario mínimo. A esta le sigue Argentina, donde más de la mitad (53,8 %) de la juventud asalariada recibe una cantidad inferior al salario mínimo. En contraste, en Brasil y México, la mayor parte de la población asalariada de entre 15 y 29 años de edad recibe un salario igual o mayor que el salario mínimo (77,2 % y 61,8 %, respectivamente). Cabe tener en cuenta que en México el salario mínimo era bastante bajo, lo que puede influir en que la población joven esté altamente concentrada por encima de este ingreso de referencia. En los cuatro países analizados es mayor la proporción de mujeres jóve- nes que tienen ingresos laborales inferiores al salario mínimo. Esta des- igualdad de género en las remuneraciones ha sido ampliamente recono- cida por los estudios laborales y está asociada en parte a que las mujeres trabajan menos horas para cumplir con las responsabilidades familiares —que les son atribuidas casi exclusivamente mediante los roles tradicio- nales de género— y en parte a una discriminación salarial que persiste en los mercados laborales latinoamericanos. 5 En el anexo 2 se presenta la construcción operativa de cada una de las dimensiones de la precariedad para los cuatro países analizados. 6 Para esta investigación, un trabajo estable es aquel que se ejerce mediante un contrato a término indefinido, mientras que los contratos temporales, los contratos verbales o la carencia de contratos representan una situación de inestabilidad laboral. 7 La protección social se refiere al acceso al sistema de seguridad de cada país, como derecho vinculado al ejercicio de su trabajo. 8 En Argentina no hay diferencias significativas en este indicador. Jóvenes y precarización del trabajo en cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y Mexico)158 Ta b la 2 : D im en si on es d e la p re ca ri ed ad la b or al ju ve n il In di ca do r Ar ge nt in a Br as il M éx ic o Co lo m bi a H om br e M uj er To ta l H om br e M uj er To ta l H om br e M uj er To ta l H om br e M uj er To ta l Es ta bi lid ad In es ta bl e 28 ,3 37 ,0 31 ,8 16 ,1 24 ,5 19 ,8 67 ,3 60 ,7 64 ,9 64 ,1 61 ,9 63 ,2 Es ta bl e 71 ,8 63 ,0 68 ,2 83 ,9 75 ,5 80 ,2 32 ,7 39 ,4 35 ,1 35 ,9 38 ,1 36 ,8 Pr ot ec ci ón (s eg ur id ad so ci al p or e l t ra ba jo ) D es pr ot eg id o 51 ,3 51 ,9 51 ,5 32 ,1 30 ,0 31 ,2 63 ,9 57 ,7 61 ,7 45 ,9 44 ,1 45 ,2 Pr ot eg id o 48 ,7 48 ,1 48 ,5 67 ,9 70 ,1 68 ,9 36 ,1 42 ,3 38 ,3 54 ,1 55 ,9 54 ,9 In gr es os In gr es o m en or q ue e l sa la rio ´m ín im o 49 ,7 59 ,7 53 ,8 21 ,0 25 ,0 22 ,8 35 ,0 44 ,1 38 ,2 60 ,4 64 ,4 62 ,0 In gr es o ig ua l o m ay or qu e el s al ar io m ín im o 50 ,3 40 ,3 46 ,2 79 ,0 75 ,0 77 ,2 65 ,0 55 ,9 61 ,8 39 ,6 35 ,6 38 ,0 N iv el d e pr ec ar ie da d Pr ec ar ie da d al ta 19 ,6 28 ,6 23 ,3 7, 1 12 ,0 9, 3 21 ,9 27 ,5 23 ,9 34 ,8 36 ,5 35 ,5 Pr ec ar ie da d m ed ia 23 ,1 19 ,9 21 ,8 15 ,5 14 ,1 14 ,9 41 ,2 29 ,6 37 ,1 20 ,6 17 ,9 19 ,5 Pr ec ar ie da d ba ja 24 ,4 23 ,0 23 ,8 16 ,9 15 ,2 16 ,2 18 ,2 20 ,8 19 ,1 24 ,9 25 ,1 24 ,9 Tr ab aj o no p re ca rio 33 ,0 28 ,5 31 ,2 60 ,6 58 ,6 59 ,7 18 ,7 22 ,1 19 ,9 19 ,8 20 ,5 20 ,1 Fu en te : A rg en tin a: E nc ue st a Pe rm an en te d e H og ar es , 2 01 9, in d ec ; B ra si l: Pe sq ui sa N ac io na l p or A m os tr a de D om ic ili os C on tín ua (2 01 9) , 2 01 9, ib g e; M éx ic o, E nc ue st a N ac io na l d e O cu pa ci ón y Em pl eo , 2 01 9, in eg i; C ol om bi a: G ra n En cu es ta In te gr ad a de H og ar es , 2 01 9, d a n e. 3 | Precarización. Transiciones.159 Si bien estos resultados dan cuenta de las dimensiones de la precarie- dad laboral, es preciso tener en cuenta que una carencia en alguna de las dimensiones no se traduce automáticamente en precariedad laboral; esta se debe entender como una combinación de factores que captan una mul- tiplicidad de situaciones (Rodgers, 1989). Al analizar la precariedad a partir de una medida resumen se pueden ob- servar distintos niveles de este fenómeno.9 Los países con juventudes asa- lariadas en condiciones más precarias son México y Colombia, con porcen- tajes cercanos al 80 %, y al concentrarnos en el nivel de precariedad alta que representa una situación de inestabilidad, desprotección e insuficien- cia de ingresos, en Colombia se observa la situación más crítica (35,5 %). En el otro polo se encuentra Brasil, donde solo 4 de cada 10 personas jóve- nes asalariadas están en situación precaria y el porcentaje en precariedad alta es bastante menor que en los demás países (tabla 2). En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, los resultados son interesantes. En Argentina y Brasil, ellas tienen condiciones más precarias, mientras que en México y Colombia ellos están más afectados en una visión general del fenómeno. No obstante, en los cuatro países la precariedad alta las aqueja a ellas en mayor medida. Esto no solo afecta la situación actual de las jóvenes, sino también sus trayectorias de vida y bienestar futuro con un alto grado de incertidumbre. Factores asociados a la precariedad laboral de las juventudes Las investigaciones sobre precariedad laboral en países de América La- tina10 han encontrado una estrecha asociación entre este fenómeno y al- gunas características de las personas y de sus puestos de trabajo, tanto a partir de estadística descriptiva como de modelos explicativos. De las variables incorporadas a dichos análisis, las más comunes son las sociode- mográficas y las sociolaborales. Por tal razón, más allá de la cuantificación de la precariedad, es impor- tante analizar la relación que tiene con algunas características de la po- blación joven, particularmente con su rango de edad y su nivel educativo, así como con el sector productivo y el tamaño de empresa en el que se desempeña. La literatura mencionada ha identificado una relación entre la precarie- dad y la edad de la población trabajadora, que se puede observar en las ju- ventudes aquí analizadas ya que en los cuatro países las personas de entre 15 y 19 años presentan la mayor precariedad y esta disminuye progresiva- mente en los grupos de edad subsiguientes (tabla 3). 9 Para la medición multidimensional de la precariedad laboral se construyó un índice por sumatoria con base en las tres dimensiones consideradas y se definieron cuatro niveles: precariedad alta, media, baja y trabajo no precario. 10 Véanse, por ejemplo, Ariza, 2006; Oliveira, 2006; Mora y Oliveira, 2009, 2010; Mora, 2011; García, 2012; Ariza y Oliveira, 2014; Hincapié, 2016. Jóvenes y precarización del trabajo en cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y Mexico)160 Ta b la 3 : P re ca ri ed ad la b or al y c ar ac te rí st ic as s oc io d em og rá fi ca s d e la s ju ve n tu d es In di ca do r Ar ge nt in a Br as il M éx ic o Co lo m bi a H om br e M uj er To ta l H om br e M uj er To ta l H om br e M uj er To ta l H om br e M uj er To ta l Po rc en ta je d e jó ve ne s pr ec ar io s 67 ,0 71 ,5 68 ,8 39 ,5 41 ,4 40 ,3 81 ,3 77 ,9 80 ,1 80 ,2 79 ,5 79 ,9 Gr up os d e ed ad 15 a 1 9 añ os 90 ,5 93 ,8 91 ,7 68 ,0 69 ,4 68 ,6 92 ,6 90 ,9 92 ,1 97 ,0 96 ,3 96 ,7 20 a 2 4 añ os 74 ,6 78 ,1 76 ,0 38 ,6 42 ,3 40 ,2 80 ,6 77 ,8 79 ,6 84 ,3 84 ,6 84 ,4 25 a 2 9 añ os 57 ,3 63 ,8 60 ,0 28 ,5 31 ,5 29 ,9 75 ,8 73 ,3 74 ,9 72 ,7 71 ,6 72 ,2 N iv el e du ca tiv o* Se cu nd ar ia in co m pl et a o m en os 80 ,8 91 ,6 83 ,5 58 ,8 67 ,0 61 ,1 92 ,6 88 ,6 91 ,7 94 ,0 97 ,9 94 ,9 Se cu nd ar ia c om pl et a 61 ,3 71 ,5 65 ,2 29 ,5 37 ,6 33 ,1 83 ,0 81 ,3 82 ,5 83 ,0 88 ,7 85 ,3 Su pe rio r i nc om pl et a 63 ,4 71 ,0 67 ,3 36 ,0 45 ,5 41 ,0 75 ,5 74 ,4 75 ,0 70 ,1 76 ,5 73 ,5 Su pe rio r c om pl et a 40 ,3 53 ,6 48 ,2 18 ,0 22 ,9 20 ,9 46 ,0 47 ,1 46 ,6 Fu en te : A rg en tin a: E nc ue st a Pe rm an en te d e H og ar es , 2 01 9, in d ec ; B ra si l: Pe sq ui sa N ac io na l p or A m os tr a de D om ic ili os C on tín ua ( 20 19 ), 20 19 , i bg e; M éx ic o, E nc ue st a N ac io na l d e O cu pa ci ón y Em pl eo , 2 01 9, in eg i; C ol om bi a: G ra n En cu es ta In te gr ad a de H og ar es , 2 01 9, d a n e. N ot a: * Pa ra e l c as o de M éx ic o la s ca te go rí as d e ni ve l e du ca tiv o so n: s ec un da ri a in co m pl et a o m en os ; s ec un da ri a co m pl et a; m ed io s up er io r y s up er io r. 3 | Precarización. Transiciones.161 Al comparar entre países se observa que la mayor precariedad se ubica en Colombia entre jóvenes de 15 a 19 años y de 20 a 24 años, mientras que en el grupo de 25 a 29 años la población en situación más precaria es la mexicana. La mejor situación la presenta Brasil para todos los grupos de edad. Por otro lado, las jóvenes en Argentina y Brasil tienen condiciones más precarias que los jóvenes en todos los grupos de edad, mientras que México muestra una situación contraria. En el caso de Colombia, no hay diferencias significativas, sin embargo, es importante recordar que tanto en Colombia como en México las mujeres jóvenes se concentran más en un nivel de precariedad alta. Otro factor que mantiene una estrecha relación con la precariedad labo- ral es el nivel educativo, que impacta especialmente en los ingresos, pero también en la probabilidad de insertarse en empleos con mejores condi- ciones laborales. En general, esta relación se cumple en los cuatro países analizados tanto para hombres como para mujeres, aunque algunos resul- tados llaman la atención. Primero, en Argentina y Brasil, la población joven con secundaria com- pleta tiene una menor precariedad que la que tiene educación superior incompleta. En Argentina, esto pasa solo entre los hombres, mientras que en Brasil sucede tanto entre hombres como entre mujeres. En México y en Colombia la relación es mucho más clara: a medida que aumenta el nivel educativo, disminuye la precariedad (tabla 3). Segundo, entre las juventudes con educación superior completa, la ma- yor precariedad se observa en Argentina y Colombia con porcentajes muy cercanos (48,2 % y 46,6 %), mientras que en Brasil el porcentaje es signifi- cativamente más bajo (20,9 %). En el caso de México, la comparación entre niveles educativos no puede ser directa porque la variable creada en la base de datos sobre instrucción de la población trabajadora agrega los ni- veles de media superior y superior. En todos los países, con excepción de México, las mujeres jóvenes sufren una mayor precariedad relativa en cada nivel educativo, comparadas con los hombres. Esto constata que las desigualdades de género en los merca- dos laborales de la región afectan también a los segmentos de la población más educados. En el caso mexicano, las diferencias en la incidencia de la precariedad muestran que la situación de los hombres es ligeramente peor, especialmente en la población con nivel de secundaria incompleta o me- nos, en el cual se ubica el 60 % de la población joven. En lo que atañe a las características sociolaborales, diversos estudios han señalado que la variable fundamental para la explicación de la precariedad laboral es el tamaño de empresa: hay más precariedad en empresas pe- queñas (hasta 5 trabajadores).11 En línea con esta idea, al enfocarnos en la población joven de los cuatro países analizados observamos que la menor precariedad se presenta en la juventud asalariada en empresas de 11 tra- bajadores o más (tabla 4). 11 Véanse, por ejemplo, Oliveira, 2006; Mora y Oliveira, 2009, 2010; Mora, 2011; Ariza y Oliveira, 2014; Hincapié, 2016. Las mujeres jóvenes sufren una mayor precariedad laboral que los hombres jóvenes en todos los niveles educativos Jóvenes y precarización del trabajo en cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y Mexico)162 Ta b la 4 : P re ca ri ed ad la b or al y e st ru ct u ra p ro d u ct iv a d e la s ju ve n tu d es In di ca do r Ar ge nt in a Br as il M éx ic o Co lo m bi a H om br e M uj er To ta l H om br e M uj er To ta l H om br e M uj er To ta l H om br e M uj er To ta l Ta m añ o de es ta bl ec im ie nt o 1 pe rs on a 83 ,2 10 0, 0 92 ,8 73 ,0 56 ,9 67 ,3 99 ,2 10 0, 0 10 0, 0 99 ,4 97 ,4 97 ,7 2 a 5 pe rs on as 90 ,0 82 ,3 87 ,5 41 ,9 35 ,3 39 ,1 98 ,7 96 ,7 98 ,1 98 ,3 97 ,1 97 ,9 6 a 10 p er so na s 72 ,1 70 ,3 71 ,4 25 ,7 24 ,6 25 ,2 89 ,8 83 ,2 87 ,6 95 ,7 94 ,6 95 ,3 11 p er so na s o m ás 42 ,6 48 ,2 44 ,9 16 ,4 19 ,7 17 ,7 64 ,6 62 ,7 63 ,9 90 ,3 89 ,3 89 ,9 Se ct or es p ro du ct iv os Pr im ar io 66 ,5 51 ,0 63 ,8 67 ,7 54 ,2 66 ,2 97 ,1 88 ,9 96 ,2 91 ,9 91 ,6 91 ,8 Se cu nd ar io 73 ,5 71 ,3 73 ,2 34 ,9 26 ,0 32 ,7 76 ,3 59 ,7 72 ,4 81 ,8 76 ,9 80 ,6 Te rc ia rio 63 ,6 71 ,6 67 ,6 37 ,7 43 ,2 40 ,5 80 ,9 82 ,1 81 ,5 75 ,7 79 ,3 77 ,6 Fu en te : A rg en tin a: E nc ue st a Pe rm an en te d e H og ar es , 2 01 9, in d ec ; B ra si l: Pe sq ui sa N ac io na l p or A m os tr a de D om ic ili os C on tín ua ( 20 19 ), 20 19 , i bg e; M éx ic o, E nc ue st a N ac io na l d e O cu pa ci ón y Em pl eo , 2 01 9, in eg i; C ol om bi a: G ra n En cu es ta In te gr ad a de H og ar es , 2 01 9, d a n e. 3 | Precarización. Transiciones.163 No obstante, llama la atención que en México y Colombia los porcentajes de precariedad en este tamaño de empresa aún son altos (63,9 % y 89,9 %, respectivamente), especialmente en el último país. Y la situación de las juventudes que trabajan en empresas unipersonales y pequeñas (2 a 5 tra- bajadores) es particularmente crítica, ya que casi la totalidad tiene algún nivel de precariedad laboral. Las diferencias entre hombres y mujeres jóvenes varían de acuerdo con el tamaño de empresa y el país. En Argentina, las mujeres son más pre- carias cuando trabajan en empresas unipersonales y en empresas con 11 trabajadores o más; en Brasil, son más precarias solo cuando trabajan en empresas grandes; en México, todas las mujeres en empresas unipersona- les son precarias y en Colombia son los hombres en todos los tamaños de empresa los más afectados por la precariedad. Por último, se evaluó la relación entre la incidencia de la precariedad y el sector productivo en el que labora la población joven asalariada, y se ob- servaron importantes diferencias entre países. En Argentina y Colombia, los jóvenes que trabajan en el sector secundario de la economía son más precarios, mientras que en Brasil y México hay una mayor precariedad en el sector terciario, lo que puede deberse a la gran heterogeneidad al interior de este sector. En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres jóvenes, el patrón es el mismo para los cuatro países. En el sector secundario los hombres son más precarios, mientras que en el terciario son las mujeres quienes se en- cuentran en una peor situación. Este hallazgo tiene especial relevancia, ya que la mayoría de las jóvenes trabajan en este sector en Argentina (90,0 %), Brasil (85,7 %), México (77,6 %) y Colombia (80,1 %). Respuestas de los Estados encaminadas a garan- tizar el ejercicio de los derechos laborales en Améri- ca Latina A finales del siglo XX, gran parte de los países de la región implemen- taron reformas laborales, más o menos profundas, justificadas por la ne- cesidad de generar empleo o por la importancia de eliminar rigideces que impidieran a las empresas adaptarse a los procesos de apertura que trajo la transición al actual modelo económico globalizado. A principios del siglo en curso, la OIT publicó un estudio comparativo entre 17 países (Vega, 2001). En esta comparación se resalta que en Argen- tina las reformas fueron las más profundas y tuvieron un carácter marca- damente flexibilizador. Brasil y Colombia hacen parte de un segundo grupo de países donde se implementaron reformas que, desde una perspectiva flexibilizadora, afectaron instituciones centrales de la relación laboral. En México, según la autora, no se puede hablar de una reforma laboral en estricto sentido. Si bien estas reformas no se enfocaron en la población joven, agudizaron la precarización del empleo y una mayor desprotección social, a la que este segmento poblacional es mucho más vulnerable. En estas condiciones, en el transcurso de las últimas décadas, los países de la región han implementado una serie de políticas públicas con diver- Jóvenes y precarización del trabajo en cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y Mexico)164 sas orientaciones, tales como transferencias condicionadas, capacitación y formación, inclusión productiva y emprendimiento y promoción de garan- tías de los derechos laborales. La tabla 5 presenta ejemplos de programas y acciones gubernamentales que han incidido directa o indirectamente en la situación en que se encuentran las juventudes latinoamericanas. Además de lo resumido en la tabla 5, en la región existe un marco nor- mativo e institucional contra la discriminación en el trabajo, el trabajo de menores e infantil y el derecho a la asociación y sindicalización. Por otra parte, en casos excepcionales, se toman acciones para combatir o evitar el desempleo mediante apoyos económicos (seguro de desempleo). Sin em- bargo, a pesar de lo mencionado en este apartado, la región muestra pocas acciones enfocadas en reducir la precariedad laboral y las desigualdades de género en el mundo del trabajo, lo que hace urgente diseñar e imple- mentar líneas de acción con estos objetivos. Tabla 5: Programas y acciones gubernamentales con incidencia en las juventudes Enfoque de política y/o población objetivo Descripción Ejemplos Transferencias condicionadas (política social) Son políticas públicas que buscan reducir los niveles de pobreza y desigualdad en la región e indirectamente favorecer la permanencia en el sistema educativo de los jóvenes PROG.R.ESAR en Argentina, PROJOVEN Integrado en Brasil, JÓVENES EN ACCIÓN en Colombia y Jóvenes con PROSPERA en México Capacitación y formación para el empleo (jóvenes que no estudian ni trabajan remuneradamente) Se busca un vínculo con las empresas, promoviendo la capacitación mediante la adquisición y el fortalecimiento de habilidades técnicas de cara al mercado de trabajo, mediante el otorgamiento de apoyos económicos y/o bonos por capacitación (políticas activas de empleo) Jóvenes construyendo el Futuro en México y PRONATEC en Brasil Inclusión productiva y emprendimiento Se implementan políticas de desarrollo e inclusión productiva no enfocadas exclusivamente en la juventud, con apoyos económicos para estimular los emprendimientos y microempresas, además del otorgamiento de beneficios contributivos a empresas que capacitan y contratan personal Ferias y bolsas de empleo llevadas a cabo en diversos países de la región. Programa Horizontes en Brásil dirigido a población de entre 18 y 29 años. Leyes o acciones con la finalidad de flexibilizar el mercado de trabajo Se implementan con la finalidad de estimular la generación el empleo y la productividad, sin tener como objetivo mejorar las condiciones del trabajo La extensión dela jornada diurna, el pago por hora, los contratos temporales y la reducción de prestaciones sociales Promoción de garantía de derechos Políticas en el marco de acuerdos internacionales, mediante la formalización, la protección de los salarios y el estímulo del acceso a la seguridad social La universalización de la seguridad social en Brasil y programas focalizados en la formalización de las trabajadoras del hogar en México, Colombia y Argentina Fuente: Elaboración propia a partir de diversos documentos. 3 | Precarización. Transiciones.165 Hallazgos y recomendaciones Uno de los principales rasgos de los mercados de trabajo latinoameri- canos es la precariedad laboral; las juventudes son un grupo poblacional especialmente propenso a insertarse en trabajos con condiciones inade- cuadas, y dentro de ellas, las mujeres jóvenes se encuentran en mayor des- ventaja. En Argentina y Brasil son ellas las más precarias y en México y Colombia, aunque con menor prevalencia de la precariedad en general, se ubican en mayor medida en el nivel de precariedad alta, caracterizado por una total inestabilidad, desprotección e insuficiencia de ingresos. Al profundizar en las dimensiones de la precariedad, vemos diferencias entre los países. Las juventudes más inestables son las mexicanas y colom- bianas; las más desprotegidas son las mexicanas y las argentinas, y las que mayoritariamente tienen ingresos por debajo del salario mínimo son las colombianas y las argentinas. Al interior de los países, las desigualdades de género asociadas a las di- mensiones de la precariedad son variadas. En Argentina y Brasil las muje- res jóvenes son más inestables que los hombres, pero en México y Colom- bia están en mejor situación relativa; en todos los países, con excepción de Argentina, son ellas las más protegidas; sin embargo, en Argentina, Brasil, México y Colombia, las remuneraciones de las jóvenes son menores que las de sus contrapartes masculinas. En lo correspondiente a la edad, tanto hombres como mujeres jóvenes ostentan mayor precariedad cuando se encuentran entre los 15 y 19 años y menor precariedad cuando se ubican en el rango de entre 25 y 29 años. Sin embargo, en este último grupo la incidencia de la precariedad sigue siendo alta. A medida que aumenta el nivel educativo, hombres y mujeres jóvenes son menos precarios, aunque en todos los países, con excepción de México, las mujeres jóvenes sufren una mayor precariedad relativa en cada nivel educativo, comparadas con los hombres. Entre las juventudes más educa- das (con educación superior completa), la mayor precariedad se observa en Argentina y Colombia. Si bien hay una relación inversa entre el tamaño de empresa y el nivel de precariedad, en México, y sobre todo en Colombia, la precariedad de los hombres y mujeres jóvenes es alta, aun en las empresas grandes (11 trabajadores o más). De hecho, las desigualdades de género en términos de precariedad y tamaño de empresa tienen patrones distintos según el país. Por último, en Argentina y Colombia, las juventudes que trabajan en el sector secundario de la economía son más precarias, mientras que en Brasil y México hay una mayor precariedad en el sector terciario. Sin embargo, el patrón de desigualdad de género es el mismo en los cuatro países: en el sector secundario los jóvenes son más precarios, mientras que en el tercia- rio las mujeres se encuentran en una situación más crítica. Este hallazgo debe ser resaltado, ya que la mayoría de las jóvenes trabajan en este sector. En un contexto de estructura productiva y mercados de trabajo hetero- géneos en la región, cada vez es más común observar transiciones a la vida Jóvenes y precarización del trabajo en cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y Mexico)166 adulta más flexibles, inciertas y precarias, y menos lineales y estables, por lo que cada vez se distancian más las condiciones reales en el mercado de trabajo de las expectativas laborales de las juventudes. Es así como el mer- cado de trabajo en este grupo poblacional se caracteriza por la intermiten- cia, la rotación y la diversidad de tránsitos entre la ocupación precaria, el desempleo y la inactivad. Estos hallazgos reflejan la situación de precariedad laboral juvenil en los países analizados en un contexto de prepandemia. cepal (2021) manifiesta que la crisis provocada por la pandemia de covid-19 ha tenido un fuerte impacto multidimensional en los jóvenes, que puede resumirse en «tres grandes aspectos: i) interrupción de la educación y la formación para el trabajo, ii) dificultades para los que recién estaban ingresando al merca- do laboral o para los que se encontraban buscando empleo a principios de 2020 y iii) pérdida de empleos, reducción de salarios o deterioro de las condiciones laborales de aquellos que estaban trabajando», lo que ha agudizado la situación de precariedad y las desigualdades de género en el trabajo. En este contexto una de las principales vías de escape ha sido la vinculación laboral a través de las plataformas digitales asociada a la gran demanda que presentó esta actividad en los primeros meses de la pande- mia y a las facilidades de ingreso. Ante esta situación crítica de las juventudes es necesaria una mayor intervención de los Estados para reducir/eliminar las desigualdades que operan en los mercados de trabajo de la región. A continuación, se deli- nean algunas recomendaciones derivadas de los hallazgos de este estudio. Primero, es necesario implementar políticas públicas encaminadas a: I) mejorar el nivel educativo de las juventudes mediante la ampliación de la cobertura de la educación media y superior pública; II) vincular los pro- gramas de formación y capacitación con las necesidades de la demanda laboral mediante el desarrollo de habilidades técnicas que permitan una inserción más calificada en la vida laboral; III) promover que las empresas fortalezcan sus programas de capacitación interna; IV) ampliar los pre- supuestos y/o mejorar los mecanismos de financiación para el acceso a la capacitación y a la educación técnica y superior, y V) ampliar el acceso a internet y a las tecnologías de la información como un derecho humano fundamental. Estas acciones permitirán disminuir las desigualdades en las juventudes en el acceso a la escuela y al trabajo, facilitarán la transición y/o simultaneidad escuela y trabajo, contribuirán al empleo productivo y mejorarán la calidad del empleo. Segundo, es urgente atender las condiciones laborales precarias en las tres dimensiones señaladas en este documento, a través de: I) desincenti- var las formas de contratación temporal; II) incentivar la creación de em- pleo con acceso a seguridad social o de lo contrario promover su universa- lización —especialmente en lo que compete a los sistemas de pensiones en México y Colombia, que están más rezagados en cobertura de la población trabajadora joven—, y III) encaminarse a una política de salario mínimo digno que aumente el poder adquisitivo de los trabajadores. Tercero, para reducir las desiguales de género y posibilitar una mayor inserción o retorno de las mujeres al mercado de trabajo, es necesario: I) crear mecanismos eficientes para superar la discriminación laboral hacia 3 | Precarización. Transiciones.167 las mujeres en términos de actividades (segregación ocupacional) y pro- mover un mayor acceso a cargos directivos y remuneraciones altas, y fun- damentalmente II) establecer un sistema de cuidados amplio, promover la corresponsabilidad de actores —Estado, mercado y sociedad—, desfamilia- rizar y desfeminizar12 el trabajo de cuidados, con el Estado y el mercado como los garantes, promotores y financiadores del sistema. Bibliografía Amarante, V. (2011). Empleo y juventud: Diagnóstico y propuestas. En Jóvenes en tránsito: Oportunidades y obstáculos en las trayectorias hacia la vida adulta (pp. 115-138). unfpa. Anker, R. (1997). La segregación ocupacional entre hombres y mujeres: Repaso de las teorías. Revista Internacional del Trabajo, 116. Ariza, M. (2006). Mercados de trabajo urbanos y desigualdad de género en México a principios del siglo XXI. En Enrique de la Garza y Carlos Salas (Coords.), La situación del trabajo en México. México: Instituto de Estudios del Trabajo, Universidad Autónoma Metropolitana - Centro Americano para la Solida- ridad Sindical Internacional, afl-cio y Plaza y Valdés Editores. Ariza, M., y Oliveira, O. de. (2013). Viejos y nuevos rostros de la precariedad en el sector terciario, 1995-2010. En Cecilia Rabell (Coord.), Los mexicanos: Un balance del cambio demográfico. México: Fondo de Cultura Económica. Ariza, M., y Oliveira, O. de. (2014). Tercerización de la mano de obra y protección laboral de la población asalariada en México, 2013. Realidad, Datos y Es- pacio. Revista Internacional de Estadística y Geografía, 34-47. México: inegi. Beck, U. (2000). Un nuevo mundo feliz: La precariedad del trabajo en la era de la glo- balización. Barcelona: Paidós. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). Educación, juventud y trabajo: Habilidades y competencias necesarias en un contexto cambiante. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2018). ¿Qué funciona y qué no en desarrollo laboral juvenil? https://www.coneval.org. mx/Evaluacion/ESEPS/Documents/Guias_practicas/Que_funciona_desa- rrollo_laboral_juvenil.pdf Cunningham, W., y Bustos, J. (2011). Youth employment transitions in Latin Ame- rica. Policy Research Working Paper, 5521. Red de Desarrollo Humano del Banco Mundial, Infancia y Juventud. Washington, DC. Donza, E., Poy, S., y Salvia, A. (2019). Heterogeneidad y fragmentación del mercado de trabajo (2010-2018). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Educa. Escoto, A. (2010). Precariedad laboral y juvenil en El Salvador, 2003-2007 (Tesis de Maestría, flacso México, Ciudad de México). Recuperado de http://hdl. handle.net/10469/2806 Galin, P. (1987). Condiciones de trabajo y precarización del empleo. En M. Novick (Comp.), Condiciones de trabajo en América Latina. Buenos Aires: clacso. 12 Aquí nos referimos a la disminución de la presión, los costos y la carga de trabajo de cuidados, cuya responsabilidad se ha otorgado casi exclusivamente a los hogares y es- pecialmente de las mujeres. Jóvenes y precarización del trabajo en cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y Mexico)168 García, B. (2006). La situación laboral actual: Marcos conceptuales y ejes analíticos pertinentes. Sociología del Trabajo, nueva época, 58, 3-32. Madrid. García, B. (2012). La precarización laboral y desempleo en México (2000-2009. en E. de la Garza (Coord.), La situación del trabajo en México, 2012: El trabajo en la crisis. México: Plaza y Valdez. García, B., y Oliveira, O. de. (1994). Trabajo femenino y vida familiar en México. El Colegio de México. Hincapié, L. A. (2016). La promesa incumplida al trabajo asalariado: Un análisis de la precariedad laboral en Colombia en 2014 (Tesis de Maestría, flacso México, Ciudad de México). Recuperado de http://flacso.repositorioinstitucional. mx/jspui/handle/1026/99 Mora, M. (2011). El empleo precario asalariado y globalización: Enseñanzas desde Costa Rica. En E. de la Garza, L. Reygadas y E. Pacheco (Coords.), Traba- jos atípicos y precarización del empleo. México D.F.: El Colegio de México, CEDUA. Mora, M., y Oliveira, O. de. (2009). La degradación del empleo asalariado en los albores del siglo XXI: Costa Rica y México. Papeles de Población, 15(61), 195-231. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México. Mora, M., y Oliveira, O. de. (2010). Las desigualdades laborales: Evolución, patro- nes y tendencias. En F. Cortés y O. de Oliveira, Los grandes problemas de México: Desigualdad social. El Colegio de México. Oliveira, O. de. (2006). Jóvenes y precariedad laboral en México. Papeles de Pobla- ción, 49, 37-73. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México. Organización de Estados Iberoamericanos. (2012). Estado del arte sobre empleo ju- venil en América Latina y Europa. Documento presentado en el Encuentro Intersectorial de Intercambio y Programación «Inserción laboral de los jóvenes. Estrategias innovadoras para facilitar la transición escuela- tra- bajo». Organización Internacional del Trabajo. (2017). Tendencias mundiales del empleo juvenil 2017 [Resumen ejecutivo]. http://www.ilo.org/global/research/glo- bal-reports/global-employment-trends/WCMS_598679/lang--es/index. htm Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Comisión Econó- mica para América Latina y el Caribe y Banco de Desarrollo de América Latina. (2016). Perspectivas económicas de América Latina 2017: Juventud, competencias y emprendimiento. París: oecd Publishing. Pacheco, E. (2004). Ciudad de México, heterogénea y desigual: Un estudio sobre el mercado de trabajo. El Colegio de México. Pacheco, E. (2016). Segregación horizontal y vertical del trabajo en la Ciudad de México. En ces cdmx, styfe, El descuido de los cuidados, sus consecuencias en la seguridad humana y desigualdad laboral. Ciudad de México. Pacheco, E., y Flórez, N. (2019). Cuidados y desigualdades en México: Un acercamien- to interseccional a partir de las fuentes de información estadística. oxfam Mé- xico. Pinto, A. (1976). Heterogeneidad estructural y modelo de desarrollo reciente de la América Latina. En Inflación: Raíces estructurales. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Rodgers, G. (1989). Precarious work in western Europe: The estate of the debate. En G. Rodgers y J. Rodgers (Eds.), Precarious Jobs in Labour Market Re- 3 | Precarización. Transiciones.169 gulation: The Growth of Atypical Employment in Western Europe. Ginebra: International Institute for Labour Studies, oit. Trucco, D., y Ullmann, H. (Eds.). (2015). Juventud: Realidades y retos para un de- sarrollo con igualdad. Libros de la cepal, n.o 137 (LC/G.2647-P). Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Vega, M. (2001). La reforma laboral en América Latina: Un análisis comparado. San- tiago de Chile: Organización Internacional del Trabajo. Weller, J. (2006). Tendencias recientes de la inserción de los jóvenes latinoameri- canos en el mercado laboral. En Los jóvenes y el empleo en América Latina: Desafíos y perspectivas ante el nuevo escenario laboral (pp. 1-30). Bogotá: cepal. Weller, J., y Roethlisberger, C. (2011). La calidad del empleo en América Latina. Serie Macroeconomía del Desarrollo (pp. 13-66). Santiago de Chile: cepal. Jóvenes y precarización del trabajo en cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y Mexico)170 A n ex o 1: In d ic ad or es d e m er ca d o la b or al d e p ob la ci ón a d u lt a (3 0 a ñ os o m ás ) e n c u at ro p aí se s d e A m ér ic a La ti n a In di ca do r Ar ge nt in a Br as il M éx ic o Co lo m bi a H om br e M uj er To ta l H om br e M uj er To ta l H om br e M uj er To ta l H om br e M uj er To ta l Ta sa s de p ar tic ip ac ió n 77 ,3 53 ,2 64 ,2 74 ,0 52 ,7 62 ,6 82 ,2 46 ,3 63 ,0 85 ,0 58 ,1 70 ,9 Ta sa d e de se m pl eo 6, 0 7, 1 6, 5 6, 5 9, 2 7, 7 2, 3 2, 2 2, 3 6, 0 9, 8 7, 6 Ta sa d e as al ar iz ac ió n 67 ,5 74 ,7 70 ,7 58 ,2 70 ,2 63 ,5 63 ,1 63 ,4 63 ,2 45 ,7 47 ,7 46 ,5 Ta m añ o de es ta bl ec im ie nt o 1 pe rs on a 24 ,5 23 ,6 24 ,1 55 ,7 52 ,9 54 ,6 21 ,7 30 ,6 25 ,2 37 ,2 41 ,4 39 ,0 2 a 5 pe rs on as 25 ,6 21 ,4 23 ,9 31 ,3 26 ,4 29 ,4 25 ,6 22 ,4 24 ,3 6 a 10 p er so na s 8, 8 7, 7 8, 3 8, 1 9, 6 8, 7 6, 7 5, 3 6, 2 5, 4 4, 2 4, 9 11 p er so na s o m ás 41 ,2 47 ,3 43 ,7 36 ,2 37 ,4 36 ,7 35 ,5 34 ,4 35 ,1 31 ,7 32 ,0 31 ,8 Se ct or es p ro du ct iv os Pr im ar io 1, 6 0, 3 1, 0 13 ,4 4, 4 9, 4 18 ,4 3, 2 12 ,4 24 ,2 7, 0 17 ,0 Se cu nd ar io 30 ,3 9, 0 20 ,8 27 ,6 10 ,6 20 ,0 29 ,7 16 ,3 24 ,4 22 ,8 14 ,3 19 ,3 Te rc ia rio 68 ,1 90 ,7 78 ,2 59 ,0 85 ,0 70 ,6 51 ,9 80 ,5 63 ,2 53 ,0 78 ,6 63 ,7 Se gr eg ac ió n oc up ac io na l ID 0, 38 4 0, 34 0 0, 37 4 0, 40 9 IP 0, 38 1 0, 33 6 0, 35 7 0, 39 8 Pr om ed io d e ho ra s tr ab aj ad as 42 ,6 32 ,7 38 ,2 42 ,2 37 ,1 40 ,0 44 ,7 36 ,1 41 ,3 48 ,6 39 ,5 44 ,8 Fu en te : A rg en tin a: E nc ue st a Pe rm an en te d e H og ar es , 2 01 9, in d ec ; B ra si l: Pe sq ui sa N ac io na l p or A m os tr a de D om ic ili os C on tín ua (2 01 9) , 2 01 9, ib g e; M éx ic o, E nc ue st a N ac io na l d e O cu pa ci ón y E m - pl eo , 2 01 9, in eg i; C ol om bi a: G ra n En cu es ta In te gr ad a de H og ar es , 2 01 9, d a n e. 3 | Precarización. Transiciones.171 Anexo 2: Operacionalización de las dimensiones de la precariedad País Fuente de información Estabilidad Seguridad social Ingresos Argentina Encuesta Permanente de Hogares (2019) Se toman como estables los empleos que no tienen tiempo de finalización (incluye permanente, fijo, estable, de planta). Se toman como inestables los empleos que tienen tiempo de finalización (incluye changa, trabajo transitorio, por tarea u obra, suplencia, etc.) Se consideran protegidas por el trabajo las personas asalariadas que tienen descuento jubilatorio por su trabajo. Se distingue entre personas asalariadas que reciben una remuneración igual o mayor al salario mínimo de 14,781 pesos argentinos y quienes reciben remuneraciones por debajo de este valor. Brasil Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios Contínua (2019) Se toman como estables los empleos que no son temporales (empregado temporário) o que tienen carteira de trabalho assinada Se toman como inestables los empleos temporales o que no tienen carteira de trabalho assinada Se consideran protegidas por el trabajo las personas asalariadas que: a) responden Sí a la pregunta ¿Era contribuinte de instituto de previdência por esse trabalho? b) los militares c) los empleados públicos d) los que responden Sí a la pregunta ¿Nesse trabalho, tinha carteira de trabalho assinada?” Se distingue entre personas asalariadas que reciben una remuneración igual o mayor al salario mínimo de 998 reales y quienes reciben remuneraciones por debajo de este valor. México Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (trimestre I de 2019) Se toman como estables los empleos con contratos de base, planta o por tiempo indefinido. Se toman como inestables los empleos con contrato temporal o por obra determinada. Se consideran protegidas por el trabajo las personas asalariadas que: a) tiene acceso a atención médica por parte del trabajo, o b) En este trabajo, ¿a ... le dan, aunque no utilice fondo de retiro (SAR o Afore)?” Se distingue entre personas asalariadas que reciben una remuneración igual o mayor al salario mínimo de 3,080.4 pesos mexicanos y quienes reciben remuneraciones por debajo de este valor. Colombia Gran Encuesta Integrada de Hogares (2019) Se toman como estables los empleos con contrato a término indefinido. Se toman como inestables los empleos con contrato a término fijo, con contrato verbal o sin contrato. Se consideran protegidas por el trabajo las personas asalariadas que: a) están afiliadas al fondo de pensiones y su empleador paga una parte o la totalidad, o b) están afiliadas a salud y su empleador paga una parte o la totalidad Se distingue entre personas asalariadas que reciben una remuneración igual o mayor al salario mínimo de 925,148 pesos colombianos y quienes reciben remuneraciones por debajo de este valor. Jóvenes y precarización del trabajo en cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y Mexico)172 3 | Precarización. Transiciones.173 Trayectorias y transiciones educativas en América Latina y el Caribe. Análisis desde un enfoque de género Introducción Asociado a la consolidación y obligatoriedad de la educación primaria, la ex- pansión de la educación secundaria y el desarrollo de la educación terciaria, el debate sobre las trayectorias y transiciones educativas de los niños, niñas y jóvenes se puede relacionar con tres tópicos de las políticas educativas. Por una parte, las trayectorias educativas permiten visualizar la capacidad (o incapacidad) que tienen los sistemas escolares para cumplir la promesa de la inclusión educativa. En segundo lugar, las trayectorias y transiciones educativas se han relacionado con la capacidad de los sistemas primarios, secundarios y terciarios de generar procesos de movilidad social y desa- rrollo humano. Finalmente, el análisis de las trayectorias educativas se ha vuelto una condición para romper las desigualdades y exclusiones, por lo cual es uno de los puntos críticos para las juventudes de América Latina y el Caribe (Lorente, 2019; Tedesco, 2012). Diferentes instrumentos internacionales han enfatizado la relevancia del acceso, permanencia y logro de aprendizajes en cada uno de los ci- clos educativos. En esta línea, la Agenda de Educación 2030 (2015) propo- ne garantizar una «educación inclusiva, equitativa y de calidad a lo largo de la vida», lo que implica asegurar la continuidad y el logro educativo en las diferentes etapas y modalidades educativas, así como el desarrollo de competencias que aseguren la inclusión social y laboral en condiciones de equidad de género, considerando especialmente a los grupos en condi- ción de mayor vulnerabilidad. Asimismo, a nivel regional, la Declaración de Buenos Aires (2017) de la Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe refuerza estas ideas, al establecer que «el principio rector de la agenda educativa al 2030 debe ser velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria» (p. 9), reconociendo la necesidad de «diseñar políticas que re- signifiquen los modelos y experiencias escolares y de aprendizaje» (p. 11). Aunque estas declaraciones permiten generar mecanismos de monitoreo supranacionales, promover discusiones y debates académicos, y fomentar la implementación de políticas educativas, cada país de la región exhibe tanto avances como desafíos en el camino hacia estas metas. Como una forma de contribuir con evidencia y discusión sobre este ámbito, en este ca- pítulo analizaremos las trayectorias y transiciones educativas en América Latina, a partir de un enfoque que busca visualizar con especial importan- Catalina Opazo Chile Cristóbal Villalobos Chile174 cia las diferencias de género entre niños, niñas y jóvenes. Específicamente, contrastaremos las trayectorias teóricas —es decir, aquellas diseñadas por el sistema escolar— con las trayectorias reales que cursa cada estudiante a lo largo del sistema educativo, prestando especial atención a cuándo y cómo se produce el distanciamiento entre la trayectoria teórica y la real, y las posibles consecuencias y explicaciones de los procesos de desvincula- ción educativa que se producen a partir de esta separación. A la vez, mira- remos las transiciones entre niveles o subniveles, dado que estas son hitos críticos en los que cada estudiante toma caminos específicos que afectarán su trayectoria educativa futura. De esta forma, y a partir de información secundaria disponible, estudios académicos previos e informes de expe- riencias, el capítulo busca contribuir al conocimiento de las trayectorias y transiciones de los niños, niñas y jóvenes (nnj), las políticas educativas implementadas y los principales desafíos y recomendaciones en la materia en la región. Para desarrollar este análisis, el capítulo se organiza en cuatro aparta- dos, además de esta introducción. El segundo apartado presenta un bre- ve marco analítico y contextual del análisis, define qué se entiende por trayectorias y transiciones educativas y entrega algunos elementos para entender la relación entre estas con una perspectiva de género. El tercer apartado presenta un mapa de las transiciones y trayectorias educativas en la región y describe las principales tendencias en América Latina y el Caribe.1 A partir de esto, el cuarto apartado se focaliza en tres países: Pa- raguay, México y Chile. Para cada uno de estos casos, se presenta evidencia que describe y explica las tendencias en transiciones y trayectorias edu- cativas, y se muestran, además, ejemplos de programas o modelos de in- tervención aplicados en las últimas décadas. Finalmente, y considerando lo anterior, la última sección describe las conclusiones más relevantes del capítulo y remarca los principales desafíos que presenta la región para lo- grar trayectorias y transiciones educativas, así como para delinear algunas recomendaciones que permitan asegurar el derecho a la educación. Trayectorias educativas en América Latina. Marco analítico y contextual El análisis de las trayectorias educativas ofrece una perspectiva relevan- te para comprender los problemas de inclusión/exclusión y desigualdad en los sistemas educativos. Hace más de 10 años, Terigi (2009) proponía reconsiderar la forma como se entendían las trayectorias escolares, cam- biando el foco de las trayectorias «teóricas» a las «reales». En su perspecti- va, el sistema escolar había definido usualmente unas trayectorias escola- res como recorridos de progresión lineal que los sujetos estaban forzados a seguir y que estaban marcados por una periodización y secuenciación estandarizada. Para la autora, estas trayectorias mostraban tres rasgos de los sistemas educativos: la organización por niveles, la gradualidad del cu- rrículo y la anualización de los grados de instrucción. Como alternativa, Terigi (2009) propuso analizar las trayectorias «reales» de los sujetos, las 1 Debido a la disponibilidad de datos comparables, este análisis se focaliza solo en 14 países de la región, sin considerar a varios países de la región caribeña. 3 | Precarización. Transiciones.175 que pueden o no ser coincidentes o próximas a las trayectorias teóricas. De esta forma, las trayectorias educativas resultarían mucho más diversas, con cauces diferentes del teórico, lo que implica transitar la trayectoria escolar con interrupciones, reiteraciones e irregularidades con relación con la norma definida.2 La incorporación de estas nociones ha permitido, entre otras cosas, cuestionar la idea de que las trayectorias diferentes de la teórica son un fallo o fracaso de quien las experimenta. Así, nociones como ausentismo, deserción o abandono escolar se problematizan por su foca- lización en cada individuo y por depositar en ellos la responsabilidad del «fracaso» (Goicovic, 2002; Terigi, 2009). En contraste, se ha desarrollado una visión más sistémica, que ha entendido que el fenómeno se explica por una combinación de factores tanto individuales como exógenos, generados tanto fuera como dentro de la escuela (Castro y Palma, 2006; Román, 2009, 2013; Portales et al., 2019). De forma complementaria, el análisis de las transiciones educativas se concentra en describir y comprender cómo se producen los tránsitos en- tre niveles y subniveles del sistema educativo, así como los factores que afectan las elecciones entre diferentes alternativas educativas disponibles, considerando los marcos estructurales, sociales y culturales (Gutiérrez, 2015). De esta forma, la experiencia escolar previa —junto con otros facto- res familiares y contextuales— se considera un aspecto relevante para las decisiones que toman los individuos en las diferentes transiciones, ya que aporta información que influye en las decisiones y trayectorias escolares y de vida (Valdebenito, 2020). Para subrayar el carácter multicausal y paulatino del proceso por el cual los y las estudiantes se distancian de la institución escolar hasta dejar de- finitivamente de asistir, también se han producido importantes cambios semánticos en la discusión sobre trayectorias y transiciones. De esta for- ma, se han comenzado a usar las nociones de desescolarización (Hogar de Cristo, 2019) o desvinculación educativa (Romo y Cumsille, 2020). Estas no- ciones resaltan, además, la idea de que ambos fenómenos pueden desen- cadenarse gradual o abruptamente y generan un quiebre con el proceso educativo formal al interrumpir la trayectoria educativa de los sujetos. Las causas de la desvinculación educativa tienden a integrar aspectos atribui- bles al sistema escolar con condiciones que afectan directamente al o la estudiante y que pueden ser estructurales (pobreza, desigualdad), situacio- nales (pandemia, terremotos, inundaciones), educacionales (clima escolar, sentido de pertenencia) o motivacionales (Lorente, 2019; Portales et al., 2019; Román, 2009; Romo y Cumsille, 2020). Asimismo, se ha resaltado la idea de que el proceso de desvinculación educativa habitualmente pasa por diferentes estadios y antes de dejar de participar definitivamente en el proceso educativo los niños, niñas y jóvenes «se encuentran en una situa- ción denominada como exclusión potencial, que generalmente se asocia con una calidad de aprendizajes muy débil, inasistencias recurrentes y una escolarización frágil y precaria en términos generales» (Fondo de las Na- 2 La distancia entre la trayectoria real y la teórica se expresa en las ideas de trayectorias regulares y no regulares. Mientras que las primeras se basan en la permanencia del es- tudiante en el sistema educativo, en el grado que corresponde a su edad y aprendiendo los contenidos necesarios para su desarrollo, las segundas implican la existencia de intermitencias, sobreedad, repitencia o expulsión del sistema educativo (Terigi, 2009). Trayectorias y transiciones educativas en América Latina y el Caribe. Análisis desde un enfoque de género176 ciones Unidas para la Infancia [unicef], 2021, referido en Banco Interame- ricano de Desarrollo [bid], 2021, p. 6). Una dimensión relevante para estudiar las transiciones y trayectorias educativas es el enfoque de género, que permite comprender los efectos de las expectativas y roles de género en los procesos de escolarización, así como en las trayectorias y transiciones educativas de hombres y mujeres. Históricamente, han sido las niñas, y en especial las de sectores más em- pobrecidos, quienes han tenido menor probabilidad de asistir a la escuela y mayor riesgo de experimentar distintas formas de desvinculación edu- cativa. Sin embargo, en las últimas décadas esta brecha ha disminuido y hoy en muchos países son los niños y jóvenes hombres quienes corren un mayor riesgo de no progresar y no completar la educación secundaria. Así, en la actualidad, las tasas de no escolarización de los niños y las niñas en edad de cursar la enseñanza secundaria son prácticamente idénticas (Or- ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul- tura [unesco], 2019) y hay más mujeres que hombres inscritas en la edu- cación terciaria (Brunner y Miranda, 2016). Por ejemplo, en 2018 la tasa de escolaridad terciaria bruta promedio de 14 países de la región llegaba a 67,1 % en el caso de las mujeres, mientras que en el caso de los hombres era de 59,4 % (unesco Institute for Statistics [uis], 2021). Asimismo, en varios países de América Latina y el Caribe las mujeres ya superan a los hombres en escolaridad y en el desarrollo de trayectorias regulares (gem, unesco, 2018). Más que resolver las diferencias de género, estos cambios han permitido comprender mejor cómo se manifiestan las diferencias de género en las trayectorias escolares, en los logros educativos, en los procesos y causas de desvinculación o continuidad educativa o en las vías educativas (acadé- mica, profesional o vocacional) y áreas disciplinarias que siguen hombres y mujeres. Estas diferencias manifiestan y a la vez producen las desigual- dades de género. En este sentido, por ejemplo, Campbell (2019) en un estudio sobre Ja- maica muestra que, a pesar de que la matrícula de niños supera a la de niñas en la educación inicial y primaria, al llegar a la secundaria la matrí- cula de los niños desciende en cada grado. Factores estructurales (como la ubicación geográfica y el nivel socioeconómico), pero también factores culturales (como la tendencia a visualizar a los jóvenes hombres como su- jetos más inexpresivos y que deben resolver los problemas por sí mismos) explicarían esta diferencia. En una línea de análisis similar, Bonfil (2020) analiza la situación de in- clusión escolar de las niñas indígenas en México y Guatemala. En ambos países, si bien tanto niños como niñas indígenas tienen menos probabi- lidades que sus pares no indígenas de terminar la educación primaria y secundaria y presentan mayor rezago, dentro del grupo de estudiantes indígenas las mujeres indígenas presentan aún menos escolaridad y más exclusión escolar que los varones indígenas. Esta situación se explicaría porque las niñas en edad escolar apoyan en el trabajo doméstico, la ela- boración de alimentos y el cuidado familiar, subordinando la educación a otras necesidades familiares, junto con una tradición cultural arraigada más propensa a invertir en la educación masculina. También situaciones como las uniones conyugales tempranas, el embarazo y la violencia intra- Las diferencias de género inciden en las trayectorias escolares, en los logros educativos, y en la desescolarización 3 | Precarización. Transiciones.177 familiar, social y comunitaria contra las mujeres explicarían esta brecha. Fuller (2019), focalizado en Perú, muestra que las disparidades han dismi- nuido desde la implementación por el Estado peruano de un conjunto de políticas para cerrar la brecha de género en el rendimiento escolar, y que aparece una leve pero consistente brecha a favor de la población femeni- na, con porcentajes de finalización de la educación primaria de 88 % para hombres y 89 % para mujeres, que aumentan a 77 % para mujeres y 72 % para hombres en secundaria. El estudio destaca que entre los factores que más influyen en la desvinculación y la desventaja de los niños estarían los niveles de pobreza y la participación temprana de estos en el trabajo re- munerado, lo que, a su vez, intersecta con aspectos como la calidad de las escuelas, los problemas familiares y los mandatos de género. Finalmente, en las transiciones educativas entre la educación secunda- ria y la terciaria los patrones de acceso también han ido variando, con un aumento relevante del acceso femenino al nivel terciario, que en muchos casos supera al de los hombres (Brunner y Miranda, 2016). Sin embargo, las instituciones de educación terciaria son espacios donde se producen y reproducen distintas formas de violencia de género (hostigamiento, discri- minación y/o acoso), con aún escasas legislaciones y protocolos de acción institucional (Straus, 2004). Además, persisten en varios países brechas respecto al tipo de educación y las áreas a las que acceden las mujeres, las que tienden a continuar estudios relacionados principalmente con las áreas de servicios, cuidado o educación, y menos en áreas de tecnología y ciencia (Arredondo et al., 2019). En Chile, por ejemplo, aunque el número de mujeres que prefieren las disciplinas stem (Science, Technology, Engi- neering, Mathematics) ha aumentado en la última década, la participación promedio de estas es solo de 19,5 %, porcentaje similar al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) (Saa- vedra-Acuña y Quezada-Espinoza, 2021). Barreras institucionales, prejui- cios y una naturalización de los roles de género serían parte de los facto- res que explicarían estas brechas. Recientes investigaciones han mostrado cómo estos sesgos de género se producen en la educación primaria (Ortega et al., 2020) y secundaria (Sevilla y Carvajal, 2020), y se proyectan luego en la educación terciaria. Trayectorias educativas con enfoque de género en América Latina y el Caribe. Tendencias y tipologías para la región Este apartado caracteriza las trayectorias educativas juveniles de la re- gión y da cuenta de las principales tendencias en estos países. La tabla 1 presenta la tasa de asistencia neta ajustada3 de primaria, secundaria y 3 La tasa neta de asistencia es el cociente entre el número de alumnos en edad oficial que asisten a cada nivel y el total de población de ese mismo grupo de edad, por cien. Sin embargo, ya que algunos de estos niños podrían estar matriculados en otros niveles superiores, la tasa neta ajustada de asistencia escolar se calcula como el cociente entre el número de niños en el rango de edad oficial del nivel primario que asisten a la edu- cación primaria o a niveles superiores y el total de la población de ese mismo grupo de edad (siteal, 2021). Por esto, la tasa neta ajustada muestra niveles menores que la tasa neta, que sí incorpora estudiantes de niveles inferiores. El hostigamiento, la discriminación y el acoso hacia las mujeres son visibles en instituciones de educación terciarias Trayectorias y transiciones educativas en América Latina y el Caribe. Análisis desde un enfoque de género178 terciaria4 para el conjunto de países de América Latina y el Caribe a partir de la base de datos del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (siteal). La tasa de asistencia es un indicador crítico para dar cuenta de la forma en que los países están construyendo sistemas educativos que permitan a los niños, niñas y jóvenes tener acceso a los espacios escolares, considerado una de las vetas del ejercicio del derecho a la educación (Tomasevski, 2004). Como se puede observar, hay tendencias tanto comunes como diferen- ciadas en cuanto al acceso a la educación en los distintos niveles y países. En términos de tendencias compartidas, los países muestran niveles altos de asistencia (ajustada) en primaria, que superan el 90 % en todos los casos (con excepción de Paraguay). Esta tendencia disminuye cerca de 15 puntos porcentuales en el nivel secundario en casi todos los países, lo que eviden- 4 En el caso de la educación terciaria, es importante mencionar que la tasa neta de asis- tencia ajustada no refleja la cobertura total del sistema, pues una parte importante de los estudiantes de este nivel se matriculan varios años después de haber egresado de la educación secundaria. Así, la cobertura total en el nivel terciario duplica, en general, la tasa de asistencia neta en el nivel terciario, tal como se puede observar en la tabla 1. A pesar de estas limitaciones, hemos decidido mantener este indicador, para comparar la asistencia en los distintos niveles con una misma forma de medición. Tabla 1: Tasa de asistencia neta ajustada en primaria, secundaria y terciaria (2018). América Latina y el Caribe Primaria Secundaria Terciaria M F Total M F Total M F Total ARG 97,5 96,7 97,1 87,7 89,9 88,7 29 42,6 35,8 BOL 93,3 93,7 93,5 82,7 83,3 83,0 37,2 43,5 40,5 BRA 94,2 94,2 94,2 84,0 86,4 85,2 18,8 25,2 21,9 COL 93,1 93,8 93,5 78,2 82,3 80,1 25,7 29,1 27,4 CRI 99,5 99,5 99,5 75,3 76,9 76,0 24,4 30,9 27,5 CHI 90,0* 91,0* 90,5* 83,1* 83,9* 83,5* 36,6* 41,7* 39,1* DOM 96,4** 98,1** 97,2** 74,4** 81,7** 77,8** 20,3** 33,6** 27,0** ECU 95,3 96,5 95,9 85,9 87,7 86,8 24 32,6 28 ELS 93,9** 95,4** 94,6** 64,6** 64,5** 64,6** 17,8** 20,6** 19,2** MEX 98,5** 98,8** 98,7** 80,8** 82,4** 81,6** 29,2** 29,3** 29,3** PAN 98,7 99,0 98,9 79,5 81,1 80,3 27,6 38,8 33,0 PAR 88,5 90,1 89,3 73,6 77,3 75,4 22,0 29,3 25,6 PER 93,3 94,6 94,0 85 85,5 85,2 35,7 40,4 38,0 URU 95,9 95,9 95,9 82,1 86,3 84,1 20,1 33,2 26,3 Fuente: Elaboración propia en base a datos de siteal. Notas: *Dato disponible para 2017; **Dato disponible para 2016. 3 | Precarización. Transiciones.179 cia una ruptura en las trayectorias educativas y constituye un primer hito crítico; esto es especialmente notorio en Costa Rica, El Salvador, México y Panamá.5 Finalmente, las tasas de asistencia disminuyen en el nivel ter- ciario, no superan el 50 % en ninguno de los casos. Esto estaría indicando que, a pesar de la expansión y masificación (Brunner y Miranda, 2016) de los últimos tiempos, la educación terciaria aún puede ser considerada un espacio limitado de desarrollo educativo, con tasas de cobertura total cer- canas al 60 % en promedio (uis, 2021). Finalmente, en términos de género, los datos muestran que todos los países siguen una tendencia similar, sin diferencias entre hombres y mujeres en la tasa de asistencia de primaria y secundaria, pero con tasas favorables a las mujeres en el nivel terciario. Esta tendencia en términos de género también se evidencia cuando se ana- lizan las tasas de cobertura total en terciaria, que la confirman (uis, 2021). Ahora bien, a pesar de estas similitudes, es posible observar diferencias relevantes e identificar al menos tres tipos de trayectorias. En primer lu- gar, Paraguay y Bolivia pueden definirse como países con trayectorias de escolarización débiles, con niveles bajos de escolarización en primaria y secundaria, lo que se ha asociado tanto a condiciones geográficas (rurali- dad) como a condiciones de vida de los niños, niñas y jóvenes tales como el trabajo infantil (Treviño, Villalobos y Baeza, 2016). En segundo término, México, Costa Rica, Colombia y República Dominicana pueden definirse como países con interrupciones relevantes en las trayectorias, pues, a pe- sar de presentar altas tasas de asistencia en primaria, evidencian brechas importantes, ya sea en secundaria o en terciaria. Finalmente, países como Argentina, Chile, Perú y Uruguay presentan trayectorias más estables, con menores diferencias en las tasas de asistencia entre los distintos niveles y con crecientes procesos de masificación en el nivel terciario. La siguiente sección profundiza en la situación de un país de cada uno de estos grupos.6 Trayectorias y transiciones educativas en tres países: Paraguay, México y Chile En esta sección nos concentraremos en analizar las trayectorias y transi- ciones educativas, los programas implementados y los principales desafíos para tres países: Paraguay, México y Chile. En primer lugar, el caso paraguayo presenta bajos porcentajes de asis- tencia en todos los niveles: primaria, secundaria y terciaria. Históricamen- te, el sistema educativo paraguayo ha estado atravesado por problemas de acceso y marcadas diferencias entre el sector rural y el urbano, lo que ha 5 Es importante indicar que, para la mayoría de los países analizados, esta ruptura ocurre especialmente en la secundaria alta. Así, por ejemplo, países como Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, México o Uruguay presentan una diferencia de 20 puntos o más entre la secundaria baja y la alta. Esto no ocurre en Chile, Bolivia, República Dominica- na o Ecuador, donde la diferencia en las tasas de asistencia entre la secundaria baja y la alta son bajas. Estas diferencias se pueden observar en la tabla A disponible en el anexo. 6 La consideración de estos grupos es puramente analítica y no implica una clasificación estricta, sino una comparación genérica que permite ilustrar distintos estadios de los países. Por lo mismo, los casos analizados no pueden considerarse casos representati- vos o prototípicos de cada subgrupo. Trayectorias y transiciones educativas en América Latina y el Caribe. Análisis desde un enfoque de género180 convertido el tema de las trayectorias educativas en uno de los principales focos de discusión. Además de las bajas tasas de asistencia, un problema del sistema educativo paraguayo son las bajas tasas de finalización. En un estudio reciente, Miranda y Treviño (2020) muestran que las bajas tasas de finalización se asocian a los bajos logros que las y los estudiantes pa- raguayos exhiben en distintas pruebas estandarizadas. Como una forma de afrontar estas dificultades, durante las últimas décadas se han llevado adelante acciones de diversificación de la oferta educativa y cambios legis- lativos orientados a promover la obligatoriedad de la enseñanza media, re- conocer la educación inclusiva, establecer mecanismos de apoyo al siste- ma educativo, entre otras. Probablemente, sean estos esfuerzos (junto con otros cambios) los que han permitido aumentar la tasa de asistencia en las últimas dos décadas (Ministerio de Educación y Ciencias, 2020). Además, el Estado paraguayo ha desarrollado modelos de retención y de profesio- nalización docente (Juntos por la Educación, 2019) que han permitido im- primir mayor estabilidad al proceso de enseñanza, lo cual ha repercutido en una mejor capacidad para incluir a niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo. A pesar de esto, la desescolarización alcanza aún niveles rele- vantes en el país. Por ejemplo, en el 2020 la tasa bruta de matrícula estaba en cerca del 80 % en educación secundaria baja y en 74,9 % en educación secundaria alta. Además, las tasas de repitencia están cercanas al 10 % tanto en educación primaria como en secundaria (uis, 2021). En términos de género y trayectorias educativas, y similar a las tenden- cias internacionales, en Paraguay no existen mayores diferencias entre hombres y mujeres en términos de tasas de finalización y asistencia, pero sí en las formas y motivos de desescolarización o interrupción de las tra- yectorias educativas. Mientras los hombres declaran mayormente como motivo «la necesidad de trabajar», las mujeres indican razones relaciona- das con que «no es relevante ese nivel educativo» o la existencia de «pro- blemas familiares» (unicef, 2021). En el caso mexicano, las trayectorias educativas son especialmente com- plejas en la educación secundaria y en la superior, debido a la existencia de sistemas de gobernanza múltiples, cambios legislativos frecuentes y débiles políticas de formación docente, especialmente en los sectores so- cioeconómicamente más vulnerables y en la población indígena (Bonfil, 2020). Esto se manifiesta, por ejemplo, en bajas tasas de finalización de la educación secundaria (55 %), según datos de siteal (2021). En el caso mexi- cano, dos aspectos parecen especialmente relevantes. Por una parte, hay una consistente diferencia entre personas indígenas y no indígenas. En base a la Encuesta Intercensal de 2015, Bonfil (2020) refiere una diferencia de 10 puntos porcentuales entre la población indígena y la población ge- neral de 15 a 24 años que asiste a un centro educativo. Esto se expresa en, por ejemplo, mayores tasas de analfabetismo, que en la población nacional alcanzan a 5,5 % y se elevan a 17,8 % en la población de hogares indígenas. Aunque estos indicadores se han reducido en los últimos tiempos (Robles y Pérez, 2017, en Bonfil, 2020), aún siguen siendo un nudo crítico para el sistema escolar mexicano. En segundo lugar, dentro de la población indígena, los problemas de analfabetismo, asistencia escolar y rezago son críticos en las mujeres in- dígenas. Así, por ejemplo, la condición de analfabetismo afecta en casi 5 Las diferencias de género inciden en las formas y motivos de la desescolarización 3 | Precarización. Transiciones.181 puntos más a las mujeres indígenas que a los hombres indígenas, tenden- cia que se repite en las tasas de conclusión en secundaria: 62,2 % para los hombres indígenas y 25,3 % para las mujeres indígenas (Encuesta Inter- censal, 2015, referida en Bonfil, 2020). Por tanto, es claro que existen arrai- gados patrones de género que frenan el acceso, permanencia e inclusión escolar de las adolescentes indígenas, incluso en educación básica. Esto se relaciona, también, con aspectos vinculados al trabajo y la educación. Así, por ejemplo, en el caso mexicano, el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan es de solo 3,9 % entre los hombres, pero alcanza el 21,6 % entre las mujeres (siteal, 2021), lo que refleja importantes brechas en factores relevantes al momento de explicar las trayectorias educativas. A diferencia de los casos de México y Paraguay, Chile presenta bajas ta- sas de desescolarización, la cual se concentra sobre todo en la etapa final del ciclo secundario, y es más común entre hombres, en sectores rurales y en el tramo entre 13 y 20 años (Romo y Cumsille, 2020). En general, puede afirmarse que hay tres grandes desafíos para el sistema chileno en torno a este tema. Primero, y aunque las tasas de desescolarización son relativa- mente bajas, las trayectorias educativas tienden a ser «turbulentas» para el conjunto de la población, ya que existe un constante proceso de cambio de los estudiantes tanto entre establecimientos como dentro de estos, con menos de un 20 % de jóvenes con procesos educativos que se ajustan a las «trayectorias teóricas» (sin experimentar cambios de establecimiento, re- pitencia o deserción en algún año) durante la enseñanza media (Treviño, Villalobos, Vielma et al., 2016). Segundo, los estudiantes que viven pro- cesos de desescolarización presentan un alto desencanto con el sistema educativo, al percibir que la escuela es incapaz de leer la cultura juvenil y enseñar tomando en cuenta sus identidades. De esta forma, la experiencia escolar de estos jóvenes está marcada por la presión de ajustarse a nor- mas instaladas que no reconocen sus particularidades (Centro de Políticas Comparadas en Educación [cpce], 2016), por lo que su vuelta al sistema es difícil y compleja. Finalmente, aunque el sistema de educación terciaria se ha masificado notablemente durante las últimas décadas (alcanzando a más de 1 millón de personas) y las diferencias de género respecto al acce- so al nivel terciario son mínimas, aún persisten importantes brechas cua- litativas, pues las mujeres tienden a ingresar masivamente a las carreras más precarizadas, mientras que los hombres ingresan a carreras con mayor prestigio y reconocimiento social (Bordón et al., 2020). En parte como una forma de afrontar estos nudos críticos, durante las últimas décadas se han implementado en el país un conjunto de políticas y estrategias diversas en su foco y alcance que han buscado abordar la exclu- sión educativa. En general, estos han sido programas focalizados más que políticas integrales (Sepúlveda y Opazo, 2009), que han buscado promover la creación de sistemas de retención y alerta temprana, especialmente en escuelas públicas y en el nivel primario (Hogar de Cristo, 2019; Romo y Cumsille, 2020; Saracostti y Villalobos, 2013). Más recientemente, se han creado programas, fondos y una «modalidad curricular»7 para la construc- 7 De acuerdo a la Ley General de Educación, en Chile, las modalidades curriculares son definidas como «opciones organizativas y curriculares de la educación regular, dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos especí- ficos de aprendizaje, personales o contextuales» (art. 22). En enero del 2021 el Consejo Los problemas de analfabetismo, asistencia escolar y rezago son críticos en las mujeres indígenas Trayectorias y transiciones educativas en América Latina y el Caribe. Análisis desde un enfoque de género182 ción de escuelas de reingreso orientadas a atraer a los jóvenes desesco- larizados (cpce, 2016; Ministerio de Educación, 2020). Finalmente, en el caso de la educación superior, es relevante destacar la implementación, en 2014, del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (pace), que permite que estudiantes vulnerables accedan directa- mente a la educación superior (Villalobos et al., 2017). Aunque el PACE no diferencia por género, distintas instituciones han implementado reciente- mente programas para potenciar la inclusión de mujeres en carreras his- tóricamente masculinizadas, como Ingeniería o Matemáticas (Santelices et al., 2018). Conclusiones y recomendaciones. Hacia sistemas educativos con trayectorias que aseguren el dere- cho a la educación Asegurar la continuidad de trayectorias educativas —desde la perspec- tiva de la inclusión, la equidad educativa y el derecho a la educación— re- quiere considerar especialmente la permanencia y las trayectorias de los y las estudiantes dentro del sistema educativo, cuidando en especial las transiciones críticas. Asimismo, implica diseñar políticas, sistemas, meca- nismos y legislaciones que permitan la revinculación educativa de quienes no han continuado las trayectorias «teóricas» diseñadas por los sistemas. Aunque relevante en décadas pasadas, este aspecto será más crucial en el futuro. Tal como han destacado el bid (2021) y la unesco (2021), la pande- mia ha tenido efectos muy negativos en América Latina, al dejar a cerca de 114 millones de estudiantes sin escolarización presencial. Esto ha provo- cado un aumento de la desvinculación y ha desencadenado nuevos proce- sos de exclusión educativa, lo que ha devuelto al centro de la discusión las trayectorias y transiciones educativas (Treviño et al., 2020). A partir de los antecedentes revisados y de las experiencias implemen- tadas en la región, proponemos cuatro dimensiones para ser consideradas en el diseño, implementación y monitoreo de políticas educativas que fa- vorezcan la continuidad de las trayectorias y transiciones educativas. Un primer nivel básico es la identificación, monitoreo y retención de estudiantes en situaciones de exclusión o desvinculación potencial, utili- zando sistemas de información, alerta temprana y vinculación activa. Los sistemas de alerta temprana (sat) son un ejemplo de este tipo de acciones. Focalizados en el monitoreo y gestión de información de cada estudian- te, los sat consideran indicadores como la asistencia, el rendimiento o la participación escolar, en combinación con factores contextuales (familia- res, sociales, económicos, entre otros) y de la trayectoria educativa previa para identificar cuándo un estudiante presenta una situación potencial de interrupción de su escolaridad. En Chile, por ejemplo, han existido dife- rentes experiencias de sat a escala municipal, regional8 y, recientemente, Nacional de Educación publicó el acuerdo 013, que aprueba la Modalidad Educativa de Reingreso. 8 https://www.gobiernosantiago.cl/programa-aqui-presente-nueva-pagina-web-mate- rial-prevencion-convivencia-escolar/ En la educación terciaria las mujeres tienden a ingresar a las carreras más precarizadas. 3 | Precarización. Transiciones.183 nacional.9 Las incipientes evaluaciones de estas iniciativas muestran un impacto positivo, especialmente cuando las alertas son oportunas y acti- van acciones de monitoreo y apoyo (Vega, 2017). En segundo lugar, es fundamental la generación de sistemas de apoyo integral e intersectorial que promuevan la integración del sistema edu- cativo con/a los sistemas de protección a la infancia y la juventud. Estos enfoques sistémicos favorecen una perspectiva interseccional al integrar los factores de género y edad con otras dimensiones de la exclusión social, cultural y económica de los nnj. Así, un enfoque integral favorece una arti- culación de apoyos y recursos que permite sostener y promover el bienes- tar social, emocional y académico de niños, niñas y jóvenes durante toda su trayectoria escolar y en los momentos críticos de transiciones educativas. Un ejemplo interesante de este aspecto es la organización interministerial promovida por el gobierno uruguayo que ha conectado a la Administración Nacional de Educación Pública (anep) y el Ministerio de Desarrollo Social (mides) para la promoción y desarrollo de programas como el Plan de Trán- sito entre Ciclos Educativos (ptce). En tercer lugar, es fundamental promover la creación de diversas alter- nativas para retomar o dar continuidad a trayectorias educativas que no se ajustan al diseño «teórico». Ello requiere tanto de dispositivos y mecanis- mos que permitan una mayor flexibilidad a los centros educativos de un país o región como de la generación de espacios o vías alternativos para el reingreso y continuidad de la trayectoria educativa de quienes la han inte- rrumpido. El Plan FinEs en Argentina,10 que permite la finalización de los estudios secundarios con un enfoque comunitario, así como el plan Vuelvo a Estudiar,11 implementado en la provincia de Santa Fe (en sus versiones territorial y virtual), han generado diversas vías de acceso y continuidad educativa para jóvenes y adultos, y son ejemplos de experiencias intere- santes respecto a este punto. Además, avanzar en la flexibilidad de las tra- yectorias educativas requiere en muchos casos de trasformaciones legis- lativas o reglamentarias que permitan ajustar las trayectorias «teóricas» a aquellas experimentadas en la vida real y singular de cada persona. Estos ajustes pueden incluir modificaciones en los sistemas de evaluación y cer- tificación (p. e., flexibilización de lógica anual y secuencial), la ampliación de la oferta de alternativas formativas para generar variadas rutas educati- vas y la construcción de sistemas de acompañamiento y seguimiento a las trayectorias de aprendizaje. Finalmente, es central la promoción continua de proyectos y políticas que permitan cerrar las brechas cualitativas de género, tanto en el nivel escolar (por ejemplo, a partir de procesos de formación docente sobre el tema) como en el nivel terciario (mediante acciones afirmativas para mu- jeres en carreras stem). Un aporte relevante en este sentido es el que reali- za actualmente el Programa Tu Oportunidad de onu Mujeres,12 que busca 9 https://liceosbicentenario.mineduc.cl/2021/04/28/instrumentos-para-la-preven- cion-de-la-desercion-escolar-el-sistema-de-alerta-temprana-y-gestion-de-contac- tos-2/ 10 https://www.argentina.gob.ar/educacion/fines 11 https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/190728 12 https://www.tuoportunidad.org Trayectorias y transiciones educativas en América Latina y el Caribe. Análisis desde un enfoque de género184 empoderar económicamente a mujeres que no han podido completar su educación formal mediante la completación y validación de estudios se- cundarios, formación virtual en diversas áreas y fomento de la empleabili- dad y el emprendedurismo. Aunque complejos y difíciles de implementar, el debate, el desarrollo y la implementación de estos marcos de acción permitirán comprender las transiciones educativas como un componente fundamental de la acción de las políticas públicas y como una dimensión crítica para el ejercicio del de- recho a la educación y de la inclusión educativa y social en América Latina. Bibliografía Arredondo, F., Vázquez, J., y Velázquez, L. (2019). stem y brecha de género en Lati- noamérica. Revista de El Colegio de San Luis, 9(18), pp. 137-158. Banco Interamericano de Desarrollo. (2021). Camino hacia la inclusión educati- va: 4 pasos para la construcción de sistemas de protección de trayectorias. Recuperado de https://publications.iadb.org/publications/spanish/docu- ment/Camino-hacia-la-inclusion-educativa-4-pasos-para-la-construc- cion-de-sistemas-de-proteccion-de-trayectorias-Paso-1-Exclusion-edu- cativa-en-ALC-como-los-sistemas-de-proteccion-de-trayectorias-pue- den-ayudar.pdf Bonfil, P. (2020). Género y educación en México y Guatemala: Niñas indígenas e in- clusión escolar en México y Guatemala. Documento de referencia preparado para el Informe GEM 2020 América Latina y el Caribe. GEM, unesco. Bordón, P., Canals, C., y Mizala, A. (2020). The gender gap in college major choi- ce in Chile. Economic of Education Review, 77(1), 102011. Recuperado de https://coes.cl/wp-content/uploads/The-gender-gap-in-college-major- choice-in-Chile.pdf Brunner, J. J., y Miranda, D. (2016). Educación superior en Iberoamérica: Informe 2016. Bogotá: cinda. Campbell, W. (2019). Case of Study of Jamaica: Technical Consultation in Paris for unesco. Leave No Boy Behind Initiative, unesco. Castro, B., y Palma, G. (2006). Estudio sobre el fenómeno de la deserción y reten- ción escolar en localidades de alto riesgo. Sociedad Hoy, 11, 35-72. Centro de Políticas Comparadas en Educación. (2016). Estudio niños/as, adolescen- tes y jóvenes fuera de la escuela: Caracterización y análisis de la demanda para una modalidad de escuelas de segunda oportunidad. Recuperado de http://cpce.udp.cl/wp-content/uploads/2016/07/Informe_ESO_21032016. pdf Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Paraguay. (2021). Análisis de la si- tuación de la niñez y la adolescencia en Paraguay 2018. unicef. Fuller, N. (2019). Case of Study of Peru: Technical Consultation in Paris for unesco. Leave No Boy Behind Initiative, unesco. gem, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul- tura. (2018). Alcanzar la igualdad de género en la educación: No olvidemos a los varones. Documento de Política n.° 35. Recuperado de https://unesdoc. unesco.org/ark:/48223/pf0000262714_spa.locale=es 3 | Precarización. Transiciones.185 Goicovic, I. (2002). Educación, deserción escolar e integración laboral juvenil. Últi- ma Década, 10(16), 11-52. Gutiérrez, R. (2015). Transiciones situadas: Horizontes y rutas hacia la educación su- perior. (Tesis doctoral en Ciencia Social con mención en Sociología, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, México). Hogar de Cristo. (2019). Del dicho al derecho: Modelo de calidad de escuelas de rein- greso para Chile. Santiago: Fundación MS. Juntos por la Educación. (2019). Financiamiento público de la educación en el Para- guay: Notas para el debate y construcción de políticas públicas. Asunción: Observatorio Educativo Ciudadano. Lorente, M. (2019). Problemas y limitaciones de la educación en América Latina: Un estudio comparado. Foro de Educación, 17(27), 229-251. Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Enfrentemos juntos el desafío educativo: Plan estratégico de la reforma educativa. Asunción: mec. Ministerio de Educación. (2020). Medición de la exclusión escolar en Chile. Docu- mento de Trabajo n.° 20, Santiago: Centro de Estudios. Miranda, S., y Treviño, E. (2020). Uso de terce-unesco para informar la práctica educativa: Factores que influyen en el aprendizaje en ciencias en Chile y Paraguay. Revista Iberoamericana de Educación, 84(1), 135-156. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2015). Declaración de Incheon y Marco de acción para la realización del Ob- jetivo de Desarrollo Sostenible 4. unesco. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2019). Technical consultation report: Boys’ disengagement from Education. unesco. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2020). unesco covid-19 Education Response: How many students are at risk of not returning to school? Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ ark:/48223/pf0000373992?locale=en Ortega, L., Treviño, E., y Gelber, D. (2020). La inclusión de las niñas en las aulas de matemáticas chilenas: Sesgo de género en las redes de interacciones pro- fesor-estudiantes. Infancia y Aprendizaje, 44(3), 623-674. Palacios de Asta, G. (2016). Situación de educación de Paraguay por departamento a la luz de los indicadores educativos 2014. Población y Desarrollo, 22(44), 45-56. Portales, J., Cortés, L., y Peters, H. (2019). Desescolarización, exclusión educativa y el desafío del reingreso escolar en Chile. Revista Saberes Educativos, 3, 143-151. Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe (24- 25 de enero de 2017), Buenos Aires, República Argentina. Recuperado de http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/ pdf/Declaracion-de-Buenos-Aires-ES-2017.pdf Román, M. (2009). El fracaso escolar de los jóvenes en la enseñanza media: ¿Quié- nes y por qué abandonan definitivamente el liceo en Chile? reice: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 7(4), 95-119. Román, M. (2013). Factores asociados al abandono y la deserción escolar en Amé- rica Latina: Una mirada en conjunto. reice. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 11(2), 33-59. Trayectorias y transiciones educativas en América Latina y el Caribe. Análisis desde un enfoque de género186 Romo, J., y Cumsille, P. (2020). Caracterización de estudiantes con trayectorias educativas interrumpidas en una muestra de escuelas de reingreso a tra- vés de análisis de clases latentes. Pensamiento Educativo, 57(1), 1-21. Saavedra-Acuña, C., y Quezada-Espinoza, M. (2021). A study of gender differences in career choice in stem disciplines: The case of Chilean students. 2021 asee Annual Meeting. Santelices, V., Catalán, X., y Horn, C. (2018). Equidad en la educación superior: Di- seño y resultados de programas de acceso en universidades selectivas. San- tiago: Ediciones UC. Saracostti, M., y Villalobos, C. (Eds.). (2013). Familia, escuela y comunidad II: He- rramientas para el trabajo colaborativo. Santiago: Editorial Universitaria. Sepúlveda, L., y Opazo, C. (2009). Deserción escolar en Chile: ¿Volver la mirada ha- cia el sistema escolar? reice. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 7(4), 120-135. Sevilla, M. P., y Carvajal, F. (2020). Mujeres en terrenos de hombres: Discursos de género en escuelas secundarias técnico-profesionales. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 28(115), 1-18. doi:10.14507/epaa.28.4631 Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (siteal). (2021). Recuperado de https://siteal.iiep.unesco.org/ Straus, M. (2004). Prevalence of violence against Dating Partners by Male and Fe- male University Students Worldwide. Violence Against Women, 10(7), 790- 811. Tedesco, J. C. (2012). Educación y justicia social en América Latina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Terigi, F. (2009). Las trayectorias escolares. oea. Recuperado de http://www.ieo. edu.ar/promedu/trayescolar/Las_Trayectorias_Escolares_Flavia_Terigi.pdf Tomasevski, K. (2004). Manual on rights-based education: Global human rights re- quirements made simple. Bangkok: unesco. Treviño, E., Villalobos, C., Vielma, C., Hernández, C., y Valenzuela, J. P. (2016). Tra- yectorias escolares de los estudiantes y agrupamiento al interior del aula en los colegios chilenos de enseñanza media: Análisis de la heterogenei- dad académica al interior de las escuelas. Pensamiento Educativo, 53(2), 1-17. Treviño, E., Villalobos, C., y Baeza, A. (2016). Recomendaciones de política educativa para América Latina en base a terce. Santiago: unesco-orealc. Treviño, E., Villalobos, C., y Castillo, C. (2020). La educación tras la covid-19: Cuatro claves para la transformación de los sistemas educativos de Lati- noamérica. En O. Granados (Coord.), La educación del mañana: ¿Inercia o transformación? (pp. 97-114). Madrid: Organización de Estados Iberoame- ricanos. unesco Institute for Statistics. (2021). unesco Institute for Statistics. Recuperado de http://data.uis.unesco.org/ Valdebenito, M. J. (2020). Configuración de aspiraciones educativas: Un aná- lisis comparado de las subjetividades y narrativas de los jóvenes chile- nos. Revista Colombiana de Educación, 1(80), 101-120. Recuperado de https://doi.org/10.17227/rce.num80-9456 Vega, J. (2017). Impacto del programa «Aquí, presente» en la deserción escolar (Te- sis para optar al grado de Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Chile). 3 | Precarización. Transiciones.187 Villalobos, C., Treviño, E., Wyman, I., y Scheele, J. (2017). Social justice debate and college access in Latin America: Merit or need? The role of educational institutions and states in broadening access to higher education in the region. Analytic Archive in Educational Policy, 25(73), 1-31. Anexo Tabla A: Tasa de asistencia neta secundaria baja y secundaria alta (2018). América Latina y el Caribe Secundaria baja Secundaria alta M F Total M F Total ARG 85,6 87,6 86,6 57,8 62,0 59,9 BOL 63,6 67,3 65,4 74,4 74,3 74,3 BRA 82,8 86,2 84,5 59,1 67,8 63,4 COL 81,5 87,9 84,5 47,7 53,7 50,5 CRI 67,7 67,7 67,7 34,8 41,8 38,1 CHI 59,7* 61,5* 60,6* 72,3* 76,3* 74,2* DOM 71,4** 84,4** 77,3** 65,8** 71,5** 68,5** ECU 84,5 89,2 87,0 73,7 74,7 74,2 ELS 67,8** 71,8** 69,7** 42,8** 46,6** 44,7** MÉX 87,1** 89,4** 88,2** 64,4** 68,3** 66,3** PAN 75,0 75,5 75,3 58,6 68,9 63,6 PAR 69,2 72,3 70,7 50,2 62,2 55,9 PER 82,2 83,9 83,0 65,6 69,3 67,5 URU 79,6 84,5 82,0 55,2 64,7 59,6 Fuente: Elaboración propia en base a datos de siteal. Notas: *Dato disponible para 2017; **Dato disponible para 2016. Trayectorias y transiciones educativas en América Latina y el Caribe. Análisis desde un enfoque de géneroConclusiones189 Género y juventudes en el presente de alc. Intervenciones públicas y sociales para abatir las desigualdades Los capítulos y las historias de vida que integran este informe revelan que las desigualdades sociales son una marca indeleble en la realidad de América Latina y el Caribe, un fenómeno entramado y complejo. Además, como otros estudios han precisado, la pandemia de coronavirus que azota al mundo desde inicios de 2020 ha profundizado estas brechas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [cepal], 2020; Organización In- ternacional del Trabajo [oit], 2020; Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre [oxfam], 2021; Organización de las Naciones Unidas para la Edu- cación, la Ciencia y la Cultura [unesco], 2020). En este contexto, los y las jóvenes han sufrido afectaciones severas: la suspensión de clases presen- ciales evidenció el acceso desigual a la conectividad y obligó a un gran número de estudiantes a abandonar la escuela para conseguir ingresos o cuidar de otras personas; la recesión económica resaltó las condiciones precarias de trabajo que prevalecen en un gran número de empleos, sobre todo en sectores donde las mujeres suelen insertarse; además, las políticas de confinamiento incrementaron la violencia de género y han obligado a muchas víctimas a convivir de manera permanente con sus agresores. El escenario derivado de la pandemia ha hecho más visibles las añejas dinámicas de desigualdad en los países de la región y ha revelado la ur- gencia de atenderlas. En los estudios sobre desigualdades sociales se ha documentado con precisión que estas se entrelazan y se acumulan. En los capítulos que integran el informe se ilustra la manera en que la intersec- ción de las desigualdades amplifica sus efectos negativos. Por ejemplo, la brecha entre mujeres y hombres en cuanto a la permanencia o finaliza- ción de estudios es muy reducida. Sin embargo, si observamos al grupo particular de personas indígenas, la brecha de género es muy sustantiva: las mujeres tienen menos posibilidades de terminar sus estudios que los hombres. Asimismo, el informe muestra que la sobrecarga del trabajo de cuidados en las mujeres jóvenes frente a los hombres es todavía mayor en el caso de aquellas de bajos ingresos que viven en comunidades rurales. Sin embargo, la pandemia, ha mostrado también que, presionados por las implicaciones sociales y económicas de la emergencia, los gobiernos pueden desarrollar políticas y programas que atiendan estas desigualda- des. No sugerimos que los gobiernos y las sociedades hayan ignorado este tema previamente; más bien, resaltamos que muchas de las acciones em- prendidas ante las crisis derivadas de la covid-19 podrían mantenerse e incluso profundizarse para construir una recuperación pospandemia más incluyente, justa y sostenible. Esto constituye un elemento que define el Laura Flamand México Andrés Morales Colombia Juan C. Olmeda Argentina Landy Sánchez México190 espíritu de este informe: partimos de describir, explicar y humanizar seve- ros problemas sociales para después proponer recomendaciones de políti- ca pública para abatirlos. Este informe parte de un enfoque de derechos y de inclusión social. En los capítulos resaltamos que en América Latina y el Caribe prevalece la protección desigual de los derechos sociales de las personas jóvenes: a una educación de calidad, a un trabajo digno, a un medio ambiente sano, a la no discriminación, a la salud mental, a la sexualidad placentera y a la reproducción elegida, a tener acceso a medios digitales que permitan una participación plena en las sociedades contemporáneas, a una distribución más equitativa de los trabajos de cuidados y a estancias regulares en los países de llegada para las personas migrantes. Este informe reconoce la importancia de entender el género más allá de la clasificación binaria en- tre hombres y mujeres; sin embargo, se concentra en examinar la situa- ción de las mujeres jóvenes en la región porque la evidencia muestra la permanencia de sus desventajas, así como de las normas de género que continúan reproduciéndolas. Los capítulos revelan que aun cuando los Estados nacionales están obli- gados a garantizar estos derechos, la cobertura es insuficiente y desigual, en general, en perjuicio de grupos tradicionalmente desaventajados como las personas indígenas, afrodescendientes, de bajos ingresos o residen- tes en territorios aislados. De esta manera, los capítulos enfatizan que en América Latina y el Caribe las desigualdades sociales se han erigido en obstáculos para que las mujeres jóvenes ejerzan sus derechos sociales de manera plena. A continuación, presentamos de manera sucinta los seis mensajes cen- trales de nuestro informe. Se trata de llamados a la acción que derivan de engarzar las recomendaciones de política por capítulo. Son iniciativas que requieren la participación activa y conjunta de los gobiernos en todos los niveles, las organizaciones sociales y el sector privado para abatir las des- igualdades que sufren las juventudes, en especial las mujeres. I. Es indispensable promover la participación ciudadana de las personas jóvenes y abandonar la perspectiva de tutelaje de derechos en las políticas dirigidas a la juventud Las juventudes demandan participar e incidir de manera activa y signi- ficativa en el diseño e implementación de las políticas que las interpelan. Los países de la región han avanzado en crear instituciones gubernamen- tales para implementar las políticas de juventud mediante secretarías o incluso ministerios. Además, hay espacios formales de participación juve- nil que pueden ser útiles, como el Parlamento Juvenil de la Ciudad de Mé- xico o los Consejos Municipales de Juventud recién creados en Colombia. En muchos casos, estas instituciones no tienen la capacidad, legitimidad o incidencia necesarias. Sin embargo, las juventudes realmente participan, actúan e inciden en las calles y en las redes sociales. Estos son espacios más informales, espontáneos y horizontales, liderados por las propias ju- ventudes en comunidades y barrios. Esos espacios en franca interacción con las políticas públicas pueden ser ideales para repensar y actuar en la Conclusiones191 deconstrucción de estereotipos de género, en especial en políticas que de- sarrollen nuevas masculinidades. La participación ciudadana de las personas jóvenes demanda redefinir la forma en que los Estados se relacionan con ellas y ellos, en general asu- miendo una relación tutelar de sus derechos. Es frecuente que se construya la idea de juventudes como «el futuro»: algo que es necesario preservar para que pueda florecer. Esta postura, no necesariamente malintenciona- da, desconoce el poder de agencia de las juventudes en tanto sujetos del presente y protagonistas principales de la realidad que viven. Además, esa perspectiva contradice la realidad que experimentan las juventudes por- que, para una buena parte de ellas, las transiciones a la adultez ocurren de manera temprana. La salida de la escuela, la inserción en el primer em- pleo o la unión conyugal ocurren, en promedio, al inicio de los veintes para grandes grupos de jóvenes, aun cuando esas transiciones se han retrasado en algunos países o para algunos grupos (Juárez y Gayet, 2014). En nuestra región, las juventudes maduran rápidamente, sin que ello se acompañe, en general, del reconocimiento social y político que su fuerza económica y social confiere. Las responsabilidades de la adultez, sin embargo, se están asumiendo con acceso limitado a los derechos políticos y sociales. Por ejemplo, el es- tudio sobre embarazo en la adolescencia apunta a la carencia de servicios y educación que posibiliten el ejercicio efectivo de los derechos reproduc- tivos. En paralelo, el capítulo sobre trabajo muestra una mayor incidencia del desempleo y la precariedad entre las juventudes, aun en aquellas con niveles educativos altos. Además, estas condiciones de trabajo precarias se presentan con más frecuencia entre las mujeres, quienes experimentan un nivel de precariedad alto: entre 2,3 % y 9 % mayor que el de los hombres en Argentina, Brasil, México y Colombia. Más aún, con frecuencia las accio- nes para atender estas carencias obvian las demandas o perspectivas de la población joven: cuando se busca tutelar el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva restringiendo la información o los métodos dispo- nibles o cuando se acuerdan condiciones subestándares de contratación laboral para las personas jóvenes. El ejercicio de los derechos supone reconocer el papel que las juventudes juegan hoy tanto en la dinámica económica y social como en el diseño y la implementación de políticas. Las acciones para reducir las brechas di- gitales o las vulnerabilidades climáticas que se revisan en este informe y que las propias juventudes lideran muestran el potencial del enfoque que propone un papel activo de las juventudes en la toma de decisiones. Ade- más, es indispensable reconocer la heterogeneidad en las necesidades y las preferencias de las mujeres jóvenes, con énfasis especial en aquellas subre- presentadas como las indígenas, las campesinas o las afrodescendientes. II. Necesitamos generar más información desagregada por género y edad El estudio muestra que en muchas áreas de política nuestros países no generan información ni datos desagregados que permitan tratar de manera integral las desigualdades de género en las juventudes. Los capítulos reve- lan que los datos existentes se restringen a las categorías hombre y mujer; Género y juventudes en el presente de ALC. Intervenciones públicas y sociales para abatir las desigualdades192 además, las fuentes que podrían permitir explorar otras identidades de gé- nero en cualquiera de los temas explorados son muy escasas. Aunque ha aumentado la información disponible para caracterizar el perfil sociode- mográfico de los jóvenes (15 a 29 años), cuando se examinan subpoblacio- nes, temas específicos o escalas subnacionales, los datos sobre las juventu- des son notoriamente escasos, como lo revelan la carencia de información sobre el acceso y uso de tecnologías de la información y las comunicacio- nes (tic), los datos limitados sobre impactos del cambio climático o la poca desagregación socioeconómica de las personas migrantes. Esto dificulta elaborar análisis interseccionales y construir indicadores que permitan comparar avances en el tiempo, entre países o entre subgrupos de jóvenes. Tener acceso a información pública de calidad, con datos desagregados y actualizados, es indispensable para diseñar e implementar políticas pú- blicas efectivas basadas en evidencia. Si los Estados quieren actuar de ma- nera eficaz y focalizada en favor de las juventudes, es imprescindible que cuenten con datos confiables y desagregados por edades, género, grupos étnicos y condición económica. Un buen ejemplo de este tipo de informa- ción es el sistema de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Soste- nible 2030, que en pocos años ha generado una infraestructura de datos desagregados por sexo, edad y área geográfica con indicadores armoni- zados entre países. Los Estados están obligados a producir este tipo de datos porque el acceso a la información pública es un derecho humano que se reconoce en instrumentos internacionales. Además, garantiza mayor transparencia y rendición de cuentas de los actores públicos y, por tanto, tiene el potencial de fortalecer la democracia en la región. III. Tenemos que preservar políticas que durante la pandemia han evitado la profundización de desigualdades sociales y aquellas que pueden facilitar las transiciones de vida Si bien la pandemia ha profundizado las desigualdades sociales, también ha colocado en la agenda pública temas que no tenían la visibilidad que ameritan: el derecho a la salud mental y el bienestar, la carga despropor- cionada de trabajos de cuidados que recae sobre las mujeres o las brechas que existen en el acceso a internet o herramientas digitales. De cara a la emergencia, los diferentes órdenes de gobierno en los países de la región emprendieron acciones inmediatas y relativamente efectivas para contra- rrestar el impacto social derivado. Por ejemplo, algunos gobiernos invir- tieron en mayor conectividad y en facilitar el acceso a dispositivos digita- les para permitir la educación a distancia y atender la salud mental; otros destinaron fondos adicionales a becas o apoyos en efectivo para garantizar la seguridad alimentaria de las familias. Muchas de estas medidas se con- cibieron para atender la emergencia sanitaria y la económica derivada de la pandemia, ahora es crucial valorar en qué medida podrían mantenerse y profundizarse. Consideramos, además, que es necesario preservar tres elementos par- ticulares que han caracterizado a la respuesta pública frente a estas crisis. Primero, la pandemia visibilizó las desigualdades sociales y de género, que se convirtieron en el punto focal de diversas acciones gubernamentales surgidas en ese contexto. Es crucial que el objetivo de reducir las brechas siga siendo el eje prioritario de la acción pública una vez superada la emer- Conclusiones193 gencia. Segundo, lo inédito de la situación empujó a ensayar respuestas in- novadoras. El ímpetu para buscar soluciones nuevas a problemas añejos y complejos tiene que seguir siendo central en la acción estatal. Tercero, las respuestas de los Estados reconocieron la necesidad de vincular la acción de diferentes organismos y dependencias. Es indispensable mantener estas vinculaciones intersectoriales de política pública una vez que la situación mejore, porque permitirán atender de manera más efectiva los problemas no menos complejos y no menos urgentes que los países de la región en- frentan en «tiempos normales». Varios capítulos recomiendan desarrollar políticas públicas que faciliten las transiciones de las personas jóvenes: entre niveles educativos, de la educación al trabajo, independizarse del hogar de origen, formar una fami- lia propia, las que implica la migración. Por la naturaleza multifactorial de estas transiciones, el diseño y la implementación de estas políticas públi- cas suelen incluir a distintas agencias gubernamentales o a varios órdenes de gobierno. Las políticas intersectoriales suelen asumir la naturaleza multifactorial y el entrecruzamiento de las desigualdades sociales y, en consecuencia, pro- ponen coordinar una gama de acciones gubernamentales y sociales. Las transferencias condicionadas en efectivo, por ejemplo, tienen como objeti- vo romper la transmisión intergeneracional de la pobreza a partir de inver- siones en capital social. En estas acciones es evidente que no basta con que las niñas y los niños asistan a la escuela, sino que también es indispensable que cuiden su salud y nutrición. Las intervenciones dirigidas a prevenir el embarazo involuntario en la adolescencia incluyen acciones educativas, de salud sexual y de prevención de la violencia en las que participan diversas agencias gubernamentales de distintos órdenes de gobierno, como revelan los casos de Argentina, Colombia y México. En términos de gestión pública, las políticas intersectoriales y multinivel son más difíciles de implementar; sin embargo, varios países latinoame- ricanos y caribeños ya han desarrollado intervenciones de este tipo con participación social que han logrado abatir las desigualdades sociales de manera relativamente efectiva: Bolsa Familia en Brasil, Chile Crece Conti- go, De Cero a Siempre en Colombia o el Programa de Prevención del Den- gue en Cuba. IV. Es indispensable establecer políticas públicas incluyentes y antidiscriminatorias que empoderen a las mujeres jóvenes Tanto en la educación como en el trabajo, las mujeres jóvenes siguen ex- perimentando desigualdades muy severas frente a los hombres. Aun cuan- do su escolarización es mayor que la de los hombres en promedio y sus tasas de participación laboral se han incrementado en muchos países de la región, las mujeres jóvenes todavía se encuentran en desventaja en tér- minos de participación en el empleo total, remuneraciones y condiciones laborales. En general, tienden a emplearse en los trabajos más precarios y con salarios más bajos, como muestra el capítulo respectivo. El informe revela, además, que las mujeres jóvenes enfrentan mayores riesgos en cuanto a salud mental (casi el doble de mujeres reportaron an- siedad en comparación con los hombres durante la pandemia en nueve Género y juventudes en el presente de ALC. Intervenciones públicas y sociales para abatir las desigualdades194 países de la región) y violencia doméstica (el nivel de impunidad para es- tos casos es de 98-99 % en Colombia y México). Los capítulos también muestran que existen importantes disparidades entre subgrupos de muje- res jóvenes: las mujeres indígenas jóvenes en México tienen casi dos ve- ces más posibilidades de enfrentar los riesgos del cambio climático en la agricultura que las no indígenas. Las probabilidades de que las migrantes jóvenes se incorporen a la escuela o al trabajo dependen en gran medida del nivel de cargas de cuidado que enfrentan. Las normas culturales en la región suelen restringir la movilidad de las mujeres fuera de los hogares, lo cual limita su acceso a servicios educati- vos o sanitarios, así como a ocupaciones remuneradas. Las estrategias para empoderar a las mujeres tienen que dirigirse a transformar estas normas, estructuras y desequilibrios de poder, así como a otorgar agencia a las mu- jeres jóvenes. El empoderamiento de las mujeres requiere acciones en, por lo menos, seis esferas: acceso a propiedad y activos; acceso a protección social; educación, desarrollo de competencias y capacitación; redistribu- ción de los trabajos de cuidado; representación política, y acceso a ingre- sos decentes (Hunt y Samman, 2016). El informe subraya la importancia de desarrollar políticas públicas incluyentes y antidiscriminatorias que tengan como ejes el género, la edad, la clase social, la pertenencia étnica y la condición de migrante. Desde luego, estos ejes tendrán que engarzarse con otros como la diversidad funcional, la orientación sexual, la identidad de género y la racialización. Para que las políticas públicas de igualdad cumplan con los objetivos de inclusión y no discriminación, es necesario que contemplen la diversidad de las poblaciones objetivo. En general, en América Latina y el Caribe se han implementado políticas sectoriales a partir de categorías como muje- res, familia, exclusión social, empleo, entre otras. El diseño e implementa- ción de políticas de inclusión o antidiscriminatorias se complica desde la perspectiva de género cuando incorpora las sexualidades no normativas, la identidad de género o la transexualidad. Como la población objetivo de estas políticas de inclusión es muy diversa, se ha comenzado a reflexio- nar sobre tres modelos para atenderla: el monofocal, el de desigualdades múltiples y el interseccional (Coll-Planas y Cruells, 2013). En principio, para estimular la mirada interseccional entre el funcionariado público, se requiere una provisión de recursos adecuada, implantar mecanismos inte- grados y de coordinación entre los diferentes servicios públicos, así como promover la capacitación en políticas de antidiscriminación múltiple y de interseccionalidad. V. Necesitamos promover políticas que permitan a las personas jóvenes continuar o retornar a la educación En las políticas para abatir las desigualdades sociales entre las juventu- des, en especial entre las mujeres, la educación está en el centro. La edu- cación puede ayudar a generar autonomía y a empoderar, pues amplía los horizontes aspiracionales de las personas. Entre otras ventajas, la educa- ción es clave para abatir las desigualdades sociales porque, como revelan los estudios que se presentan en el informe, es capaz de dar herramientas para prevenir el embarazo involuntario en la adolescencia, la violencia de género o mejorar las capacidades adaptativas frente al cambio climático. Conclusiones195 Además, abatir las desigualdades estructurales en el acceso a la educación de calidad puede mejorar las probabilidades de que las mujeres jóvenes accedan a empleos mejor remunerados y más satisfactorios. En el capítulo sobre precariedad laboral, se muestra que en Argentina, Brasil, Colombia y México esta disminuye entre 30 y 50 % entre las mu- jeres con mayor nivel educativo. Desde luego, esto depende de mercados laborales capaces de generar suficientes puestos de trabajo dignos para las personas jóvenes que se incorporan cada año y de eliminar las barreras de género que vulneran la capacidad de las mujeres para capitalizar sus ganancias educativas. En este tema, los desafíos en términos de políticas son muy diversos. Primero, es necesario desarrollar acciones para retener a quienes asisten a la escuela y asegurar una transición exitosa entre niveles educativos. Esto es particularmente relevante en países con niveles históricos de desesco- larización. Segundo, es indispensable establecer acciones que posibiliten a quienes han salido del sistema retornar a los centros escolares; si conside- ramos los efectos de la pandemia en términos de abandono escolar, se trata de acciones urgentes. Desde luego, los modelos virtuales o híbridos pueden ser herramientas que vale la pena mantener, aunque es crucial reconocer que no pueden traducirse en aprendizajes significativos si no se garantizan niveles mínimos de conectividad y acceso a herramientas digitales. En la educación terciaria y universitaria apremia desarrollar acciones que desac- tiven los estereotipos de género en el acceso a ciertas carreras específicas como las de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Finalmente, es necesario facilitar la transición entre sistemas escolares a las personas migrantes para afianzar su integración garantizando su acceso a la edu- cación pública en todos los niveles y la revalidación de sus credenciales educativas. VI. Es indispensable redistribuir socialmente los trabajos de cuidado El capítulo sobre trabajos de cuidado de este informe enfatiza que el nudo central de las desigualdades entre hombres y mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe refiere a estas tareas no remuneradas. Las encuestas de uso de tiempo más recientes revelan que la sobrecarga para las mujeres se mantiene e incluso se exacerbó durante el confinamiento derivado de la covid-19. Este informe documenta que la diferencia en las horas semana- les dedicadas a los trabajos domésticos y no remunerados entre hombres y mujeres es de entre 15 y 30 horas semanales en Colombia, Cuba y Uruguay. Una división más igualitaria del cuidado no remunerado es indispensable para alcanzar los objetivos de mayor escolaridad y mayor inserción labo- ral remunerada para las mujeres, así como para mejorar la salud mental, el disfrute y la creatividad. Dentro de los hogares, es indispensable una redistribución tanto entre mujeres y hombres como entre generaciones. Para contribuir a cambios más evidentes en la organización de los trabajos de cuidados y domésticos necesitamos repensar tanto las masculinidades como las paternidades. Género y juventudes en el presente de ALC. Intervenciones públicas y sociales para abatir las desigualdades196 La redistribución también significa, desde luego, promover el empode- ramiento económico y social de las mujeres para mejorar su posición de negociación en el hogar. Es necesario abatir las brechas de género en los salarios, así como promover que más mujeres participen en posiciones de liderazgos públicos, sociales y privados. Fuera de los hogares, se requie- re dividir las cargas entre la familia, el Estado, la comunidad y el mer- cado. Una opción para posibilitar esta redistribución son los sistemas de cuidados que, en principio, liberarían a las mujeres de esta sobrecarga y, en consecuencia, les permitirían seguir en la escuela y ocuparse fuera del hogar en un empleo remunerado si así lo desean. Es indispensable cons- truir un contexto institucional de provisión de cuidados que no recaiga en la familia, sino que ofrezca opciones accesibles y atienda las necesi- dades específicas de la población joven. Por ejemplo, el informe destaca que una proporción importante de personas jóvenes se ocupan en empleos flexibles y atípicos. En consecuencia, las madres y padres jóvenes en estas ocupaciones o que aún están estudiando requieren servicios de estancias infantiles asequibles y con horarios flexibles. Para finalizar, el informe revela que los problemas analizados atravie- san América Latina y el Caribe en su conjunto, sin dejar de reconocer que las brechas son mayores en algunos países que en otros. Más allá de la definición de políticas nacionales, las situaciones descritas requieren es- trategias que operen simultáneamente en múltiples escalas, la regional y la local. Por un lado, estas estrategias podrían derivar de acuerdos o compromisos regionales surgidos en el seno de organismos multilatera- les de cooperación. En un contexto donde estas instancias se encuentran en crisis, las políticas sobre juventudes podrían ser un punto de consenso promisorio para construir una agenda común. La escala regional es indis- pensable para temas que claramente traspasan las fronteras nacionales como la migración o el cambio climático. Por otro lado, a escala local se requieren políticas que respondan a la heterogeneidad de las juventudes y de sus contextos, donde estas puedan sumarse de manera más efectiva al diseño e implementación de estrategias. Este informe confirma que las desigualdades sociales se han convertido en barreras para el ejercicio pleno de los derechos humanos y sociales. Disminuir sus efectos sobre las mujeres jóvenes debe ser una prioridad de los gobiernos al más alto nivel y de la agenda de cooperación regional. Hay espacios vitales de integración política, económica y social de la región donde estos temas pueden tratarse de manera integral y conjunta ya que las implicaciones de estas desigualdades son parecidas en los países de la región en el contexto de la pandemia. Una agenda conjunta, con acciones concretas a partir de los compromisos adquiridos con los Objetivos de De- sarrollo Sustentable 2030, puede ayudar a que los países prioricen políti- cas que disminuyan las desigualdades y beneficien a las mujeres jóvenes de la región. Conclusiones197 Bibliografía Coll-Planas, G., y Cruells, M. (2013). La puesta en práctica de la interseccionali- dad política: El caso de las políticas lgtb en Cataluña. Revista Española de Ciencia Política, 31, 153-172. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). Panorama social de América Latina. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/ handle/11362/46687/8/S2100150_es.pdf Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre [oxfam]. (2021). El virus de la des- igualdad. Cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y sostenible. Oxford: Oxfam In- ternacional. Recuperado de https://www.oxfam.org/es/informes/el-virus- de-la-desigualdad Hunt, A., y Samman, E. (2016). Women’s economic empowerment: Navigating ena- blers and constraints, odi Development Progress research report. Londres: Overseas Development Institute. Juárez, F y Gayet, C. (2014). Transiciones a la vida adulta en países en desarrollo, Annual Review of Sociology, 40(1), S1-S18. doi: https://doi.org/10.1146/ annurev-soc-071312-145709 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2020). Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2020, Amé- rica Latina y el Caribe: Inclusión y educación: todos y todas sin excepción. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374615 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). La edu- cación en tiempos de la pandemia de covid-19. Recuperado de https:// unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374075?posInSet=2&queryId=b- ce05679-1470-4947-8caf-de8f1f9e342f Organización Internacional del Trabajo. (2020). Los jóvenes y la covid-19: Efectos en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental. Recu- perado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/docu- ments/publication/wcms_753054.pdf Género y juventudes en el presente de ALC. Intervenciones públicas y sociales para abatir las desigualdades198 equipo de PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Susana B. Adamo (Argentina). Es doctora en Demografía por la Uni- versity of Texas-Austin (Estados Unidos). Se desempeña como inves- tigadora científica y profesora adjunta en el Center for International Earth Science Information Network (ciesin) de Columbia Climate School, Columbia University (Estados Unidos). Su área de investigación aborda vulnerabilidad, migración y medio ambiente (incluyendo cambio cli- mático), particularmente en América Latina y el Caribe. Paola Aguilar (Honduras). Es máster en Salud Pública por la Universi- dad Nacional Autónoma de Honduras (unah) y máster en Ciencias So- ciales, Procesos Urbanos y Migraciones Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso). Se desempeña como in- vestigadora en el Centro de Investigación, Desarrollo y Epidemiología de Honduras (cideh). Trabaja en temas de desigualdades en salud en poblaciones vulnerables y diagnóstico de situación de sistemas de in- formación en salud. Luis Carrizo (Uruguay). Es psicólogo, magíster en Desarrollo Regional y Local por la Universidad Católica del Uruguay (ucu) y tiene estudios de Doctorado en Ciencias Políticas en la Sorbonne-Nouvelle Paris 3 (Francia). Se desempeña como consultor en la Oficina Regional de Ciencias de unesco para América Latina y el Caribe. Es coordinador de la Cátedra Regional de Complejidad y Condición Humana de la Univer- sidad claeh. Actualmente es secretario general de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Jeraldine del Cid (Guatemala, reside en México desde 2016). Es doc- tora en Investigación en Ciencias Sociales por flacso (México). Actual- mente es profesora-investigadora y coordina el Diplomado Internacio- nal en Políticas Públicas: procesos y aplicaciones de flacso, México. Se especializa en régimen de género, políticas públicas y evaluación. María Isabel Domínguez García (Cuba): Doctora en Ciencias Socio- lógicas y Postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Investi- gadora Titular y Coordinadora del Grupo de Estudios sobre Juventudes del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de La Ha- bana, Cuba. Su línea principal de investigación es las juventudes y los procesos generacionales.199 Ana Escoto (El Salvador, reside en México desde 2008). Es maestra en Población y Desarrollo por flacso (México) y doctora en Estudios de Población por El Colegio de México (México). Se desempeña como pro- fesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudia inserción y condiciones labora- les, formación y estructura de los hogares, y sostenibilidad. Laura Flamand (México). Es doctora en Ciencia Política por la Uni- versidad de Rochester (Estados Unidos). Se desempeña como profeso- ra-investigadora en Ciencia Política en El Colegio de México y coordina la Red de Estudios sobre Desigualdades. Es experta en políticas pú- blicas, en especial aquellas orientadas a abatir las desigualdades en salud, educación y género. Nelson Florez Vaquiro (Colombia, reside en México desde 2003). Es doctor en Economía. Se desempeña como profesor-investigador en flacso (México). Estudia, principalmente, temas sobre trabajo y bienes- tar social. Natalia Genta (Uruguay). Es doctora en Sociología por la Universidad de la República (udelar) (Uruguay). Actualmente se desempeña como oficial de Asuntos Sociales del Instituto de Planificación en Estudios Sociales y Económicos (ilpes) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal). Nina Margarita Hernández Martínez (México). Es licenciada en Psi- cología, maestra en Terapia Sistémica, maestra en Ciencias en Desarro- llo Rural y Estudios de Género, especialista en Terapias Posmodernas y doctora en Investigación Psicológica. Filiación: Universidad Iberoame- ricana Ciudad de México. Además, es experta en atención de violencia machista contra las mujeres en la pareja, la familia, comunitaria e ins- titucional. Lia Alejandra Hincapié (Colombia). Es doctora en Estudios de Pobla- ción por El Colegio de México (México). Se desempeña como investiga- dora y consultora independiente. Sus principales temáticas de estudio son bienestar socioeconómico, condiciones laborales y mercados de trabajo. Ana Laura Martínez (Uruguay, reside en Brasil). Es magíster en So- ciología de la Educación por la Columbia University (Estados Unidos) y licenciada en Sociología por udelar (Uruguay). Se desempeña como coordinadora de Cooperación Técnica en Cetic.br|NIC.br y como docen- te de Políticas Digitales en Educación en iipe, Unesco. Investiga temas de políticas digitales, desigualdades, y educación.200 Raquel Martínez-Gómez (España). Es doctora en Relaciones Interna- cionales por la Universidad Complutense de Madrid (España) y máster en Literatura, Cultura y Pensamiento por la Universidad de Sussex (Rei- no Unido). Es escritora. Compagina su quehacer literario con el trabajo en el ámbito del desarrollo sostenible. Ha vivido en México, Inglaterra y Uruguay. Claudia Masferrer (México). Es doctora en Sociología por la Universi- dad McGill (Canadá). Se desempeña como profesora-investigadora en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Co- legio de México y coordinadora del Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas de la misma institución. Su investigación se centra en migración, integración de migrantes, dinámicas demográficas, des- igualdad y políticas públicas. Michelle Mildenberg (Colombia). Es maestra en Comunicación Visual por Central Saint Martins (Londres) y maestra en Imagen en Movimien- to por Sandberg Instituut (Ámsterdam). Actualmente se encuentra vin- culada a la Universidad de los Andes (Colombia). Como ilustradora y artista audiovisual, investiga la historiografía desde una perspectiva de género. Andrés Morales (Colombia). Es abogado y periodista por la Universi- dad de los Andes, (Colombia), con maestría en Política Social y Desa- rrollo por la London School of Economics (Londres), auspiciado por la beca Chevening del Reino Unido. Actualmente es Especialista regional en Ciencias Sociales y Humanas de unesco en América Latina y el Cari- be. Tiene bajo su supervisión los programas de inclusión social, juven- tud y derechos humanos de la región. Natalia Moreno (Colombia). Es magíster en Género por la Universidad Nacional de Colombia (Colombia). Actualmente se desempeña como directora del Sistema de Cuidado en la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá. Entre sus líneas de investigación destacan temas como la economía del cuidado, las políticas tributarias con enfoque de género y la producción de estadísticas con enfoque de género. Juan C. Olmeda (Argentina, reside en México desde 2008). Es doctor en Ciencia Política por la Northwestern University (Estados Unidos). Actualmente se desempeña como profesor-investigador en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Se interesa en estudiar el federalismo y la política en América Latina. Catalina Opazo Bunster (Chile). Es doctora en Educación, magíster en Justicia Social y Educación y trabajadora social. Se ha desempeñado como especialista asistente de programa en la orealc-unesco. Investiga201 las prácticas y políticas educativas desde el enfoque de inclusión y educación a lo largo de la vida. Edith Pacheco Gómez (México). Es doctora en Estudios de Población. Se desempeña como profesora-investigadora en El Colegio de México. Su temática principal de estudio es población y trabajo. Luciana Portilho (Brasil). Es licenciada en Economía por la Pontifí- cia Universidade Católica de São Paulo (Brasil), magíster y doctora en Desarrollo Económico por el Instituto de Economía de la Universidad Estadual de Campinas (unicamp) (Brasil). Se desempeña como analista de información en el Cetic.br|NIC.br. Investiga temas relacionados con las tic, género, mercado laboral y políticas públicas. María Eugenia Rausky (Argentina). Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Se desempeña como investigadora del cimecs-idihcs/conicet-unlp. Sus temas de investigación giran en torno a niñez, desigualdades sociales, pobreza y metodología de investigación social. Magela Romero Almodóvar (Cuba). Es doctora en Sociología por la Universidad de La Habana (Cuba). Se desempeña como profesora titu- lar del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana y coordinadora de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados. Entre sus temas de investigación destacan cuidados, violencia de género, desa- rrollo, política social y trabajo doméstico. Landy Sánchez Peña (México). Es doctora en Sociología por la Uni- versidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos). Se desempeña como profesora-investigadora y directora del Centro de Estudios Demográfi- cos Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Su investigación examina la interrelación entre dinámica demográfica, medio ambiente y desigualdad, en particular, los impactos distributivos del cambio cli- mático y sus diferencias por género. Ivette Shirley Sepúlveda Sanabria (Colombia). Es máster en Políti- cas Públicas por la Universidad de los Andes (Colombia) y trabajadora social por la Universidad Nacional de Colombia (Colombia). Su expe- riencia y temas de investigación están asociados a análisis de políticas públicas de cuidado con enfoque de género. Ximena Serra (Uruguay). Es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad ort (Uruguay) y estudiante avanzada de la Licencia- tura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar (Uruguay). Actualmente se desempeña como asistente de programa para el Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe de unesco.202 Erika Giovanna Veloza Martínez (Colombia). Es psicóloga, especia- lista en Género y Políticas Públicas, especialista en Género y Desarro- llo, magíster en Estudios de Familia. Es experta en prevención y aten- ción de violencias basadas en género y salud mental, especialista en emergencias complejas. Se desempeña como investigadora y docente. Actualmente es directora de la Fundación genfami. Cristóbal Villalobos (Chile). Es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Economía Aplicada a las Políticas Públicas, sociólogo y trabajador social. Actualmente es subdirector del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (ceppe) de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus temas de investigación son desigualdad educativa, movi- mientos sociales en educación, educación cívica y educación superior. Pablo Vommaro (Argentina). Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (uba, Argentina) y posdoctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por la Fundación cinde-Universidad de Ma- nizales (Colombia), Colegio de la Frontera Norte (colef, México), Pon- tificia Universidad Católica de São Paulo (puc-sp, Brasil). Es profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires y en el Consejo Nacio- nal de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet) y director de In- vestigación en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (clac- so). Trabaja en temas de juventudes, políticas públicas, desigualdades, participación e historia latinoamericana.203 CRÉDITOS Comité Académico • Paola Aguilar, FLACSO • Luis Carrizo, UNESCO • María Isabel Domínguez, CLACSO • Laura Flamand, El Colegio de México • Andrés Morales, UNESCO • Juan C. Olmeda, El Colegio de México • Landy Sánchez, El Colegio de México Comité Juvenil: • Jimena Allendelagua, Colmentoras • Lara Pizarro, Hexar • Cassio Viana, CLACSO Coordinación Académica • Luis Carrizo, UNESCO Asistencia de Coordinación • Ximena Serra, UNESCO Autoras/es: • Susana Adamo, CIESIN • Paola Aguilar, FLACSO • Luis Carrizo, UNESCO • Jeraldine del Cid, FLACSO • Ana Escoto, UNAM • Laura Flamand, El Colegio de México • Nelson Flórez, FLACSO • Natalia Genta, ILPES-CEPAL • Nina Margarita Hernández Martínez, Universidad Iberoame- ricana Ciudad de México • Lia Alejandra Hincapié, Investigadora independiente • Ana Laura Martínez, Cetic.br|NIC.br • Claudia Masferrer, El Colegio de México • Andrés Morales, UNESCO • Natalia Moreno, Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá • Juan C. Olmeda, El Colegio de México • Catalina Opazo, OREALC-UNESCO • Edith Pacheco, El Colegio de México • Luciana Portilho, Cetic.br|NIC.br • Maria Eugenia Rausky, CIMeCS-IDHCS/CONICET-UNLP • Magela Romero Almodóvar, Universidad de La Habana204 • Landy Sánchez, El Colegio de México • Ivette Sepúlveda Sanabria • Erika Veloza Martínez, GenFami • Cristóbal Villalobos, CEPPE UC - Pontificia Universidad Cató- lica de Chile • Pablo Vommaro, CLACSO Narrativa • Raquel Martínez-Gómez Ilustraciones • Michelle Mildenberg Edición y corrección de estilo • Carla Chiappara, Lucida • María Lila Ltaif, Lucida Maquetación • María Noel Pereyra, UNESCO Plataforma Digital • Felipe Berhau, UNESCO Animaciones • Guión: Raquel Martínez-Gómez • Realización: Michelle Mildenberg Infografías • Ana Fidelia Aparicio Trejo • Tania Ochoa Portillo Playlist • Cassio Viana, CLACSO Comunicación • Felipe Berhau, UNESCO • Gustavo Lema, CLACSO • Cristina Portas, Colmex • León Ruiz, Colmex • Guido Fontán, CLACSO • Raquel Martínez-Gómez • Jenny I. Flores, Colmex • Canek Ramírez, Colmex • José Héctor Gutiérrez, Colmex Agradecimiento especial a Natalia Orozco, periodista y documentalista.Danzar en las brumas “Danzar en las brumas, Género y juventudes en entornos desiguales en América Latina y el Caribe” es una obra ori- ginal de investigación social, vida cotidiana y políticas, en un esfuerzo conjunto entre UNESCO, El Colegio de México y CLACSO. A partir del nuevo enfoque que se reclama en la Agenda 2030, este trabajo intenta conjugar conocimiento académico, comprensión humana y acción social. Así, las claves de la transformación se articulan conjugando datos de manera integral, desde una perspectiva de género y generaciones. Del trabajo colectivo que aquí presentamos surgen diversos datos que confirman injustas realidades que viven las juventudes en América Latina, especialmente las mujeres. “Danzar en las brumas” no es solamente un informe sobre género y juventudes en el entorno de las desigualdades de América Latina y el Caribe. “Danzar en las brumas” tiene vocación de plataforma de acción, inspiradora de alternati- vas, con la esperanza de lograr transformaciones sostenidas para el logro de la justicia y la equidad en la región. Este proyecto recorre distintas vías, a manera de recorda- torios, estímulos, piezas inspiradoras de cambios: así, los datos dialogan con las historias de vida, y sus relatos se transforman en animaciones audiovisuales; cada capítulo, cada reporte, lleva el sello de la música de nuestra región; las ilustraciones son afiches y postales que mantienen pre- sente el llamado; las ciencias sociales y el arte están con- jugados en plataforma digital, de acceso libre y universal. Las investigaciones y sus historias se convierten en podcast para enterarse y visibilizar. Todo está entramado, tal como las desigualdades, pero con signo de superación, acción colectiva y resiliencia. http://danzarenlasbrumas.org/ 9 789233 001855